6.9 Reducción y control de riesgos de errores, fraude y corrupción

retirar o canjear el dinero, como un sistema de auditoría para asegurar que los comerciantes no cobren de más a los destinatarios de las transferencias por sus productos o los obliguen a adquirir artículos no deseados. Véase el recuadro 6.9 sobre la reducción y control de riesgos de errores, fraudes y corrupción.

La conciliación permite que los ministerios competentes determinen si la transferencia se ha llevado a cabo con éxito mediante la efectiva entrega a los destinatarios o la acreditación en sus cuentas. En los

La introducción de pagos digitales exige que se preste atención a la presencia de nuevos riesgos para el consumidor. Dado que los beneficiarios de la protección social de gobierno a persona (G2P) suelen ser inexpertos en los servicios financieros formales y en el dinero «virtual» en particular, es más probable que tengan una experiencia negativa al acceder a sus pagos digitalizados o al usarlos. Los pagos digitales suponen al menos cinco riesgos comunes para el consumidor que pueden frenar sus posibilidades de inclusión financiera:

n Imposibilidad de realizar transacciones por la caída de la red o la inestabilidad del servicio n Liquidez insuficiente de los agentes o de los cajeros automáticos n Interfaces de usuario y procesos de pago complejos n Mecanismos de recurso escasos o inexistentes n Fraude dirigido al destinatario

Es necesario mitigar estos riesgos para fomentar la confianza de las personas y el valor del uso de los pagos digitales y los servicios financieros básicos.a

Se debe establecer controles para evitar el fraude y las fugas: Los pagos deben ser seguros, de forma que la totalidad del dinero destinado a los beneficiarios llegue a ellos; el proceso debe ser transparente y fácil de auditar; la transmisión de las instrucciones de pago de nóminas debe ser a través de canales seguros, con medidas que impidan cualquier modificación de la lista final de beneficiarios e importes. Los datos sobre la fe de vida y la autenticación de las credenciales de identidad biométricas pueden frenar las fugas que se producen a través de beneficiarios fantasmas. En este sentido, la interoperabilidad de los datos entre los registros clave, tales como el registro civil de identificación, los sistemas de gestión de operaciones de los beneficiarios, los registros sociales y los sistemas de pago, puede ayudar a reducir los errores humanos, el fraude y la corrupción.

La autenticación de la identidad es fundamental para garantizar que los pagos lleguen a la persona correcta. Debe haber un proceso de autenticación seguro que utilice diversas medidas.b La elección del enfoque de autenticación debe equilibrar los requisitos de seguridad de la identificación y las necesidades y condiciones de los usuarios finales. Por ejemplo, puede ser difícil recordar un PIN, se requiere formación y práctica para crear números PIN y contraseñas, cambiarlos, memorizarlos y utilizarlos de forma eficaz. También existe literatura sobre la idoneidad de la biometría en determinados contextos, como en el caso de las personas mayores, trabajadores manuales y personas con discapacidad, lo cual compromete la autenticación y los pagos.

La provisión de pagos a través de agentes requiere que se proteja a los beneficiarios contra el fraude cometido por los agentes, por ejemplo, las deducciones no autorizadas de las cuentas bancarias o billeteras de dinero electrónico de los beneficiarios, el cobro de comisiones no autorizadas o el sobreprecio en los bienes que adquieren. Algunas medidas adecuadas serían la contratación de agentes de confianza, la supervisión de su rendimiento a través de los proveedores de servicios de pago y el mantenimiento de un mecanismo de resolución de quejas y de apelaciones independiente de los propios agentes, como una línea de asistencia telefónica gratuita.

La distribución de dinero en efectivo en persona plantea importantes riesgos de seguridad que deben reducirse. Las grandes cantidades de dinero

continuación

Recuadro 6.9 (continuación)

en efectivo que se depositan en los puntos de pago requieren mucha seguridad, por lo que se recurre a guardias armados, policías o militares para garantizar la seguridad. En lugares inseguros, es posible que los servicios de transporte de valores se nieguen a operar, o que implementarlos resulte muy costoso, lo cual lleva a explorar otras opciones de pago. Si se sabe cuándo y dónde se hacen pagos masivos, los beneficiarios también corren el riesgo de sufrir robos o extorsiones cuando regresan a sus casas o dentro del plazo hasta que gastan el dinero. Por norma general, los gobiernos tienen dificultades para garantizar la seguridad a objetivos tan dispersos.

La atención a la seguridad debe estar equilibrada entre los objetivos del programa y el enfoque centrado en las personas. Es importante tener en cuenta que la introducción de medidas de seguridad puede aumentar el gasto de acceso para los beneficiarios y, en última instancia, para el gobierno. Aunque la provisión de pagos en efectivo tiende a ser más vulnerable al fraude y al robo, un sistema digital tampoco garantiza operaciones libres de errores, fraude y corrupción. Sin embargo, la entrega digital tiene el potencial de reducir significativamente la incidencia y el volumen del fraude, especialmente cuando los destinatarios están bien informados y formados para protegerse. Para un análisis más detallado de los mecanismos de prevención de errores y fraudes, consulte la herramienta de pagos de protección social de ISPA (ISPA 2017).

a. Baur y Zimmerman, 2016. b. La herramienta de la Interagencia de Diagnóstico de la Protección Social (ISPA) sobre la identificación para la protección social ofrece una orientación detallada sobre cómo evaluar el desempeño de los procesos de identificación y autenticación en un programa de protección social (ISPA 2017).

programas de protección social que utilizan transferencias directas de beneficios e infraestructuras de pago interoperables, el proceso puede ser totalmente automático, y los fondos que no se han entregado se devuelven al remitente.

En los sistemas que utilizan cuentas, los fondos son propiedad del titular de la cuenta hasta el momento de la liquidación final de la transferencia. Cuando los beneficios se acreditan en las cuentas individuales de los beneficiarios, los organismos de protección social solo tienen un alcance limitado para supervisar su uso. En los procesos de desembolso tradicionales (con dinero en efectivo), se suele suponer que los fondos que no retira en efectivo el beneficiario dentro de un plazo determinado se han perdido. En los sistemas que utilizan cuentas, por lo general, no es legal intentar embargar los fondos si el beneficiario no ha hecho uso de ellos hasta cierta fecha. Además, las leyes sobre el secreto bancario impiden que la agencia controle las transacciones y obtenga los datos personales de quienes no han retirado su beneficio. Si bien la mayoría de las jurisdicciones cuentan con normas de inactividad de cuentas que garantizan la confiscación de los saldos de las cuentas inactivas (y su devolución al tesoro nacional), estas normas suelen exigir que el periodo de inactividad sea superior a un año. Si el programa de asistencia social depende del ejercicio de un control más estricto sobre el uso de los fondos, su implementación puede requerir la emisión de normas adicionales o cambios en la ley. También se puede evaluar el uso de otras modalidades de pago (como las tarjetas de prepago) (Rodríguez et al., de próxima publicación).

En cualquier forma de pago, es importante reducir los riesgos fiduciarios que pueden surgir cuando los fondos no se utilizan para los fines previstos o cuando no se contabilizan adecuadamente. El riesgo fiduciario no se limita al riesgo de fraudes o corrupción, sino que incluye factores como el desvío de fondos a otros ámbitos del gasto público. Un mal diseño de los programas, por ejemplo, puede conllevar que las transferencias no lleguen a sus destinatarios. Debe haber una conciliación de la transferencia con los pagos efectivamente realizados a los beneficiarios para identificar cualquier error o abuso (DFID, 2006).