GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998
julio 2010
Más igualdad Sobre la judicialización de la política
El juego y el árbitro arbitrario Por Lucas Arrimada*
U
na de las características salientes de la política actual es la decisión, más explícita que tácita, de concederle al Poder Judicial un rol privilegiado en el juego político: árbitro de procesos políticos e institucionales. Esto sucede en áreas tan diversas como las reservas del Banco Central, la Ley de medios audiovisuales y la decisión de criminalizar la protesta de Gualeguaychú. Los tribunales son el ámbito elegido por diversos sectores para conseguir respuestas fuera de la esfera —y desde otra lógica que la propiamente– política. En definitiva, se elige la vía de judicializar fricciones institucionales, reformas legislativas y conflictos sociales, se decide judicializar la política. Podemos pensar que hay aspectos positivos en ello. Por ejemplo, en el proceso judicial las partes tienen oportunidad de reducir la temperatura e intensidad de los conflictos y canalizarlos bajo la fría letra de la ley, sus formas y sus tiempos. Resulta positivo que la política adopte las reglas del derecho para resolver ciertos problemas, porque este puede ser un buen inhibidor de conflictos explosivos. Además, la democracia contiene implícitos ciertos derechos y por ello el Poder Judicial junto con la política mayoritaria interactúan constantemente. Los jueces han intervenido en temas como el divorcio, el consumo de estupefacientes y matrimonio de personas de mismo sexo, de forma positiva incluso en sus modestos impactos. A pesar de ello, su intervención no es siempre oportuna, dado que posee severos límites, debilidades estructurales y en ocasiones resulta sospechada de ilegítima y elitista. Judicializar el conflicto político es postergar su resolución, dilatarla en el tiempo, volver la cuestión abstracta y quitarle el protagonismo y el poder de decisión a los que luchan en el espacio público. El Poder Judicial puede reducir la intensidad pero no resolver el conflicto en una instancia superior, lejos de la política ejecutiva, sin compromisos de partes, sin negociación razonada y consensos parciales, o sea, sin la misma política. Las decisiones judiciales, aun las bien fundamentadas y bienintencionadas, pueden ser malas decisiones políticas, por exceso o por defecto. Y lo más im-
La judicialización demuestra el fracaso de la política democrática y los déficits de esa práctica en las instituciones y fuera de ellas. La judicialización de la política, en la mayoría de los casos, implica empobrecer el juego político. A veces, puede resultar inevitable, pero que se consolide como práctica no resulta propio del jogo bonito, de la buena política. portante, después de ellas, se necesita voluntad política para implementarlas. Lo judicial pone entre paréntesis a la política pero después del paréntesis la política reaparecerá. La vía judicial no es menos problemática cuando el gobierno debe reconocer un derecho básico: el de protestar, como acción política inherente a la democracia, como acto de comunicar la necesidad de procesos de negociación y decisiones políticas, no de soluciones penales. A esta altura resulta obvio: es una decisión política canalizar los conflictos judicialmente. Traducirlos al lenguaje del Poder Judicial puede ser cambiar de juego, no sólo de lenguaje. En estos casos, los jugadores deciden disponer que los jueces estén en el medio del juego como árbitros, aunque los jugadores son los reales protagonistas del juego. Con sus prácticas y decisiones de judicializar, los jugadores, en este caso tanto gobierno como oposición, parecen no darse cuenta de algo clave: correr al árbitro, denunciando el offside republicano o el penal destituyente, y dejar de correr tras la pelota con sed de gol y mirando al arco contrario, es apostar a ganar por las reglas del juego, sin jugar. Lo que se pierde es la práctica de negociación y acuerdo entre las pares, incluso dispares. Aún cuando se use a los tribunales como una forma de negociación o de disuasión momentáneo, es mejor negociar sin amenazas legales. En todo juego hay momentos tácticos pero también hay momentos de verdadero juego, de acción política no preconfigurada, donde la gambeta, la inigualable combinación de pasión e inteligencia lúdica, hace que los jugadores realmente vivan el juego. La judicialización implica la interrupción del juego o su reducción a tácticas de pizarrón legal. La judicialización de la política, en la mayoría de los casos, implica empobrecer el juego político. A veces, puede resultar inevitable, pero que se consolide como práctica no resulta propio del jogo bonito, de la buena política. Todo
