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EL VOCERO DE PUERTO RICO > SÁBADO, 3 DE FEBRERO DE 2018
No paran las opiniones sobre la mordaza Vicepresidenta de la Cámara cree que el gobernador Rosselló no lo sabía, mientras representante popular entiende que la orden vino de arriba
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Maricarmen Rivera Sánchez >mrivera@elvocero.com @mriversanchez
La vicepresidenta cameral, Lourdes Ramos, justificó que el gobernador Ricardo Rosselló no supiera que en La Fortaleza se hubiese circulado un acuerdo de confidencialidad a los empleados de la mansión ejecutiva aduciendo que “es imposible que el gobernador lo maneje todo”. “Muchas veces hay gente que tiene posiciones y cree que tiene una idea fabulosa y echa a correr cualquier idea sin consultar. En esta oficina, cualquiera puede tener una idea, pero si no la comparten conmigo, no se puede llevar a cabo”, dijo Ramos. “En este caso, no tenían que llevársela al gobernador, pero hay un secretario de la Gobernación, un secretario de Estado. Cuando son cosas de esa magnitud, hay que consultarlas”, afirmó la legisladora. Exoneró al gobernador de cualquier responsabilidad al indicar que, tan pronto supo del asunto, ordenó cancelar las instrucciones emitidas por el administrador de la Oficina del Gobernador, Luis Martínez Suárez. “El gobernador, si no se lo dicen, no lo va a saber. Hoy (ayer) mismo está en Nueva
York y lo más probable él estaba trabajando con el plan fiscal y la reforma contributiva cuando esto pasó. Falló el empleado que tiró el documento antes de ser aprobado por la línea de mando e informarle al gobernador para ver si estaba o no de acuerdo”, afirmó. Según publicó EL VOCERO, Martínez Suárez ordenó preparar un acuerdo de confidencialidad que los empleados de La Fortaleza tendrían que firmar para garantizar que se abstendrían de expresarse sobre gestiones internas, incluyendo posibles ilegalidades.
nientes para controlar el mensaje y lo han hecho con el plan fiscal, que hubo que ir al tribunal para que lo presentaran”. Para él, lo más preocupante de la orden
es que se tratara de ocultar. “Mi exhortación a toda persona que conozca alguna situación que entienda que haya que revelar, es a que lo haga”, precisó.
Falló el empleado que tiró el documento antes de ser aprobado por la línea de mando e informarle al gobernador para ver si estaba o no de acuerdo.
Creo que es altamente cuestionable que una decisión como esa la tome un subalterno sin haber tenido una instrucción de un funcionario de alto nivel.
Lourdes Ramos vicepresidenta de la Cámara de Representantes
Jesús Manuel Ortiz representante del PPD
Censura la falta de transparencia
El representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien fue portavoz del exgoberandor Alejandro García Padilla, dijo por su parte que una instrucción como esta tiene que haber venido de un funcionario con mayor rango. “Creo que es altamente cuestionable que una decisión como esa la tome un subalterno sin haber tenido una instrucción de un funcionario de alto nivel. No puedo decir que haya sido el gobernador, pero sí tiene que haber sido instruido por un funcionario superior”, dijo Ortiz. “Lo que preocupa es que denota una tendencia de esta administración de dar solo algunos datos conve-
Revés judicial para portavoz popular en la Cámara Maricarmen Rivera Sánchez >mrivera@elvocero.com
El Tribunal de Primera Instancia validó la creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción al desestimar una demanda del portavoz popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien alegó que crear esta entidad mediante orden ejecutiva era inconstitucional. La jueza superior Lauracelis Roques Arroyo determinó que Hernández no presentó argumentos suficientes para validar su postura de que esta oficina es una agencia de gobierno y no una división de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. En su demanda, Hernández argumentó que esta oficina –encargada de manejar todos los fondos que lleguen al País– es
“todo un operativo mediante el cual se pretende consolidar en una sola entidad la monumental tarea, quizás la más importante para el pueblo de Puerto Rico en este momento histórico, de recibir y administrar todos los fondos y recursos que se hagan disponibles al gobierno de Puerto Rico para atender la recuperación”. En la sentencia, la jueza indicó que el representante “no articuló fundamentos suficientes en derecho que permitan que este tribunal concluya que la orden ejecutiva creó una agencia y que, al así hacerlo, se vieron afectadas las prerrogativas legislativas de la parte demandante”.
Jueza pide razones claras
La sentencia establece que “para que el tribunal concediese tan delicado remedio, Hernández debió establecer la nece-
sidad y las razones claras y no especulativas que ameritan la intervención del tribunal en este asunto. Esto es, las razones por las cuales debemos determinar que en efecto es una agencia y no una división”. “Este tribunal se ve impedido de, en su sana discreción, expedir un remedio altamente privilegiado, discrecional y extraordinario como el interdicto”, reza la sentencia emitida ayer. “El interdicto solo debe concederse con una gran cautela cuando no exista duda de que proceda su concesión. La parte demandante no cumplió con dicho estándar”. Hernández lamentó la decisión y no descartó apelarla o pedir una reconsideración. “Lamentamos que el tribunal no haya aceptado el planteamiento de la magnitud de la responsabilidad que tiene esta nueva oficina”, afirmó.
El representante Rafael ‘Tatito’ Hernández se opone a la creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. >Archivo / EL VOCERO