Otro paso a la privatización del SENA Nicolás Zapata, presidente Sindensena Antioquia

Con la expedición del decreto 154 de 2021, El gobierno de Iván Duque, da otro paso hacia la privatización del SENA

Por: Nicolás Alberto Zapata Vásquez Presidente de SINDESENA subdirectiva Antioquia

En Colombia las empresas debido a sus necesidades de capacitación, a lo dispendioso de sus procesos, a los secretos empresariales y en otras ocasiones a la poca y oportuna respuesta que muchas veces el SENA dio a las solicitudes de capacitación, muchos empresarios se vieron en la necesidad de crear sus propios centros de formación, los cuales venían funcionando de acuerdo a las características y necesidades de cada una de ellas, en donde solo capacitaban a sus propios trabajadores. El gobierno de Iván Duque, agente del gran empresariado, y en el marco del caos en materia laboral derivado de la actual pandemia, de manera soterrada y sin haberse discutido el tema en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ni haber llevado la discusión al Concejo Directivo Nacional del SENA, el pasado 11 de febrero de 2021 a través el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 154 por medio del cual se regula el funcionamiento de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa, más conocidas como las “UVAE”, lo cual, es nada más ni nada menos, que la creación de “SENITAS” al interior de las empresas, y por lo tanto, con la expedición de este decreto les permitirán entregar certicados de las capacitaciones orientadas, los cuales tendrán todo el reconocimiento legal. Además, autorizan a certicar competencias laborales lo que muy seguramente conllevará, a que los empresarios implementen centros de capacitación y certicación, como otra unidad estratégica de

negocio, para lo cual podrán contar con las Cajas de Compensación Familiar e instituciones de capacitación y Formación Internacional acreditadas en nuestro país. Por ahora, en el decreto ha quedado que esta formación será gratuita, y que el SENA no intervendrá en su nanciación, pero nos atrevemos a avizorar que el paso siguiente será, que mediante la gura de “ampliación de cobertura”, encuentren la salida para entregar importantes recursos económicos a estos nuevos centros de capacitación o la conanciación por parte del SENA, del proceso de certicación de Competencias Laborales, tal como viene sucediendo en otros países. Solo en la última década, el SENA ha entregado a entidades privadas cada año, aproximadamente 100 mil millones de pesos, para que a nombre de la institución ejecuten capacitación. Si bien ha quedado en el decreto que la formación será gratuita en las UVAE, el negocio estará en la certicación, tanto de la formación como de las competencias laborales, la cual no es claro por ahora quien la asumirá el costo de esta; en donde muy seguramente será el trabajador, que en el afán de encontrar un empleo, pagara lo que sea, por acceder a la certicación de la competencia

laboral.

De esta manera el estado avanza en su proceso de privatización, mientras se precarizan aún más las condiciones laborales de los trabajadores, ya que, desde la constitución de 1991, los derechos sociales los convirtieron en mercancía, por lo tanto, solo acceden a ellos quienes tengan los recursos sucientes para pagar. De esta forma, se continua entregando el patrimonio del pueblo colombiano a las grandes multinacionales y corporaciones, así como a los grupos empresariales de nuestro país, mientras se debilita la prestación de los servicios del SENA y se no resuelve los graves problemas que enfrenta la entidad, producto de la improvisación de un gobierno que de espaldas a la institución, acomodan el estado y sus entidades a sus propósitos, desconociendo el acumulado técnico y pedagógico de sus trabajadores. Como organización sindical rechazamos este decreto que lo único que buscan no es una mejora de la calidad de la Formación profesional, ni mucho menos la ampliación de cobertura, solo está en la vía de desprestigiar lo público, mientras se incentivan modelos netamente privatizadores, a los cuales el actual director general Carlos Mario Estrada Molina es proclive, ya que en los 30 meses que lleva en el cargo, su administración ha girado en torno a la virtualización de la formación y los grandes negocios con las Multinacionales, mientras persisten los problemas estructurales de la entidad como la calidad de la formación y una desmedida cobertura que no garantiza una Formación Profesional en condiciones dignas, de cara a las verdaderas necesidades de las comunidades mucho menos del sector productivo.

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