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Boletín No. 24

México Enero 2011/ Cooperación Voluntaria


No.

24 México Enero 2011| Cooperación Voluntaria

Acciones y Justicia 2010: Un año más de lucha por la justicia y contra la impunidad.

Colombia pág. 1

Denuncia ante el Tribunal Antiimperialista del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. pág. 3 Propuesta de pronunciamientos del 17ª Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes

pag. 6

Análisis y Opinión Imperialismo, terrorismo de Estado y criminalización de la protesta social. pág.7 Colombia: más de 38 mil personas desaparecidas en los ultimos tres años pág.9

Asesinado líder de la comunidad campesina de Blanquicet...

pág. 11

Barbarie en el Arauca

pág. 12

Retratos de Delincuentes El fascista Uribe en 8 años de gobierno...

pág. 15

Hermano del expresidente coloombiano será investigado por nexos con paramilitares.

pág.17

Comercio sexual, comercio de drogas, la nueva fase paramilitar urbana: control comercial de las niñas y jóvenes pág.19

Este Boletín es presentado por: • Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, Ecuador (México) • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, AFADEM FEDEFAM (México) • Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, ASDDHEG (México) • Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, ADHEM (México) • Asociación de Barcelona en Apoyo a México, ABAM (Catalunya) • Association Toulousaine de Solidarité envers le Mexique, ATSM (Francia) • Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México) • Colectivo Estudiantil Carlos Marx (México) • Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C. (México) • Fundación Diego Lucero A.C. (México) • Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonia Mella, FLE-JAM (México) • Grupo de Acción Revolucionaria, GAR (México) • Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH (Argentina) • Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh (México) • Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, RUMODH (México) • Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ (España) • Solidaritat per el Desenvolupament y la Pau del Pais Valenciano, SODEPAU-PV (Pais Valenciano) •Partido de los Comunistas


Acciones y Justicia

2010: Un año más de lucha por la justicia y contra la impunidad. Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbios. Para nosotros los amigos, familiares y padres de los estudiantes víctimas de los bombardeos ejecutados por la fuerza pública colombiana en territorio de Ecuador, el 1 de marzo de 2008, que provocó la muerte de 25 personas y cometió delitos incluso penados internacionalmente, esta masacre no puede quedar impune. No existe justificación alguna que reduzca la culpa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y de todos los militares y policías que les quitaron la vida entre otros a nuestros hijos, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo y dejaron herida y torturaron a Lucía Morett Álvarez. Queremos en estas líneas hacer un breve recuento de las acciones que realizamos durante 2010 y los principales acontecimientos que marcaron este año, pues a la par que luchamos porque se haga justicia y se deje de criminalizar a Lucía Morett, trabajamos para evitar que el silencio y el olvido entierren la memoria de estos jóvenes mexicanos que resueltamente

estudiaban y luchaban por un mundo mejor. No se puede perder de vista que ellos fueron asesinados en la agresión más grave que se haya cometido en la historia reciente de América Latina, ya que se trató de un ataque premeditado y realizado con sorpresa, mediante el cual el gobierno colombiano apoyado por el imperio norteamericano, sin existir conflicto o declaración de guerra alguna contra Ecuador, invadió y bombardeó ese país bajo el pretexto de perseguir al terrorismo, provocando una situación que puso al borde de la guerra a la región. Así, mes a mes, protestamos en la embajada de Colombia por los crímenes cometidos por ese Estado y las violaciones a los derechos humanos que realiza incluso contra su pueblo, con el asesinato de jóvenes que disfrazan de guerrilleros. Dos hechos destacan de nuestras protestas, logramos en una entrevista que el embajador de ese país en México, Luis Camilo Osorio, reconociera la labor de espionaje y la persecución con fines políticos que realizan en contra de estudiantes especialmente de la UNAM. También evidenciamos la prepotencia, cinismo e ilegalidad con la que actúan, al dar a conocer públicamente las amenazas de muerte y agresiones que recibimos desde la embajada de Colombia. Lamentablemente, aunque advertimos a las autoridades de nuestro país de esas graves violaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores no hizo nada para parar las acciones injerencistas. La denuncia llegó a diferentes medios y mostró la cercanía política de nuestro gobierno con el colombiano y el desinterés

México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 1


Acciones y Justicia en la defensa de los connacionales, como ha sucedido con nuestros hijos. En el marco del encuentro de naciones de América Latina, en febrero de 2010, nos reunimos en Cancún con el presidente de Ecuador Rafael Correa, allí él reafirmó su convicción de que nuestros hijos no cometieron delitos, que fueron víctimas de un ilegal ataque que les arrancó la vida y que él no avaló el pedido de extradición del poder judicial ecuatoriano de Lucía Morett. Estas declaraciones fueron muy importantes para nuestros objetivos de exigir justicia y evitar que continúe la persecución política en contra de Lucía Morett, dado el papel clave que como sobreviviente y testigo de la masacre tiene. Otro hecho a destacar es que al finalizar la marcha que realizamos el 1 de marzo donde conmemoramos el segundo aniversario de la masacre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos informaron la resolución que tomaron de rechazar el pedido de extradición de Lucía Morett a Ecuador, este decisión positiva y apegada a la verdad de los hechos, ha sido considerada por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador de imprecisa por lo que pedirán al gobierno mexicano que aclare el sentido de su determinación. Desde luego que nos sumaremos al pedido para que de una vez por todas las autoridades de nuestro país enérgicamente manifiesten que no hay pruebas de delito alguno y que no procede extraditarla a Lucía a Ecuador o país alguno.

De las acciones más importantes que emprendimos fue la de repudiar en julio la visita a México del Sr. Juan Manuel Santos, entonces presidente electo de Colombia y exigir su detención. En la PGR lo señalamos como uno de los principales responsables del asesinato de nuestros hijos y del intento de homicidio contra Lucía Morett, ya que tanto él como el Álvaro Uribe reconocieron con orgullo haber ordenado el ataque. Días después la PGR, demostrando su complicidad y falta de voluntad para actuar conforme a derecho, nos respondió que no tenía elementos para procesarlo. De las múltiples asignaturas que tenemos pendientes es la de promover ante la ONU el que en el informe del relator especial para ejecuciones extrajudiciales que estuvo investigando los casos existentes en Ecuador, se contemple a las víctimas de la masacre de Sucumbíos, ya que actualmente no están consideradas a pesar de que el tema le fue presentado por diversas ONGs de derechos humanos. Como Asociación nos manifestamos en Morelia en contra de la presencia de Álvaro Uribe en esa ciudad y junto a muchos ciudadanos participamos en movilizaciones de protesta, ya que resulta inadmisible que personajes como él, asesinos y violadores de los derechos humanos, cuenten con el apoyo de una derecha internacional que le permite recibir “doctorados honoris causa” e invitaciones para participar en misiones humanitarias de la ONU para investigar el ataque israelí, en aguas internacionales, a una caravana de buques por la paz para Palestina, desde luego sin tener autoridad moral para ello. También, identificados con el dolor y la situación de injusticias y violencia que sufren los habitantes de Ciudad Juárez, estuvimos acompañando a padres y pobladores que reclaman el cese de los ataques en contra de mujeres, de jóvenes y estudiantes, víctimas constantes de atentados contra la vida y de una irracional criminalización. En octubre una nota importante que nos