público, toda hinchada aplaude con apasionada razón y con las mejores sinrazones cuando disfruta el verdadero juego y al talento de los jugadores, sus protagonistas. Lo contrario significa menos política, menos juego y la proliferación de árbitros supuestamente imparciales. Así, la judicialización demuestra el fracaso de la política democrática y los déficits de esa práctica en las instituciones y fuera de ellas. Consolidarlo como recurso, habla de cierta incapacidad de jugar con los árbitros en un segundo plano. El protagonismo arbitral dificulta que los jugadores jueguen, sin discutir el juego mientras lo que deben hacer es jugar críticamente, transformar crítica en acción. El árbitro arbitrario. Nadie nos explica cómo personas (abogados o técnicos) que son elegidos de ternas no vinculantes por el Poder Ejecut ivo Nacional y con el acuerdo (mágico o celestial) del Senado se transforman en seres imparciales, ajenos al conflicto político y a la puja de poder. Es más, la idea de independencia u objetividad de las instituciones como los tribunales, el Banco Central y agencias administrativas nos suele generar más dudas que certezas, tanto teórica como empíricamente. En el peor escenario, cuando el Poder Judicial está en el medio de sospechas de parcialidad por sectores tanto de la oposición y/o del oficialismo, es más peligroso aún judicializar porque las partes tampoco parecen aceptar al árbitro como autoridad. Se politiza al árbitro. Se piensa que el árbitro hace mitad del gol cuando concede un polémico penal o lo impide cuando no suena su silbato. Cuando en política se apela al árbitro, para que decida lo que la política no pudo, no supo o no quiso resolver, eso significa pensar que la mejor decisión será aquella ajena a las partes, lejana, distante y superior, proveniente de una, tres o cinco personas aisladas, rodeadas de tomos de jurisprudencia y usualmente pertenecientes a una corporación endogámica y clasista. Este dato se vuelve particularmente importante cuando lo que
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se judicializa es el conflicto social resultante, por ejemplo, del desempleo y la pobreza. En contraste, la política de una sociedad democrática -incluso con un defectuoso sistema político- debe ser lo más inclusiva y horizontal posible, lo más transparente y pública. Esa política debería priorizar el diálogo y la negociación siempre, incluso en los peores conflictos, en lugar de resolverlos de forma vertical y sin participación de los afectados, en especial, cuando están en juego reclamos de derechos básicos e injusticias estructurales. Los orígenes de nuestros derechos, por ejemplo los derechos políticos y laborales, y de nuestra democracia, están fuertemente vinculados a esa política de movilización social y acción colectiva horizontal. Para dejarlo más en claro: los derechos -laborales, derechos sociales, etc, siempre amenazados- no deben su existencia ni su protección a los legisladores o a los jueces, sino a la movilización mayoritaria multisectorial que los gestó históricamente y los defiende en el espacio público. En síntesis, los árbitros no deben ni pueden jugar el partido. Al menos, no sin que el juego cambie de reglas y de nombre. A más árbitros, menos jugadores, menos partidos y menos juego político. Por ello, es al menos extraño que cuando la política parece haber retomado algo de su sentido en los partidos y en parte de la sociedad, tanto el gobierno como gran parte de la oposición, en lugar de intensificar el espacio público, decidan llevar el conflicto a la esfera judicial, donde los conflictos se despolitizan y se deciden sin la –siempre perfectible– publicidad, legitimidad y autoridad política que incluso la -imperfectademocracia institucional y la práctica política de acuerdos razonables permiten alcanzar.
* Profesor de Derecho Constitucional (UBA-Conicet).
Breves Desde Río Negro Luego de la elección a diputados nacionales de la Confluencia para la Emancipación Rionegrina (alianza entre el Partido Socialista, Proyecto Sur y Solidaridad e Igualdad), en la cual se obtuvo el ocho por ciento de los votos en el distrito Río Negro, este proyecto crece y se afianza. Muestra de ello son las actividades que se desarrollan en la provincia. Entre ellas, se destaca la inauguración de cuatro nuevos locales del espacio en Bariloche, San Antonio, Cipoletti y Viedma. También está previsto realizar una serie de actividades para cerrar el año, entre las cuales vale mencionar el Primer Foro Participativo para enriquecer el programa político de la Confluencia. Se realizará el 14 de noviembre en Cipolet t i, con el tít ulo “Construyendo el Plan de Salud Rionegrino” y además de vecinos/as y actores del sistema de salud de la provincia, ya han comprometido su presencia el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ex secretario de Salud Pública de Rosario, Dr. Antonio Bonfatti, el presidente de Fesprosa, activo integrante de la CTA y del Foro Social Mundial de Salud, Dr. Jorge Yabkowski, el Dr. Jorge Selser, médico referente de Proyecto Sur de la Capital Federal, y especialistas como Osvaldo Canelo, técnico en Comunicación Social (U NC) y Analía Sampaoli, licencia en Trabajo Social (UNC). Luego del panel de invitados se trabajará en talleres. También está previsto realizar un festejo del triunfo electoral en la ciudad de Catriel con una gran fiesta popular el día 11 de diciembre. Y antes de fin de año se desarrollará una campaña de murales reproduciendo obras de arte de artistas argentinos que han tenido compromiso social para rescatar la cultura y la lucha de los trabajadores argentinos por una sociedad mejor.