La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico ha sido un proceso complejo, lleno de desafíos y oportunidades. A lo largo de los últimos años, la isla ha enfrentado cambios significativos en su infraestructura energética, con la meta de garantizar un servicio más estable, confiable y moderno. La entrada de operadores privados como LUMA Energy y Genera PR ha marcado un nuevo capítulo en esta evolución, con el respaldo del gobierno federal y la participación de expertos del sector. Aunque el camino no ha sido fácil, cada paso dado representa un avance hacia una red eléctrica más eficiente y resiliente.
Historia y Crisis de la AEE
Desde su fundación en la década de 1940, la AEE fue clave en el desarrollo industrial de Puerto Rico, proporcionando electricidad confiable para industrias y hogares. Sin embargo, con el tiempo, la falta de inversión en infraestructura y modernización, sumada a la interferencia política y a una administración
deficiente, debilitaron su capacidad operativa. Su deuda ascendió a $9.3 mil millones, dificultando la inversión en mantenimiento y nuevos proyectos.
En 2016, la consultora AlixPartners intentó estructurar una solución para aliviar la crisis financiera de la AEE, pero sin éxito. Para 2017, la situación era crítica: una red deteriorada, plantas generadoras obsoletas y apagones recurrentes que afectaban la calidad de vida de la población. En ese contexto, el Huracán María puso a prueba el sistema energético como nunca antes.
Impacto del Huracán María y el Plan de Reconstrucción
El 20 de septiembre de 2017, el Huracán María impactó la isla con vientos sostenidos de 185 millas por hora, destruyendo gran parte de la infraestructura eléctrica. La totalidad de Puerto Rico quedó sin electricidad, lo que paralizó servicios esenciales como hospitales, telecomunicaciones y distribución de agua. La falta de un plan de emergencia eficiente agravó la crisis, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a servicios básicos por meses.
Ante esta situación, se estimó que la reconstrucción
de la red requeriría una inversión de $12 mil millones. Sin embargo, la obtención y distribución de los fondos se vio obstaculizada por la burocracia gubernamental y la falta de planificación. En respuesta, el Plan de Recursos Integrados (PRI) propuso diversificar la generación de energía, promoviendo fuentes renovables y reduciendo la dependencia del petróleo. A pesar de estas iniciativas, la implementación del plan ha sido lenta y los beneficios aún no se reflejan de manera significativa en la red eléctrica de la isla.
Transición a LUMA y Modernización del Sistema
En junio de 2021, el gobierno de Puerto Rico transfirió la operación de transmisión y distribución de la AEE a LUMA Energy, con la expectativa de mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio. Sin embargo, la transición estuvo marcada por protestas, resistencia de empleados sindicalizados y escepticismo de la ciudadanía.
A pesar de estos retos, LUMA ha implementado varias iniciativas clave:
• Despeje de 16,000 millas de vegetación para reducir interrupciones en la red.
En camino hacia una nueva red
• Instalación de más de 9,300 dispositivos de automatización para mejorar la detección y solución de fallas.
“Mira, el operador privado era necesario para poder echar hacia adelante el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico,… porque la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es un asunto que corresponde a la física y a la ingeniería, no a la política.”
explica el analista político
Iván Rivera
• Conexión de 135,000 clientes a sistemas de energía solar para fomentar la diversificación energética.
• Modernización de subestaciones y reemplazo de postes y torres con estructuras más resistentes.
• Próximamente se comenzará la iniciativa de contadores inteligentes. Se instalarán 1.5 millones alrededor de todo Puerto Rico
No obstante, persisten desafíos importantes. Los apagones continúan afectando a miles de ciudadanos, los costos de materiales han aumentado y la generación de energía sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles. La falta de inversión en infraestructura y el proceso lento de obtención de fondos federales han retrasado la ejecución de proyectos críticos para la modernización del sistema.