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Acciones y Justicia motivo a fortalecer nuestra lucha. Por vez primera en 50 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aceptó como admisible y fundado, el reclamo de Estado de Ecuador contra el de Colombia, por el asesinato de un ciudadano ecuatoriano en la masacre de Sucumbíos, en el importante escrito nuestros hijos si bien son señalados como víctimas no son considerados en el reclamo de Ecuador, hoy una tarea importante es luchar porque se le incorpore también en el denuncia. En noviembre formamos parte activa del Tribunal de los Pueblos en Movimiento y denunciamos además del asesinato de nuestros hijos y el reclamo de justicia para encarcelar a los responsables de la masacre, señalamos la violencia que se ejerce en contra Lucía Morett al mantener abierto un proceso penal en Bogotá, totalmente injusto e infundado, y por el que se le acusa a ella de financiar y apoyar el terrorismo, por el propio gobierno colombiano que atentó contra su vida y que logró que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra. Estuvimos presentes en movilizaciones y actos de protesta por el caso de los compañeros del SME, estuvimos en muchos otros foros y medios de prensa, además logramos mantener este boletín como un medio para difundir nuestra lucha. Muchas actividades hay que emprender, dos tenemos contempladas de manera general: fortalecer nuestra estrategia jurídica con los reclamos para los diferentes Estados involucrados e impulsar una importante campaña para que la masacre no quede impune. Agradecemos los apoyos y la solidaridad de diversos colectivos estudiantiles y de defensores de los derechos humanos. Así, por ejemplo la colaboración de varios compañeros hizo posible que se escuchara nuestra voz en el 17 Congreso Internacional de la Juventud y los Estudiantes que se celebró en Pretoria, Sudáfrica y en el que propusimos que cada 1 de marzo se considerado el Día Internacional de la Juventud y los Estudiantes Solidarios y de sumarse a nuestro reclamo porque los asesinos de nuestros hijos sean castigados conforme a derecho.

DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL ANTIIMPERIALISTA DEL FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y DE LOS ESTUDIANTES. A LOS JÓVENES Y ESTUDIANTES DEL MUNDO A LAS DELEGACIONES ASISTENTES AL 17° FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A todos los asistentes al Festival reciban un cordial y fraterno saludo de parte de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador. Les pedimos a todos ustedes una disculpa, ya que por diversos motivos ajenos a nosotros, no fue posible que viajara una delegación de la Asociación a la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, la nuestra es una ausencia física, pero nuestra admiración y nuestro corazón están al lado de cada uno de ustedes. SEÑORES DEL JURADO, ESTOS SON LOS HECHOS Nosotros, somos una organización mexicana conformada por los Padres, Familiares y Amigos de Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Lucía Andrea Morett Álvarez, jóvenes estudiantes mexicanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado colombiano, ya que el 1° de marzo de 2008, ellos se encontraban de visita en el campamento diplomático del Comandante Raúl Reyes de las FARC-EP ubicado en territorio ecuatoriano, cuando fue bombardeado por el Ejército de Colombia y que derivó en el asesinato de 25 personas, entre ellas, México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 3


Acciones y Justicia un ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalla y, de cuatro de nuestros hijos, Verónica, Soren, Juan y Fernando, logrando únicamente sobrevivir Lucía Morett. Desde marzo de 2008 a la fecha, hemos decidido iniciar una lucha por justicia, por lograr llevar el caso de la masacre de Sucumbíos ante Cortes Internacionales para que los principales responsables de ella, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, ex-presidente y actual presidente de Colombia respectivamente, sean juzgados por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido durante tantos años. Nuestra lucha es al mismo tiempo por la verdad, por evitar la impunidad de los asesinos, por buscar la libertad y seguridad de Lucía Morett, pero también es una lucha por defender que los jóvenes del mundo no sean perseguidos, criminalizados, o peor aún, asesinados solamente por pensar diferente, por querer buscar un mundo mejor con justicia y paz para los pueblos, por ser sensibles al sufrimiento de quienes han padecido el horror de la injusticia, por ser solidarios con causas justas y nobles de lucha por la dignidad de los pueblos. Una lucha que no ha sido fácil, ya que nos enfrentamos a uno de los Estados más intolerantes y violentos en la historia reciente de América Latina, como lo es el colombiano, quien cuenta con el respaldo del imperio norteamericano, que ha decidido plagar de violencia y miseria a los pueblos latinoamericanos, combatiendo ferozmente todo intento por lograr una autonomía, por lograr la paz y justicia, pero como la historia nos ha mostrado los pueblos construyen su destino y América Latina está en la alborada de un nuevo amanecer que le depara nuevas esperanzas de vida, pero ello conlleva que los grandes capitales y el imperio no cesarán en su afán de seguir explotando y sojuzgando a los más débiles, por lo que es necesario que todos unamos fuerzas, que todos luchemos desde nuestros más sencillos pero válidos esfuerzos por no permitir más violencia para nuestros pueblos. Nosotros como organización, entendemos que la lucha por justicia en el asesinato de nuestros cuatro hijos y de exigir se detenga la injusta persecución política en que se ha sometido a Lucía Morett, es una 4 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

contribución importante para construir una América Latina libre de impunidad, para evitar que se sigan cometiendo crímenes en contra de la población, bajo falsos discursos de combate al terrorismo, al narcotráfico o al narcoterrorismo, cuando es bien sabido que quienes en verdad actúan como terroristas y se encuentran vinculados a la delincuencia y a innumerables crímenes, son aquellos que han masacrado a los pueblos desde el poder y usando de pretexto estas ideas. Ante este Tribunal Internacional del Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, hacemos pública una vez más las denuncias que hemos llevado en todos los espacios y foros que solidariamente nos han abierto, exigimos que los Estados asuman una posición coherente con la defensa de los Derechos Humanos y, que se exija la detención y se juzgue en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos como principales responsables de la masacre de Sucumbíos, del asesinato de cuatro jóvenes estudiantes mexicanos y de la diversas agresiones que sufrió Lucía Morett, pero también por todos los delitos que han cometido en contra del pueblo colombiano, implementando un modelo de terrorismo de Estado que se ha convertido en el modelo a seguir por muchos gobiernos y donde desafortunadamente el de México es uno de los principales. Con suma preocupación vemos cómo en México cada día ocurren masacres, agresiones, persecuciones y desapariciones políticas, tal y como han ocurrido en Colombia durante tantos años, se criminaliza a la oposición, a la protesta social, pero sobre todo a los jóvenes, día a día México se está convirtiendo en un nuevo experimento de violencia política y social bajo el modelo de la colombianización, por ello, nuestra lucha de denuncia adquiere al mismo tiempo mayor relevancia, es imperante detener este proceso de agresión contra el pueblo de México y, debemos exigir ante todos los espacios y tribunales internacionales que se detenga la violencia sistemática contra la población en México y en Colombia. El Estado mexicano debe de asumir su responsabilidad de ser el garante de la seguridad de su población y, al


Acciones y Justicia mismo tiempo exigir que se castigue a los responsables del asesinato de cuatro ciudadanos mexicanos en Sucumbíos, Ecuador, a manos del Estado colombiano, no podemos permitir que desde el poder se solape la impunidad de los criminales y que el gobierno mexicano los proteja, ya que en varias ocasiones tanto Uribe Vélez como Juan Manuel Santos han visitado nuestro país y las autoridades mexicanas no han procedido conforme a derecho, más grave resulta aún, que el entonces embajador de Colombia en México amenazó de muerte a los miembros de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, que pacíficamente nos manifestábamos en las afueras de la embajada de Colombia en Junio de 2010. Defender a las víctimas de Sucumbíos, es al mismo tiempo defender la vida y los derechos de los jóvenes latinoamericanos, es una lucha por y para ustedes los jóvenes del mundo, en cuyas manos está el transformar el futuro de la humanidad. Los jóvenes siempre han sido un ejemplo de ímpetu, de arrojo por las causas más nobles y justas que se han desarrollado a lo largo y ancho de este planeta, los jóvenes son el motor de los cambios, del progreso de la humanidad, debemos defenderlos, debemos protegerlos, debemos de seguir su ejemplo, tal y como nosotros, como Madres, Padres y Familiares de Verónica, Soren, Juan, Fernando y Lucía, hemos aprendido, ellos, nos dieron la más hermosa lección en nuestras vidas, la de ser solidarios. Nuestros hijos fueron jóvenes comprometidos con su tiempo, con su historia y con su pueblo, tal y como en este recinto, en este Festival existen miles, en todos y cada uno de ustedes vemos el reflejo de ellos, vemos esa mirada de esperanza por un mundo mejor, pero luchando a cabalidad, en cada espacio y momento para lograrlo. SEÑORES DEL JURADO ANTIIMPERIALISTA:

