Opinión

Puerto Rico: ¿Tierra de nadie?

su criminalización como mecanismo para invalidar sus reclamos en vías de amordazar su derecho a la protesta. Se fomenta un ambiente hostil de desdén odioso hacia la palabra de voces que retan la autoridad para despertar la conciencia colectiva. En aras de afincarse en su propio nicho de privilegio, funcionarios(as) públicos(as) se tornan tiránicos al abusar de las herramientas represivas bajo su dominio para proteger la hegemonía política velando por sus propios intereses personales.

Dentro del contexto de la violencia deleznable que se escenifica diariamente, es sumamente peligroso criminalizar como delincuentes de la peor calaña a ciudadanos(as) que ejercen su derecho a la protesta. Es un derecho democrático legítimo denunciar el abuso de la elite política que se ha apropiado de espacios de dominio público. Esta cátedra ambientalista que exige la puesta en vigor de las protecciones de nuestros recursos naturales de dominio público, pone de manifiesto el discrimen por razón de clase. Activistas ambientalistas enfrentan a invasores provenientes de la elite política privilegiada, entre los cuales hay quienes viven convencidos(as) que el dinero les reviste de una especie de “divinidad”, que les da permiso para saltar las leyes y reglamentaciones correspondientes para así apropiarse de espacios de dominio público. Algunos(as) de la elite sociopolítica desbordan su coraje cuando se les ponen en evidencia bajo el ojo fiscalizador de un País atónito ante el desparpajo de violadores ambientales. Estos pretenden maquiavélicamente activar los aparatos represivos del Estado para amordazar a quienes les ponen al descubierto. Hiere la inteligencia, cómo a plena luz del día, las agencias concernidas no fiscalizan la otorgación de permisos malhabidos. O peor, cómo los llamados a cumplir los reglamentos, leyes, y órdenes del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), inventan artimañas administrativas para desacatar al más alto foro judicial que recientemente anuló el Reglamento Conjunto del 2020. En cuestión de horas, con una certificación del gobernador Pedro Pierluisi, la rama ejecutiva circunvaló el cumplimiento con la órden judicial (16/junio/2023), propiciando que la Junta de Planificación adoptara supuestamente el mismo reglamento anulado -según experto en la materiaen abierto desafío al TSPR.

El Código Político de Puerto Rico (1902, enmendado), expresa que “si alguna persona, so pretexto de algún derecho incompatible con la juris- dicción del Gobierno de Puerto Rico, usurpare terrenos baldíos o no concedidos, pertenecientes a Puerto Rico, el Fiscal del distrito judicial en que radican dichos terrenos informará de ello en el acto al Gobernador, quien dispondrá que el Secretario de Justicia adopte las medidas necesarias para expulsar al usurpador” (Art. 9, 1 L.P.R.A. § 6). Debemos cuestionarnos el posible incumplimiento de los(as) funcionarios(as) públicos(as) que juramentaron “mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior; que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas; y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental ni propósito de evadirla; y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo o empleo que estoy próximo a ejercer”. …“La violación de este juramento será causa suficiente para la destitución del funcionario o empleado” (Artículo 186, Capítulo II, 3 L.P.R.A. § 601). En fin, en un Puerto Rico que se conduce al revés protegiendo los intereses de quienes nos usurpan ilegalmente los espacios de dominio público, ¿se allanará el camino para que la ciudadanía ejerza su derecho a efectuar arrestos civiles ante el incumplimiento de los organismos llamados a velar por los intereses del pueblo?