Puerto Rico y el reto de una red moderna
Hubo una era, hace más de 50 años, cuando el progreso del sistema energético impulsaba el desarrollo económico de Puerto Rico. En aquel entonces, la red eléctrica se expandió con financiamiento federal, lo que permitió su
crecimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la falta de inversión en mantenimiento llevó a la red a un estado crítico, con una infraestructura envejecida y vulnerabilidades significativas. Hoy, la modernización del sistema eléctrico es una prioridad. La red enfrenta múltiples desafíos, desde líneas de transmisión obsoletas hasta unidades de generación que han superado su vida útil. A pesar de estos obstáculos, el gobierno federal ha jugado un papel clave en la transformación actual, destinando miles de millones de dólares para reconstruir y fortalecer la infraestructura eléctrica de la isla.
En este último tramo hace falta una perspectiva de pájaro—de guaraguao—sobrevolando las fincas, los valles y las áreas distantes de la generación eléctrica. Solo así podremos ver los desaciertos, los caminos sin salida y las rutas por donde avanzar paso a paso. Son muchas las encerronas por descifrar y los puntos difíciles por negociar.
Jorge Rodríguez, presidente fundador del Instituto de Libertad Económica, destaca la importancia del respaldo federal en este proceso. “Lo hemos visto; tuvimos al gobierno federal, como bien se explicó (en el primer artículo de esta serie), el cual se tuvo que meter para construir el ‘grid’ (el sistema),” menciona Rodríguez. “Y ahora se tuvo que meter de nuevo, porque ningún ente privado
lo va a hacer—difícil, si no le das una garantía, unos incentivos.”
Rodríguez también señala que el sistema energético ha afectado el desempeño económico de Puerto Rico, que ocupa la última posición en el índice de accesibilidad y estabilidad energética elaborado recientemente por Arizona State University. “En Puerto Rico, como teníamos un monopolio (energético), se hace bien difícil abrir el mercado y decirle a alguien que abra una planta de generación [o que reconstruya la red], porque nadie va a invertir $600 millones de dólares para competir con cuatro más. Y es que ese retorno lo va a tener de aquí a 30 años. Nadie nos va a dar el dinero.”
Para algunos observadores, la incorporación de operadores privados como LUMA para manejar la transmisión y distribución, y Genera PR en la generación de energía, representa un paso en la dirección correcta. “Mira, el operador privado era necesario para poder echar hacia adelante el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, y especialmente en esta área de distribución, administración y servicio al cliente,” explica el analista político Iván Rivera. “Era necesario porque la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es un asunto que corresponde a la física y a la ingeniería, no a la política.” Rivera también advierte que los contratos con los operadores privados difícilmente podrán ser cancelados por decisiones políticas. “El contrato es claro, y todos los señalamientos que se hacen de incumplimiento no son correctos,” señala.
En camino hacia una nueva red
“Esa gente me decía que (cuando vieron) lo que teníamos por sistema, no sabían ni cómo teníamos luz.
Porque lo que había aquí era un chorro de
remiendos,”
recuerda el ingeniero
Jorge Rodríguez.
“Aquí no hay una obligación del operador privado de evitar que se vaya la luz. Hay un asunto de eficiencia administrativa y de manejo adecuado de los recursos, operando con presupuestos balanceados, no pueden operar en déficit, esas son las obligaciones.”
Otro reto es la transición hacia energías renovables y su integración efectiva en la red. “Definitivamente, otro tema importante son las tecnologías que han cambiado; Puerto Rico no había hecho avances tecnológicos, pero como muy bien han explicado algunos expertos, al tú tener estos temas de energías renovables y tener los paneles solares, la gente produciendo, tus combinados; tu generación se supone que puede asimilar la carga del día y la carga de la noche— arrancar más rápido. Se puede buscar esa agilidad que caracteriza a los sistemas modernos, que Puerto Rico ahora mismo no tiene.”