DEL

TRIBUNAL

Fernando Franco y Lucía Morett, sigamos el ejemplo de la juventud comprometida, pero al mismo tiempo, queremos realizar ante ustedes, las siguientes peticiones: - Instituyamos el 1° de marzo de cada año, como el DÍA DEL JOVEN Y DEL ESTUDIANTE SOLIDARIO, como una forma de mantener viva la memoria y el ejemplo de estos cuatro jóvenes estudiantes mexicanos y de la única sobreviviente mexicana, como una forma de reconocer su amplia labor de solidaridad para con el sufrimiento de los pueblos, de entregar su corazón y su vida en la construcción de una América Latina libre, independiente, con justicia y paz para sus pueblos. - Pedimos se señale como culpables de asesinato e innumerables violaciones a los Derechos Humanos a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, ya que ellos son los principales responsables confesos de la masacre de Sucumbíos, Ecuador, del asesinato de nuestros cuatro hijos y de la persecución ilegal contra Lucía Morett. A la par de considerar al imperialismo norteamericano como coparticipe de la masacre. - Hacemos un atento llamado a que los señores del jurado consideren la corresponsabilidad del imperialismo norteamericano en la masacre de Sucumbíos y en el asesinato de nuestros cuatro hijos, Estados Unidos apoyó con armamento y logística militar ese crimen de Estado. Hacemos pues, un atento llamado para que todos sigamos denunciando en todo el mundo la masacre de Sucumbíos como un ejemplo de la sed de guerra que tienen los poderosos, que tiene el imperialismo. No dejemos que esto vuelva a ocurrir, que sigan asesinando a la juventud, construyamos referentes de lucha para los jóvenes, logremos constituir el 1° de marzo como un día de dignidad y lucha de la juventud. México, D.F., diciembre de 2010.

Sea esta denuncia ante los jóvenes y estudiantes de todo el mundo, ante ustedes, como un homenaje a Verónica Velázquez, Soren Avilés, Juan González, México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 5


Acciones y Justicia

Propuesta de pronunciamientos del 17° Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Petroria, Sudáfrica, 2010. Ante la masacre perpetrada por el gobierno colombiano el 1° de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador en agravio a nuestros hijos, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, propone al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes las siguientes conclusiones: - Condenar al gobierno de Colombia por terrorismo y crímenes de Estado cometidos en contra de 25 personas que fueron asesinadas en territorio de Ecuador mientras dormían, en la ilegal incursión y bombardeos realizados por la fuerza pública colombiana el 1° de marzo de 2008, en el ataque a un campamento de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. - Considerar como víctimas civiles a los estudiantes mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles quienes fueron ejecutados extrajudicialmente en esa acción militar violatoria del derecho internacional y los derechos humanos y a Lucía Andrea Morett Álvarez quien sobrevivió a ese ataque sufriendo graves lesiones y torturas provocadas por el ejército y la policía colombianas. - Llamar a detener la criminalización que el Estado colombiano y los medios de difusión vinculados al imperio han realizado contra los jóvenes mexicanos víctimas de la masacre de Sucumbíos y, a que se detenga la ilegal e injusta persecución política que sufre Lucía Morett quien, a solicitud de un juzgado de Colombia, tiene una orden de localización y captura emitida por la Interpol, acusada de participar y financiar actividades delictivas con fines terroristas. 6 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

- Reivindicar la legitimidad de la labor de los jóvenes estudiantes mexicanos, solidarios e internacionalistas, quienes trabajaban por entender las causas de los movimientos sociales que se gestan en Nuestra América y su interés por contribuir a la comprensión del conflicto social y armado que desangra al hermano pueblo colombiano, mediante un pensamiento crítico y solidario, por lo que proponemos que se instituya el 1° de marzo de cada año como el DIA DEL JOVEN Y DEL ESTUDIANTE SOLIDARIO, como un homenaje y reconocimiento a nuestros hijos y a todos aquellos jóvenes caídos en la búsqueda de un mundo mejor y más justo. - Invitar a que en todos los foros internacionales que sea posible se condene a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos como responsables confesos del asesinato de nuestros hijos y de las innumerables violaciones a los Derechos Humanos de cientos de colombianos y de Lucía Morett, exigiendo que se les castigue, conforme a derecho, junto a los actores materiales. - Hacer un llamado a que se detenga la criminalización de los jóvenes, de la solidaridad y de la protesta social y por la no intervención imperialista, por la libertad y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el mundo. México, D.F., diciembre de 2010.


Análisis y Opinión

Imperialismo, terrorismo de Estado y criminalización de la protesta social. Mariana López de la Vega, Miguel Ángel Aguilar González y José Enrique González Ruiz Rebelión Buena parte de la historia y la realidad de Latinoamérica tiene qué ver directa o indirectamente con las políticas intervencionistas que el imperialismo estadounidense ha ejercido siempre en la región, y que formalizó en 1823 con la famosa “Doctrina Monroe”. Por medio de diversas tácticas -que van desde la negociación, la amenaza, la intimidación y la coerción, hasta la invasión militar y el apoyo a regímenes domésticos oligárquicos que han ejercido el terrorismo de estadoel imperialismo norteamericano se ha asegurado de ejercer su influencia en un amplísimo territorio, que es considerado por ellos como parte integral, si no de su soberanía, sí de su seguridad y prosperidad nacionales. No es casualidad que nos denomine como “su patio trasero”. La presencia, influencia y acción norteamericana en la política, la economía y hasta en la cultura de nuestros países, ha significado una constante de dominación coerción y contención de los procesos de lucha y resistencia políticos, sociales y culturales que históricamente han surgido en búsqueda de la consecución de justicia, libertad, paz y autodeterminación de nuestros pueblos. La comprensión del modo de operación del imperialismo yanqui y de sus políticas intervencionistas en los asuntos internos de los países latinoamericanos nos ayuda a entender la correlación existente entre acontecimientos recientes que representan graves amenazas a la seguridad, la paz y los derecho a la resistencia y la autodeterminación, más allá de las estrechos márgenes que representa el binomio capitalismo-“democracia”, considerado por ellos como el único modelo aceptable y viable. El gobierno de

USA, sin importar su filiación partidaria, proclama su “derecho” a supervisar a los demás países en el cumplimiento de deberes internacionales y a imponer castigos a quienes sean desaprobados. Son políticas y acciones concretas las que relacionan al gobierno estadounidense con los intentos separatistas y desestabilizadores en Bolivia; y con las constantes, y cada vez más beligerantes, agresiones contra Venezuela. Son ellos quienes suministran apoyo logístico, militar, financiero, mediático y político al gobierno terrorista de Santos en Colombia, en una guerra contra lo que denominan “narcoterrorismo”, la cual ha sido en realidad un guerra contra el pueblo organizado, los opositores políticos, y los defensores de DDHH. Es la “diplomacia” estadounidense la que operó “políticamente” desde una de sus bases militares el golpe de estado en Honduras contra el presidente Zelaya. Así mismo, hay rastros y evidencias de la presencia de diversos organismos gubernamentales de EEUU en el reciente intento golpista en Ecuador. En México, tiene también participación por medio de la llamada “Iniciativa Mérida” en la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón la cual -como sabemos- se ha zanjado con más de 30 mil muertes violentas, en lo que va del sexenio, y ha sumergido a buena parte del territorio y algunas ciudades, en un verdadero estado, no de sitio, sino de terror. De los acontecimientos recientes mencionados hay hasta ahora, dos experiencias. Por un lado se encuentran los países que pese al hostigamiento y agresiones constantes del imperialismo y sus aliados locales han logrado seguir adelante con sus procesos de cambio social, tal es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, estos dos últimos además han logrado revertir respectivamente, intentos golpes de estado y agresiones directas a sus presidentes. Y en el otro extremo encontramos a tres países que desarrollan y llevan acabo acciones y políticas concordantes con los dictados imperiales, tanto en lo económico como en lo político y policiaco-militar. Hablamos de México, Colombia y Honduras, que son utilizados como punta de lanza para fortalecer el dominio estadounidense de la región. México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 7


Análisis y Opinión En estos tres países, amén de los problemas que entraña la aplicación del modelo económico neoliberal, las políticas desarrolladas registran un saldo grave en materia de DDHH. Los tres países tienen en común un número creciente de presos políticos, hostigamiento, persecuciones, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones, torturas y desplazamientos forzados.

