Temas de Reflexión - Centro de Pensamiento Estratégico N°27

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Te m a r i o

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La apuesta de la universidad EAFIT para educar a los próximos líderes del sector agrícola del país María Isabel Hernández Pérez

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Inicitativa soyamaíz proyecto país Contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo del potencial productivo del campo colombiano

Grupo Ad-Hoc: Soya-Maíz: Proyecto País

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El campo como un importante factor de desarrollo nacional Juan José Perfetti del Corral


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La alianzas productivas Un interesante modelo para la expansión agrícola y el mejoramiento de la economía campesina

24 Sobre la seguridad alimentaria Carlos Gustavo Cano Sanz

José Alberto Vélez Cadavid

Temas de Reflexión Dirección y Edición Juan David Escobar Valencia Comentarios jescob20@eafit.edu.co


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María Isabel Hernández Pérez

Jefe de Ingeniería Agronómica Universidad EAFIT

La apuesta de la Universidad EAFIT para educar a los próximos líderes del sector agrícola del país

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E

ntre tantas enseñanzas que nos dejó la pandemia, tal vez una de las más destacadas fue que no podemos vivir sin los agricultores y sin la seguridad de poder encontrar productos frescos todos los días en nuestra mesa y que ojalá éstos además vengan de procesos sostenibles y ambientalmente amigables. Sin embargo, a pesar de esta importancia enorme que siempre ha tenido el sector agrícola para el desarrollo de un país como Colombia; el segundo país más biodiverso del mundo, ubicado en el trópico y con la gran oferta ambiental que nos regalan las cordilleras y los diferentes pisos térmicos; no hemos visto grandes desarrollos que generen fuertes impactos en la economía de este sector, el cual tiene grandes retos acompañados de un enorme potencial. Por esta razón, la Universidad EAFIT quiso apostarle a la educación de una nueva generación de Ingenieras e Ingenieros agrónomos, quienes además de tener los fundamentos técnicos de la agronomía tradicional, como es el entender la manera en que funcionan las plantas y su relación con el ambiente y los organismos, tienen dos elementos diferenciales importantes como son el énfasis la Agricultura Digital y en los Agronegocios, los cuales hacen además de ser pioneros en el sector agrícola, hacen parte del ADN innovador de los Eafitenses.

El uso de tecnologías en la agricultura permite que las decisiones puedan ser tomadas en base a datos confiables y que permitan entender la variabilidad temporal y espacial de un sistema agrícola, con el fin de reducir los costos ambientales y de producción de manera que el manejo sea más eficiente y oportuno, para evitar excesos que generen toxicidades y gastos en insumos innecesarios. Todo esto finalmente termina contribuyendo con la sostenibilidad y productividad agrícola. Un ejemplo del impacto positivo de la tecnología se puede observar en un estudio realizado en Asia y África, donde se demostró que el uso de tecnologías en cultivos aumentó el rendimiento entre 41% y 113% y redujo el uso de pesticidas en un 31% a 100% (Pretty & Bharucha, 2015). Junto con esta nueva generación de profesionales de la Universidad EAFIT, esperamos contribuir con el desarrollo del sector agrícola de nuestro país, a través de su liderazgo en la generación de nuevo conocimiento e innovación que se requiere para favorecer el desarrollo y bienestar de comunidades rurales, la productividad del sector y la reducción en el impacto ambiental. Fuente: Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2015). Integrated Pest Management for Sustainable Intensification of Agriculture in Asia and Africa. Insects, 6(1), 152–182. https://doi.org/10.3390/insects6010152


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Entre los potenciales disponibles están, además de la propia actividad agrícola (que solo utiliza el 25% de las tierras con vocación agrícola), las actividades forestal y pesquera (de muy limitados desarrollos en nuestro país), la minería (que, aunque históricamente se ha tenido en algunas regiones del país como ha sido el caso de Antioquia, sus posibilidades son aún mucho más amplias), la generación de energía (entre las que están, además de la hidráulica, la eólica, la solar, los biocombustibles, la biomasa, etc.), el turismo (en sus diversas formas amigables con el medio natural), las artesanías, la captura de CO2 y la conservación de los recursos naturales y en especial de nuestra biodiversidad, activo este que es poco conocido y valorado por nuestra sociedad.

