A un año de peñismo, incertidumbre en Telecom
ENERO 2014
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Israel Tonatiuh Lay Arellano
G
uadalajara, Jal.- A un año del comienzo del sexenio de Enrique Peña Nieto, la política de telecomunicaciones está en la fase previa a la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una de las propuestas es la iniciativa ciudadana rescatada y avalada por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), junto con otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática. Sin embargo, aunque parece haber un panorama optimista, comparado con el sexenio calderonista, cuando el tema se abordó escasamente, hay elementos que deben considerarse. Si bien las acciones emprendidas por el gobierno federal en este rubro se iniciaron con la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, no se debieron en gran medida a la voluntad política del Ejecutivo federal, ni tampoco al
Pacto por México. Si bien el tema estaba en la agenda, fue más por la necesidad de legitimación del propio Peña Nieto ante los grupos de la sociedad civil. Debemos recordar que acciones con ese objetivo fueron realizados por gobiernos años atrás, al crearse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari; la ciudadanización e independencia del Instituto Federal Electoral (IFE), con Ernesto Zedillo, y la reforma electoral de 2007, de Felipe Calderón. No podemos decir que la reforma a las telecomunicaciones sea negativa; sin embargo, tampoco resuelve de fondo la situación de los medios electrónicos de comunicación ni de las telecomunicaciones en nuestro país. La reforma en sí, sólo ordena la arena donde los competidores comerciales se enfrentarán, y aunque crea un nuevo organismo rector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el fantasma de que sus integrantes sean “secuestrados” por los regulados, o de que sean cercanos a éstos, continúa en el ambiente. Además, un punto muy importante de esta reforma es que no considera quiénes ni cómo, además de los competidores comerciales, podrían participar en
esa arena. Lo anterior podría justificarse si se toman en cuenta los “cómo” deben de legislarse en la ley secundaria, esto es, en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley Federal de Telecomunicaciones o en el ordenamiento que vaya a fusionar a ambas. Empero, creemos que la reforma debió señalar claramente el porcentaje equitativo para las concesiones públicas y sociales, lo que otorgaría una certeza de participación a los medios públicos, grupos comunitarios, indígenas, de sociedad civil, y otros, en el acceso a los medios de comunicación.
No podemos decir que la reforma a las telecomunicaciones sea negativa; sin embargo, tampoco resuelve de fondo la situación de los medios electrónicos de comunicación ni de las telecomunicaciones en nuestro país. Por otro lado, la frase “podrán ser” pudiera sujetar a estos participantes a la voluntad política y empresarial del sector. De hecho, en el marco de la Semana Nacional de Radio y Televisión algunos dueños de empresas mediáticas expresaron su preocupación por la “competencia desleal” que enfrentarían ante los medios públicos y comunitarios. En efecto, por una parte, si esta voluntad política lograra aprobar en el Poder Legislativo una legisla-