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GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

julio 2010

Salem Bachir

Mario Bunge P Á G I N A

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P Á G I N A

la vanguardia

$2 PRECIO DE VENTA $2 PRECIO DE VENTA

ÓRGANO DEL PARTIDO SOCIALISTA

PÈRIÓDICO FUNDADO POR JUAN B. JUSTO EL 7 DE ABRIL DE 1894

JULIO DE 2010 BUENOS AIRES / REPÚBLICA ARGENTINA

El Partido Socialista sigue reclamando al Gobierno Nacional que reconozca de manera inmediata a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cumpliendo de ese modo con las normas constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad sindical.

PÁGINA 2

Jubilados pobres, Anses rica PÁGINA 3

El socialismo quiere una ONCCA que defienda a los

productores PÁGINA 4

Se realizaron las

elecciones internas del Partido Socialista PÁGINA 6

Santa Fe ante la Corte: en reclamo por el

Libertad sindical YA

federalismo PÁGINA 7

EN ESTE NÚMERO

Matrimonio gay:

IVA, precios y monopolios

es lo que está en juego

Por Héctor Polino / Página 5

la igualdad

PÁGINA 14

Debates: salir de la lógica bélica PÁGINA 15

La judicialización de la política Por Lucas Arrimada / Página 11

Pensar un gobierno socialista Por Marcelo Alegre / Página 12

Ciudadanía infantil, dilemas Por Valeria Llobet / Página 13

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de puño y rosa

«El dicho según el cual “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires", se cumple patéticamente en la Argentina de hoy. Esta situación en la cual la Nación se apropia del 75 por ciento de los recursos nacionales y sólo el 25 por ciento le queda a las provincias, no tiene precedentes históricos.» EL SENADOR RUBÉN GIUSTINIANI EN EN LA SESIÓN PREPARATORIA DEL SENADO, 24 DE FEBRERO DE 2010

"JUANITO CIRUJA" (1978) ANTONIO BERNI

Editorial: Consenso para qué y con quiénes

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la vanguardia

Editorial

Editorial

Consenso: para qué y entre quiénes

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ace 200 años, Belgrano y Moreno tenían ideas de avanzadas para la época, que interpretaban en nuestra tierra a la Revolución Francesa. Poco tenían que ver las mismas con las ideas de Saavedra que expresaba el partido militar y a los sectores más conser vadores de la colonia. Pero tuvieron aquellos hombres la inteligencia, la grandeza y la visión política de unirse tras un objetivo fundamental que era concretar el primer gobierno patrio, camino a la independencia nacional. Y así el 25 de mayo de 1810 se produce entonces una verdadera revolución que fue la respuesta a un anhelo de la mayoría de la sociedad de aquella época. Por ello el Programa de Mayo tuvo un profundo contenido social: la educación popular, la liberación de los esclavos, los derechos ciudadanos, la libertad de imprenta y de pensamiento, entre tantas otras. Hoy, desde algunos sectores, se plantea que es necesario abandonar el camino de la confrontación- metodología permanente del actual gobierno nacional- y confluir en el camino del consenso. Entonces la pregunta inmediata que surge es ¿consenso para qué?, ¿consenso entre quiénes?

Y para ponernos en claro sobre cuestiones básicas, recurrimos al diccionario de política de Norberto Bobbio que nos dice que “el término consenso denota la existencia de un acuerdo entre los miembros de una unidad social dada acerca de principios, valores, normas, también respecto a ciertos objetivos de la sociedad y de los medios aptos para lograrlos… Por lo tanto el término consenso se entiende en sentido relativo: más que de presencias y ausencias de consenso, se debería hablar de grado de consenso existente en una determinada sociedad”. El país necesita de consenso sin dudas, la sociedad necesita un acuerdo político, económico y social entre oficialismo y los sectores opositores, sobre la mejora de la calidad institucional y la redistribución del ingreso. Un acuerdo que produzca una reforma tributaria integral y justa, que paguen más lo que más tienen y más ganan y se reduzcan los impuestos indirectos al consumo como el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos.

Una reforma tributaria que restituya los fondos genuinos a las provincias – que hoy se los apropia la Nación- garantizando un federalismo hoy inexistente. Es necesario el consenso para pulverizar la pobreza convirtiendo en ley la asignación por hijo, para realmente univerzalizarla y aumentar su retribución, un consenso para sacar a los jubilados de la pobreza haciendo realidad el 82% móvil, un consenso para garantizar el trabajo decente revirtiendo el 80% de trabajo en negro, un consenso para avanzar en un país normal que no es otro que un país más justo. Muchos pensarán que avanzar en estos temas es sencillamente imposible y por ello lo encuadran como una utopía. Son aquellos que quieren seguir defendiendo privilegios inaceptables, los mismos a quienes permanentemente escuchamos reclamar la necesidad de consenso. Por lo tanto, el consenso como concepto abstracto puede ser el método apropiado para depositarnos en el infierno , como el Consenso de Washington – que garantizó la aplicación de las salvajes políticas neoliberales en la región-, o el camino para avanzar en una democracia de nuevas bases que garantice justicia, libertad y solidaridad , cuándo los actores de esta unidad social que es nuestro país acordemos estos objetivos.

Para comunicarse con la vanguardia Américo Schvartzman yuarman@gmail.com Administración diariolavanguardia@yahoo.com.ar

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El país

ANSES RICA, JUBILADOS POBRES

No hay excusas para la demora

Libertad sindical ya El socialismo insistió en el Congreso Nacional para que se reconozca de manera inmediata a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cumpliendo de ese modo con las normas constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad sindical.

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uando el Partido Socia lista, a través del senador Rubén Giustiniani, presentó el proyecto de ley para elevar la jubilación al 82 por ciento del mínimo vital y móvil y aplicar una escala de recomposición de las demás jubilaciones y pensiones de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Caso Badaro I y II, sabía que más temprano que tarde este tema iba a cobrar una importante repercusión nacional. De los cinco millones y medio de jubilados, el 75 por ciento cobra la jubilación mínima que es 895 pesos, por lo tanto son pobres. Basta pensar que una canasta básica de alimentos está por encima de los2.000. Del otro lado, la ANSES tiene casi 170.000 millones del Fondo de Garantia de Sustentabilidad, 45.000 millones de superávit, 17.000 millones de ganancia por los intereses de las letras del Tesoro. Así se podría seguir explicando por qué nos referimos a una ANSES rica y a jubilados pobres. Pero los números hablan por sí mismos. Según los datos oficiales, los haberes previsionales equivalen, en promedio, al 36 por ciento del salario de los trabajadores, muy lejos del histórico 82 por ciento móvil. ¿Por qué entonces el gobierno nacional se niega a reconocer un derecho constitucional, un hecho de estricta justicia y elige el camino de descalificación de una medida correcta, desmereciendo de esa manera a todos los jubilados y sus familias?

¿Por qué el Gobierno Nacional se niega a reconocer un derecho constitucional, un hecho de estricta justicia y elige el camino de descalificación de una medida correcta, desmereciendo de esa manera a todos los jubilados y sus familias? Son dos motivos evidentes: el primero es que estas transferencias automáticas a los jubilados le reducirá la disponibilidad de una caja gigantesca que usa, como tantas otras, con discrecionalidad para disciplinar gobernadores, intendentes y legisladores. El segundo motivo es más increíblemente estúpido pero real en la Argentina actual: la propuesta de recomponer los haberes de los jubilados no ha sido iniciativa del gobierno sino de la oposición. El problema con el que hoy se encuentra el gobierno nacional es que si no resuelve el tema como acostumbra: rápido y por decreto, lo resolverá en poco tiempo el Parlamento. Corresponde que así sea, que se sancione una ley que

convierta en politica de estado no jugar con la vida de nuestros jubilados. Es de esperar que tal como pasó con la asignación universal por hijo, el gobierno nacional después de rechazar durante mucho tiempo la medida planteando que era impracticable, que no había fondos suficientes, que quienes la proponíamos –como el Partido Socialista– éramos demagogos, vuelva sobre sus pasos y termine con esta situación injusta, inconstitucional y absurda de tener una ANSES rica y jubilados pobres. Más información en página 5.

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l debate sobre la libertad sindical en la Argentina es de una importancia fundamental. La necesidad de los trabajadores de organizarse y asociarse para defender sus derechos es más actual que nunca, y el Estado argentino persiste en la reiteración de prácticas contrarias a este derecho fundamental –que se relaciona directamente con el derecho a asociarse libremente– y ha sostenido una legislación que se enfrenta abiertamente tanto a disposiciones constitucionales (art. 14 bis de la Constitución Nacional) e internacionales (art. 8 del Protocolo de San Salvador, arts. 16 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y normas específicas de la Organización Internacional del Trabajo – Convenios 87 y 98 –). Un movimiento sindical libre y democrático sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se respeten y garanticen los derechos fundamentales. La injerencia del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, y las trabas impuestas a los trabajadores para decidir libremente la conformación de nuevas organizaciones, resultan un escollo que se impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta de los trabajadores. La libertad sindical es una manifestación más del derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, culturales y laborales, y aquí “libremente” debe ser entendido como a salvo de la injerencia indebida de la autoridad estatal. No es precisamente esta situación la que se verifica en Argentina. El “modelo sindical” que rige en el país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por un régimen de exclusividad, que admite la coexistencia de sindicatos con personería gremial y sindicatos meramente inscriptos, pero reserva para los primeros derechos y privilegios que vedan, en la práctica, el surgimiento de nuevos sindicatos con capacidad de acción colectiva. Los sindicatos simplemente inscriptos poseen limitaciones insalvables para desarrollar las atribuciones reconocidas a las entidades sindicales en el ordenamiento internacional y cumplir así con la defensa de los intereses de los trabajadores a los que representan. Distintos órganos internacionales, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CACR), han señalado reiteradamente la contradicción e instado al Gobierno Argentino a modificar la legislación. La observación más acabada la dio la Comisión de Expertos al decir que “...varias disposiciones de la ley de asociaciones sindicales 23551 no parecían estar en conformidad con el convenio 87 sobre Libertad Sindical”. Por su parte, el Gobierno Argentino se ha comprometido a actuar en consecuencia. Sin embargo, al día de fecha la situación no se ha modificado, el expediente por el cual la CTA ha solicitado la personería gremial no ha sido resuelto, y persisten las violaciones mencionadas. Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad, en cuanto se violan normas constitucionales e internacionales, el Partido Socialista ha insistido a través de su labor en el Congreso nacional, que se arbitren los medios necesarios para que se otorgue la personería gremial a la CTA.


la vanguardia

El país Debate público y proyecto

Textual Reunión del Consejo de la Internacional Socialista El Consejo abordó cuatro principales temas y prioridades del movimiento socialdemócrata en su agenda: la Economía Global con anterioridad a la Cumbre del G20 en Toronto, paz en el Oriente Medio, trabajando por una respuesta internacional unificada al Cambio Climático y recientes desarrollos en el área del Desarme y la No-Proliferación. La reunión del Consejo, que fuera abierta por el Presidente de la IS George Papandreou, contó con una participación de más de trecientos líderes y representantes de aproximadamente cien partidos y organizaciones provenientes de todos los continentes y regiones del mundo, y discutió en primer lugar la actual fase de la crisis financiera, días antes de que los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnan en Toronto para las Cumbres del G8 y del G20, a fin de planificar un curso de acción para la economía mundial. Los líderes acordaron en una declaración que lo que se necesita hoy es una política económica adecuadamente coordinada entre las principales economías mundiales, nuevos requerimientos de capital contracíclico, reforma financiera y mayor gobernanza global. El Consejo, con miras a la próxima reunión del COP16 en Cancún más adelante este año, aprobó una declaración sobre el tema del Cambio Climático. Las materias sobre el desarme y la no proliferación fueron tratadas por el Consejo llevando a la aprobación de dos declaraciones, una Un Mundo sin Armas Nucleares y la otra sobre un Tratado Exhaustivo del Comercio de Armas.

Por una Oncca que proteja a los pequeños y medianos productores Convocados por Partido Socialista, legisladores de diferentes fuerzas, representantes de la Federación Agraria y de la CTA participaron de un debate sobre el futuro de la Oncca.

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onvocados por el diputado Lisandro Viale (PS Entre Rios), legislado res nacionales de diferentes fuerzas, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE - CTA) participaron de un debate realizado en la Cámara baja , con la consigna "Por una Oncca que proteja al pequeño y mediano productor". En el debate estuvieron, entre otros, los diputados nacionales Fernando Pino Solanas y Jorge Cardelli (de Proyecto Sur), Virginia Linares (GEN), Atilio Benedetti y Eduardo Kenny (UCR); y Christian Gribaudo (PRO). Estuvieron en representación de entidades agropecuarias, el vicepresidente de FAA Omar Barchetta y y Edgardo Barzola de Coninagro, así como Alfredo Bel de FA A entrerriana con un nutrido grupo de productores de Entrte Rios. Además estuvo Víctor Taricco (ATE) en representación de los trabajadores del organismo.