No obstante, esta inmensa y variada riqueza, su aprovechamiento ha sido, además de poco adecuado, bastante limitado, lo que se expresa en una muy baja contribución al bienestar de los habitantes rurales y del país. En particular, el crecimiento de la agricultura (actividad que ha sido el principal motor del crecimiento y el desarrollo del sector rural colombiano) se ha caracterizado, durante las últimas décadas, por ser bajo, lo que ha significado la pérdida de importancia de este sector en el PIB, las exportaciones y la generación de empleo totales del país.

Investigador asociado, Fedesarrollo

A

unque el campo colombiano se ha mirado, principalmente, a través del lente del desarrollo de la agricultura que, entre otras cosas, ha sido el sector que a través del tiempo ha hecho el mayor uso productivo y económico de la riqueza natural con que cuenta el país, nuestra base de recursos permite un desarrollo económico y social mucho más amplio y variado del que hoy se tiene. Al respecto, debe señalarse que, frente a muchas naciones del mundo y Latinoamérica, la riqueza natural de Colombia se caracteriza por su alta diversidad en altitud, suelo, clima, flora, fauna, recurso hídrico, etc. Esto hace que los distintos usos productivos potenciales agropecuarios y no agropecuarios sean, a su vez, muy diferentes. Adicionalmente, en general, a nivel de cada región, departamento o territorio se presenta este tipo de diversidad.

Juan José Perfetti del Corral

El campo como un importante factor de desarrollo nacional

Desde los años cincuenta y sesenta del siglo XX, en Colombia las políticas de desarrollo general establecieron que el foco de estas debería centrarse en los sectores urbanos y que el campo debería transferirles recursos para su desarrollo. De esta forma, por ejemplo, se tuvo una rápida transición poblacional al conseguir que la mano de obra rural (sector donde era excedentaria) migrara a las ciudades para apoyar el desarrollo industrial. Igualmente, el sector agropecuario debería proveer de alimentos a los habitantes urbanos y materias primas al sector industrial al tiempo que generar las divisas, a través de las exportaciones, que se requerían para financiar las importaciones para el desarrollo industrial y urbano. Así, la función que el campo debió cumplir en el proceso de desarrollo económico y social del país fue, esencialmente, subsidiario al de los sectores urbano e industrial. En consecuencia, las políticas e instituciones que se pusieron en marcha para impulsar el desarrollo del país estuvieron en línea con el propósito

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general establecido y con las funciones que los diferentes sectores debían cumplir en dicho proceso. Ello dio lugar al sesgo antirrural que durante todas estas épocas ha caracterizado el desarrollo económico y social de Colombia. Este enfoque, junto a las políticas adoptadas a nivel general y del desarrollo del campo durante las pasadas décadas, condujeron a que el sector rural enfrente, al momento, un conjunto de problemáticas económicas y sociales que se expresan, entre otros asuntos, en los altos niveles de pobreza rural, (históricamente muy por encima de los urbanos), las grandes brechas sociales con respecto a las ciudades (en temas como educación, salud, alcantarillado, vivienda, saneamiento básico y servicios de energía), el manifiesto atraso en la infraestructura de comunicaciones y de conectividad, la migración de los jóvenes y el envejecimiento de la población rural. Ello, amén del conflicto armado (con sus secuelas de desplazamiento, violencia, etc.), la escasa presencia del Estado (y en algunos casos de ausencia total), el narcotráfico y otros fenómenos delincuenciales como la minería y la deforestación ilegales.

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Ahora bien, a través del tiempo el desempeño de la agricultura colombiana, que por décadas se ha constituido como la principal fuente de desarrollo (y generación de oportunidades) de los territorios rurales, se ha caracterizado, además de su reducido crecimiento (el cual ha estado por debajo del promedio mundial y del de los principales países líderes de Latinoamérica), por presentar bajos niveles de productividad y competitividad. Por su parte, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, aunque han venido creciendo, lo hacen a ritmos muy inferiores a los de nuestros pares regionales, al tiempo que la diversificación de las ventas externas ha sido muy limitada,

pues la oferta exportadora se concentra en muy pocos productos tradicionales sin mayores niveles de transformación. Por el contrario, las importaciones sectoriales han venido aumentado, lo que ha afectado negativamente el superávit de la balanza comercial del sector. Como lo han mostrado distintos estudios llevados a cabo por instituciones nacionales e internacionales, el marco de las políticas e instituciones para el desarrollo de la agricultura del país se ha caracterizado por ser bastante deficiente y restrictivo, lo que ha afectado la adecuada asignación de los recursos productivos y muy especialmente de la tierra. En particular, las principales políticas que explican esta problemática son la de tierras (al no grabar adecuadamente este importante recurso, se favorece su uso especulativo por encima del productivo), la comercial (la alta protección que ha recibido tradicionalmente el sector agropecuario no estimula las mejoras tecnológicas ni favorece la diversificación productiva) y la del gasto público sectorial (la cual, al estar centrada en el otorgamiento de subsidios y apoyos discriminatorios, castiga la generación de bienes públicos como son las vías, la

El marco de las políticas e instituciones para el desarrollo de la agricultura del país se ha caracterizado por ser bastante deficiente y restrictivo.