Sin embargo, la criminalización de la protesta social no podría explicarse y aplicarse sin el “linchamiento mediático”. Este último crea las condiciones psicológicas en la sociedad para que acepte una política represiva aplicada en contra de otros, a quienes previamente se los muestra como violentos, peligrosos, enemigos de la sociedad y el país, saboteadores o terroristas. La lista de calificativos puede ser extensa.

Para lograr lo anterior, se implementan políticas de contención-dominación-coerción dentro de las que destaca la criminalización de la protesta social. Ésta constituye una estrategia privilegiada como mecanismo de encubrimiento ideológico y de legitimación política y social de las acciones represivas del Estado en contra de luchadores sociales, dirigentes comunitarios, periodistas y comunicadores alternativos; activistas, estudiantes y opositores en general.

Sin dar derecho a la defensa o a la réplica, envilecen a quien se ha convertido en objetivo político lanzando en su contra todo tipo de juicios de valor negativos; lo juzgan y sancionan ante la sociedad sin otorgarle el derecho a la defensa. Así, todo lo que el Estado haga en su contra es poco, e inclusive faltaría fuerza en la ley para reprimirlo. De esa manera el Estado consigue la justificación para golpear y reprimir, con base en un consenso social.

La criminalización de la protesta social se produce cuando el Estado utiliza e interpreta la legislación penal para juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de personas y organizaciones sociales. De modo tal que un reclamo o una acción de protesta, considerados como derechos, son convertidos en delitos. Los derechos de expresión, organización, comunicación, defensa y hasta de debido proceso son impedidos en la práctica, lo cual lleva a ahogar la voz de quienes más necesitan ser escuchados. Actualmente en México y Colombia cualquier asesinato, desaparición, secuestro o agresión física no se investiga, sino que se justifica de inmediato como “relacionada con el crimen organizado” o el “narcoterrorismo”. Los propósitos de una política de esta naturaleza son claros: hostigar, perseguir y reprimir a quienes ejercitan una actividad política en distintos frentes del quehacer social-popular y, de esa forma, inhibir la oposición al régimen o a alguna de sus acciones de gobierno. Como política de Estado, para su ejecución requiere de la acción de gobernantes, funcionarios, jueces, fuerzas militares, policiales y/o paramilitares, políticos y medios de comunicación. Por tanto estas acciones constituyen una forma de gobernar y de ninguna manera un comportamiento circunstancial. 8 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

Esto es lo que ha ocurrido con las víctimas del bombardeo colombiano en Ecuador, y particularmente contra Lucía Morett, quien continúa perseguida con causas penales en Ecuador, México y Colombia además de un pedido internacional de detención por parte de INTERPOL. Es lo que ocurre con el profesor Miguel Ángel Beltrán, detenido arbitrariamente en México y deportado indebidamente a Colombia. Y es lo que ha ocurrido con las víctimas de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, e incluso con amigos y familiares de las víctimas. Se ha gestado un clima de persecución internacional, que busca criminalizar a los luchadores sociales como el caso del chileno Manuel Olate del Partido Comunista que está en prisión preventiva por un pedido de extradición en Colombia. Por otra parte, la senadora Piedad Córdova fue privada del cargo para el que fue electa, con la argucia de que colabora con la insurgencia, cuando fue ella quien encabezó la misión “Colombianos por la Paz” que logró la liberación de varios rehenes. También fue inhabilitada para ocupar cargos públicos, cuando se trata de una persona que ha luchado incansablemente por la paz. Ante esto nos parece impostergable alertar y


Análisis y Opinión denunciar tanto las políticas imperialistas y las acciones intervencionistas como las políticas de seguridad que se desarrollan como terrorismo de Estado, así como la criminalización de facto de la protesta social y el derecho a pensar y expresarse críticamente, ya que estas acciones que surgen del Estado y de la colaboración entre estos constituyen ofensas y atentados concurrentes contra la vida, los DDHH, la paz, la seguridad y la autodeterminación. Estas políticas de seguridad están acompañadas de una impunidad de las fuerzas castrenses que asesinan a civiles, principalmente a los jóvenes. Por ello resulta necesario reivindicar y dar voz a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las organizaciones sociales, a los comunicadores, activistas, defensores, artistas, intelectuales y estudiantes que desde el ejercicio de sus legítimos derechos buscan un mundo más justo y más digno de ser vivido. México no merece una “colombianización” al estilo Uribe-Santos, sino un destino de unidad con las luchas libertarias de América Latina y del mundo. Libertad a Miguel Ángel Beltrán. Exoneración total a Lucía Morett. Castigo a los asesinos de Juan, Verónica, Soren y Fernando, caídos en Sucumbíos a manos de los terroristas colombianos. Mariana López de la Vega y Miguel Ángel Aguilar González: Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América: José Enrique González Ruiz: Postgrado en Derechos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México:

Colombia: más de 38 mil personas desaparecidas en los últimos tres años. informe Medicina. Legal, 2010. Con VIDEO Los “gobiernos democráticos” de Colombia han superado dramáticamente las cifras de desaparecidos de toda la dictadura argentina. La desaparición forzada en Colombia es un crimen de Estado que según asociaciones de víctimas ronda los 250.000 desaparecidos en 20 años, como lo denunció Piedad Córdoba. Por Telesur En Colombia se registraron 38 mil 255 personas desaparecidas en los últimos tres años, según el último informe ofrecido por Medicina Legal, en este sentido, organizaciones de víctimas aseguran que el problema obedece a grupos paramilitares y agentes estatales que ven en esta práctica una oportunidad de callar a la oposición. 

 El informe de Medicina Legal señala que en Colombia durante 2009 se reportaron 18 mil 236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidenció un progresivo incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad fue de 15 mil 696 personas, 11 mil más que el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron cuatro mil 323 desaparecidos. 

 La madre de cuatro desaparecidos entrevistada por teleSUR, que pidió no ser identificada por motivos de seguridad, afirmó que desconoce el paradero sus hijos al tiempo que teme por alguna represión por parte de grupos paramilitares.
 “Con esa incertidumbre que nos invade cada día, cada mañana me despierto pensando en mis hijos, que ya llegan, que donde estarán, que qué les habrán hecho”, expresó la madre de las víctimas. México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 9


Análisis y Opinión Por su parte, el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (Codhes), Marcos Romero, aseguró que “ya superamos el nivel de desapariciones de Argentina que estuvo cerca de las 30 mil personas y esto puede pasar de unas 100 mil en las últimas décadas en el conflicto colombiano”. 

 La desaparición en Colombia se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores de oposición, resultado de este fenómeno son los más de tres mil cuerpos que actualmente están en poder la Fiscalía sin ser identificados, además de las casi tres mil fosas comunes repartidas en todo el territorio colombiano y cuya autoría se atribuye a grupos paramilitares y al propio Ejército colombiano. 

 De igual forma, la directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asafaddes), Gloria Gómez, sostuvo que estos hechos “necesariamente tienen que ver con funcionarios estatalesque participaban directamente en las desapariciones, luego fueron operativos conjuntos combinados y ahora se sigue tolerando que desaparezcan personas a manos de grupos paramilitares o emergentes como ahora se llaman y que es lo mismo”.

