Destacan condición colonial de la Isla

ó Según el análisis de dos juristas tras fallo sobre reforma laboral

Pedro Menéndez Sanabria >pmenendez@elvocero.com

@pedro_menendez

Para varios juristas y figuras políticas locales, el fallo emitido por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmando la nulidad de la Ley 41-2022 de reforma laboral dejó al descubierto nuevamente la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos y la pérdida de poderes decisionales que sufrió el gobierno tras la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Para el abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar, la opinión del juez William J. Kayatta evidenció que “tanto el gobernador, así como la legislatura” están “a los pies de la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso bajo la ley Promesa”.

En su opinión, Kayatta señaló que los esfuerzos de la junta fiscal para hacer cumplir el plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado (ELA) por medio de la sección 204(a) de la Ley Promesa están relacionados al caso de Título III y recordó que el estatuto establece que, en caso de que el gobierno no cumpla con una dirección impuesta por la JCF con respecto a una ley, este ente federal podrá tomar las acciones que entienda necesarias para imponer su criterio.

“Quien hoy se atreva a hablar de pactos bilaterales dentro de la cláusula territorial debería ser ingresado en un manicomio”, aseveró el también profesor en derecho, quien fue más allá al recalcar que los poderes de las ramas políticas locales quedaron sin efecto ante el estatuto federal que dio paso a la imposición de la junta fiscal.

Ayeza Díaz Rolón

>adiaz@elvocero.com

Para el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, quedaría por verse si la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que derogó la reforma laboral de 2022 -que restituía derechos a los empleados del sector privado- desalentará a los trabajadores de insertarse a la fuerza laboral.

El fallo del tribunal de Apelaciones surge en momentos en que existe un esfuerzo desde la agencia para que más trabajadores se acerquen al mercado laboral ante la persistente falta de mano de obra adicional que sufren los patronos y que afecta sus operaciones.

“La realidad del caso es que nosotros estamos viendo una tendencia muy positiva en los dos años y medios que llevamos de administración bajo el mandato del gobernador Pedro Pierluisi. Habría que ver cómo el mercado laboral reacciona a través de las estadísticas mensuales que nosotros publicamos en el DTRH. No sabemos la verdad, pero desde antes de la Ley 41 de 2022 y

Mientras que para el abogado estadista y expresentante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Cintrón, el fallo del circuito apelativo sobre la nulidad de la ley -que entre otras cosas aumentaba los días de vacaciones acumulados por empleados a jornada laboral y disminuía el periodo probatorio- no solo es una muestra de la condición de “colonia” del País, sino que también demuestra que algunos líderes y legisladores no han comprendido lo que implica la quiebra de Puerto Rico.

“La ley Promesa sucedió porque el gobierno de Puerto Rico es un territorio y no un estado, por lo cual no pudo utilizar la Ley Federal de Quiebras y el Congreso tuvo que crear una estructura y normas para administrar esa quiebra, normas que dicen qué se va a hacer, lo que no puedes hacer y cómo se va a hacer. La consecuencia de esto es que, como no es una estructura creada para el gobierno de la jurisdicción (Puerto Rico), entonces esta perdió poderes”, explicó Cintrón.

El exlegislador destacó que, aunque Promesa es compleja en su alcance, se trata de una ley bastante sencilla de entender en el sentido que establece que, además de sacar al territorio de la quiebra, tiene que también garantizar su estabilidad económica a futuro de manera que no vuelva a caer en un impago.

“Promesa establece que ‘yo junta’ voy a controlarlo todo, excepto determinaciones sobre el estatus político de Puerto Rico, que es la única excepción que está escrita en el documento. ¿Qué pasa? Que se nos olvida que, como Promesa persigue resolver la quiebra y la estabilidad futura -es decir, administrar la deuda actual-, pero también se tiene que viabilizar una estabilidad futura.