Los diputados Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Virginia Linares (GEN) junto al diputado Lisandro Viale (Partido Socialista) en la presentación pública del proyecto para reformar la Oncca. El debate fue convocado por el diputado socialista Lisandro Viale, vicepresidente de la Comisión de Agricultura, quien presentó su proyecto de ley sobre una Agencia de Control y Arbitraje del Comercio de la Industria Agropecuaria (Acacia) que reemplace al Oncca con un directorio en el que participen de las entidades agropecuarias, las bolsas de cereales, la agroindustria, los trabajadores y los gobiernos provinciales y el Estado nacional. El proyecto, además, da al organismo carácter descentralizado y autárquico (con personería jurídica y capacidad de decisión) con un Consejo Directivo integrado de manera partici-

pativa, lo que asegura la transparencia; y cuadros profesionales para garantizar la eficacia. Luego de la exposición los participantes expresaron sus opiniones y sugerencias acerca del proyecto. Taricco, representante de los trabajadores, en defensa de la fuente de trabajo, marcó las diferencias entre gobierno y Estado, defendiendo las políticas de intervención que apunten al desarrollo nacional. Barchetta expresó su coincidencia con el proyecto de Viale: "Desde la FAA estamos trabajando en el mismo sentido. Lo que quisiera destacar es la composición del directorio que garantiza la transparencia". Por su parte,

El voto del diputado socialista Ricardo Cuccovillo "Su discurso llegó sobre el final de la sesión, luego de largas horas de debate y apenas unos minutos antes de la votación que le otorgó media sanción a la ley. Con voz quebrada pero lleno de convicción, el diputado socialista por la provincia de Buenos Aires Ricardo Cuccovillo adelantó su voto llevando su argumentación a un terreno personal. “Tengo tres hijos: dos varones y una mujer. Uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto”, expresó ante un recinto que lo seguía en silencio". (Extraído de Perfil, 09.05.2010)

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Bel centró su intervención en el rol del Estado "necesitamos la intervención del Estado para que garantice la equidad en las condiciones de los productores". En un sentido similar, Pino Solanas señaló "en la discusión de un nuevo organismo se tienen que revalorizar los saberes anteriores para construir algo nuevo; pero también sabemos que hay en esto intereses contrapuestos, no podemos volver a los años 90, hay que consensuar en pos de la soberanía alimentaria". Virginia Linares del GEN, manifestó el apoyo de su bloque al proyecto presentado por Lisandro Viale "creemos que debe existir un órgano con el nombre que queramos darle, que regule y controle el mercado, y proteja a los productores. Nosotros fuimos parte de la denuncia contra la Oncca y la corrupción que hay dentro". El legislador socialista destacó que "el mejor proyecto va salir del debate de quienes viven y sienten el sector agropecuario. La oposición en lo que está de acuerdo es en que la situación actual así no tiene salida, pero para las propuestas no hay un acuerdo claro. En un caso así, cuando se torna difícil el panorama, por la diversidad de ideas, hay que hacer foco en algo. Nuestra idea es que ese foco sean los pequeños y medianos productores" puntualizó.


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El país Economía social

Aumentos de precios, IVA y monopolios Cuando se desborda la inflación, perjudica más a los que menos tienen. En lugar de continuar los lamentos por la suba de los precios, es conveniente comenzar ya mismo a aplicar la legislación vigente, llevando a cabo además, rápidamente las reformas legislativas que sean necesarias, como la discusión sobre el IVA.

Por Héctor T. Polino*

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a hipocresía de determinados grupos económicos no tiene límites. Resulta "conmovedor" ver su comportamiento, y de los sectores políticos que los representan, abordar el problema de los aumentos de precios de los artículos de la Canasta Básica de Alimentos. Ese comportamiento me recuerda la actitud de aquella persona que asesinó a su madre. Luego de ser detenido, procesado, y condenado, antes de la sentencia se dirigió al Tribunal pidiendo clemencia porque era huérfano de madre. Los grandes grupos económicos, y los sectores políticos que los representan, los formadores de precios, los que aumentan sin que hayan variado los costos, los que se apropian indebidamente de una parte sustantiva del ingreso de los trabajadores y jubilados, los que aumentan sus ganancias de manera obscena, son los que más cuestionan el proceso "inflacionario" actual. Ante esta situación, reaparece la idea de eliminar el IVA a los artículos de la canasta básica de alimentos. La reiteran las asociaciones de consumidores como Consumidores Libres, que desde hace muchísimos años viene bregando para lograr ese objetivo. Es tan justa y necesaria esta iniciativa, que también recientemente fue solicitada por el Secretario General de la C.G.T., e incluso por el propio Presidente de la Sociedad Rural Argentina. Hugo Moyano propuso que "para evitar que la eliminación o rebaja del IVA beneficie a los comerciantes, se devuelva a través de la cuenta bancaria de los trabajadores, ya que la inmensa mayoría está bancarizada, y tienen tarjeta de débito." Seguramente el líder de la C.G.T., ha tenido en cuenta que el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, que a fines del año 2002, rebajó el IVA a los alimentos del 21 al 19%, a los 2 meses dejó sin efecto esa medida, porque la rebaja no se verificaba en una disminución de los precios. Para el Estado significaba sacrificar 270 millones de pesos anuales de recaudación, pero los empresarios no garantizaban una reducción en los precios finales. Una vez más, las buenas medidas tomadas por el Estado fueron derrotadas por la acción concertada de los grandes grupos económicos.

Entonces aparece ahora la idea de la devolución del IVA a los alimentos, a través de la cuenta bancaria de los trabajadores. ¿Pero qué pasa con los desocupados, los trabajadores que están en el mercado informal, y el resto de los consumidores que no están bancarizados? Se establecería una nueva diferenciación en los sectores populares, en perjuicio de los más humildes que estarían obligados a pagar el IVA por los artículos que consumen, sin ninguna posibilidad de devolución posterior. Aquí llegamos a la cuestión central. ¿Para qué está el Estado, si no es para cumplir las normas jurídicas vigentes? ¿Para qué están las leyes de Defensa del Consumidor; de Lealtad Comercial; de Defensa de la Competencia o la ley Antimonopolio, e incluso la ley de Emergencia Económica? ¿Porqué no se constituye de una buena vez el Tribunal de Defensa de la Competencia, establecido en la ley antimonopolio Nº 15.156, del año 1999? ¿Porqué no se conforma el Consejo Económico y Social, con representantes de los trabajadores, de los empresarios, de los consumidores, y del gobierno, para encarar un programa de aumento de la producción, de reforma integral al sistema impositivo, que apueste al mercado interno, posibilitando una más justa distribución del ingreso y la riqueza? La altísima concentración permite destinar cifras millonarias en publicidad, facilitando al mismo tiempo el manejo de los precios Sólo a modo de ejemplo, se señalan las siguientes cifras: - 2 empresas concentran el 89% de las ventas de pan lactal en el país. - 2 empresas concentran el 84% de las ventas de gaseosas y colas. - 2 empresas concentran el 77% de las ventas de leche chocolatada. - 2 empresas concentran el 78% de las ventas de galletitas saladas. - 3 empresas concentran el 100% de las ventas de cervezas. - 3 empresas concentran el 80% de las ventas minoristas. - 4 empresas concentran el 73% del

expendio de combustibles líquidos. - 4 empresas operan 50 millones de teléfonos celulares. Estas grandes concentraciones son formadoras de precios. En otras economías a una mayor demanda, responden con una mayor producción; que a su vez genera mayores ventas y también mayores ganancias. En cambio, en nuestro país el aumento de la demanda, es respondida con aumentos de precios, capturando una parte sustantiva de los mayores ingresos de los sectores medios y bajos de la sociedad. La inflación cuando se desborda, perjudica más a los que menos tienen. En lugar de continuar lamentándonos por la suba de los precios, es conveniente comenzar ya mismo a aplicar la legislación vigente, llevando a cabo además, rápidamente las reformas legislativas que sean necesarias. El desafío de la hora actual, consiste en articular mecanismos que establezcan un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad en el marco de un mundo fuertemente globalizado.

* Miembro de la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional - Partido Socialista

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Breves Aumentar la jubilación mínima ya Diputadas y diputados del Partido Socialista y del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) presentaron un proyecto de ley para llevar el haber previsional mínimo al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. La iniciativa retoma los lineamientos del proyecto presentado en el Senado de la Nación por el socialista Rubén Giustiniani. “En la actualidad, la jubilación mínima está por debajo de la línea de la pobreza: apenas alcanza los 895,15 pesos, monto que se actualiza dos veces por año, una en marzo y otra en septiembre, pero sin estar ligada a los aumentos del salario mínimo, que hoy se encuentra en 1.500 pesos”, fundamentaron. En este contexto, la diputada socialista Alicia Ciciliani presentó la iniciativa ante representantes de jubilados, recibidos por integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja. La legisladora recordó que “asumimos la problemática del sector pasivo en nuestra plataforma electoral como un tema prioritario. Debemos colocarlo en la agenda como una cuestión inherente a toda la sociedad y asumirlo con la responsabilidad que el tema merece”, indicó. Ciciliani comentó que en Santa Fe “la jubilación mínima de la caja provincial es de 1.492 pesos, y como representa el 82 por ciento del salario básico, no hay que esperar ni uno ni dos meses para percibir ningún incremento: si suben los sueldos de los estatales, automáticamente suben las jubilaciones y pensiones, como corresponde”. “En Santa Fe, demostramos con los hechos que se puede hacer, porque blanqueamos los salarios de los trabajadores activos para darle mayor sustentabilidad al sistema previsional”, explicó. En ese sentido, si bien el proyecto apunta a los millones de jubilados y pensionados hoy por debajo de la línea de pobreza, destacó el compromiso del socialismo de trabajar por el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones.


la vanguardia

El país Actuación del bloque socialista

El Congreso recupera facultades Breves Sanción a empresas por explotación de petróleo en Malvinas La Cámara baja dio media sanción al proyecto de ley que prevé sanciones para empresas que operen en el país y tengan vinculación a las que explotan petróleo en las Islas Malvinas, pasando ahora al Senado. El diputado Roy Cortina fundamentó el apoyo del bloque socialista a la iniciativa señalando que “Malvinas es una causa nacional. El socialismo, a lo largo de sus 114 años de historia, la ha venido jerarquizando desde el momento en que Alfredo Palacios la introdujo como tema de discusión en el Parlamento”. “Hace poco la Cámara de Diputados, en resolución unánime, repudió la conducta unilateral de Gran Bretaña con miras a no dejar ninguna duda de la posición que tenemos en la Argentina respecto a la soberanía nacional y a los recursos que pertenecen a nuestro país. Sin embargo, los socialistas creemos que es hora de avanzar más allá de los pronunciamientos. Por eso es oportuno este proyecto de ley , ya que se refiere a los legítimos derechos que tiene nuestro país en el espacio marítimo circundante de las Islas Malvinas”. Para el legislador socialista “esta iniciativa responde en forma contundente a un nuevo avasallamiento perpetrado con lógica imperial por el Reino Unido de Gran Bretaña. El dictamen de la comisión establece herramientas jurídicas en ese sentido, en tanto restringe la actuación en el orden nacional de compañías que se encuentran vinculadas a quienes desarrollan o colaboran directa o indirectamente con la extracción de hidrocarburos en las islas”. El legislador del PS remarcó que “el caso Malvinas no es el de una colonia a la que se le debe otorgar la independiencia, sino un territorio arrancado de nuestro país y al que debe reintegrárselo. La opinión de los isleños no puede ni debe socavar nuestros derechos irrenunciables a la soberanía. La Argentina ha asumido este tema como una política de Estado, conforme el mandato constitucional que nos obliga a encontrar una solución pacífica y acorde con el derecho internacional”.

de partidas presupuestarias modificando gastos y finalidades y también autorizando mayores gastos. Esta situación ha producido una concentración en el Poder Ejecutivo de decisiones relativas al presupuesto general de ingresos y gastos que claramente la Constitución Nacional asigna con carácter indelegable al Congreso nacional en su artículo 75 inciso 8° y en el artículo 76". "Como resultado se ha visto vulnerada la división de poderes, que es el pilar esencial de nuestra democracia representativa y de nuestro esquema federal. Mediante decretos de necesidad y urgencia que todos conocemos se han asignado también nuevos gastos sin la aprobación del Congreso, y durante los años de crecimiento económico la recaudación ha superado las estimaciones incluidas en los proyectos y leyes de presupuesto . Además, la reasignación unilateral de partidas no sólo ha alterado las previsiones de gastos realizadas por el Ejecutivo sino que también se han visto afectados los recursos asignados a los gobiernos subnacionales". Fein se preguntó "¿Cuál fue la consecuencia de estas leyes y decretos? Que el

El proyecto que deja sin efecto el artículo 37 de la ley de administración financiera fue aprobado con 136 votos -incluidos los del bloque PS- contra 90. Dicho artículo había hecho permanente la facultad del Jefe de gabinete de Ministros de redistribuir partidas presupuestarias. Al mismo tiempo se ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo. La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes, como el Banco Central o la Anses. El proyecto pasará ahora al Senado. La presidenta de la bancada socialista, Mónica Fein, consideró que "a partir de la ley 26.124, sancionada en el año 2006, que modifica el artículo 37 de la ley de administración financiera, se ha producido una concentración de decisiones en el jefe de Gabinete sobre la distribución de los recursos públicos. Más precisamente creemos que esa norma ha permitido la alteración

presupuesto, conocido como la ley de leyes -elemento fundamental de la aplicación de políticas públicas- se ha convertido en un mero instrumento formal, que es lo que aquí hemos tratado, donde las prioridades y los compromisos han sido alterados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Por eso creemos que esta reforma que se está planteando es un avance en torno al principio republicano que adopta nuestro país en su Constitución Nacional y que la derogación de la ley 26.124 vuelve a respetar la separación de poderes, permitiendo al Parlamento reasumir aquellas funciones que le son propias en su rol constitucional". La legisladora santafesina propuso "retomar el sendero fijado por nuestra Constitución para recuperar los mecanismos de representación y control que garantizan fundamentalmente la calidad institucional. Desde este camino creemos que el debate del presupuesto no será ya una formalidad o una ficción sino que estaremos discutiendo la ley de presupuesto que se aplicará en nuestro país".