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investigación y tecnología, el riego, etc., que son vitales para un desarrollo productivo virtuoso y sostenible). En estos estudios también se destacan las dificultades que se presenta en el actuar de la institucionalidad sectorial del orden nacional, la manifiesta debilidad de la institucionalidad agropecuaria y rural del nivel territorial y la restringida relación que se da entre ambos niveles. Este deficiente marco de políticas e instituciones ha dado lugar a los problemas antes señalados de bajo crecimiento y limitada productividad y competitividad de la agricultura, lo que ha llevado a que el desarrollo del sector se caracterice, entre otras cosas, por el muy limitado aprovechamiento que se hace de la diversidad productiva (derivada de su rica base de recursos naturales) y de las oportunidades comerciales que ofrecen los mercados. En consecuencia, al ser la agricultura el principal motor del desarrollo de los territorios rurales, la generación de oportunidades en materia de ingreso y empleo ha sido limitada e insuficiente para que los jóvenes rurales aspiren a realizar sus proyectos de vida en estos entornos. De otra parte, por décadas, excepto por lo realizado a través del Programa DRI durante la segunda mitad de los años setenta, en Colombia no se ha tenido una verdadera política de desarrollo rural que sea integral y centrada en los territorios. Como se ha dicho, el énfasis de las políticas para el campo ha estado en el desarrollo agropecuario. Esto ha conducido a que las acciones que desde el ministerio de Agricultura se han realizado en materia de desarrollo de los territorios rurales se caractericen por ser altamente restrictivas en su contenido, continuidad y alcance. Los otros componentes propios de una política de desarrollo rural integral y que están por fuera de ese ministerio como

son, entre otros, los temas de educación, salud, saneamiento básico, vías, energía, conectividad etc., se han ejecutado directamente desde los correspondientes ministerios o entidades sectoriales especializadas con muy poco o ningún nivel de coordinación con el ministerio de Agricultura o el DNP. Además, y debido al sesgo antirrural de las políticas de desarrollo del país, estas acciones han resultado ser claramente insuficientes frente a las necesidades de los habitantes rurales como lo evidencian las carencias y brechas a las que se hizo alusión anteriormente. Lo mismo ha pasado con las actividades rurales no agropecuarias donde se han tenido muy escasas iniciativas de orden productivo (en sectores como, por ejemplo, el industrial, de generación de energía o de aprovechamiento de la biodiversidad) o de servicios (como el turismo). Lo acontecido a nivel nacional en estos asuntos también aplica para los departamentos (y municipios) los cuales, con muy pocas excepciones, no han puesto en práctica iniciativas (de cierta envergadura) para desarrollar las actividades rurales no agropecuarias. Todo esto ha configurado una gran paradoja para el desarrollo del sector rural pues, aunque el país cuenta con una gran riqueza natural, los habitantes del campo, a falta de la adecuada creación de oportunidades y la generación de capacidades, no disfrutan de unas condiciones de vida acordes con las posibilidades que deberían derivarse del uso sostenible de la base de recursos naturales disponible. Colombia, entonces, se enfrenta al reto de, o continuar con la trayectoria que hasta hoy se ha tenido en materia de políticas para el desarrollo de los territorios rurales, o reconocer que en el campo se tiene un gran potencial de desarrollo no solo para beneficio directo de sus habitantes, sino en general para todos los colombianos. Si se opta por lo primero,