En este sentido, se tiene que provocar las circunstancias necesarias para el desarrollo económico ya que, si no hay una infraestructura para crear y estimular el desarrollo económico no vas a generar dinero y entonces, ¿con qué va a pagar la deuda?”, sostuvo Cintrón, quien reiteró que “no es correcto

Reto mayor para atraer trabajadores

mientras la Ley 41 de 2022 estuvo vigente, el mercado laboral se ha mantenido sólido. Si subirá un poco más o si bajará un poquito, pues depende y habría que verlo”, expresó Maldonado a EL VOCERO

El funcionario reconoció, sin embargo, que si las leyes laborales son más restrictivas puede aportar al desánimo de los empleados y complicar los problemas de reclutamiento existentes, aunque estableció que para esto han tomado algunas iniciativas para fortalecer el sector laboral. Las enmiendas declaradas nulas por el Apelativo y que tenían el rechazo de la Junta de Control Fiscal reducían el periodo probatorio a tres meses y aumentaban la acumulación de vacaciones.

“Sí (podría desanimar) y uno de los motivos de política pública por los cuales el gobernador decide firmar la Ley

41 de 2022 en aquel momento es precisamente bajo la premisa de que enmendar las leyes laborales para ofrecer mejores ambientes y beneficios a los trabajadores aumentará la participación laboral”, indicó Maldonado.

“Lo que intento decir es que aún con la ley nula, nuestra expectativa es que comoquiera el mercado laboral permanezca robusto y nuestra economía continúe en crecimiento porque la Ley 41 de 2022 es una iniciativa, el gobierno está haciendo muchas más que deben abonar a ese crecimiento económico y al mercado laboral robusto”, enfatizó.

“¿Cuáles son esos esfuerzos?”, preguntó este medio.

Entonces, Maldonado procedió a mencionar el alza al salario mínimo a $9.50 la hora, la orden ejecutiva que estipula que los trabajadores de obras de reconstrucción

Promesa establece que ‘yo junta’ voy a controlarlo todo, excepto determinaciones sobre el estatus político de Puerto Rico, que es la única excepción que está escrita en el documento.

Ángel Cintrón abogado decir que Promesa solo se limita al presupuesto y los gastos de gobierno”.

En cuanto a las posibilidades en el Tribunal Supremo de Estados Unidos de revertir la nulidad de la reforma laboral, lo cual evalúa el equipo legal del Ejecutivo, el licenciado opinó que son prácticamente nulas.

“El Supremo ha sido consistente con otros reclamos similares buscando revertir decisiones que han favorecido a la junta basadas en Promesa. Para mí la ley es clara, ellos tienen jurisdicción sobre todo lo que tiene que ver con balancear el presupuesto, el pago de obligaciones, la salida de la quiebra y crear el desarrollo económico”, sostuvo Cintrón al destacar que “el sector privado de Puerto Rico está directamente vinculado a cualquier modelo de desarrollo económico”.

Un mecanismo temporero tengan un salario mínimo de entre $11 la hora -para trabajadores no diestros-, y $15 la hora -para trabajadores diestros- y el crédito por trabajo o EITC (Earned Income Tax Credit). Este último favorece a familias de bajos ingresos o ingresos moderados a la vez que estimula la economía.

En cambio, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral difirió de la opinión de sus homólogos.

“La Ley Promesa no crea una pérdida de poderes, es un mecanismo temporero de quiebra”, aseveró el abogado con especialidad en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, quien en el pasado ocupó varios puestos en el Partido Popular Democrático (PPD).

Asimismo, Hernández Mayoral anticipó que, una vez la junta fiscal cese sus funciones, el gobierno de Puerto Rico “retomará la misma libertad de legislación que tenía previo a la quiebra”.

“El Crédito por Trabajo fue una herramienta bien exitosa para aumentar el número de personas que ingresaron al mercado laboral. Nosotros en el DTRH también estamos trabajando con varias poblaciones y cuando vemos nuestra data, observamos que más allá de los números de las personas que estamos trabajando que son excelentes al comparar con nuestro histórico, todavía hay alrededor de 1.5 millones de persona que por alguna razón no forman parte del mercado laboral”, afirmó el titular.

Las poblaciones que el DTRH busca alcanzar incluyen adultos mayores, jóvenes, personas con diversidad funcional, las mujeres y exconfinados rehabilitados.