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Desde hace 2023 años el cristianismo ha sido parte fundamental del desarrollo social, político y económico de occidente. Eso es innegable indistintamente y al margen de toda injusticia y/o abuso de poder que se haya generado ocasionalmente en nombre de Dios y en nombre de Cristo. Cuando evaluamos la evolución de la humanidad durante los últimos 2023 años no podemos negar que el mundo es uno mejor a pesar de las guerras que se viven incluso algunas poco populares para la opinión pública formal de las cuales aquí ni nos enteramos. La evolución social ha sido positiva y el humanismo continúa ganando camino con un ser humano más cabal e integral. En lo económico material, el ciclo vivido en los últimos 2023 años es el de mayor productividad de bienes y servicios para la mayoría del mundo occidental a pesar de las desigualdades y brechas de pobreza. Es innegable que la humanidad en occidente y el mundo contemporáneo disfruta de avances tecnológicos, científicos e innovación que nos brindan experiencias en lo material que si bien es cierto que de por sí solas no producen felicidad, brindan momentos de agrado que cuando se saben compartir con empatía, teniendo como norte la intersubjetividad, pueden percibirse como felicidad. El capitalismo en lo material ha producido más bienes para la humanidad que la suma total de todos los demás sistemas económicos pasados y coetáneos al mismo. Para dicho sistema político y económico instituciones como la escuela, la familia y la iglesia han sido fundamentales.

Conscientes de ello, opositores al mismo han invertido décadas ideando los discursos y erogando recursos para degradar y debilitar dichas instituciones. Si tenemos en cuenta que desde el punto de vista religioso, la inmensa mayoría de occidente se reputa cristiano, podemos concluir que el cristianismo se encuentra bajo constante asedio en esta parte del mundo. En Puerto Rico, donde el 95% de la población de una manera u otra se reputa cristiano, no tan solo no estamos al margen de dicha realidad. Sino además que está cobrando día a día mayor importancia en nuestra diatriba política.

Jesucristo no fundó una religión, sino que estableció un evangelio. Sin embargo, en la evaluación natural de la propagación de dicho evangelio por parte de sus discípulos ocurrió lo que era predecible. Surgió el cristianismo como religión. Como toda religión conlleva como parte intrínseca de la misma su profesión de fe. La Profesión de Fe Cristiana es un acto fundamental en la vida de todo creyente. Es el momento en el que se declara públicamente la fe en Jesucristo y se compromete a seguir sus enseñanzas. Enseñanzas que seguidas al pie de la letra nos brindarían paz, convivencia, misericordia y felicidad. Con tan solo seguir la de amar a tu prójimo como a ti mismo estaríamos en un mundo mejor. Claro está, eso no es fácil ni sencillo. Ante esa realidad y debido a otras variables políticas, en el Puerto Rico de hoy día tenemos que enfrentar de manera hiperbolizada el reto de ser cristiano en el Siglo XXI. Las manifestaciones de la profesión de fe antes mencionada son prácticamente invisibilizadas ante la opinión pública formal y ni hablar de la mofa y ridiculización a la que se es sometida constantemente. Peor aún en la época de las redes sociales. Si el artista de música urbana –bastante bueno que es, dicho sea de paso– denominado Farruko, cantaba Pepas en cualquier barra de la esquina rodeado de tres o cuatro borrachines era noticia. Pero cuando es parte integral de la convocatoria a profesión de fe cristiana abarrotando los extensos predios de El Morro es invisibilizado. Cuando decenas de miles de cristianos marchan reclamando a los políticos para que tengan en cuenta sus creencias a la hora de legislar, caen en una especie de Triángulo de las Bermudas donde nadie los vuelve a ver. En Puerto Rico el reto de ser cristiano en el Siglo XXI conlleva actualmente un reto mayor. El saber distinguir entre aquellos que respetan y reivindican su acción cristiana desde el ámbito político, de aquellos que quieren utilizarlos como ficha de cambio en una especie de suerte de clientelismo religioso para sus aspiraciones personales. Ojo que pinta. La separación de iglesia y estado no conlleva el silencio de la Iglesia ante los asuntos políticos. De hecho, la Iglesia tiene una obligación moral y existencial de aconsejar al Estado sobre sus preceptos y prerrogativas. Pero la Iglesia también tiene la obligación de discernir y advertir sobre aquellos que quieren utilizarla como monigote en la lamentable práctica del clientelismo religioso.

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