Elecciones internas: los socialistas ratificaron la independencia del PS El escrutinio definitivo confirmó el contundente triunfo de la lista 2, “Socialismo y Par ticipación”, encabezada por Rubén Giustiniani, en las elecciones internas para la designación de autoridades del PS. La Junta Electoral del Partido Socialista confirmó el triunfo de la lista 2, “Socialismo y Participación”, encabezada por Rubén Giustiniani, en las elecciones internas para la elección de autoridades del PS. La lista presidida por el senador Giustiniani, acompañado por el gobernador de Santa Fe Hermes Binner, obtuvo más del 93% de los votos en todo el país, frente a la lista 1, “Unidad Socialista”, encabezada por el kirchnerista Jorge Rivas. La lista 2 triunfó en 22 de los 24 distritos, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, La Pampa, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. La lista 1 sólo se impuso en los distritos de Corrientes y La Rioja. El contundente triunfo se coronó con la vistoria de la Lista 2 en las ocho secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires. Se consolida así un Partido Socialista autóGráfico: La Vanguardia, en base a los datos de la Junta Electoral (Escrutinio Definitivo)

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nomo e independiente del gobierno nacional. Los afiliados al PS eligieron los 25 integrantes titulares del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y 10 suplentes. Además, se eligen 5 integrantes (3 titulares y 2 suplentes) para la Comisión Nacional de Ética, y 6 miembros para la Comisión Revisora de Cuentas (3 titulares y 3 suplentes). En total votaron 33.348 afiliados en las 511 mesas habilitadas en todo el país. De este modo, el Partido Socialista de la Argentina realizó en tiempo y forma sus elecciones de autoridades, con una gran movilización de los compañeros y compañeras de todo el país que protagonizaron una democrática, participativa y transparente jornada electoral el domingo 13 de junio, como resultado de la cual se ratificó con enorme contundencia y por una mayoría abrumadora, el camino de un Partido Socialista independiente, que sea el motor de un espacio progresista que reclama la Argentina.


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El país La denuncia de Santa Fe contra el Gobierno Nacional

Binner en la Corte Suprema: Breves en defensa del federalismo y la equidad en el uso de los recursos públicos

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l gobernador Hermes Binner concurrió en el mes de junio a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de los reclamos que el gobierno santafesino lleva adelante desde 2009 para que el Estado nacional suspenda la detracción del 15% que aplica sobre los recursos coparticipables para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El mandatario santafesino estuvo acompañado por los ministros de Economía, Ángel Sciara; de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. "Este es un espacio muy importante", señaló el gobernador una vez finalizada la audiencia. "Tuvimos una audiencia informativa en marzo -recordó Binner-, y ahora la primera audiencia de conciliación. Es importante que este tema se siga tratando porque habla de la necesidad de que haya mayor diálogo entre Nación y provincia". Aclaró que "no nos interesa desfinanciar la Anses; creemos que las necesidades de Santa Fe ameritan que la Nación cumpla con las deudas que tiene con la provincia". Por su parte, Superti señaló que la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema representa "un paso más para llegar a una solución, ya sea por vía de un acuerdo o por medios judiciales. La presencia del gobernador Binner pone de manifiesto la importancia que el gobierno santafesino le dio a esta convocatoria. La Nación no estuvo representada por el ministro de Economía, quien justificó su inasistencia". La audiencia tuvo lugar en el despacho presidencial del Máximo Tribunal y en esta ocasión estuvieron presentes su titular, Ricardo Lorenzetti; y los ministros Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Además del gobernador había sido convocado el ministro de Economía, Amado Boudou, quien no finalmente no concurrió. Por eso, en representación del gobierno nacional asistieron el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Horacio Diez; la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli; y el director de Control y Gestión Judicial, Gustavo Pistarini.

La audiencia "En un primer momento de la audiencia se habló acerca de la medida cautelar presentada por la provincia de Santa Fe y luego se intentó buscar alguna solución, sin perjuicio de que las partes mantuvieran férreamente su posición", relató el ministro Superti.

Casi dos horas duró la audiencia pública ante la Corte Suprema en la que el gobernador Hermes Binner presentó el reclamo santafesino por montos coparticipables detraídos por la Nación. El ministro de Economía de la gestión Kirchner no concurrió y envió a sus secretarios. La audiencia fue la primera intervención de la Corte en una disputa entre una provincia y la Nación referida a esta quita instrumentada en el primer pacto fiscal de la década menemista.

Sobre el reclamo

Tras la presentación inicial de la demanda, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó una medida cautelar en la que el gobierno provincial solicitó que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, "se ordene la suspensión parcial" de la aplicación del artículo en cuestión y también "el cese preventivo" de la detracción de los fondos coparticipables. En tal sentido, la pretensión cautelar se limita "a los períodos sucesivos" y "tan sólo al 50% de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada". Superti indicó que "en esta idea de buscar caminos alternativos, el gobernador ratificó su apertura a todo tipo de diálogo, mientras que los representantes de la Nación dijeron que sus instrucciones se acotaban a los objetivos de la audiencia". En ese marco, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos explicó que "la Corte pidió que en un plazo de 15 días el Estado nacional exprese su decisión de abrir un espacio de diálogo amplio en la búsqueda de esas vías alternativas o, en caso contrario, manifieste que no hay disposición para ello, lo que determinará que la causa siga su curso según corresponda", concluyó.

"Hay una serie de deudas que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, motivo por el cual hemos recurrido al único espacio que tiene un Estado subnacional para reclamar ante el gobierno central que es la Corte Suprema de Justicia", argumentó Binner acerca de los reclamos presentados ante el Alto Tribunal. "Este reclamo, en particular, se refiere al tema de la Anses, que en su momento necesitó del aporte de las provincias para salvar una caja que estaba con muchos beneficiarios y pocos aportantes, como consecuencia de la creación de las AFJP. Dado que ahora ese dinero de las AFJP volvió a la Anses, nosotros sostenemos que las causas para aplicar la detracción del 15% sobre los fondos coparticipables que se le sigue haciendo a Santa Fe desaparecieron y, por lo tanto, creemos que el 31 de diciembre de 2005 caducó el pacto federal que la había establecido. A partir de allí, la detracción es ilegítima", afirmó.

Acerca de la detracción Por medio de un acuerdo federal de 1992, l gobierno nacional comenzó a detraer a las

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provincias el 15% de la masa de recursos coparticipables para afrontar el déficit del sistema provisional. Sin embargo, una vez que la Anses dejó de ser deficitaria, el Estado nacional continuó descontando el porcentaje a las provincias pese a que, en el caso de Santa Fe, retiró su aval para esa detracción desde el inicio de 2006. En la audiencia del 17 de marzo pasado, el gobernador Binner presentó ante la Corte los argumentos acerca de la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, señalando que "el compromiso de Santa Fe -pactado en 1992- fue para afrontar el déficit del sistema previsional, no para el sostenimiento de la Anses, con lo cual las causas de aquel acuerdo cesaron". En cuanto a la masa de recursos que le corresponden a Santa Fe, el fiscal de Estado estimó que "sólo para este año estaría entre los 900 y 1.000 millones de pesos", aunque aclaró que el gobierno santafesino no hizo un planteo "en términos cuantitativos, sino que lo que busca es que la Corte resuelva un problema de derecho, es decir, que no se ponga la lupa sobre los números, sino sobre las normas jurídicas".


la vanguardia

Debates

Una conferencia de Mario Bunge

El porvenir del socialismo Este texto es un resumen de la conferencia sobre socialismo dictada por el reconocido filósofo Mario Bunge en la Facultad de Derecho de la UBA el 26 de marzo de este año, organizada por el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires.

La conferencia se enmarcó en las actividades de la Cátedra Libre "Guillermo Estévez Boero - Un espacio de debate para una nueva democracia" que, hacia fines del año pasado, inauguraron el socialismo porteño y el Centro de Iniciativas y Políticas del Socialismo para Buenos Aires (CIPSBA). El diputado nacional Roy Cortina fue quien presentó al distinguido expositor. En su charla de más de una hora, Mario Bunge sostuvo, entre otros conceptos, que "la construcción del socialismo no requiere la restricción de la democracia sino, muy por el contrario, su ampliación, del terreno político a todos los demás". Y agregó "el socialismo tiene porvenir si se propone ir socializando gradualmente todos los sectores de la sociedad, para construir un socialismo democrático y cooperativista". A continuación se reproduce una versión resumida de la conferencia.

Mario Bunge es el más destacado filósofo argentino de todos los tiempos. Nació en Buenos Aires en 1919. Estudió en la Universidad de La Plata, donde se doctoró en ciencias físico-matemáticas (1952). Profesor de física y filosofía en las Universidades de La Plata y Buenos Aires. Después de diversas estancias en centros académicos europeos y norteamericanos, en 1966 ingresó en la McGill University de Montreal (Canadá), como catedrático de lógica y metafísica. Doctor honoris causa de una docena de universidades americanas y europeas. Entre otras muchas distinciones, es Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (España).Entre sus numerosas obras, traducidas a las principales lenguas del mundo, cabe destacar: La ciencia, su método y su filosofía, Eudeba, Buenos Aires, 1960; Racionalidad y realismo, Alianza, Madrid, 1985; Vistas y entrevistas, Sudamericana, 2ª ed., Buenos Aires, 1997; Ética, ciencia y técnica, Sudamericana, Buenos Aires, 1996, y el monumental Treatise on Basic Philosophy (Tratado de filosofía). Se trata de un esfuerzo por construir un sistema que abarque todos los campos de la filosofía contemporánea, enfocados especialmente en los problemas que suscita el conocimiento científico.

Por Mario Bunge

Definición de "socialismo"

n 1989 fue derribado el Muro de Berlín, que simbolizaba la moribunda dictadura comunista. Veinte años después se desploma Wall Street, cúpula y símbolo del capitalismo desenfrenado. Curiosamente, los sismógrafos socialistas no registraron ninguno de ambos terremotos. No aprovecharon 1989 para buscar los motivos del fracaso del llamado "socialismo realmente existente." Los socialistas tampoco están aprovechando la crisis económica actual para averiguar si el fracaso del capitalismo es estructural o coyuntural: o sea, si el mal llamado mercado libre es reparable con un parche keynesiano, o habrá que reemplazarlo por un sistema más racional, justo y sostenible. ¿A qué se debe el silencio de los socialistas en medio del estrépito de esos dos grandes derrumbes? ¿Habrán perdido los ideales? ¿Sólo les interesará la próxima elección? ¿Ya no se interesan por lo que ocurra fuera de sus fronteras nacionales? ¿O han perdido lo que Fernando VII llamaba "el funesto hábito de pensar", ya porque se han acostumbrado a administrar una sociedad capitalista con Estado asistencial, ya porque siguen en el llano y han perdido la esperanza de reformar la sociedad? No tengo respuestas a estas preguntas, las que exigen investigaciones empíricas que soy incapaz de emprender. Por ser filósofo, me limitaré a describir y analizar los grandes rasgos de la familia de filosofías políticas que agrupamos bajo el rubro "socialismo", y que van desde un liberalismo ilustrado hasta un igualitarismo autoritario (lo que, desde luego, es contradictorio y por tanto imposible). Mi intención no es historiográfica sino filosófica y política: me interesa destacar la gran variedad de la familia socialista, a fin de ver qué queda vigente de ella, y qué habría que agregarle o quitarle a la tradición socialista para que pueda servir como altenativa al capitalismo en crisis.

Adoptaré una definición congruente con todas las corrientes. En una sociedad auténticamente socialista los bienes y las cargas, los derechos y los deberes se distribuyen equitativamente. En otras palabras, el socialismo realiza el ideal de la justicia social. Este ideal se justifica tanto ética como científicamente. En efecto, la igualdad social pone en práctica el principio moral de equidad o justicia; contribuye poderosamente a la cohesión social; y es fisiológicamente beneficiosa, como lo sugieren experimentos recientes, que muestran que la exclusión es causa de estrés. En cualquiera de sus versiones, el igualitarismo implica la igualdad económica, y a su vez ésta implica una limitación drástica de la propiedad privada de los medios de producción, intercambio y financiación. En otras palabras, el socialismo incluye la socialización de dichos medios. Las diferencias entre las distintas formas de socialismo aparecen cuando se pregunta si el socialismo se limita a la esfera económica, y cuando se pregunta en qué consiste la llamada socialización. El socialismo economicista se limita a la justicia distributiva, mientras que el socialismo amplio abarca a todas las esferas sociales. También hay socialismo autoritario o desde arriba, y socialismo democrático o desde abajo. Yo argüiré en favor de la socialización de todas las esferas. En otras palabras, romperé una lanza por lo que llamo democracia integral: biológica, económica, política y cultural. Sostendré que la democracia parcial, aunque posible, no es plena, justa ni sostenible. En particular, la democracia política no puede ser plena mientras haya individuos que puedan comprar votos y puestos públicos; la democracia económica no es plena bajo una dictadura que imponga el gobierno sin consulta popular; y la democracia cultural no es plena mientras el acceso a la cultura se limite a los privilegiados económicos o políticos. En síntesis, el ideal sería combinar la demo-

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julio 2010 cracia con socialismo. Esta combinación podría llamarse democracia socialista, a distinguir de la socialdemocracia o socialismo débil, que de hecho no es sino capitalismo con red de seguridad, también llamado socialismo estatal o de arriba. Lo cierto es que no puede afirmarse que el socialismo fracasó, ya que nunca se lo ensayó, ni en el Imperio Soviético ni en ninguna otra parte. Lo que fracasó en la URSS fue el marxismo autoritario, esa imposible tentativa de imponer la igualdad a palos. No hay duda de que las sociedades contemporáneas más avanzadas son aquéllas en que reina el llamado Estado asistencial, que combina el capitalismo y la democracia política con amplios servicios sociales prestados por la maquinaria estatal (por ejemplo las naciones escandinavas, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Corea del Sur y Japón). Estos son los países con mayor índice de desarrollo humano, el que mide la calidad de vida de las personas: su bienestar económico, estado de salud, y nivel de conocimientos. Este índice es muy superior al producto bruto interno per capita, aunque es criticable porque no involucra la igualdad ni la sostenibilidad, variables que se pueden incluir. Aunque este orden socioeconómico suele llamarse socialista, de hecho no lo es, porque no involucra la socialización de las empresas. El nombre alternativo, welfare capitalism, es más adecuado, ya que combina el capitalismo con la beneficencia. Otro tanto vale para el "socialismo bolivariano." No hay socialismo mientras perduren desigualdades sociales notables. Esto no implica menoscabar los éxitos de los gobiernos socialdemócratas, particularmente en Escandinavia. En todos los casos en que se ha hablado de gobiernos socialistas, se ha tratado de socialismo estatal, como el proclamado en 1881 en Alemania por el propio Emperador a instancias del estadista conservador Bismarck, a fin de restarle fuerza al partido socialista alemán, o la legislación social en Gran Bretaña nacida durante el gobierno conservador de Disraeli. Irónicamente, el éxito del socialismo estatal, apoyado y a veces fundado por los socialdemócratas, ha sido uno de los dos factores de la decadencia de los partidos de izquierda, tanto comunistas como socialistas. El otro factor ha sido la televisión. ¿Para qué salir a la calle a protestar, y exponerse a un cachiporrazo policial, si ya se dispone de lo indispensable para sobrevivir y, al mismo tiempo, se corre el peligro de perder un episodio de la serie televisiva a la que uno se ha hecho adicto? Pero esta pasividad es un grave error, porque favorece a los partidos reaccionarios, que hacen lo posible

«No puede afirmarse que el socialismo fracasó, ya que nunca se lo ensayó, ni en el Imperio Soviético ni en ninguna otra parte».

por desmantelar el Estado asistencial. Más aun, éste ya empezó a decaer, incluso en las naciones más prósperas.

