Cada uno por la Justicia
Juez ecuatoriano ordena prisión a ex ministro colombiano
Un juzgado ecuatoriano ordenó el lunes la prisión preventiva del ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos "por presunto delito contra la vida", dentro del proceso que investiga la incursión de militares de Colombia para atacar un campamento de las FARC en Ecuador. "El juez dispuso la prisión preventiva por presunto delito contra la vida", señaló a la AP Carlos Jiménez, fiscal de la unidad de delitos contra la vida en Nueva Loja, capital de Sucumbíos, 180 kilómetros al este de Quito. Daniel Méndez, juez primero de garantías penales de Sucumbíos, provincia amazónica donde se ventila el proceso, dictó la orden de prisión por considerarlo sospechoso de coordinar y disponer el ataque militar del 1 de marzo del 2008 en que murieron 25 personas, incluido el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos. El campamento guerrillero se encontraba instalado clandestinamente en Angostura, a pocos kilómetros de la frontera. El fiscal explicó telefónicamente que pidió medidas cautelares contra Santos porque según la "información que tenemos fue la persona que dirigió, coordinó y ordenó el operativo en Angostura, en la selva de Ecuador". El presunto delito es contra la vida "de todas las 25" víctimas del ataque. El fiscal Jiménez señaló que en un plazo de 90 días la fiscalía deberá "establecer la autoría o desvirtuar" el presunto delito cometido. "El hecho de iniciar un proceso no significa que sea responsable, sólo el tribunal penal (tiene la facultad de dictar una) sentencia", aclaró. La AP intentó contactar al juez pero no fue posible ubicarlo de inmediato. El defensor de oficio de Santos, Wálter Lombeida, 18 México, julio 2009 Cooperación Voluntaria
América Latina
rechazó "profundamente la acusación" contra el ex ministro colombiano. "No hay evidencias de su presunta participación (de Santos), sólo publicaciones de la prensa", dijo Lombeida desde Nueva Loja, citado en la edición electrónica de diario El Comercio. En Bogotá, el ministro de Defensa interino, general Freddy Padilla, dijo vía telefónica a la AP que la decisión del juez ecuatoriano "causa extrañeza". Padilla no se refirió a que la acusación menciona el supuesto delito contra la vida de todos los abatidos en el ataque del 2008, y solamente dijo que el ecuatoriano Franklin Aisalla murió como consecuencia del bombardeo y no por un tiro de gracia o torturas, según el examen que le practicó el Instituto de Medicina Legal de Colombia. En tanto, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, en declaraciones al canal local RCN, manifestó que "ninguna acción militar contra el terrorismo puede considerarse ilegítima. Lo ilegítimo es el terrorismo". Valencia consideró que el juez ecuatoriano "se ha extralimitado. Eso fue un abuso de sus funciones". El juez giró instrucciones a la policía para que efectúe la captura de Santos. No está claro si la orden sería transmitida a Interpol debido a que Santos vive en Colombia. Por el caso de Aisalla, Quito demandó a Bogotá argumentando violación del derecho a la vida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Según el gobierno ecuatoriano, Aisalla murió como consecuencia de una ejecución extrajudicial, versión que ha sido negada por Colombia, que sostiene que el hombre de 38 años murió en el bombardeo colombiano al campamento. El periodista de The Associated Press Libardo Cardona contribuyó con esta información desde Bogotá.