…si la Constitución se cumple ENERO 2014
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Raúl Trejo Delarbre
L
o mucho que se ha logrado en la reforma constitucional para los medios y las telecomunicaciones amerita un enfático aplauso. El nuevo régimen legal promulgado el 11 de junio significa un viraje de 180 grados -o casi- respecto de la abulia habitual y la discrecionalidad de vez en cuando que hasta ahora han definido al comportamiento estatal en ese campo. Televisa y Televisión Azteca en la radiodifusión, Telmex y Telcel en la telefonía, han alcanzado cuotas de mercado inusitadas en cualquier comparación internacional y se han convertido en esas fuerzas que algunos clásicos llamaron poderes fácticos, con capacidad para imponer sus intereses e incluso establecer sus propias reglas ante el pasmo del poder político y la indefensión de la sociedad. Eso, si hemos de tomar en serio el cambio constitucional, ya se acabó. O por lo menos estamos ante el principio del fin de la extensa, en ocasiones alevosa y en todo momento socialmente costosa, preeminencia de las corporaciones mediáticas. Pero, de la misma manera, lo mucho que nos siguen debiendo los partidos y los legisladores federales en el terreno de la normatividad para medios y telecomunicaciones merece una sincera rechifla. El 9 de diciembre terminó el plazo de 180 días que los senadores y di-
putados aprobaron, en uno de los exigentes transitorios de la reforma constitucional, para expedir la ley reglamentaria que reemplazará a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. La agenda legislativa no fue liviana en aquellas semanas postreras del año, como a todos nos constó. Otros temas y urgencias se sobrepusieron a la necesidad de completar el círculo de reformas legislativas para medios y telecomunicaciones. Pero un compromiso es precisamente eso y si lo incorporaron en la reforma constitucional fue por la necesidad de afianzar en la ley reglamentaria los cambios dispuestos ahora por la Carta Magna.
Amplias expectativas Debido a ese incumplimiento de los legisladores nos encontramos con reglas de índole general que subrayan el carácter público de la radiodifusión y las telecomunicaciones, acotan la concentración monopólica, promueven la diversidad y reivindican derechos de la sociedad, entre otros fundamentales cambios. Pero algunas de esas transformaciones requieren de precisiones y cauces en la legislación secundaria.
Estamos justo en ese incómodo tránsito. El adeudo que senadores y diputados mantienen en este asunto implicará varios meses más de indefinición, pero no necesariamente de inacción en el tránsito rumbo a un sistema de medios más diverso y menos inicuo. El nuevo régimen para medios y telecom comenzó maltratado. La reforma implica medidas inmediatas para detener (e incluso reducir) la expansión de las empresas que alcanzan más del 50 por ciento del mercado en cualquier área de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Habrá tres nuevas cadenas nacionales de televisión, una de ellas de carácter público. Los medios públicos dejarán de estar marginados en comparación con los medios comerciales y tendrán autonomía de gestión respecto de los gobiernos que hasta ahora los han manejado. Las interconexiones entre empresas telefónicas dejarán de estar supeditadas al