Electoralismo Los partidos socialistas en el poder se han vuelto administradores del Estado asistencial. Con el apoyo de los sindicatos, han contribuído a incrementar los servicios sociales y a elevar considerablemente el número y nivel de escuelas y universidades. Por lo demás, no han tocado la pieza clave del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción, intercambio y finanzas. Ocasionalmente, los socialdemócratas de la posguerra ayudaron a los peores enemigos del progreso social. Basten dos ejemplos. La Internacional Socialista se reconstituyó en 1946 como "un muelle de resistencia contra el comunismo", al punto que Morgan Philips, el secretario del Labour Party, proclamó que "la política americana actual está marcada por un carácter progresista y altruista". Seis décadas después, el primer ministro laborista, Tony Blair, mereció ser llamado "el perrito faldero del Presidente Bush" y arrastró a su país a una guerra ilegal. O sea, gran parte de la socialdemocracia era más OTANista que socialista: apoyaron a uno de los dos bandos en pugna en la Guerra Fría, en lugar de oponerse a ambos. Los socialistas del último siglo han hecho el capitalismo más sufrible, pero han renunciado al ideal de justicia social por el que habían combatido los socialistas del siglo XIX. Su meta actual es mucho más modesta: ganar las próximas elecciones. Esta política puede dar resultados a muy corto plazo, a saber, hasta las próximas elecciones. Pero es suicida a largo plazo porque, cuando disminuyen las diferencias entre los partidos, el electorado pierde interés: no solamente la gente ya no milita desinteresadamente en el movimiento, sino que ni siquiera se molesta por votar. Además, todos, dirigentes y masa, se olvidan de lo que significa 'sociedad socialista', a saber, sociedad sin clases. Este olvido es tal, que John Mayor, el sucesor de Margaret Thatcher, declaró impunemente que Gran Bretaña era una sociedad sin clases. Es hora de que los partidos socialistas, si quieren conservar su nombre, repiensen el ideario socialista: que lo pongan al día a la luz de las ciencias sociales y de la dura crisis actual. Esta crisis es motivo de vergüenza para los defensores de la política de laissezfaire, tales como el ex-superbanquero Alan Greenspan, pero es una oportunidad para los socialistas para denunciar la injusticia e insostenibilidad del capitalismo desbridado. También es una gran oportunidad para explorar la posibilidad de un orden más sostenible y, sobre todo, más justo. Si semejante cambio disminuyera su caudal electoral, paciencia: la autenticidad cuesta.

en una sociedad cualquiera. Privado es aquello que sólo atañe al individuo y su familia: cosas, tales como vivienda, moblaje, enseres domésticos y biblioteca; y actividades, tales como comer, descansar, jugar, criar niños, e interactuar con amigos. Público es aquello que es compartible con otros: cosas, tales como calles, parques, escuelas, hospitales, museos, templos y propiedades del Estado; y actividades, tales como aprender, trabajar, comerciar, y actuar en política o en ONGs. Los socialistas totalitarios sueñan una sociedad en la que no haya sino una esfera, la pública: una sociedad en la que los individuos no sean dueños de nada, ni siquiera de sí mismos, y hagan solamente lo que les permita el gobierno. Los socialistas democráticos, en cambio, respetan la esfera privada tanto como los liberales, aunque difieren de éstos en lo que respecta a la propiedad de los recursos naturales y de las grandes empresas. En efecto, los socialistas democráticos procuran la socialización de cuanto esté fuera de la esfera privada. O sea, respetan la libertad en la esfera privada al mismo tiempo que la limitan en la pública. Lo que no podría ser de otra manera, ya que la democracia implica la libertad, aunque no a la inversa, como lo muestra el caso de los neoliberales que transaron con las dictaduras fascistas en aras del mercado libre. Bajo el socialismo, mi cepillo de dientes seguirá siendo exclusivamente mío, pero tu derecho a tu fábrica de cepillos de dientes será cuestionado: la conservarás si es una empresa familiar, pero si emplea a otros, los socialistas procurarán que se convierta en una empresa cooperativa poseída y administrada por sus trabajadores. En

«Los socialistas democráti-

El porvenir

cos procuran la socializaPara evaluar la posibilidad políitica del socialismo, empecemos por recordar la diferencia entre la esfera pública y la privada

ción de cuanto esté fuera de la esfera privada».

cambio, la tierra y el agua no serán privados ni de cooperativa alguna, sino bienes públicos administrados por el Estado, el que podrá arrendarlos a personas o a cooperativas, como lo habían propuesto hace un siglo los seguidores de Henry George. Tanto los marxistas como los fundamentalistas del mercado (como los llama el financista George Soros) sostienen que las cooperativas no pueden sobrevivir en un medio capitalista, en el que las grandes empresas cuentan con la ayuda de los bancos y del Estado, y pueden producir en gran escala a precios bajos gracias al uso de técnicas avanzadas, a que pueden resistir competenias ruinosas, y a que pueden explotar a sus empleados, particularmente si éstos no se unen en sindicatos combativos. Esta es una proposición empírica, y por lo tanto se sostiene o cae al confrontársela con la realidad. ¿Qué nos dicen los hechos? Que el cooperativismo ha triunfado en pequeña escala en algunos países, y fracasado en otros. Por ejemplo, en Gran Bretaña ya queda poco del pujante movimiento cooperativo nacido en Rochdale en 1844. En cambio, florecen cooperativas de varios tipos y tamaños en países tan diversos como Argentina, Brasil, España, Francia, los EE UU, India, Italia, Suecia y Suiza. Por ejemplo, son innegables los éxitos alcanzados por la Lega delle Cooperative e Mutue, fundada en 1886 y que incluye a unas 15.000 cooperativas italianas, un décimo del total. Otro ejemplo notable es Mondragón Corporación Cooperativa (2006), un conglomerado vasco de un centenar de cooperativas, que acaba de cumplir medio siglo de existencia y ocupa el noveno puesto entre las empresas españolas. ¿A qué se deben los triunfos y fracasos en cuestión? Creo que este problema aun no ha sido investigado a fondo. Uno de los motivos del triunfo de Mondragón es que tiene su propio banco y su propia universidad para la formación de sus técnicos y gerentes. Y ¿a qué de debió el fracaso de la cooperativa argentina El Hogar Obrero un siglo después de su fundación? Creo que un factor fue el que sus dirigentes eran funcionarios del Partido Socialista: creían que la devoción a la causa podía reemplazar a la competencia profesional. Otra causa de la decadencia de El Hogar Obrero puede ser la que ya había señalado su fundador, el Dr. Juan B. Justo, hace exactamente un siglo. Ella es que, paradójicamente, el triunfo de una cooperativa puede llevar a su ruina. En efecto, cuando una empresa crece mucho, la distancia entre la cúpula y la base aumenta tanto, que ya no hay participación efectiva. Y sin participación intensa no hay autogestión, que es la esencia del "espíritu cooperativo" y también de la democracia auténtica. En todo caso, lo cierto es que las cooperativas son mucho más longevas que las empresas capitalistas: la tasa de supervivencia de las empresas unidas en Mondragón es casi del 100%, y la de las cooperativas federadas en la Lega es del 90% al cabo de tres décadas. Este dato sorprenderá a los economistas, pero no a los cooperativistas, ya que los cooperantes, a diferencia de los empleados, trabajan para sí mismos y están disConcluye en página siguiente.

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Debates

la vanguardia Viene de la página anterior. puestos a esforzarse más, e incluso a sacrificarse por el bien común, que es el de cada cual. En efecto, la cooperativa ofrece a sus miembros ventajas inigualables: seguridad del empleo, satisfacción en el trabajo, y orgullo de pertenecer a una empresa común inspirada en ideales nobles: igualdad, democracia participativa, y solidaridad dentro de la empresa y con empresas similares. Es imaginable que una sociedad en que todas las empresas fuesen cooperativas, como lo son de hecho las empresas familiares, sería menos imperfecta que las sociedades actuales, las que no ofrecen seguridad económica ni, por lo tanto, tampoco política. Pero, como señaló Marx contra los cooperativistas de su tiempo, la cooperativa sólo atiende al lado económico del polígono social, y tiene una existencia precaria en un mercado capitalista dominado por potentes oligopolios que gozan de los privilegios que les otorgan leyes y gobiernos diseñados para favorecer los intereses de los poderosos. En otras palabras, la igualdad económica dentro de la empresa no basta: es preciso extenderla a la sociedad íntegra. Los marxistas-leninistas han abogado teóricamente por la igualdad total, pero a un alto precio: la desigualdad política. En efecto, han sostenído que la igualdad total, o comunismo, solamente se podría conseguir luego de un período de dictadura, la que se suavizaría automáticamente poco a poco: el Estado-partido se marchitaría por sí sólo, y finalmente se llegaría a la Edad de Oro. Pero no explicaron el presunto proceso de marchitamiento espontáneo. Este es imaginario, ya que la burocracia y las fuerzas armadas no son sólo instrumentos de las clases dominantes, sino que también tienen intereses propios. Esto hace que la maquinaria del Estado sea conservadora y, lejos de encoger y de perder poder, se mantenga poderosa o incluso acreciente su poder. En todo caso, ya sabemos lo que sucedió en el imperio soviético: la dictadura transitoria se tornó permanente, la sociedad se estancó, la gente perdió los ideales iniciales, y los dirigentes perdieron la visión y fueron incapaces de resolver la crisis final. Cuando se les acabó la capacidad de pensar ideas nuevas, renunciaron mansamente al poder. No pidieron ayuda al pueblo porque habían perdido contacto con él: no confiaban en la democracia, porque, siguiendo a Marx, la consideraban una institución limitada a "la libertad del capital para aplastar al obrero". Y el pueblo reciprocaba: no confiaba en sus supuestos dirigentes. En resumidas cuentas, las cooperativas son viables incluso dentro de la economía capitalista, pero no curan las lacras macrosociales, en particular las crisis económicas y las guerras. Además, las cooperativas no pueden reemplazar al mercado ni elimi-

« La sociedad moderna es un supersistema de sistemas que interactúan entre sí. El progreso de cualquiera requiere el de los demás».

Mario Bunge y Roy Cortina en la conferencia realizada en la Facultad de Derecho. nar la competencia. El mercado socialista conservará algunas de las caracterísicas de todo mercado, capitalista o precapitalista: conocerá tanto la coompetencia como la cooperación entre empresas del mismo sector, e intentará explotar las diferencias de costos entre las distintas regiones. Pero se podrá evitar la colusión deshonesta, el dumping y la explotación si el Estado y la comunidad internacional se rigen por normas honestas.

Democracia integral No basta recuperar el sentido original de la palabra 'socialista' ni recordar las variedades de socialismo que se han dado en el curso de los dos últimos siglos. También hay que averiguar si los ideales de igualdad y de mejora de la calidad de vida siguen teniendo vigencia y, en caso afirmativo, qué puede hacerse para realizarlas. Por lo pronto, ya sabemos qué no funciona: la dictadura del proletariado. También sabemos qué es insuficiente: el socialismo estatal, que puede ser practicado tanto por gobiernos autoritarios como el de Bismarck, como por gobiernos liberales como los demócratas cristianos. Tenemos que preguntarnos qué tipo de socialismo puede atraer a la enorme mayoría de la gente: qué promete más con menos. O sea, cuál régimen puede mejorar la calidad de vida sin sacrificar el presente cierto por una mañana imaginaria; cuál sociedad permite que cada cual pueda hacer la vida que desee, y no la que le manden, sin perjudicar al prójimo; qué orden social es el más justo, es decir, equilibra mejor los derechos con los deberes; y qué tipo de gestión del Estado puede hacer mejor uso de las ciencias y técnicas sociales en lugar de sujetarse a ideologías preconcebidas. Para resolver este problema debemos empezar por recordar que la sociedad moderna es un supersistema de sistemas: ambiental, biológico, económico, cultural y politico. Estos sistemas interactúan entre sí, de modo que el progreso de cualquiera de ellos requiere el de los demás. Por ejemplo, la economía no puede avanzar mucho si los trabajadores están enfermos y no hay ingenieros ni administradores competentes; a su vez, no se formarán ingenieros ni administradores competentes si la economía no los necesita y si el nivel cultural es bajo; la cultura no avanzará si está sometida a la censura del partido politico gobernante

y si la gente no tiene energía, tiempo libre ni ganas de estudiar; y la política no se renovará a menos que la gente participe masivamente en ella y disponga de la información necesaria para identificar los problemas sociales y proponer soluciones. Y nada de esto será posible si no se protege al medio ambiente. La moraleja de lo anterior es que, para curar las lacras sociales, es preciso emprender reformas sistémicas, o sea, renovar todos los aspectos de la sociedad en lugar de limitarse a uno solo tal como el económico, el político o el cultural. Y esta reforma global no puede hacerse del día a la noche, sino que insume mucho tiempo: hay que abandonar malos hábitos (tales como el autoritarismo y el consumismo) y crear nuevos hábitos (tales como la participación y la austeridad). Nada de esto se logra con revoluciones ni "terapias de choque" desde arriba, porque los cambios súbitos suelen tener consecuencias inesperadas. La democratización va de abajo hacia arriba; y va gradualmente porque abarca a todos los subsistemas de la sociedad.