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muy seguramente se continuará con la tendencia a la migración rural hacia las ciudades y el envejecimiento progresivo de su población con serios efectos sobre, entre otras cosas, el abastecimiento alimentario del país. El segundo escenario implica poner en marcha, de manera urgente, una política de desarrollo rural que se caracterice por su integralidad y enfoque claramente territorial, la cual tenga la capacidad de aprovechar y desarrollar (de manera sostenible) las diversas oportunidades de desarrollo que se tienen en beneficio de los habitantes del campo, al tiempo que generar las capacidades de estos para que hagan realidad sus proyectos de vida. Por sus efectos positivos sobre el resto de los habitantes del país, ello redundará en mayor crecimiento y desarrollo general. Dicha política deberá ir acompañada de una arquitectura institucional capaz de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos de origen público y la eficacia de las acciones de política pública que se emprendan. Finalmente, debe decirse que es fundamental que la política de desarrollo rural considere tanto las actividades agropecuarias como las no agropecuarias. Más aún, en algunos territorios muy probablemente serán más importantes las segundas y en otros se tendrá una mezcla de ambas. Sin embargo, dados sus grandes potenciales, la agricultura muy seguramente seguirá prevaleciendo como la principal actividad económica en muchas otras regiones y territorios de nuestra geografía, hecho que no se puede ignorar en una propuesta de política sobre el desarrollo rural integral territorial de Colombia.

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Referencias Delgado, M. (2019). “Uso potencial y efectivo de la tierra agrícola en Colombia: resultados del Censo Nacional Agropecuario”. Informe Final. Bogotá: Fedesarrollo, septiembre. Junguito, R., Perfetti, J.J., & Becerra, A. (2014). “Desarrollo de la Agricultura Colombiana”. Cuadernos de Fedesarrollo 48. Bogotá: Fedesarrollo. Misión para la Transformación del Campo (2015). “Saldar la deuda histórica con el campo: Resumen del informe de la Misión”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-DNP. Organization for Economic Cooperation and Development (2015). “Revisión de la OCDE de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y recomendaciones de política”. Recuperado de https://www. oecd.org/colombia/Colombia-Revision-OCDE-Politicas-Agricolas-2015.pdf


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Inicitativa Soya-Maíz proyecto pais Contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo del potencial productivo del campo colombiano

A. CONTEXTO

La cadena de proteína, bajo el contexto de la “granja a la mesa”, está compuesta por varios eslabones productivos, que tienen como base la ciencia y tecnología en la producción de semillas, para dar inicio en el cultivo de granos (maíz, soya, sorgo, entre otros), materia prima base

de la producción de los alimentos balanceados necesarios para la actividad pecuaria para la producción de proteína animal, que después de ser procesada es convertida en alimento de calidad que llega a manos del consumidor. (Gráfica1. Cadena de proteína).

Cadena de proteína Comercio exterior Importaciones / exportaciones

Semillas, Maquinarias y equipos, Insumos agrícolas, Genética, Vacunas, Maíz, Soya, Torta de Soya, Vitaminas, Minerales, Aminoácidos, Premezclados.

8.12

Millones de toneladas

Eslabón Agrícola

Semillas

Cultivo

secamiento y almacenamiento de granos

Eslabón Agroindustrial

Planta de alimento balanceado

9.6

millones de toneladas Materias primas

Agroindustria con potencial de desarrollo Plaguicidas, fertilizantes, biológicos, cal, maquinaria, etc.

MAÍZ 5.68 millones de tonelada SOYA 2.1 millones de tonelada

Eslabón Pecuario y Agroindustrial

Genética animal

Granjas de producción pecuaria

Eslabón Agroindustrial

Plantas de beneficio y procesamiento

Bovina 633.841 Porcícola 192.828 Piscícola 36.269

Eslabón pecuario e industrial genera 1.8 millones de empleados

OTROS 0.5 millones de tonelada

Cifras a 2021. Fuente: ANDI, Supersociedades, FENAVI, Porkcolombia, Fedegán, DANE, Ministerio de Agricultura.

Grupo Ad-Hoc: Soya-Maíz: Proyecto País

Reflexiones y consideraciones para su escalamiento

Consumidor Huevos 17.828 millones de tonelada Leche 7.800 millones de litros Pollo 1.69 millones de toneladas Res 926 mil toneladas Cerdo 491 mil toneladas Pescado 176 mil toneladas

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El desarrollo de la cadena de proteína tiene una huella importante dentro de la economía colombiana participando con más del 35% del total de la población ocupada en actividades agropecuarias y manufactureras, que representa más de 1.8 millones de empleos. Esta cadena en el país, según el censo pecuario1, a 2022, cuenta con 633.841 predios para la población bovina, 192.828 predios para la porcina y 457.532 predios para la aviar. Para 2019, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había 36.269 unidades productivas de piscicultura. La Industria de Alimentos Balanceados, en el año 2021, realizó un importante aporte a la seguridad alimentaria colombiana con la producción de más de 9.6 millones de toneladas de alimento balanceado, necesarias para la producción de 926 mil toneladas de carne res, 491 mil toneladas de carne de cerdo, 1.7 millones de toneladas de carne de pollo, 1,02 millones de toneladas de huevos y 7.800 millones de litros de leche.

