y sociales para el trabajo

valor de los métodos integrados para evaluar las necesidades y condiciones: Barreras laborales y sociales para el trabajo

(desempleados de largo plazo, trabajadores desmotivados o no calificados, personas que buscan empleo por primera vez, personas inactivas)

(sin posibilidad de obtener un empleo de inmediato)

(desempleados de corto plazo, demandantes de empleo)

(p. ej., discapacidad, responsabilidades parentales, barreras lingüísticas o culturales)

Fuente: Gráfico original para esta publicación. Nota: ML = mercado laboral.

tengan acceso a adaptaciones básicas (perros guía, aplicaciones de transcripción para personas ciegas y sordas, etc.); y (2) progenitores solteros sin discapacidad con hijos pequeños que puedan trabajar, siempre que cuenten con servicios de cuidado infantil adecuados. Otros demandantes de empleo pueden sufrir riesgos sociales complejos y no tener una empleabilidad inmediata (grupo 4 en el gráfico 4.5). Si las evaluaciones y la elaboración de perfiles laborales pasan por alto estos factores de riesgo social, se desperdician recursos al asignar a estas personas a servicios de empleo y PAML normales.

También se pueden compartir las evaluaciones comunes de factores concretos entre los programas. Al igual que ocurre con la recepción y el registro, es posible que los distintos programas requieran de una información similar para la evaluación de las necesidades y condiciones. Esto es algo habitual en las evaluaciones del nivel socioeconómico, que son requeridas por muchos programas, como las pensiones sociales ligadas al nivel de recursos para los adultos mayores pobres o las personas en condición de discapacida, los beneficios de activación y los paquetes de servicios para los trabajadores con ingreso bajo, los servicios sociales para las familias de ingreso bajo, y las becas concedidas según las necesidades, así como las subvenciones del seguro de salud según el nivel de recursos. Aunque existen requisitos específicos para

los programas, estos también exigen algún tipo de evaluación de las necesidades y condiciones socioeconómicas. En los registros sociales se emplean métodos integrales de evaluación mediante la provisión de información integrada sobre el nivel socioeconómico en varios programas.

En la mayoría de las ocasiones, los programas o registros sociales añaden a la evaluación inicial de las necesidades y condiciones unos «requisitos de recertificación». Aunque esta es la expresión que se utiliza habitualmente, preferimos usar «requisitos de revaluación» por dos motivos: hay una relación con la fase de evaluación en la cadena de implementación, y no hay garantía alguna de que se obtenga la certificación o recertificación, lo cual significa, básicamente, ser elegible para acceder a un beneficio o servicio.

La revaluación y los plazos están relacionados, pero no son lo mismo: Aunque pueden coincidir, no siempre lo hacen. En un plazo determinado puede haber varios períodos de revaluación, y no todos los programas tienen plazos, pero la mayoría sí tienen requisitos de revaluación.

La periodicidad de la revaluación depende de los programas y los países, e incluso dentro de los programas, de los tipos de beneficiarios. Hay varios factores que influyen en la periodicidad de la revaluación: (1) objetivos del programa; (2) características de la población objetivo; (3) capacidad administrativa; (4) si la recepción y el registro iniciales fueron por demanda o dirigidas por la administración; y (5) las actitudes hacia las poblaciones objetivo (normalmente implícitas).

En lo que respecta a las metas y las características de la población objetivo, los programas para las personas en situación de pobreza crónica tienen una periodicidad más larga para la revaluación que aquellos destinados a grupos con condiciones más «transitorias», como los desempleados. Para obtener algunos beneficios de desempleo, se deben presentar pruebas mensuales o trimestrales de una situación de desempleo continua (junto con pruebas del cumplimiento de las condiciones de búsqueda de empleo, que es otro concepto). Aunque los programas de asistencia social suelen estar dirigidos a las personas en situación de pobreza crónica, algunos programas de IMG exigen una revaluación muy frecuente (véase el recuadro 4.11); por ejemplo, cada tres meses en Letonia y Lituania. Por lo general, la periodicidad de las revaluaciones para acceder a beneficios y servicios para personas en condición de discapacidad está relacionada con la duración prevista de la gravedad de la discapacidad, determinada en el momento de la evaluación inicial.

También hay variaciones en la periodicidad de las revaluaciones dentro de los programas por tipo de beneficiario. Por ejemplo, en el programa de cupones para alimentos (SNAP) de Estados Unidos, la duración del «período de certificación» depende de las características del hogar: En la mayor parte de las ocasiones, la certificación es válida durante 6-12 meses, pero en el caso de los adultos mayores pobres y las personas con discapacidad, este período llega hasta los 24 meses o más. En cuanto a los servicios sociales, que suelen llevar asociada una importante implicación de los trabajadores sociales, la revaluación es una parte continua del plan de acción individualizado (y, de hecho, forma parte de la intervención).

La periodicidad de las revaluaciones depende también de la capacidad administrativa: Una periodicidad reducida de las revaluaciones aumenta la carga de trabajo del personal y, por consiguiente, los costos administrativos. Así, la decisión sobre los requisitos de revaluación del programa o registro social dependerá de la capacidad del país para implementarlos. De hecho, en la práctica, son varios los programas y registros sociales que realizan revaluaciones con una frecuencia menor de la que determinan sus normas de funcionamiento (el recuadro 4.11 recoge algunos ejemplos).

En el caso de los modelos por demanda, los requisitos de revaluación van de más frecuentes (cada 1-3 meses) a menos frecuentes (cada 6, 12 o 24 meses). Muchos programas optan por el intervalo de 12 a 24 meses. En los enfoques por demanda, se suele avisar a los beneficiarios con antelación para alertarlos de que su período de certificación está cerca de expirar. Esto les permite recopilar la documentación necesaria para realizar una nueva solicitud (o solicitar la revaluación) antes de que sus beneficios expiren. Si no lo hacen, puede que dejen de recibir los beneficios, y las alertas y el riesgo de finalización les sirven como incentivo o impulso para reiterar la solicitud.