Un programa socialista La sociedad capitalista, caracterizada por el llamado mercado libre, está en grave crisis. Aunque los políticos y sus economistas nos prometen que eventualmente saldremos de ella, no nos dicen cómo ni cuándo. No pueden hacerlo porque carecen de teorías económicas y políticas correctas: sólo disponen de modelos matemáticos irrealistas y de consignas ideológicas apolilladas. Esto vale no sólo para los dirigentes neoliberales sino también para los socialistas, tanto los moderados como los autoritarios. Los neoliberales no nos explican la alquimia que transformaría la libertad de emprea y de comercio en prosperidad; y los pocos marxistas que quedan se regocijan con la crisis que profetizaron tantas veces, pero no proponen ideas nuevas y realistas

«Es preciso emprender reformas sistémicas, renovar todos los aspectos de la sociedad en lugar de limitarse a uno solo»

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para reconstruir la sociedad sobre bases más justas y sostenibles. Yo creo que hay motivos prácticos y morales para preferir el socialismo auténtico al capitalismo, y que la construcción del socialismo no requiere la restrición de la democracia sino, muy por el contrario, su ampliación, del terreno politico a todos los demás. Esto es lo que llamo democracia integral: biológica, económica, cultural y política. Semejante sociedad sería inclusiva: no habría exclusiones por sexo ni por raza, ni explotación económica, ni cultura exclusivista, ni opresión política. Se preguntará, con razón, si ésta no será una utopía más. Mi respuesta es que la democracia integral podrá tardar varios siglos en realizarse, pero que su embrión nació hace ya más de un siglo, cuando se constituyeron las primeras cooperativas de producción y trabajo en Italia, sobre la base de empresas capitalistas fallidas. Un ejemplo parecido, más reciente y modesto, es el movimento argentino de las fábricas recuperadas; éstas fueron las empresas que, cuando fueron abandonadas por sus dueños por considerarlas improductivas, fueron ocupadas y reactivadas por sus trabajadores. Estos son ejemplos en pequeña escala de socialismo cooperativista. Si en los EE UU hubiera sindicatos y partidos políticos progresistas, éstos aprovecharían la ocasión actual y transformarían en cooperativas las grandes empresas en bancacarrota, tales como General Motors y AIG. Obviamente, semejante cambio requiere la anuencia de los poderes públicos, ya que involucra el reconocimiento legal de las empresas "recuperadas" por sus empleados, cosa que ocurrió en Argentina. Pero lo que ha estado haciendo el gobierno norteamericano desde fines del 2008 es usar dineros públicos para rescatar esas empresas privadas fallidas por mala gestión. O sea, ha estado haciendo lo opuesto de Robin Hood. Garrett Hardin lo llamó "socializar las pérdidas y privatizar las ganancias". En resumen, un programa realista para los partidos socialistas partiría de la consigna de la Revolución Francesa, agregándole participación y competencia en la gestión del Estado. El medio para realizar este ideal de la democracia integral es: Ir construyéndola de a poco y desde abajo con las cenizas del capitalismo en tren de autocombustión. O sea, multiplicar las cooperativas y mutalidades, renovar los partidos socialistas con una fuerte dosis de ciencia y tecnología sociales, fortalecer los sindicatos independientes, fundar centros de estudios de la realidad social, y multiplicar las bibliotecas y universidades populares. En suma, el socialismo tiene porvenir si se propone ir socializando gradualmente todos los sectores de la sociedad. Su finalidad sería ampliar el Estado liberal y asistencial para construir un socialismo democrático y cooperativista. Este pondría en práctica una versión actualizada de la consigna de la Revolución Francesa de 1789, a saber: Libertad, igualdad, fraternidad, participación, e idoneidad.


GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

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Más igualdad Sobre la judicialización de la política

El juego y el árbitro arbitrario Por Lucas Arrimada*

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na de las características salientes de la política actual es la decisión, más explícita que tácita, de concederle al Poder Judicial un rol privilegiado en el juego político: árbitro de procesos políticos e institucionales. Esto sucede en áreas tan diversas como las reservas del Banco Central, la Ley de medios audiovisuales y la decisión de criminalizar la protesta de Gualeguaychú. Los tribunales son el ámbito elegido por diversos sectores para conseguir respuestas fuera de la esfera —y desde otra lógica que la propiamente– política. En definitiva, se elige la vía de judicializar fricciones institucionales, reformas legislativas y conflictos sociales, se decide judicializar la política. Podemos pensar que hay aspectos positivos en ello. Por ejemplo, en el proceso judicial las partes tienen oportunidad de reducir la temperatura e intensidad de los conflictos y canalizarlos bajo la fría letra de la ley, sus formas y sus tiempos. Resulta positivo que la política adopte las reglas del derecho para resolver ciertos problemas, porque este puede ser un buen inhibidor de conflictos explosivos. Además, la democracia contiene implícitos ciertos derechos y por ello el Poder Judicial junto con la política mayoritaria interactúan constantemente. Los jueces han intervenido en temas como el divorcio, el consumo de estupefacientes y matrimonio de personas de mismo sexo, de forma positiva incluso en sus modestos impactos. A pesar de ello, su intervención no es siempre oportuna, dado que posee severos límites, debilidades estructurales y en ocasiones resulta sospechada de ilegítima y elitista. Judicializar el conflicto político es postergar su resolución, dilatarla en el tiempo, volver la cuestión abstracta y quitarle el protagonismo y el poder de decisión a los que luchan en el espacio público. El Poder Judicial puede reducir la intensidad pero no resolver el conflicto en una instancia superior, lejos de la política ejecutiva, sin compromisos de partes, sin negociación razonada y consensos parciales, o sea, sin la misma política. Las decisiones judiciales, aun las bien fundamentadas y bienintencionadas, pueden ser malas decisiones políticas, por exceso o por defecto. Y lo más im-

La judicialización demuestra el fracaso de la política democrática y los déficits de esa práctica en las instituciones y fuera de ellas. La judicialización de la política, en la mayoría de los casos, implica empobrecer el juego político. A veces, puede resultar inevitable, pero que se consolide como práctica no resulta propio del jogo bonito, de la buena política. portante, después de ellas, se necesita voluntad política para implementarlas. Lo judicial pone entre paréntesis a la política pero después del paréntesis la política reaparecerá. La vía judicial no es menos problemática cuando el gobierno debe reconocer un derecho básico: el de protestar, como acción política inherente a la democracia, como acto de comunicar la necesidad de procesos de negociación y decisiones políticas, no de soluciones penales. A esta altura resulta obvio: es una decisión política canalizar los conflictos judicialmente. Traducirlos al lenguaje del Poder Judicial puede ser cambiar de juego, no sólo de lenguaje. En estos casos, los jugadores deciden disponer que los jueces estén en el medio del juego como árbitros, aunque los jugadores son los reales protagonistas del juego. Con sus prácticas y decisiones de judicializar, los jugadores, en este caso tanto gobierno como oposición, parecen no darse cuenta de algo clave: correr al árbitro, denunciando el offside republicano o el penal destituyente, y dejar de correr tras la pelota con sed de gol y mirando al arco contrario, es apostar a ganar por las reglas del juego, sin jugar. Lo que se pierde es la práctica de negociación y acuerdo entre las pares, incluso dispares. Aún cuando se use a los tribunales como una forma de negociación o de disuasión momentáneo, es mejor negociar sin amenazas legales. En todo juego hay momentos tácticos pero también hay momentos de verdadero juego, de acción política no preconfigurada, donde la gambeta, la inigualable combinación de pasión e inteligencia lúdica, hace que los jugadores realmente vivan el juego. La judicialización implica la interrupción del juego o su reducción a tácticas de pizarrón legal. La judicialización de la política, en la mayoría de los casos, implica empobrecer el juego político. A veces, puede resultar inevitable, pero que se consolide como práctica no resulta propio del jogo bonito, de la buena política. Todo

público, toda hinchada aplaude con apasionada razón y con las mejores sinrazones cuando disfruta el verdadero juego y al talento de los jugadores, sus protagonistas. Lo contrario significa menos política, menos juego y la proliferación de árbitros supuestamente imparciales. Así, la judicialización demuestra el fracaso de la política democrática y los déficits de esa práctica en las instituciones y fuera de ellas. Consolidarlo como recurso, habla de cierta incapacidad de jugar con los árbitros en un segundo plano. El protagonismo arbitral dificulta que los jugadores jueguen, sin discutir el juego mientras lo que deben hacer es jugar críticamente, transformar crítica en acción. El árbitro arbitrario. Nadie nos explica cómo personas (abogados o técnicos) que son elegidos de ternas no vinculantes por el Poder Ejecut ivo Nacional y con el acuerdo (mágico o celestial) del Senado se transforman en seres imparciales, ajenos al conflicto político y a la puja de poder. Es más, la idea de independencia u objetividad de las instituciones como los tribunales, el Banco Central y agencias administrativas nos suele generar más dudas que certezas, tanto teórica como empíricamente. En el peor escenario, cuando el Poder Judicial está en el medio de sospechas de parcialidad por sectores tanto de la oposición y/o del oficialismo, es más peligroso aún judicializar porque las partes tampoco parecen aceptar al árbitro como autoridad. Se politiza al árbitro. Se piensa que el árbitro hace mitad del gol cuando concede un polémico penal o lo impide cuando no suena su silbato. Cuando en política se apela al árbitro, para que decida lo que la política no pudo, no supo o no quiso resolver, eso significa pensar que la mejor decisión será aquella ajena a las partes, lejana, distante y superior, proveniente de una, tres o cinco personas aisladas, rodeadas de tomos de jurisprudencia y usualmente pertenecientes a una corporación endogámica y clasista. Este dato se vuelve particularmente importante cuando lo que

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se judicializa es el conflicto social resultante, por ejemplo, del desempleo y la pobreza. En contraste, la política de una sociedad democrática -incluso con un defectuoso sistema político- debe ser lo más inclusiva y horizontal posible, lo más transparente y pública. Esa política debería priorizar el diálogo y la negociación siempre, incluso en los peores conflictos, en lugar de resolverlos de forma vertical y sin participación de los afectados, en especial, cuando están en juego reclamos de derechos básicos e injusticias estructurales. Los orígenes de nuestros derechos, por ejemplo los derechos políticos y laborales, y de nuestra democracia, están fuertemente vinculados a esa política de movilización social y acción colectiva horizontal. Para dejarlo más en claro: los derechos -laborales, derechos sociales, etc, siempre amenazados- no deben su existencia ni su protección a los legisladores o a los jueces, sino a la movilización mayoritaria multisectorial que los gestó históricamente y los defiende en el espacio público. En síntesis, los árbitros no deben ni pueden jugar el partido. Al menos, no sin que el juego cambie de reglas y de nombre. A más árbitros, menos jugadores, menos partidos y menos juego político. Por ello, es al menos extraño que cuando la política parece haber retomado algo de su sentido en los partidos y en parte de la sociedad, tanto el gobierno como gran parte de la oposición, en lugar de intensificar el espacio público, decidan llevar el conflicto a la esfera judicial, donde los conflictos se despolitizan y se deciden sin la –siempre perfectible– publicidad, legitimidad y autoridad política que incluso la -imperfectademocracia institucional y la práctica política de acuerdos razonables permiten alcanzar.

* Profesor de Derecho Constitucional (UBA-Conicet).

Breves Desde Río Negro Luego de la elección a diputados nacionales de la Confluencia para la Emancipación Rionegrina (alianza entre el Partido Socialista, Proyecto Sur y Solidaridad e Igualdad), en la cual se obtuvo el ocho por ciento de los votos en el distrito Río Negro, este proyecto crece y se afianza. Muestra de ello son las actividades que se desarrollan en la provincia. Entre ellas, se destaca la inauguración de cuatro nuevos locales del espacio en Bariloche, San Antonio, Cipoletti y Viedma. También está previsto realizar una serie de actividades para cerrar el año, entre las cuales vale mencionar el Primer Foro Participativo para enriquecer el programa político de la Confluencia. Se realizará el 14 de noviembre en Cipolet t i, con el tít ulo “Construyendo el Plan de Salud Rionegrino” y además de vecinos/as y actores del sistema de salud de la provincia, ya han comprometido su presencia el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ex secretario de Salud Pública de Rosario, Dr. Antonio Bonfatti, el presidente de Fesprosa, activo integrante de la CTA y del Foro Social Mundial de Salud, Dr. Jorge Yabkowski, el Dr. Jorge Selser, médico referente de Proyecto Sur de la Capital Federal, y especialistas como Osvaldo Canelo, técnico en Comunicación Social (U NC) y Analía Sampaoli, licencia en Trabajo Social (UNC). Luego del panel de invitados se trabajará en talleres. También está previsto realizar un festejo del triunfo electoral en la ciudad de Catriel con una gran fiesta popular el día 11 de diciembre. Y antes de fin de año se desarrollará una campaña de murales reproduciendo obras de arte de artistas argentinos que han tenido compromiso social para rescatar la cultura y la lucha de los trabajadores argentinos por una sociedad mejor.