 Los más de 38 mil desaparecidos en 3 años son sólo el número de casos denunciados a Medicina Legal, por lo que este mismo departamento manifestó que la cantidad real es muy superior. El conteo y su divulgación formal, se inició luego de las apariciones de numerosas fosas comunes, cementerios y crematorios clandestinos de paramilitares en varios puntos de la nación.

 La Agencia Púlsar relata que con los “falsos positivos” (denominación que se le da a los casos de asesinatos de civiles por parte del Ejército Colombiano para hacerlos pasar por 10 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

guerrilleros muertos en combate), el Gobierno y las Fuerzas Militares esconden parte de las desapariciones forzadas.


Colombia

Asesinado líder de la comunidad campesina de Blanquicet que luchaba por la restitución de las tierras. La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz repudian el asesinato de Óscar Maussa, líder de la comunidad campesina desplazada que luchaba por la restitución de tierras usurpadas por grupos paramilitares en Urabá. EL 24 de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) Óscar Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan). Su cuerpo fue hallado en su finca, “La Poza del Guamo”, por un trabajador. Él estaba bocabajo con las manos atadas y habría muerto por un golpe contundente que le dieron en la cabeza con un objeto. Además, se encontró que las pertenencias en la casa de Óscar habían sido registradas. Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelantaban acciones de reclamación de tierras, representados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por la Comisión Colombiana de Juristas, a través de varios procedimientos judiciales, incluyendo los establecidos en la ley 975 de 2005. El caso de la Cooperativa se tramita actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes Entre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias socias de Cootragroblan.

El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó ordenó la restitución del bien inmueble “La Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan. Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan retornaran a sus tierras. El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad[1]. El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia), Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “Julio Ospino”[2], miembro de las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer” o “Convivir”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño. Como consecuencia del proceso penal que se abrió por la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil 8”, como coatuor de los delitos de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión de tierras y edificios. La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Interereclesial de Justicia y Paz rechazan y denuncian este crimen e instan al Gobierno nacional a dar pleno cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en consecuencia, brindar todas las garantías necesarias, especialmente para la protección de la vida e integridad personal de las familias que integran la Cooperativa. Estas mismas garantías deben ofrecerse a México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 11


Colombia todas las personas que están reclamando la restitución de sus tierras. Igualmente, instan a la Fiscalía General de la Nación para que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio de Óscar Maussa. También hacen un llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones efectivas para neutralizar a los grupos paramilitares que aún operan en el país. Comisión Colombiana de Juristas Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Barbarie en Arauca. Al horroroso hecho de que tres niños hayan sido cruelmente asesinados en Arauca se suman los preocupantes indicios de que algunos militares podrían estar involucrados en el crimen. Yenny acostumbraba ir a la escuela en burro con sus hermanitos. La niña ya había solicitado a su profesor los documentos necesarios para matricularse el próximo año en un colegio de Arauca. “Pánico y tristeza. Nada más”, es lo que sienten los 22 niños de la escuela Alto Caño Martín, en la vereda Carraos, de Tame, Arauca, según el profesor de esta remota institución rural donde estudiaban los hermanitos Torres Jaimes, cuya muerte tiene conmocionado al país. El profesor explica que la escuela estuvo abandonada varios días y que los menores apenas están empezando a retornar. Antes, ellos iban y regresaban solos de la escuela, en recorridos de más de una hora en burro o bicicleta. Ahora lo hacen acompañados de sus padres, pues cuando los niños ven al Ejército simplemente se niegan a salir de sus casas por físico miedo. En estas veredas todos sospechan que las tropas están involucradas en el espeluznante asesinato, ocurrido en la tarde del pasado 14 de octubre. Ese día, José Álvaro Torres, un humilde campesino, separado, que apenas alcanzó el segundo grado de primaria, salió de su rancho en la vereda El Temblador a trabajar como jornalero en una finca relativamente cercana. En la casa, hecha con tablas de madera y paja, quedaron sus tres hijos, solos, como tantas otras veces. Yenny y Yimmy Ferney estudiaban en una escuela campesina. De su hermanito menor, Jeferson Jovany de 6 años, asesinado con ellos, no hay registro fotográfico. La fosa en la que fueron escondidos los cuerpos de los tres hermanos está a 200 metros de su humilde vivienda. José Álvaro sepultó a sus hijos acompañado de amigos y vecinos

12 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria


Colombia Yenny, de 14 años, era la mayor y responsable de cocinar para sus hermanitos menores: Yimmy Ferney, de 9, y Jeferson Jovany, de 6. Al medio día, José llegó al rancho, almorzó con sus hijos y luego salió a trabajar de nuevo. Un poco después, le pidió a un vecino que fuera al rancho a recoger un repuesto, y este regresó con la noticia de que los niños no estaban. Sin embargo, no se alertó, pues pensó que estarían jugando en los alrededores. Pero al final del día, cuando se dio cuenta de que no regresaban, empezó su tragedia. Recorrió toda la zona preguntando por sus hijos pero nadie le dio razón. Al siguiente día, con la colaboración de varios campesinos, emprendió una búsqueda rigurosa. En vista de que no los encontraron, José se fue para Tame a alertar a las autoridades, mientras sus vecinos seguían rastreando en el terreno. Al día siguiente, sábado, empezaron a buscar ya no solo por los caminos, sino entre los matorrales. Para entonces, una preocupación fatal rondaba el ambiente. Efectivamente, en una zona escarpada encontraron una hojarasca que cubría dos pedazos de tierra removida. José estaba en la Sijín de Tame cuando recibió una llamada: sus vecinos le pedían que regresara cuanto antes. Al final de la tarde, cuando era claro que se trataba de una fosa con cuerpos humanos, los campesinos informaron a todas las autoridades judiciales. Sin embargo, dada la hora, ninguna acudió para hacer el levantamiento. No obstante, un grupo de la Cruz Roja Colombiana, por petición de la Fiscalía de Arauca, hizo la exhumación esa misma noche. La escena que encontraron era tétrica: en una fosa estaban los cadáveres de los dos niños y de otro, el de Yenny, con rastros de haber sido violada. Los tres cuerpos estaban a medio vestir y tenían heridas mortales de arma cortopunzante en distintas regiones: cuello, espalda, cabeza. Esa misma madrugada los transportaron a Medicina Legal de Arauca. El domingo, una comisión interinstitucional, transportada en helicópteros del Ejército, arribó a la zona e inspeccionó todo el sector; tomó testimonios y registró minuciosamente el terreno. Desde entonces, dos unidades de la Brigada Móvil 5 de la Octava División

están bajo sospecha. Se trata de unos 60 uniformados que por esos días acamparon y patrullaron el sector. Varios indicios han hecho que los investigadores consideren que algunos uniformados podrían estar involucrados en este crimen. Ni en la humilde vivienda ni en sus alrededores hay rastros de sangre o de violencia. Únicamente los hay en la fosa, distante a 232 metros de la casa. Ello indicaría que en ese mismo lugar fueron agredidos, asesinados y sepultados. Lo que está por explicarse es cómo pudo ocurrir esto a 254 metros del campamento militar, dado que matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área. No obstante, un testigo asegura que la víspera del crimen los militares habían abandonado el campamento. Pero en todo caso, continuaban en los alrededores. Uno de los indicios más preocupantes es que varios campesinos dicen que los soldados solían ir a sus casas para intercambiar víveres. Los niños asesinados fueron visitados en dos ocasiones por uniformados, cuando su padre no estaba. Un oficial del Ejército que sigue de cerca el caso le confirmó a SEMANA que esas dos visitas efectivamente ocurrieron y que “estas de por sí son irregulares”. La proximidad del Ejército a la casa ha sido verificada también con una serie de elementos que los militares dejaron desperdigados cuando levantaron los campamentos y continuaron su marcha. Se trata de empaques de víveres y pertrechos rotulados como de la Compañía Buitres 2, perteneciente a la Brigada Móvil 5. Cerca de la fosa se encontraron las cenizas de una hoguera reciente. A ese conjunto de elementos en el terreno se han ido sumando otros. Los soldados bajo sospecha, que están aislados y concentrados en Arauca, han incurrido en inconsistencias en las entrevistas hechas por el propio Ejército, que son evaluadas por la Fiscalía. También se vienen adelantado pruebas técnicas, cuyos resultados preliminares no son halagüeños. Un informe interno de la Fiscalía, conocido por esta revista, señala que los equipos de campaña de varios militares bajo sospecha fueron sometidos a una prueba México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 13