El Plan de Recursos Integrados (PRI), que LUMA presentará en mayo de 2025, es visto con esperanza por el sector energético. Este será el tercer PRI desde 2016, pero el primero desarrollado bajo la nueva administración. Mientras que los planes anteriores estaban más centrados en combustibles fósiles, los efectos del huracán María y cambios en la política pública han reorientado la estrategia hacia fuentes más accesibles como el gas natural y la energía renovable.
¿Autopsia o Resucitación?
Más que arrancar postes y torcer torres con sus inmisericordes ráfagas, el huracán María expuso el grave estado de un sistema raquítico. Cuando las brigadas llegaron de Georgia, Nueva York y Florida para resucitar el sistema, se encontraron haciendo autopsias de sus subestaciones, torres y líneas. En los días después de la devastación, Rodríguez recorrió todo Puerto Rico. “Esa gente me decía que (cuando vieron) lo que teníamos por sistema, no sabían ni cómo teníamos luz. Porque lo que había aquí era un chorro de remiendos,” recuerda el ingeniero Jorge Rodríguez. “Si venían de Florida Power, o de donde sea; allá se hace todo por unas especificaciones, por unos protocolos. Porque esa gente, las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, yo creo que este tipo de manejo de una entidad privada lamentablemente no puede crear
la competencia que quisiera crear, y que hubiera mucha, por todo lo que hemos hablado. Pero para mí, va a provocar que se cumplan más con los estándares, con las especificaciones, que se mantengan las cosas dentro de su vida de uso, con su mantenimiento. Y eso a la larga, va a darnos un mejor funcionamiento del sistema. Lo que ocurre es que eso coge tiempo.”
Entonces, en la premisa de la ineficiencia privada que viene a tumbarle los activos al pueblo no está la contestación, aunque es entendible dada la dilación, la complejidad del proceso, y el prospecto de una factura de luz a futuro que nos parta a todos por el medio. Con esos parámetros bien presentes, se trabajaron rigurosas métricas en los contratos de Genera y LUMA.
¿Con dinero o sin dinero?
El contrato de LUMA es distinto porque tiene dos tipos de compensaciones: uno bajo un contrato suplementario y otro de 15 años que comienza cuando la Autoridad salga de la quiebra.
“El contrato a 15 años todavía no ha iniciado; LUMA está operando bajo lo que se conoce como el
contrato suplementario, un contrato adicional que se hizo dado el caso de que la Autoridad todavía está bajo el Título III (proceso de quiebra)”, explica el Lic. Rivera. “Una de las condiciones para que el contrato de 15 años de LUMA entre en efecto, es que la Autoridad haya salido del Título III.”
“Ese contrato fue extendido de manera indefinida por el señor gobernador Pierluisi, y ahora mismo LUMA sigue operando bajo esas condiciones. Ahora, cuando entre el contrato a 15 años, LUMA tiene dos tipos de compensación. Tiene la compensación por la operación, que son $105 millones de dólares ajustado por inflación, más una compensación adicional de $20 millones, también ajustada por inflación, y esos $20 millones están sujetos a unas métricas de desempeño que el negociado de energía aprobó.”
A estas alturas del juego, mientras la Autoridad permanezca bajo el caso de Título III, queda en un patrón de espera el contrato de 15 años. Inicialmente se pensó que ese proceso estaría planchado en seis meses, por lo cual le pusieron 18 meses para el suplementario—para estar seguros. El contrato bajo condiciones de quiebra cumple 45 meses al día de esta publicación.
En camino hacia una nueva red
“No hay una solución única. O sea, a mí me preocupa mucho cuando alguien dice: ‘yo tengo esta solución y esta otra solución’.—Es una combinación de recursos,” explica
Fernando Padilla, vicepresidente de Desarrollo Comercial de CSA Group y exsubdirector ejecutivo de operaciones de la AEE.