Legislativas / Debates

la vanguardia

Propuestas para el debate

Pensar un gobierno socialista Existe una creciente expectativa, de cara al 2011, acerca de un posible gobierno socialista. Esta expectativa está alimentada por la buena gestión del gobernador de Santa Fe, el respeto que tradicionalmente ha despertado la actuación del socialismo en el Congreso, y claro, cierto desencanto respecto de los dos grandes partidos nacionales.

Breves El Senado aprobó la creación del primer Parque Nacional en Santa Fe El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y giró a Diputados la creación del primer Parque Nacional santafesino “Islas de Santa Fé", sobre la margen del Río Paraná , “ lo que significa garantizar la protección de la riqueza de la flora y la fauna de la zona" afirmó el senador de la Nación Rubén Giustiniani. La iniciativa aprobada pertenece a Giustiniani y a la diputada nacional Mónica Fein , establece que los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a las islas “Campo El Rico", “Mabel" o “Chingolo", “La Gallina", “El Conscripto", “El Lago", “Del Medio" o “De Lillo", “El Alisillar" y “Pajas Blancas", quedarán sometidos al régimen de la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. El senador socialista sostuvo que este proyecto, que fue girado a la Cámara de Diputados, “asegura junto a Parques Nacionales el cuidado de todo el ecosistema de las islas que hasta hoy no tenían ningún tipo de protección". Se trata de un área de aproximadamente 2900 hectáreas, sobre la margen del Río Paraná, en el departamento de San Jerónimo, cerca de Coronda; a unos 50Km, aproximadamente, al Norte de la ciudad de Rosario y a 100 km, aproximadamente, al Sur de la ciudad de Santa Fé. El ingreso a la zona protegida es a través de Puerto Gaboto en la desembocadura del Río Coronda. La zona lindera con el Parque Nacional PreDelta en Entre Ríos. La fauna está conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, es importante de la fauna ictícola, las de aves son muy variadas, y se destacan distintas especies arbóreas como el sauce, el timbó, Sangre de Drago, y el irupé, entre otras.

Por Marcelo Alegre*

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xiste una creciente expectativa, de cara al 2011, acerca de un posible gobierno socialista. Como afiliado al radicalismo (partido que, no huelga recordarlo, integra la Internacional Socialista) anhelo que pueda trasladarse al plano nacional la configuración política que se está mostrando como exitosa en Santa Fe. Los próximos meses nos mostrarán si están dadas las condiciones para transformar esa expectativa en un proyecto tangible de gobierno. De cualquier forma, hay una contribución concreta que el socialismo puede realizar, y consiste en aportar ideas y proyectos que enriquezcan el raquítico debate público nacional. La corriente política que llevó a España al desarrollo, que redujo sustancialmente la pobreza en Chile, que transformó el escenario político en Uruguay, y que viene gestionando exitosamente Santa Fe y numerosas intendencias, ha ganado autoridad para proponer reformas estructurales conducentes a realizar el sueño de un país de clase media, moderno e igualitario. Los gobiernos socialistas son garantía de políticas de fortalecimiento de la educación y la salud, en un marco de transparencia y descentralización. También es esperable que el socialismo modernice la agenda de políticas públicas, dándole centralidad a cuestiones que hasta el presente ocupan un lugar accesorio, como el cuidado del ambiente y la democratización del acceso a las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, en lo que sigue haré foco en otros ejes de gestión, pensando disparadores para nutrir el debate de ideas. 1. Reformas institucionales. La última innovación institucional fue la reforma constitucional de 1994. Esta reforma implicó avances innegables en materia de derechos humanos, igualdad de género, modernización del poder judicial, democratización de la elección presidencial, acortamiento del mandato senatorial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Sin embargo, no ha sido exitosa en relación a una de las prioridades de la agenda democratizadora, la atenuación del presidencialismo. El sistema presidencialista es probadamente ineficaz para generar coaliciones de gobierno, facilitar la cooperación política, y hacer frente a la inestabilidad y a las crisis (causas conocidas de empobrecimiento y desigualdad). La democracia debe encarar una parlamentarización del sistema político. Sin descartar una nueva reforma constitucional, hay otras iniciativas que merecen ser estudiadas para transitar ha-

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cia un sistema institucional más consensual, y entre ellas se destacan la de fortalecer el rol del Congreso, por ejemplo colocando paulatinamente más áreas de gobierno y gestión bajo autoridad de comisiones parlamentarias (medios audiovisuales, defensa del consumidor y de la competencia, inteligencia, agencias anti-discriminación, organismos ambientales, etc). 2. Derechos civiles e igualdad de género. La desigualdad de género sigue siendo extrema, ya sea en términos de ingresos, acceso a roles de responsabilidad política, cargos gerenciales en las empresas, violencia, etc. A casi veinte años de la Ley de Cupos, se observa un efecto positivo en la conformación del Congreso y las Legislaturas, pero ésta tendencia no se ha trasladado a otros ámbitos decisorios. Es hora de llevar los cupos a los partidos políticos, los sindicatos, el poder judicial, la administración pública, las universidades, y las empresas. Un gobierno socialista debería estar intergardo por un 50% de mujeres a nivel de ministerios y secretarías de Estado. La erradicación de la violencia de género merece ser una política de Estado, implementando la ley contra la violencia contra las mujeres. Asimismo una agenda progresista en materia de derechos civiles no puede seguir ignorando el problema del aborto. La mortalidad a causa de abortos clandestinos sigue siendo muy alta (alrededor de 80 mujeres mueren por año por este motivo, completamente evitable). Los tres poderes del Estado están en mora a este respecto. Por un lado, los gobiernos nacional y provinciales deben regular el acceso a los abortos no punibles establecidos en el Código Penal hace 80 años. El Congreso debería dictar una legislación aclaratoria que ponga fin a las interpretaciones represivas que distorsionan el texto del Código Penal. Y los jueces deberían ser más enfáticos en la defensa de la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y de su derecho a la salud sexual y reproductiva, amenazada por una lectura anacrónica de la legislación vigente. Del mismo modo, es hora de poner fin a todo vestigio de discriminación, en especial la de contenido homofóbico. La experiencia indica que las reformas tendientes a reconocer o extender derechos a las personas homosexuales (como el matrimonio) si bien enfrentan resistencias iniciales, rápidamente son aceptadas por la sociedad.

3. Igualdad económica. Un gobierno socialista deberá enfrentar una doble fuente de desigualdades. Por un lado, la desigualdad en el financiamiento del Estado, centrado en la actualidad en impuestos indirectos, que impactan negativamente sobre el bolsillo de los sectores más castigados. Por el otro debe revertir la desigualdad en el gasto, orientado en buena parte actualmente a sostener privilegios de los grupos más concentrados de la economía. Para revertir la primera fuente de desigualdades, es preciso una reforma tributaria profunda y progresiva, que grave con mayor dureza los altos ingresos y los grandes patrimonios (incluyendo los latifundios, ya que el nuestro es uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad de la tierra), que reinstaure el impuesto a la herencia, y alcance a las ganancias financieras. Por el lado del gasto y la inversión pública, un gobierno socialista debe avanzar hacia el ingreso básico universal, fortaleciendo las condiciones materiales de la ciudadanía. Por otra parte, una regulación progresista de la actividad económica debería incluir una activa política anti-monopólica, que es una de las grandes ausencias desde 1983. No hay actividad económica relevante que no se encuentre concentrada en pocas empresas, lo que afecta la productividad económica y el acceso de los sectores populares a bienes y servicios, además de amenazar a la democracia. También es tiempo de poner sobre la mesa el acortamiento de la jornada laboral. La jornada de ocho horas es una bandera del siglo XIX, y este nuevo siglo debe tomar nota del aumento extraordinario de la productividad laboral, debido a la capacitación de la fuerza laboral y la incorporación de tecnología. Los trabajadores deben beneficiarse de estos avances, con más tiempo para su vida privada, sus familias, y su actividad ciudadana. En suma, la posibilidad de un gobierno socialista y democrático ofrece una gran oportunidad para renovar la discusión política, poniendo en el centro del debate propuestas de reformas institucionales profundas, fuertes iniciativas anti-discriminatorias, y un impulso decisivo a la democratización de la economía y el mundo del trabajo. *Profesor de Derecho y Filosofía UBA; integrante de Igualitaria - Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo)


GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

Debates / Memoria viva

Ciudadanía infantil Dilemas y cuentas pendientes La ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes requiere una transformación de las maneras en que miramos y "comprendemos" a la niñez y a la adolescencia. Por Valeria Llobet*

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a idea central que quiero discutir aquí es que la ampliación de derechos de ciudadanía a niños, niñas y adolescentes requiere de esfuerzos en tres direcciones. En primer lugar, creo que involucra un examen de los arreglos de protección e inclusión sociales (expresados en políticas públicas) y los consensos con relación a la justicia social: ¿son justas las políticas sociales y económicas, y los acuerdos sociales respecto a quiénes están y quienes no (y por qué razones) incluidos en el conjunto social? En segundo lugar, estimo que requiere una transformación de las maneras en que miramos y "comprendemos" a niños, niñas y adolescentes. Es decir, supone que como adultos y como agentes institucionales reflexionemos sobre el abuso del poder de interpretar y actuar que nuestra posición infringe. En tercer lugar, es necesario que dejemos de hacer cargo a las nuevas generaciones del "futuro social" (para bien y para mal) y podamos aportarles el mejor presente posible, haciéndonos responsables por la construcción de su futuro. Voy a tratar de ampliar esta argumentación, en especial de los dos primeros aspectos. A inicios del siglo XX, la infancia del movimiento obrero fue construida como parte nodal de la cuestión social. A ellos se destinó la mano dura del estado naciente, pero no de manera espontánea. Fue necesaria la crispación de las sensibilidades en relación al peligro político y social que representaban los menores, derivada de los sucesos de la Semana Trágica. Si bien el estado valorará luego la infancia como "recurso para el futuro", ésos niños no estaban siendo contados como tal: no estaban en la escuela ni en la fábrica. Por su parte, el reconocimiento de la ciudadanía infantil llevó un lapso de al menos sesenta y cinco años, entre 1924 cuando la Liga de las Naciones avaló la primer Declaración de los Derechos de los Niños y 1989, cuando se sancionó luego de 10 años de debates la Convención Internacional de Derechos del Niño actual. Ello pasando por 1959, cuando las Naciones Unidas redactaron la segunda Declaración. Ese arco temporal en la ciudadanía infantil permite considerar hasta qué punto las nuevas generaciones han sido trata-

das como un instrumento para la construcción del "bien común", desde la perspectiva de la reproducción de la sociedad tal cual es. En este sentido, muchas de las estrategias de inclusión de los niños no los han incluido también en la definición de tal "bien común" como actores sociales en el presente. Una herramienta central a tal construcción ha sido la de los valores ciudadanos. Es decir, los y las ciudadanos son aquellos que portan determinados valores y se comportan de determinadas maneras, cívicas por ejemplo, que los hace merecedores de una plena membresía. Este argumento básico, intrínseco al republicanismo, ha tomado varias formas en distintos momentos históricos. Por ejemplo, en el caso de lo inicios del siglo XX, la Ley de Residencia clarificaba los límites de la acción política para ser aceptado como legítimo habitante. La acción del Estado nacional hacia los niños tenía la misma marca, y calificaba como potencialmente delincuentes a los niños que trabajaran en la calle o vivieran en "piringundines" sin adulto responsable. Las obligaciones sociales vinculadas con la ciudadanía en esta posición ideológica, incorporada por la nueva derecha, han sido los puntos de toque que permitieron la crítica central al estado de bienestar: los ciudadanos tienen que ser responsables por su propia vida, los padres tienen que ser responsables por sus hijos, y no serlo requiere de una condena moral que no debe minimizarse con seguridad social. Es decir, en última instancia no es justo concebir mecanismos de protección e integración para aquellos que socialmente se califica como no merecedores. De este modo, las argumentaciones republicanas convergieron con argumentaciones libertarias y liberales contra el Estado: el leviatán no debe meterse en el ámbito privado. Casualmente, en este movimiento se ubica a niños/as y adolescentes como "problemas" privados en cuanto a su socialización, y problemas públicos en cuanto amenazan a la seguridad. Creo que es necesaria esta perspectiva histórica de la argumentación respecto a la justicia social y a la ciudadanía. En especial, dado que parece que algunas posiciones han calado hondo

en nuestras reflexiones y propuestas respecto a la mejor modalidad de vinculación con las nuevas generaciones a través del aparato estatal. El debate respecto de estas estrategias tiene que centrarse también en lo que es económica y socialmente justo para niños, niñas y adolescentes en el presente, tanto como en un hipotético futuro. En este sentido, procurar eliminar las diferencias materiales y simbólicas entre niños de uno y otro sector social, mediante estrategias políticas que "nombren igual" a unos y otros, es importantísimo. Eliminar los criterios de merecimiento o necesidad va en la misma dirección. Debatir si los términos de la discusión sobre justicia económica son "pobreza" o "desigualdad" no es menor, por ejemplo a la hora de definir los criterios de financiamiento de las acciones del Estado (para el caso, compensación o redistribución). Finalmente, reponer los criterios de responsabilidad intergeneracional para pensar las herramientas de seguridad es simbólicamente importante, aunque inviable en el largo plazo con los actuales esquemas económico/financieros y de mercado de trabajo. Hannah Arendt, filósofa judía alemana exilada en Estados Unidos durante el régimen nazi, escribía en la década de 1950 que las sociedades eran confrontadas con la necesidad de hacer lugar a "los nuevos". Éstos generan a cada sociedad un conflicto: hay que incluirlos, darles la bienvenida, aceptar su novedad radical. Pero lo hacemos a condición de que acepten nuestro legado y reproduzcan la sociedad tal cual es. Sesenta años después, seguimos en deuda con las nuevas generaciones en relanzar ese debate sobre la justicia de modo que estén incluidas plenamente en él. * Investigadora de Conicet en temas de ciudadanía y políticas sociales de niños, niñas y adolescentes. Docente (Universidad de San Martín y FLACSO). Asesora técnica para organismos nacionales e internacionales en la temática y en temas de derechos sexuales e igualdad de género.