Colombia conocida como Bluestar. Se trata de una solución química que reacciona ante rastros de sangre. De 11 equipos sometidos a examen siete arrojaron positivo. Ello no quiere decir nada distinto a que hubo algún contacto con sangre, no necesariamente reciente. Los siete equipos fueron remitidos a laboratorios para establecer “si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN, para un futuro cotejo con el de las víctimas”, según se lee en el informe. Tras practicar la necropsia a los tres niños, el Instituto de Medicina Legal de Arauca tomó varias muestras que envió a Bogotá para establecer su ADN. Lo propio se hizo con los militares en cuestión y con José Álvaro, el papá de los niños, quien fue la última persona que los vio con vida. El cotejo del ADN será la prueba reina. Mientras la investigación avanza se han conocido otros hechos que podrían complicar más la situación de los uniformados. En la Sijín de Tame existe la denuncia de una campesina que asegura que su hija de 13 años fue violada el 2 de octubre en otra vereda. Según la denuncia, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo. Existe otro antecedente ocurrido en la capital de Arauca el 5 de abril pasado. Ese día la Policía detuvo en flagrancia al soldado Duverney Pava Henao cuando huía entre la maleza tras violar a una colegial de 14 años en inmediaciones de la Brigada 18. El crimen de los niños Torres Jaimes tiene en alerta al gobierno. Tanto el Ministro de Defensa como el alto mando militar han advertido que serán implacables con los responsables, incluso si son militares. El vicepresidente Angelino Garzón advirtió que se trata de un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía decidió trasladar al búnker de Bogotá el expediente, mientras que organizaciones de derechos humanos empezaron a divulgar el suceso en influyentes esferas internacionales. 14 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

Mientras tanto, José Álvaro Torres, el padre de los menores, permanece refugiado donde unos amigos tan pobres como él y asegura que nunca volverá a su casa. “¿A qué?”, se pregunta. Cuando ve las noticias sobre el caso dice que teme por su vida. Él fue el primero en señalar de sospechoso al Ejército y exige castigo para los responsables. Lo exige, temblando, con desespero y a la vez con vehemencia. Igual que lo haría cualquier padre si sus hijos son asesinados de esta manera tan brutal.


Retratos de Delincuentes

El Fascista Uribe en ocho años de gobierno dejo al país en las peores condiciones y el que lo sucede es igual o peor.

Por Carlos Arturo Murcia Silva, Secretario General Sintraelecol Dagua Informaciones del SINTRAELECOL editadas en Rebanadas: Rebanadas de Realidad - SINTRAELECOL Cali, 04/12/10.- Fueron ocho años terribles de gobierno los que vivió la población colombiana en el régimen Uribista, aumento brutal del narco paramilitarismo que gobernó y sigue gobernando este país. En el régimen Uribista la cifra de desempleados rebaso los ocho millones, la taza de informalidad en el mal llamado empleo es del 60%, más de 20 millones de colombianos son pobres, más de ocho millones de indigentes. En el campo las condiciones son aun peores, ya que de cada 100 hogares, 64 son pobres y 20 viven en condiciones de indigencia. El régimen Uribista que mutua en el gobierno de Santos, destruyo la red pública hospitalaria para entregársela a los privados, manipulando estos la salud del pueblo colombiano con sus concebidas consecuencias en detrimento del pueblo. Más de 1.300.000 de niños y niñas en educación concesionada o contratada por el cartel de la educación. Más de 400 empresas estatales fueron reestructuradas o liquidadas con los conocidos despidos del trabajo digno, pasando a tercerizados para poder explotarlo en beneficio de la intermediación laboral. Consecuencia de la política desastrosa laboral en Colombia, tenemos que menos del 5% de la población trabajadora esta sindicalizada, Uribe y sus áulicos satanizan el movimiento sindical al tratarnos de terrorista por el solo hecho de

reclamar nuestros justos derechos, ocasionando con ello, la muerte de miles de dirigentes sindicales en su régimen de terror. A cambio se incrementaron los contratos sindicales que son la negación del sindicalismo reivindicativo, en la cual el sindicato pierde toda autonomía invisibilizando al explotador y aumentado la miseria en la clase trabajadora, también se incrementaron los Pactos Colectivos que todos sabemos que son una estrategia de la burguesía para evitar que se formen los sindicatos o para debilitar el existente presionando a los trabajadores para que renuncien a la organización sindical y se adhieran al Pacto Colectivo. Está comprobado que en los países en donde la taza de sindicalización es baja, son países de extrema pobreza como el caso de Colombia y la explicación es lógica, hay más explotación y por ende mayor acumulación de riquezas en las manos de unos pocos oligarcas chupa sangre y vende patria. Vemos que en Colombia, dos terceras partes de los trabajadores no cuentan con protección Social. En el 2009, solo el 44% estaba afiliado al régimen contributivo de salud, el 31% a un Fondo de cesantías, el 29% a una caja de Compensación Familiar y el 35% a un Fondo de Pensiones. En Colombia en el 2009, se registraron 588 muertes calificadas como profesionales, 6.145 las enfermedades calificadas como profesionales y hubieron 410.410 accidentes calificados como profesionales de trabajo Para muchos “despistados” (hay quienes se hacen los despistados para justificar apoyar a Santos), creen que con la llegada de Santos al poder, las cosas van a cambiar con el cuento de las locomotoras, que no son otra cosa que la profundización del fracasado modelo Neoliberal, arrasando los derechos de los trabajadores, legalizándoles las tierras a los paramilitares y mafiosos con el cuento de la restitución de las tierras a los campesinos que por lógica no van a poder a volver a sus tierras ocupadas con cultivos que no son propios de su sustento, por consiguiente no pueden usufrutuar sus tierras, con cultivos ocupados, tocándoles por fuerza mayor que ceder sus tierras a cualquier precio a la casta mafiosa. Muchos chiflados le están llamado a esta legalización de la tierra a la mafia dizque reforma agraria, cuando la tierra apta para la agricultura y la México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 15


Retratos de Delincuentes ganadería entre otros sigue en manos de grandes latifundista como la familia Uribe. La tierra que le están “restituyendo” a los campesinos expoliados es menos del 3% de la tierra apta para la agricultura, el restante sigue en manos de los traga tierra de nuestro país. Se equivocan quienes pretenden engañar al pueblo agazapados en la izquierda colombiana que piden apoyar al gobierno de Santos, diciendo que es diferente a Uribe, solo por el hecho que no nos va decir terrorista a quienes reclamamos nuestros derechos, se olvidan estos izquierdistas conversos que Santos solo mejoro el lenguaje contra sus contradictores para poder aplicar sus políticas con anestesia, debido a que son peores que las del gobierno anterior, por lo tanto la clase obrera debe seguir presta a continuar en la lucha por las reivindicaciones propias y las del pueblo colombiano. Tampoco podemos olvidar que el gobierno de Santos, cuenta con el peón de la burguesía, Angelino Garzón, que lo utiliza como un Imán para todo aquel que se deje atraer con su quimera de la política social, no para cambiarla a favor del pueblo sino para que se la aprueben sin huelgas, conflictos y darle al gobierno de Santos un rostro humano, que si le quitan la mascara es peor que frankeistein. Para terminar vemos, como los socios del régimen Uribista huyen como ratas hacia Panamá, a través de la figura del asilo, luego de ocho años de atropello contra el pueblo, con la anuencia del Gobierno de Santos, que mantiene vivo el Régimen Uribista, que sigue manipulando la opinión publica con los medios de comunicación a su servicio como RCN (Radio Casa de Nari), que abre los micrófonos y la pantalla para que el Fascista Uribe, justifique sus atrocidades que cometió como gobernante, en cambio a la Senadora Piedad Córdoba, rápidamente el Procurador la condena sin pruebas, para sacarla del escenario político y callar su voz en el Congreso . Llega la Nueva Fiscal a congelar los procesos contra las fichas claves del uribismo, hasta que el pueblo olvide y los vuelva a reelegir. Con este panorama, Colombia seguirá siendo un santuario para los corruptos que desde el poder entregan la soberanía al imperio gringo, a cambio que este permita que esta casta siga gobernando el país. 16 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