El licenciado Ángel Rivera, excomisionado del Negociado de Energía de Puerto Rico, explica cómo la política pública ha influido en la transformación del PRI. “Recuerdo que yo firmé esa [segunda] orden, porque el negociado decidió comenzar un segundo proceso del PRI que culminó en el 2020 y bajo ese fue que se metieron en los llamados ‘tranches’ (tramo o porción) con distintos niveles de almacenamiento de batería,” recuerda Rivera. “La diferencia ha sido el cambio en la política pública con respecto a los recursos de generación.”
Aunque en 2016 la meta de energía renovable para 2035 era del 20%, la Ley 17 de 2019 incrementó esa meta al 40% para 2025 y al 60% para 2040. Sin embargo, la Ley 1 de 2025 eliminó las metas intermedias de recursos de energía renovable y extendió el uso del carbón hasta 2032. A pesar de los cambios en política energética, los expertos coinciden en que la transición hacia energías renovables no está descartada. “LUMA tiene una idea mucho más clara de las distintas propiedades del sistema y pueden hacer un análisis profundo de cómo sería esa interconexión, dependiendo de dónde el sistema se va a desarrollar,” menciona Rivera. Si se maximiza la energía solar a gran escala, los costos de generación podrían reducirse significativamente, pasando de 45 centavos por kWh en las unidades pico a unos 25 centavos por kWh con energía solar. Finalmente, los expertos concuerdan en que el sistema eléctrico de Puerto Rico necesita una combinación de soluciones, no una única alternativa. “No hay una solución única. O sea, a mí me preocupa
mucho cuando alguien dice: ‘yo tengo esta solución y esta otra solución’.—Es una combinación de soluciones. Es una combinación de recursos,” explica Fernando Padilla, vicepresidente de Desarrollo Comercial de CSA Group y exsubdirector ejecutivo de operaciones de la AEE. “Nuestro sistema estaba diseñado para suplir aquella carga industrial de Puerto Rico en los años 60, 70, 80, 90—que ya ha desaparecido. Necesitamos recursos que requieran menos líneas de transmisión y que estén más cercanos a la carga.”
El futuro del sistema energético de Puerto Rico dependerá de la implementación efectiva de estas estrategias y del compromiso de todos los sectores involucrados. Aunque el camino es largo y los desafíos son grandes, las oportunidades para un sistema más eficiente y resiliente están sobre la mesa.
Jorge Rodríguez, presidente del Instituto de Libertad Económica, destaca la importancia del respaldo federal en este proceso. “Lo hemos visto; tuvimos al gobierno federal, como bien se explicó [en el primer artículo de esta serie], el cual se tuvo que meter para construir el ‘grid’ [el sistema],” menciona Rodríguez. “Y ahora se tuvo que meter de nuevo, porque ningún ente privado lo va a hacer— difícil, si no le das una garantía, unos incentivos.”
Conclusión
En esta crisis energética que vive la isla, LUMA Energy se ha convertido en el principal villano, aunque en esta historia hubo y hay
más responsables. Después de entrevistar a más de una decena de profesionales del sector energético a través de estas últimas cuatro semanas, podemos reportar que la raíz del problema va mucho más allá de la compañía licitadora contratada para operar y manejar la red de transmisión y distribución de Puerto Rico.
En una investigación que incluye cientos de artículos y más de una decena de planes fiscales—hubo dos en el 2018 después de que el huracán María torciera torres, postes e inundara subestaciones—se evidencia un sistema eléctrico que carecía de reparaciones y mantenimiento por diversas razones. La corporación pública emitió deuda para tapar boquetes fiscales mientras dejaba el costo de la luz sin ajustes. Era solo cuestión de tiempo antes de que la Autoridad colapsara.
Nuestros trabajadores en el sector energético no son los culpables de una crisis que se ha venido acumulando durante décadas. La historia revela que el mal manejo, el desequilibrio presupuestario, una red sin resiliencia y unidades de generación obsoletas son el resultado de una dejadez que ahora cobra factura. El costo, tanto en esfuerzo como en inversión, es monumental. Lo que tomó décadas en deteriorarse no se arreglará de un día para otro. Siempre habrá soluciones mientras haya voluntad de país.