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julio 2010

Hace 100 años

en L aV anguardia La Vanguardia Por Gabriela Troiano e Ines Zúcala

El 15 de mayo de 1910, en el mes que se conmemora el Centenario de la Revolución de Mayo, el Gobierno decretó el ‘Estado de Sitio’ y en esa misma fecha el local de La Vanguardia fue asaltado, destruido e incendiado por grupos que victoreaban a las autoridades nacionales. La Vanguardia no pudo reaparecer hasta el 16 de agosto de 1910. Se reconstruyó su local por suscripción popular. Aquí se publican algunas noticias que aparecieron en el mesdel Centenario, hasta la trágica fecha del 15 en que se atacó la sede del periódico socialista. 2 de mayo de 1910 LA FIESTA DEL TRABAJO El mitin impedido por la lluvia. No obstante, un gran número de compañeros se reunió en Plaza Lavalle, por la necesidad de expresarse. COIMA DE 5.000.000 DE PESOS ORO Nuestros gobernantes y las empresas ferroviarias se entienden siempre, en el cieno de nuestra alta administración pública. 8 de mayo de 1910 LEGISLACIÓN OBRERA La legislación obrera, es el asunto palpitante del día. La carestía actual de la vida, cuyo reflejo más vivo son las huelgas parciales, que se realizan en pos de un salario mayor. 13 de mayo de 1910 LA MUJER NO PUEDE SER CONTADOR PÚBLICO El “hombre de ley” de la Provincia de Buenos Aires, el Procurador Escobar, eso opina. Nos preguntamos el por qué de esta resolución, si las mujeres ahora son profesoras y doctoras en medicina? porqué no pueden ocuparse de los dineros públicos y privados? 14 de mayo de 1910 DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO Ha declarado la Cámara de Diputados un proyecto de ley declarando el estado de sitio por tiempo indeterminado para todo el territorio nacional. ¡La celebración de la libertad al amparo de una ley que la niega!


Género / Igualdad

la vanguardia Matrimonio igualitario

Breves La mujer y los desafíos en su participación política en América Latina En abril se realizó en Brasilia la reunión del mecanismo de mujeres de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe) y un seminario internacional realizado por la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido de los Trabajadores (PT) “Mujer y Participación Política en América Latina: desafíos para la construcción de igualdad”. En representación del Partido Socialista de Argentina participaron las pampeanas Ana Raquel Cobo y Laura Iglesias. Este seminario contó en la apertura con la figura de la candidata a presidenta de Brasil, la economista Dilma Rousseff por el PT y la senadora nacional por el Frente Amplio de Uruguay Dra. Constanza Moreira. Estuvieron representantes de partidos políticos de 11 países de América Latina y el Caribe. Por otro lado en la reunión de mecanismo de mujeres de COPPPAL se resolvió: - Exigir a los partidos integrantes que están al frente de gobiernos, el compromiso de realizar políticas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, impulsar y aprobar el protocolo facultativo de la CEDAW y la convención de Belem Do Pará en los países que aún no lo aprobaron. - Promover el fortalecimiento del liderazgo conciente de las mujeres, el establecimiento de relaciones igualitarias para el acceso y ejercicio de cargos electivos y la construcción de una ciudadanía participativa. - Comprometer a los gobiernos a la acción efectiva para combatir la trata de personas. - Garantizar los derechos sexuales y reproductivos. - Llevar adelante el proyecto “Mujeres en el Bicentenario” destinado a generar en cada país latinoamericano actividades que promuevan el desarrollo en la equidad de género. - Desarrollar un estudio de investigación sobre las cuotas de género en los ámbitos legislativos y ejecutivos en América Latina y el Caribe. - Exhortar a los partidos integrantes a que promuevan la participación paritaria en las reuniones y actividades de COPPPAL.

"Esta lucha es por la igualdad" Esteban Paulón es secretario secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Además es un activo militante del Partido Socialista. En junio habló ante la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación en la apertura del debate por la Ley de Matrimonio para parejas del mismo sexo. Esta es una síntesis de sus palabras en esa oportunidad.

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n tema que ha cobrado relevancia en el debate público es el de la adopción de niños y niñas por parte de las parejas del mismo sexo. Por un lado sobran los estudios a nivel nacional e internacional en relación a que no tiene incidencia negativa en la crianza de los niños y niñas. Pero, más importante , a veces, el derecho y la legislación van detrás de la realidad social. En este sentido, nos quieren meter en una trampa en el debate, como si hoy lesbianas, gays, bisexuales y trans no pudiéramos adoptar. De hecho esto sucede y sería inconstitucional impedirlo. Pero además lesbianas, gays, bisexuales y trans no debemos pedirle permiso al Estado para tener familia. Hoy hay miles de lesbianas, muchas en pareja, que a través de distintos métodos de reproducción humana asistida tienen familia. Y estos niños y niñas nacen en parejas conformadas por dos personas del mismo sexo, en este caso mujeres. Pero el Estado no les reconoce los mismos derechos que a otros niños y niñas. Cuando se habla del derecho a adopción, muchas veces pareciera que hablamos de los derechos de los adultos a ser padres o madres. Y de lo que estamos hablando es de los derechos de niños y niñas a tener un ámbito de contención, amor, cuidado y protección, tutelado y protegido por el Estado que, así como nos debe tratar a todas y todos los adultos por igual, debe tratar a todos los niños y niñas por igual, niños y niñas que ya existen y que le están reclamando al Estado la misma protección y los mismos derechos; no sólo de acuerdo a la Constitución Nacional, sino también de acuerdo a la ley 26.061, que nos enorgullece a todos los argentinos y argentinas por la amplia protección que les da a los niños y niñas en todo el territorio nacional. También se ha querido instalar que este debate es agenda sólo de la Ciudad de Buenos Aires y no de las provincias. Nuestra Federación es un conglomerado de 40 organizaciones que están en 18 provincias argentinas. No estamos descubriendo nada al decir que en todas las provincias argentinas vivimos lesbianas, gays, bisexuales y trans. Quizás haya una visibilidad mayor en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata o Córdoba. Esto se da porque no tienen las garantías para vivir una vida con dignidad, con inclusión en sus familias, con respeto, con pleno derecho; y ven, muchas veces, como otra gente por otros motivos que

viene de ámbitos rurales a ámbitos urbanos, que quizá la posibilidad de estar en una gran ciudad les permitiría poder acceder a menores niveles de discriminación. Pero hay muchísimas lesbianas, gays, bisexuales y trans que viven en las provincias y para los cuales esta ley tiene el efecto más importante. La Ciudad de Buenos Aires, desde 2002, tiene unión civil. Si bien no garantiza demasiados derechos, o casi ninguno de los que nosotros buscamos proteger por el matrimonio, ha sido una declaración política de suma importancia y ha permitido una aceptación social muy importante en esta ciudad. Esta no es la situación en muchas provincias y, ni que hablar, en las pequeñas localidades de aquellas. Ahora pareciera que la unión civil a nivel nacional, es un instituto que puede venir a reconocer algunos derechos. Estos sectores, que hasta hace poco nos planteaban cero porcentaje de ciudadanía, hoy nos dicen que somos personas dignas y que tenemos derechos. Eso nos enorgullece, porque quiere decir que este debate ganó la calle y ganó la sociedad. Pero estos sectores no entienden o no terminan de comprender que esta lucha no es por un paquete de derechos solamente; es por la igualdad, por la forma en que el Estado, en uno de sus códigos más importantes, nos trata y nos considera a lesbianas, gays, bisexuales y trans. Como decía Roberto Gargarella, la igualdad que el Estado debe garantizar no tiene que ver con esa idea boba —perdón por la palabra— por la cual se debe dar lo mismo a los iguales y algo diferente a los diferentes; y entonces para los heterosexuales el matrimonio y para gays, lesbianas, bisexuales y trans la unión civil. Por el contrario, la igualdad es el principio fundamental del Estado removiendo todas las barreras, todos los obstáculos que hay para el pleno ejercicio y goce de los derechos. Eso es la igualdad. Quiero cerrar con un ejemplo que es Sudáfrica. A este país le dicen “el país del arco iris”, porque, después de décadas de apartheid, un régimen cruel y violento que subyugó a la mayoría de la población bajo la dominación de una minoría blanca, ha logrado salir, con luchas, con compromiso social y conquistando derechos, hacia un país que hoy otorga amplios niveles de igualdad. En Sudáfrica, en el año 2005, se dio este mismo debate. Y también una pareja de lesbianas se presentó en la corte constitucional pidiendo por la inconstitucionalidad de las

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Esteban Paulón leyes sudafricanas que no les permitían el matrimonio. La corte analizó el caso y tuvo que resolver. Y cuando resolvió tenía dos alternativas: plantear que efectivamente había una discriminación, que esta pareja de lesbianas no podía casarse y que el Estado viera cómo subsanaba esa discriminación o plantear que el Congreso tenía que modificar el Código Civil para permitir el matrimonio porque en la Constitución sudafricana —que es muy similar y recoge el ordenamiento jurídico similar a la Constitución argentina del 94— estaban todos estos pactos y tratados de derechos humanos que garantizan la igualdad. La Corte tomó la determinación de ordenar al Parlamento que modificara el Código Civil para permitir el matrimonio sin ningún tipo de discriminación y el mensaje más fuerte fue: “Después de décadas de odio, racismo y discriminación, en Sudáfrica apartheid nunca más”. Eso es lo que decimos nosotros desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans: no queremos apartheid, queremos inclusión e igualdad porque esta ley es el punto inicial de la igualdad jurídica para caminar el largo camino de la igualdad social. La igualdad social nos va a llevar muchísimos años, pero sin esta ley, si el Estado nos sigue tratando de manera diferente, como ciudadanos y ciudadanas de segunda en un instituto que es uno de los más importantes, que es el que regula nuestras familias y nuestras relaciones de pareja, será cuesta arriba la lucha que tengamos que desarrollar para combatir, disminuir y eliminar definitivamente la discriminación en Argentina. Por eso, les decimos a las senadoras y senadores que el Senado hoy está a tiempo de llegar —como decía un compañero español militante— puntual a la cita de la igualdad, de no tener que esperar a que la Corte se expida y de votar afirmativamente la ley de matrimonio para todos y todas; de esta manera, la Argentina estará entre los países que consideran que todos sus ciudadanos son iguales, y que el Estado debe garantizar el mismo nivel de inclusión, de protección y de dignidad para todos y todas.


GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

Debates / Memoria viva

julio 2010

Salirdelalógicaamigo-enemigo La sombra de la lógica surgida a partir de una cosmovisión bélica aparece como la utilizada por gran parte de la dirigencia. A esta estrategia destructiva no es ajeno el gobierno, ni muchos integrantes de la oposición. Es evidente que hay muchos que no participan de esas formas, pero también que su silencio es estruendoso. Por Roberto Simiand*

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l Partido Socialista ocupa responsabilidades de gobierno del Ejecut ivo de la Provincia de Santa Fe, en el Congreso de la Nación, en varias Legislaturas provinciales y en innumerables intendencias. No hacemos oposición por la oposición misma. No somos oficialistas críticos. El Partido Socialista es una alternativa al actual gobierno. Argentina atraviesa un tiempo de degradación de la política, donde impera la lógica amigo - enemigo, y que engloba también a la dirigencia social y empresarial, a periodista y medios de prensa, como en una gran confrontación donde pareciera que sólo hay que elegir de que bando se está. Dentro de la cultura política y jurídica moderna se distinguen dos grandes modelos de convivencia civil y de organización social. Por un lado, la dialéctica amigo-enemigo, propia de una cultura bélica, de destrucción del adversario, con el que sólo cabe el exterminio desde el odio y desde la imposibilidad de la reconciliación. Es el modelo totalitario del enemigo sustancial. Por el otro, la de las sociedades liberales, democráticas y sociales basadas en la cultura de respeto a la dignidad humana, a la tolerancia, a los valores, principios y los derechos, al sufra-

gio universal, a la constitución y a la ley. Son dos modelos enfrentados, incompatibles, desde visiones del individuo y de la sociedad contradictorias. En el primero, el centro es la autoridad indiscutible del que decide, del dictador. En el segundo, son las personas como iguales y como titulares de la soberanía. Para el socialismo el enemigo a vencer no es el gobierno, sino el hambre, la inseguridad, el desempleo, la marginación social, la retrógrada distribución de la renta, la institucionalidad decadente que el partido de gobierno no ha modificado. En particular en la provincia de Buenos Aires donde todos estos males adquieren las mayores dimensiones y donde el justicialismo gobierna ininterrumpidamente desde hace más de 23 años (11/12/1987). ES por ello que el socialismo ha votado en temas como Aerolíneas Argentinas, AFJP, conflicto con el campo, la ley de medios y reforma política con criterio propio atendiendo los intereses de la Nación y no a la lógica amigo - enemigo. Lo mismo con el Fondo del Bicentenario: es necesario honrar las deudas. En particular priorizar la deuda interna pendiente y no estamos de acuerdo con el pago de la deuda externa con reservas. Sin embargo, para algunos dirigentes de la oposición tener criterio propio es sinónimo de un oscuro pacto con el gobierno. La sombra de la lógica amigo-enemigo, la dialéctica del odio, son una realidad difícil de

erradicar, de la lógica de pensamiento de gran parte de la dirigencia. Por eso a casi nadie ruboriza la utilización del insulto personal, el desprestigio, la injuria y la calumnia. A esta estrategia destructiva no es ajeno el gobierno, ni muchos integrantes de la oposición. Es evidente que muchas personas no participan de esas formas, pero es también cierto que su silencio es estruendoso. Hay que mantenerse o acceder al el poder, sea como sea, sin escrúpulos, ni respeto a las reglas del juego limpio. Es difícil, casi imposible, con esa situación actuar desde las reglas del juego. El gobierno ha atravesado esa barrera con los reiterados DNU, con leyes a la medida de sus necesidades electorales o con el uso de los recursos públicos en función de la extorsión política. Del otro lado, la oposición tiene que defender sus tesis desde el respeto al adversario, que no es enemigo sustancial. No es pedir un imposible, sólo que crean en el valor de sus ideas y que sean leales a los cauces de una nueva democracia que aún naciente merece respeto y lealtad. * Licenciado en Economía Profesor Adjunto de la Fac. de Cs. Ecs. UNLP - Secretario General del PS La Plata