Hermano de ex presidente colombiano será investigado por nexos con paramilitares. La investigación evaluará la denuncia que realizó un funcionario policial ya retirado contra el hermano del ex presidente colombiano en mayo pasado. El ex mayor de la Policía de Colombia, Juan Carlos Meneses, acusó a Jorge Uribe en mayo pasado de liderar un grupo de paramilitares en la década de 1990. Una investigación previa contra Santiago Uribe, el hermano del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), fue abierta por la Fiscalía de la nación suramericana para verificar la veracidad de las denuncias que formuló en su contra un oficial retirado de la Policía colombiana, que lo acusa de haber mantenido vínculos con un grupo paramilitar. El anuncio de la apertura del proceso indagatorio contra Santiago Uribe fue anunciado por el abogado de las víctimas del grupo paramilitar de ultraderecha Los Doce Apóstoles, Daniel Pardo, en declaraciones a la televisión local. En mayo pasado, durante una entrevista concedida a un medio estadounidense, el mayor retirado de la


Retratos de Delincuentes Policía, Juan Carlos Meneses, acusó al hermano del ex mandatario colombiano de mantener relación con el grupo irregular de ultraderecha Los Doce Apóstoles. Meneses denunció que Santiago Uribe encabezó un grupo paramilitar en la década de los noventa en la población de Yarumal (noroeste colombiano), el cual asesinó a personas relacionadas con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros supuestos subversivos. Además, según el mayor retirado de la Policía, Santiago Uribe le confesó que su hermano Álvaro, que en la década de 1990 era senador de la República de Colombia, conocía sobre esas actividades ilegales. Meneses detalló también que recibía cerca de 1,5 millones de pesos (unos 750 dólares), “que en su día era mucho dinero”, y su papel era garantizar que la Policía ignorara a propósito las actividades del grupo paramilitar. El acusado se defendió en una carta enviada al diario estadounidense que entrevistó a Meneses, en la que rechazó categóricamente cualquier vínculo con los paramilitares y tildó de “mentiroso” el testimonio del ex funcionario policial. El ex presidente Uribe, que siempre ha negado tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes, calificó entonces de “infamia” las acusaciones contra su hermano. Sin embargo, el Gobierno de Uribe se vio salpicado por numerosas denuncias contra funcionarios de su equipo de trabajo, a quienes se acusó de mantener nexos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2003 estalló en Colombia el escándalo conocido como la Parapolítica, en el cual se implicó a gobernadores y congresistas, mayoritariamente pertenecientes a las fuerzas políticas que apoyaron la gestión de Uribe en ambos períodos de Gobierno, quienes habrían recibido favores políticos de grupos al margen de la ley.

Uribe demandado en España por espionaje a 20 personas. La querella fue interpuesta por dos personas que viven en ese país con estatus de protección y que dicen haber sido espiados por el DAS. Más de 100 organizaciones de todo el mundo rechazan premio a Uribe Un grupo de ONG españolas presentaron una querella en Madrid contra el ex presidente Álvaro Uribe por espiar en España a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos, a través del servicio secreto de su país (DAS). La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España y que fueron espiados por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, que depende directamente de la Presidencia de la República. Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban explicaron hoy en rueda de prensa los detalles de la querella, que se dirige también contra Jorge Noguera, que dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez. El gobierno de Uribe (2002-2010), dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba “objetivos de su ‘guerra política’” a estas ONG y a los activistas supuestamente espiados en Madrid y otras ciudades españolas. Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la querella, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de querellados. Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 17


Retratos de Delincuentes europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa.

“Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial”, subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto.

Todos, entre ellos la periodista Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo.

También presentaron el manifiesto “Álvaro Uribe Vélez, persona non grata. Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI)”, apoyado por más de cien organizaciones nacionales e internacionales.

Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado hoy por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos “para tratar de desacreditarlos”. Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas “actividades” en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del “cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó” ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle. Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España “grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales”.

Le declaran “persona non grata” ante su presencia mañana en Madrid para recoger el II premio “La Puerta del Recuerdo”, que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española. Las ONG han convocado mañana una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su “indignación” por la concesión de este galardón. A juicio de Valiente y Pérez Esteban, están probados los “vínculos” de Uribe con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, por lo que el manifiesto aboga por que el ex presidente “sea puesto a disposición” de la CPI por crímenes contra la humanidad. En Colombia, el pasado día 12, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por las escuchas ilegales de las que fueron víctimas miembros de la oposición, magistrados y periodistas. Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el escándalo de las escuchas ilegales.

18 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria


Retratos de Delincuentes

Comercio sexual, comercio de drogas, la nueva fase paramilitar urbana: control comercial de las niñas y jóvenes. Alguno son llamados reciclables, otros son despreciables, otros son simplemente desechables y otras son las llamadas pre pago. Y uno, dos, y tres… y más, muchos más desde el 2008, uno de los rostros de esta fase paramilitar se develó entre agosto y noviembre de este año por los asesinatos de jóvenes en serie, de un grupo de 69 que fueron amenazados en redes de facebook. La naturalización de la muerte violenta, justificada en valores democráticos, religiosos, estéticos es frecuentemente invisibilizada. El silenciamiento del grupo social victimizado y el ocultamiento de las pretensiones de fondo con el mercado sexual y local de drogas es una secuela del terror, del uso de la fuerza. Las razones que se ocultan detrás de una m��quina criminal de exterminio de lo otro, es la instauración de un orden por parte de quién ejerce un rol policivo, represivo, justiciero, de bondad y de estética. Las bases de una cultura del complejo de pirámide, ascenso social, sobre carencias materiales y su satisfacción de cualquier manera; la definición de unos roles ciudadanos consumidores en la lógica del poder y la estética traqueta y paramilitar son el asidero para comprender el control narcoparamilitar de estos sectores de población. En 2008 se conocieron los primeros casos de esa nueva tendencia urbana del paramilitarismo en medio de la fase de consolidación de plan Colombia apoyado por los Estados Unidos. Esta etapa combina la represión y la seducción, la consideración de blanco militar, control psicológico y comercial de las y los niños y niñas y jóvenes. Como en la década de los 90, hace dos años, las estructuras paramilitares reiniciaron el asesinato de jóvenes habitantes de sectores marginales, sobrevivientes en la vida en la calle, o con su cuerpo y huyendo como un ritual semanal en el consumo de drogas. Todos los muertos con una historia común de exclusión, mientras los victimarios estaban asegurados en sus pagos y en la actuación sobreseguro, operaban de día y de noche, favorecidos