1. Impacto de la cadena de proteína en la seguridad alimentaria El crecimiento en la competitividad de la producción de las proteínas en Colombia ha posibilitado un crecimiento de este eslabón en la dieta de los colombianos, a partir de una disminución gradual del precio por kilogramo en el periodo 2000 a 2020 del 21% en la carne de cerdo y 19% en la carne de pollo. En 2021 se dio el cambio en la tendencia de los precios, problemática que no es nacional sino mundial por el incremento en los precios de las materias primas, fertilizantes, fletes, y aumento en la tasa de cambio. Ilustración 1. Evolución del precio del kilogramo de pollo y cerdo en pie (pesos constantes)

Al comparar la producción de maíz amarillo tecnificado para los años de 2001 y 2021, se experimentó un crecimiento de 146%, pasando de 376.161 a 926.499 toneladas, de acuerdo con cifras de Fenalce. Para el caso de la soya, se tienen registros desde 2009 con 53.100 toneladas, frente a 2021, el aumento estuvo en el orden del 130%. El país debe trabajar en fortalecer la producción de estas dos importantes materias primas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la industria de alimento balanceado para la producción de proteínas de calidad y buen precio.

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1 Fuente ICA, recuperado de https://www.ica.gov.co/areas/ pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/ censo-2018#:~:text=y%20departamento%202020-,CENSO%20 AVIAR%20EN%20COLOMBIA,%25)%20corresponden%20a%20 predios%20tecnificados

Fuente: Fenavi. Elaboración: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, ANDI.


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Los menores precios y la mayor penetración en el consumo han mejorado la ingesta de estas proteínas. Si se analiza el consumo per cápita histórico durante el periodo 2000 a 2021, el huevo aumentó un 109%, el pollo se incrementó un 151%, el cerdo creció un 336%, el pescado un 340%, mientras el consumo de res decreció un 16%. Es decir que, en promedio, los colombianos aumentaron en un 91% su consumo de proteína, pasando de 49 Kg/año a 93 Kg/año, con las implicaciones positivas que ello tiene en la buena nutrición, y en el desarrollo neuronal de los niños menores de 6 años.

Ilustración 2. Consumo per cápita

Fuente: Fedegan, Porkcolombia, Fenavi y Ministerio de Agricultura. Elaboración: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, ANDI.

Ilustración 3. Estimación de consumo aparente de maíz y soya

Esto ha sido posible gracias a la oferta competitiva mundial de las principales materias primas a precios asequibles, mientras la producción local ha mantenido un comportamiento estable y con miras a satisfacer la demanda de consumo humano. El consumo aparente de maíz amarillo en 2021 en el país fue de 6.6 millones de toneladas, de las cuales el 87% se suple con importaciones pues la producción nacional es insuficiente para satisfacer la demanda interna. Mientras que, en la soya, la estimación del consumo aparente en 2021 en Colombia fue de 2.1 millones de toneladas, 95% se satisface vía importaciones.

Fuente: Fenalce y DIAN.

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2. Retos

Lo anterior ratifica que Colombia tiene la oportunidad y la obligación de desarrollar de forma competitiva la oferta de granos necesaria para acompañar el crecimiento de su sector pecuario, y garantizar seguridad alimentaria, en un contexto global de mayor demanda y menor disponibilidad de nuevas fronteras agrícolas. La industria de alimentos balanceados es capaz de consumir la producción nacional de maíz, por lo cual, se debe trabajar de manera conjunta entre el Estado y el sector privado para lograr el potencial productivo en el campo, para lograr suplir no solo las necesidades actuales de la demanda de maíz y soya (ilustración 3) vía producción local, sino con una visión exportadora que le aporte mayor crecimiento al potencial productivo del campo colombiano. Esta es una tarea de largo aliento, por lo que mientras tanto, es necesario mantener el acceso al mercado internacional para el suministro de granos competitivos para asegurar la producción local de alimento balanceado, en aras de garantizar la seguridad alimentaria del país. Durante la pandemia, la crisis económica llevó a que la incidencia de la pobreza multidimensional alcanzara el 18,1% en el total de la población y en zonas rurales el 37,1%. Hoy, a pesar del importante crecimiento en el consumo de proteína, según la encuesta Pulso Social del DANE a junio de 2022, cerca del 24% de los colombianos está en riesgo alimentario, pues no tienen acceso a sus 3 comidas diarias. Lamentablemente desde la pandemia, el mundo se ha enfrentado a complejidades de suministro y logísticas, las cuales han encarecido los granos, los fertilizantes, e impactado el comportamiento de la tasa de cambio, lo que nos hace pensar en la estrategia de un desarrollo con visión de largo plazo para la producción local competitiva de maíz y soya. Forzar artificial-