A 80 años del nacimiento del periódico socialista Verdad* Por Antonino E. Martínez

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l 12 de julio de 1930 aparece el primer número de Tribuna Roja que, a partir de 1943 cambió su nombre por Verdad. Se cumplen, entonces, en el 2010, 80 años de aquel acontecimiento que completó la trilogía de importantes realizaciones de los militantes socialistas de Luján en el siglo pasado (en 1908 se había creado el primer Centro Socialista y en 1918 la Biblioteca Obrera “Jean Jaurés”). El grupo pionero estuvo integrado por Manuel Iglesias, Miguel Giorgio, Nemesio Giacaglia, Raúl Ciapparelli, Daniel Giacoia, Felipe Aguirre, Ángel Giacoia y Francisco J. Pasini. En 1943, después del golpe militar del 4 de junio, Tribuna Roja fue clausurada y reapareció, tiempo después, con el nombre de Verdad. Un ardid, para sortear la prohibición del gobierno, que dio resultado. En 1946 una asamblea del Centro Socialista de Luján lo designó órgano oficial del PS bajo

la dirección de Francisco J. Pasini. En el transcurso de la segunda presidencia consecutiva de Perón, en 1953, sufre otra clausura por “disidencias con el gobierno y activa participación en los gremios”. Pasini, Ciapparelli y Eduardo César fueron presos a la cárcel de Mercedes. La tercera y última clausura tuvo lugar poco después del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Pasini tenía ya 63 años, su vivienda de la calle Italia casi esquina San Martín, fue rodeada y en los techos de la vecindad se apostaron agentes y gendarmes armados, como si fueran en busca de un peligroso delincuente. Ese procedimiento lo vivió como una verdadera humillación frente a sus convecinos de toda la vida. Verdad renació por tercera vez y continuó publicándose hasta 1998, en que se produjo la muerte de Pasini. El 5 de setiembre de ese año apareció, como homenaje a quien fuera tantos años su director, el último número. Se reproducen allí 13 editoriales seleccionados de la colección del periódico.

El regreso de la democracia trajo para el periódico y su director una suerte de reivindicación: Pasini integró la comisión de vecinos notables de Luján que se entrevistó con el Dr. Alfonsín para solicitarle la reapertura de la Universidad de Luján que había sido clausurada por la dictadura. Riguroso, implacable, con visión política certera y memoria histórica, las notas de Verdad eran valoradas tanto por los socialistas como por simpatizantes de otras fuerzas políticas. Contribuyó así al general reconocimiento hacia los hombres de este partido. Las instituciones democráticas, el estado de derecho y la libertad fueron valores irrenunciables a lo largo de sus 68 años de vida. Con esas premisas estuvo al servicio del país durante su existencia al tiempo que sostenía los ideales socialistas.

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* Extracto de la nota original.

Socialistas de carne y hueso Por Alfredo Cecchi*

Walter Actis Socialista y luchador de tercera generación, nació en Sunchales el 14 de diciembre de 1927, como segundo hijo del matrimonio integrado por Adolfo y Catalina Brunetti. Cursó en Rosario la carrera de Ingeniería Química, desde donde, además de traerse su afiliación al PS y los conocimientos de la ingeniería, trajo a su compañera Nelly Mazzola, casándose en Sunchales el 3 de agosto del 51, unión de la que nacieron Walter y Laura, quienes, cuando estudiaban en la ciudad de Córdoba y al heredar de sus padres el amor por la libertad y el respeto por la justicia y la dignidad humana, se sumaron a la lista de jóvenes emigrados durante el terrorismo de Estado que practicara la última dictadura militar, radicándose en España. Hasta su fallecimiento, acaecido el 24 de febrero de 2001, Actis fue un referente obligado del socialismo sunchalense, habiendo asumido en reiteradas oportunidades la responsabilidad de ser candidato del PS, tanto a nivel comunal, como provincial y nacional. En 1986, asumió la responsabilidad de escribir una Breve Historia del Partido Socialista en Sunchales, publicada en el libro Sunchales: los hechos, los hombres y las instituciones que forjaron su centenaria historia (Sunchales, 1986). Como su padre, fue activo partícipe del Club Libertad, donde “hizo de todo: fue Presidente, cortó yuyos, limpió pisos, escribió actas”, según el relato de Nelly Mazzola de Actis. Cooperativista por convicción, estuvo ligado por décadas al cooperativismo en el sector de seguros, donde ejerció distintos cargos y la Presidencia del Consejo de Administración. * De la Fundación Casa del Pueblo. Más información:

www.casadelpueblo.com.ar


Entrevista

la vanguardia

LA VANGUARDIA dialogó con Salem Bachir, representante en Argentina del Frente Polisario, que agrupa a todas las fuerzas políticas de Sahara Occidental que luchan por la liberación nacional y la creación de un Estado democrático, de derecho, que respete los derechos humanos.

Salem Bachir "Debepremiarse la lucha en paz del pueblosaharaui" Por Américo Schvartzman

P

or qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos?”, se preguntaba Eduardo Galeano en relación al “Muro del Sahara”, llamado “Berma”, que mide 60 veces más que el Muro de Berlín. Está plagado de millones de minas antipersonales de punta a punta y vigilado por miles de soldados, y así lo expresa el Informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 13 de abril de 2009. Ese muro, que perpetúa la ocupación marroquí de los territorios del pueblo saharaui, es sin embargo, poco mencionado y casi desconocido por la mayoría de las personas. El Sahara Occidental, en el noreste de África, fue colonia española hasta 1975. Ese año la dictadura de Francisco Franco firma un acuerdo por el que reparte el territorio entre Marruecos y Mauritania. El derecho a la autodeterminación saharaui fue conculcado y el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) comenzó a combatir contra ambos países. Poco después Mauritania se replegó permitiendo la ocupación marroquí de todo el Sahara. La República Árabe Saharaui Democrática (RADS) declaró su independencia en 1976 y ha sido reconocida por más de 80 estados del mundo (la Argentina aún no lo hizo). Fruto de esta situación la RADS y Marruecos están enfren-

tados, antes militar y ahora diplomáticamente –desde 1991– sin resolver el conflicto. La Misión de las Naciones Unidas para un Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) fue creada en 1991 pero aún no consigue realizar su cometido. En 1995, el socialismo (a través del diputado Guillermo Estévez Boero) pedía en el Congreso que el Estado Argentino expresara su apoyo a la ONU para conseguir la rápida realización del referéndum. El Frente Polisario, nacido como guerrilla en contra de la dominación franquista, lleva años sosteniendo una lucha de liberación nacional en la que optó por utilizar medios pacíficos, en un gesto que aguarda el reconocimiento de las Naciones Unidas y que –como ejemplo de voluntad transformadora sin echar mano de medios reprochables– se equipara a otras luchas insignes, como la del pueblo indio liderado por Gandhi o el sudafricano de Mandela. Pero, como narra Salem en este diálogo, muchos jóvenes saharauis reclaman dejar la vía pacífica; y las naciones del mundo parecen empeñadas, en su silencio, a “dar la razón a los que llaman a las armas”. Apoyos internacionales La RASD en la actualidad tiene pleno derecho en la Unión Africana, es uno de sus miembros fundadores. Marruecos, por su conducta colonial, es el

único país africano fuera de la Unión. Su condición se equipara a la que en el pasado tuvo el apartheid. Es más, Sudáfrica se ha convertido en el mayor sustento económico, moral y político de nuestra lucha, porque ellos mismos han sufrido años de represión y discriminación racial. También respondieron positivamente la mayoría de los países latinoamericanos, posiblemente porque los saharauis somos el único hispanoparlante de los países africanos árabes, fruto del colonialismo español. Hay una fuerte red de solidaridad en Europa, Asia y otros países, que ayudan a los refugiados saharauis en esta difícil y crítica situación. Pese a que los países europeos no reconocen la R ASD y continúa el pillaje y la complicidad de la Europa Oficial, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, ONGs y grupos interparlamentarios llevan adelante un extraordinario gesto de solidaridad, gracias a la cual han sobrevivido los saharauis todos estos años en un desierto que es considerado el más inhóspito a nivel mundial. ¿Los saharauis son un pueblo del desierto? Una parte de la población vivía en el desierto, pero la mayoría estaba asentada en los 1200 kilómetros de costa atlántica, frente a Las Canarias, en ciudades. En los campamentos, el pueblo saharaui ¿es totalmente dependiente de la ayuda internacional? En los campamentos viven unas 250.000 personas. Por muchas ra-

JULIO DE 2010

zones la gran parte de los recursos vienen de la ayuda internacional. Primero porque el clima, la escasez de medios y la aridez del suelo, no ha permitido el desarrollo de emprendimientos. A pesar de eso, hay modestos intentos en agricultura y de creación de pequeñas fábricas artesanales para auto-sustentación. No sólo llevamos adelante una guerra de liberación nacional, sino que hemos logrado un alto nivel de alfabetización. Tenemos un 100% de escolarización infantil y entre los adultos organizamos un programa de alfabetización, para todas las edades y sexos. El muro El muro del Sahara tiene 2.720 kilómetros con casi 10 millones de minas antipersonas, con 150.000 soldados que lo custodian, sistemas de radar, alambrados y perros. El muro divide en dos el territorio del Sahara pero también –mucho más grave- separa las familias. Recién en 2004 la ONU logró que Marruecos entregara visas a las familias y así empezaron cada semana en grupos de a 30 personas a viajar al otro lado del muro para abrazar a los que aún viven. Yo vi a mi madre después de 19 años, pero mi padre había fallecido un año antes. Volví a ver a mi hermana que la dejé con 4 años y la encontré con 34, y sus hijos parecían aquella pequeña que había dejado… Los activistas saharauis La situación en los territorios ocupados es alarmante. Nosotros seguimos pidiendo que la ONU se ocupe de vigilar los derechos humanos en el territorio que tiene

ÓRGANO DEL PARTIDO SOCIALISTA AÑO 115 · Nº 1142 (TERCER A ÉPOCA) DIRECTOR:

AMÉRICO SCHVARTZMAN

PÈRIÓDICO FUNDADO POR JUAN B. JUSTO EL 7 DE ABRIL DE 1894 / TERCERA ÉPOCA

la vanguardia

LAS NOTAS FIRMADAS EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LAS POSICIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA.

bajo su supervisión. La MINURSO es la única misión de la organización que no tiene entre sus competencias los derechos humanos. En esta fase pedimos que se liberen sin condiciones los 57 presos políticos que hay en las cárceles marroquíes, de los cuales 36 están en huelga de hambre. Lucha pacífica vs. armada Nuestros hijos están decepcionados de la lucha pacífica, nos acusan de no haber resuelto nada y quieren tomar las armas para recuperar la lucha que empezaron sus padres o abuelos. Nosotros seguimos eligiendo la vía pacifica. Tenemos a Aminatu Haidar llamada “la Gandhi Saharaui” que llama a la juventud a tener más paciencia.Los gestos de solidaridad ayudan a convencer a las generaciones de jóvenes saharauis para que no abandonen el desierto y para que sepan que no están solos. Pero la represión y el silencio de la comunidad internacional no deja de dar razón a los que llaman a las armas. Por eso es importante el apoyo y el reconocimiento al pueblo saharaui que optó por la vía pacifica y tuvo tanta paciencia, en contraposición a otros que han utilizado el terrorismo como método. Lo más banal y fácil es armar una bomba artesanal y hacerla explotar... Y sin embargo nosotros hemos elegido la paz.

COLABOR AN EN ESTE NÚMERO:

MARCELO ALEGRE, LUCAS ARRIMADA, MARTÍN BARR AL, MARÍA VERÓNICA BARZOLA, MARIO BU NGE, ALFREDO CECCHI, DIEGO COL ABER ARDINO, RUBÉN GIUSTINIANI, ALDO GALOTTI, VALERIA LLOBET, ANTONINO MARTÍNEZ, ESTEBAN PAULÓN, HÉCTOR POLINO, ROBERTO SIMIAND, GABRIEL A TROIANO, INES ZÚCAL A. HUMOR: JORGE TESÁN / MA XI / ACO

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E-mail: yuarman@gmail.com / Correspondencia postal: AMEGHINO 68 · E3260FXB CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS Redacción y Administración. pscen@ar.inter.net - www.partidosocialista.org.ar - RNPI 559727- ISSN 0503-7026 - Diseño y diagramación: A.S., 03442-1555-1679, Concepción del Uruguay, Entre Ríos

La Vanguardia de Julio 2010  

Periódico del Partido Socialista de la Argentina. Fundado por Juan B. Justo en 1894. Edición de julio de 2010.

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