por el silencio y complicidad de la fuerza pública. Evidentemente ese círculo de silencio por el terror, de acostumbramiento a la muerte se infringe, se rompe en pocas o en muchas ocasiones, cuando ello ocurre se logra dimensionar lo qué ha pasado, su gravedad. Relatos de las víctimas indicaban como se pasaba de la extorsión comercial paramilitar, que aún hoy se mantiene en el Putumayo, al inicio de un negocio sexual con el uso de niñas para la prostitución y una fase de distribución local de drogas para sectores juveniles, que estuvo antecedida de fases de la mal llamada “limpieza social”. Los espacios urbanos se convirtieron en escenarios de actuaciones indiscriminadas de control social con amenazas, muertes violentas de habitantes de la calles en 2008, una concepción de la estética urbana fundada en el crimen. Luego estas, desde el 2009 se focalizaron en mujeres y hombres jóvenes e incluso niñas y niños. La definición de estos como blancos de represión o de seducción por o para el comercio sexual o el comercio de drogas son parte de la reingeniería paramilitar. La doble moral vehicula en lo público la virtud de controles y normas de comportamiento tradicional no sexualidad pagada, no prostitución no consumo de drogas con el control por parte de las mismas estructuras criminales del negocio. Los jóvenes no pueden ser consumidores se les amenaza con panfletos paramilitares y después se les mata. Pero al mismo tiempo, quiénes les amenazan de muerte son los que controlan y reciben las ganancias de los circuitos de distribución y consumo. Como ocurrió con las trabajadoras sexuales, con algunas redes de taxistas, con habitantes de las calles. Las jóvenes deben ser pagadas previamente para su uso sexual, previamente, autorizadas o abusadas por el paramilitarismo o mando paramilitar, que opera en medio de la presencia y con conocimiento de la fuerza pública, de las autoridades civiles y los gremios económicos. Luego, después de su uso, se define su buen retiro o exilio. Algunas de ellas luego de ser introducidas en ese negocio del cuerpo mercantilizado en los moldes del consumo varonil del poder narcoparamilitar, fueron extorsionadas y amenazadas de muerte, por los mismos criminales que la obligaron a ser parte de su sucio negocio. Matones con balas y matones del cuerpo. Cuando estas se resistían a seguir siendo víctimas de esa explotación y abuso sexual, eran asesinadas. Usadas, abusadas y tiradas. Algunas lograron escapar a ese circuito de muerte, a ese negocio, donde fueron también explotadas. México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria 19


Retratos de Delincuentes

Los crímenes que ahora se conocen de jóvenes significan que la política contrainsurgente amplio sus ámbitos de control a lo juvenil. La aplicación de la política de seguridad “democrática” que en lo rural ha significado un sin número de violaciones de derechos humanos de campesinas y campesinos bajo la modalidad de la ejecución extrajudicial y desplazamientos forzados familiares, amenazas de muerte, militarización cotidiana, sitiamiento, entre otros; se transforma en lo urbano en control social para el uso y consumo en los circuitos económicos del mercado sexual y de las drogas. La muerte de disidente político era y es algo justo, es mejor que herirlo o capturarlo. La muerte del opositor legal es justa. Lo distinto, lo disidente, lo disfuncional no tiene derecho a existir. Si la lucha contra el alzamiento armado no tiene límites, o mejor, en las palabras de la inseguridad, “los terroristas”, mucho menos, tales límites pueden beneficiar a quienes son poco adecuados para un orden social. Mientras persiste el conflicto armado interno en particular o con mayor intensidad en las áreas rurales de Putumayo, las operaciones de tipo paramilitar en lo urbano se destinan, ya no solo a lo que conciben como base social, apoyo o auxilio en las operaciones guerrilleras si no sobre todo a aquellos sectores sociales, que bajo un lógica moralista, se concibe como sujetos de la inseguridad, sujetos de peligrosidad pero al tiempo como mercancía y consumidores En pleno corazón de la implementación del Plan Patriota, Plan de Consolidación la estrategia paramilitar continúa existiendo alentando la “buena conciencia” que justifica el asesinato o la amenaza a sectores juveniles. Los blancos de los asesinatos conocidos en agosto pasado fueron anunciados cínicamente en redes de internet como Facebook. El listado de los nombres de los jóvenes era preciso y la amenaza también a quienes les daban tres días de plazo para abandonar el pueblo. Días después a menos de un minuto de una base militar de la brigada móvil 13 fue asesinado un joven, ese mismo día se habla de un listado, pero semanas atrás ya habían sido asesinados varios jóvenes con los mismos modos de operación de los victimarios. Días después un consejo de seguridad. Sus resultados la historia oficial. En Puerto Asís nada pasa, todo está normal y lo que sucede eventualmente son las reacciones de una culebra herida de muerte (las FARC) que han asesinado por problemas de drogas. Esa noche del Consejo de Seguridad otro joven fue asesinado La gente de a pié, el común, afirma que detrás de estas muertes y lista está la misma policía, la SIJIN, los 20 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

paramilitares. Otras personas creen que estas muertes son represalias tomadas por la policía por el asesinato de los dos policías.. Este mismo día, en Puerto Caicedo, llegaron decenas de paramilitares con el retorno de alias “Mata Siete”, y allí también jóvenes están siendo asesinados. Y dos días después en la estrategia de la confusión circular un panfleto PUERTO ASIS PUEBLO DE MUDOS…MUERTE A POLICÍAS. En el cual se responsabiliza a la policía por las muertes de jóvenes y se les amenaza: “”por cada joven asesinado, será asesinado un policía”. La respuesta deja nuevas sombras de duda. Se incrementó la fuerza militar y policial en el casco urbano de Puerto Asís, sin embargo, llegada la noche éstos se repliegan, desaparecen de los barrios. Los secretos a voces indican que las lógicas paramilitares continúan. Comerciantes y “dueños” del pueblo avalan este tipo de actuaciones, se trata de mantener una imagen buena sin drogadictos, con prepagos que aseguren intereses económicos, proyecciones turísticas y/o hospitalarias para las petroleras y sus funcionarios. El Defensor del Pueblo hizo lo mínimo condenó las amenazas, intimidaciones y muertes violentas de adolescentes en el municipio de Puerto Asís y precisó a medios internacionales que en la zona de Puerto Asís, al sur colombiano, actúan desde las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta las llamadas Aguilas Negras y Los Rastrojos. Esos grupos “hacen presencia en algunos barrios de la cabecera municipal de Puerto Asís, ejecutando acciones violentas, dirimiendo conflictos comunitarios, imponiendo normas de conducta y de convivencia, intimidando, aplicando castigos contra personas socialmente estigmatizadas”, dijo Pérez en entrevista telefónica. Toda esa tragedia se asocia a la lógica del mercado global. El aseguramiento de la confianza inversionista se propicia con la militarización, la oferta sexual de primera y el consumo de drogas combinada con una buena imagen, la de la buena moral publicitaria. Los operadores internacionales deben contar con un espacio “adecuado”, “decente” para su relax y su diversión. Todos pueden ganar, ellos y sus casas matrices, los que matan con balas y los que pagan por matar, los creyentes en la estética maniquea que ven protegidas hipócritamente, las buenas costumbres, los que venden la “merca” a los jóvenes para su consumo mientras sean rentables. Estos son los costos colaterales del “progreso”, la muerte aleccionadora de los jóvenes, la estética urbana conforme a la globalización.


Te invitamos a participar en el Boletín mensual “CADA UNO POR LA JUSTICIA” El Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA” es el medio de comunicación de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador y organizaciones que lo elaboran, en su lucha por lograr JUSTICIA y que los culpables del asesinato de Verónica, Fernando, Soren y Juan sean llevados a juicio. Así, convocamos a todos aquellos que quieran participar en la sección “Análisis y Opinión” aportando artículos, ensayos, imágenes, etc. Sólo tienes que enviar tú colaboración al siguiente correo electrónico:

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Agradecemos tú apoyo y solidaridad. Atentamente. Equipo de redacción y contenido del Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA”

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Biografía. Nunca apareció su nombre En las tablas viejas del excusado escolar. Al abandonar definitivamente el aula Nadie percibió su ausencia. Las sirenas del mundo guardaron silencio, Jamás detectaron el incendio de su sangre. El grado de sus llamas Se hacía cada vez más insoportable. Hasta que abrazo con el ruido de sus pasos La sombra de la montaña. Aquella tierra virgen le amanto con su misterio Cada brisa lavaba su ideal Y lo dejaba como niña blanca desnuda, Temblorosa, recién bañada. Todo mundo careció de oídos y el combate Donde empezó a nacer No se logro escuchar.

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Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 24