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Entre el derecho a la educación y a la vida Danilo Pulgarín y Milena Fuentes
Alternancia: entre el derecho a la educación y el derecho a la vida
Por: Milena Fuentes Henao, Comisión de queja y reclamos CUT Antioquia Por: Danilo Pulgarín, secretario general CUT Antioquia
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Para nadie es un secreto que la alternancia ha puesto a los docentes de todo el país en condiciones de presión desde varios escenarios como lo administrativo, algunos padres de familia y estudiantes, medios de comunicación, hasta actores armados, convirtiéndolos en blanco de ataque, por el sólo hecho de exigir al gobierno las garantías de bioseguridad para regresar al aula de clase sin poner riesgo a la salud y la vida de los estudiantes, docentes, padres de familia y los diferentes actores involucrados en el proceso educativo. A los maestros y demás autoridades de las instituciones educativas, los han atosigado con los numerosos actos administrativos e informaciones que casi a diario se emiten desde lo nacional hasta lo municipal, para la implementación de la alternancia educativa, donde por el desespero de padres de familia, estudiantes y algunos docentes, por regresar a la presencialidad, debido a la precaria conexión virtual en la mayoría de los establecimientos educativos y la carencia de equipos tecnológicos para un educación virtual de calidad, han aceptado ir al aula sin el cumplimiento de los mismos requisitos establecidos en la norma, que solo se cumplen en el papel, poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Los maestros lo que están exigiendo para ir al aula de clase con sus estudiantes es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que el mismo gobierno ha evocado en sus diferentes actos
administrativos promulgados, para lo cual es indispensable el pago de la deuda al sistema educativo por parte del régimen, quien lo ha deteriorado enormemente con el recorte a las transferencias para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, desde hace más de dos décadas y el cual se ha negado reiterativamente a compensar mediante una reforma constitucional, como lo han venido exigiendo los educadores a través de la movilización y la lucha en los últimos años. Por lo anterior, a estas alturas y después de que se cumple más de un año de pandemia la mayor parte de la infraestructura educativa sigue deteriorada, sin baterías sanitarias, ni agua potable y más grave aún, sin la contratación de personal administrativo necesario para hacer cumplir y aplicar las normas de bioseguridad en las instituciones, teniendo en cuenta que la aplicación de éstas no debe recaer en los docentes. Es de señalar en este punto que, al momento hay en Antioquia más de 2000 profesores afectados por el COVID y más de 154 fallecidos a causa del virus; habría de esperarse que en las condiciones como se ha manejado la pandemia por parte del gobierno y de cómo se ha venido implementando la alternancia estos contagios aumentarán, como realmente ha ocurrido, como lo demuestra el anuncio hecho por las autoridades médicas del tercer pico de la pandemia para nales del mes de marzo e inicios de abril. En razón a esto, se reactivan las medidas restrictivas como, la ley seca, toque de queda, alerta roja para los servicios de salud y la suspensión de la alternancia. Es así, como entre estas presiones externas, ejercidas por algunos directivos, la administración municipal, departamental y nacional, los docentes de Antioquia, Medellín y de todo el país, se ven obligados a decidir entre sus vidas, las de sus familias y su labor educativa. Hay que preguntarse entonces por la responsabilidad que el gobierno tiene en generar las garantías necesarias para que la calidad de la educación no entre en rivalidad con el derecho a la vida de docentes, familias y estudiantes.
CUT ANTIOQUIA
Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia
IE de Medellín esperando por docentes y alumnos