mente el costo de los granos (a través de aranceles o barreras sanitarias) para promover un proyecto de siembras local sería un error, pues solo generaría mayor costo de las proteínas y un mayor riesgo alimentario por potencial desabastecimiento interno. Este proyecto, al que todos los colombianos debemos creerle y perseguirlo, debe implementarse buscando niveles de productividad local iguales o mejores a la oferta internacional de granos, de forma tal que se asegure la competitividad de la cadena y, por ende, los beneficios de productividad y cobertura.

B. EL PROYECTO

Desde 2020, un grupo de actores privados motivados por la Seguridad Alimentaria del país, en medio de la incertidumbre del impacto del Covid-19, ha venido trabajando en entender cómo hacer posible que Colombia logre la sustitución competitiva de importaciones. Este grupo ad-hoc, ha trabajado en sumar a los actores de la cadena, incluidos gremios, agricultores, proveedores de insumos y maquinaria, productores de alimento balanceado, productores pecuarios, sector financiero, academia y Gobierno, quienes han venido promoviendo la siembra de maíz y soya bajo el esquema de compra bajo contratos, asegurando a los agricultores la compra de la cosecha, bajo distintas modalidades acordadas entre el productor y el comprador, sumado a un conjunto de acciones para tratar de entender las barreras a superar y las necesidades para generar el desarrollo del campo de forma productiva. Como parte de las actividades, se ha tenido oportunidad de explorar y entender lo que han hecho otros países en la región y especialmente qué hizo Brasil para ser hoy una potencia mundial en producción y exportación de granos.

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En el marco de la iniciativa Soya Maíz: Proyecto País, desde su inicio en 2020 hasta el mes de junio de 2022, se han alcanzado los siguientes logros: ‣ Vinculación de todos los actores públicos y privados alrededor de un propósito común, lo que permitió agrupar, todos los eslabones de la cadena agroindustrial: agricultores, proveedores de semilla, fertilizantes e insumos, maquinaria agrícola, secamiento, industria para consumo humano y animal, empresas de tecnología, investigación, Gremios Fenalce, Fedearroz, Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la Andi, Federal, Acosemillas, Bancos y seguros, investigación agrícola y la presencia gubernamental con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ICA, FINAGRO, BancoAgrario, Agrosavia, Bolsa Mercantil de Colombia, entre otros actores públicos y privados. ‣ Estudio y análisis de las condiciones mundiales de competitividad y la identificación de las necesidades y oportunidades para el país ‣ Generación de confianza, para lo cual se llevaron a cabo diferentes jornadas de socialización de la iniciativa Grupo Ad-hoc: Productores – industriales, Ministerio de Agricultura y sus entidades en los departamentos priorizados. ‣ Elaboración Cartilla: Soya-Maíz: Proyecto País, elementos para una política pública en el desarrollo local del sistema productivo Soya-Maíz. ‣ El ICA actualizó la norma de registro de semillas.

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‣ Elaboración y puesta en marcha de MODELOS DE CONTRATOS con diferentes modalidades de compra de

maíz, como base para las negociaciones entre agricultores y compradores. ‣ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro y la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario estructuraron varias fuentes de financiamiento en materia de capital de trabajo para la producción de maíz, así: - Se creó una Bolsa Especial de recursos para cultivo de maíz con acceso para pequeños, medianos y grandes productores en la línea especial de crédito de sectores estratégicos. - Se fortaleció de la línea LEC de Agricultura por Contrato. - Se amplió el mecanismo de financiamiento mediante contrato forward con anticipo en dinero/especie con garantía FAG, en la Bolsa Mercantil de Colombia. ‣ Comparado 2020 vs 2021, aumento del valor de los créditos para maíz en 65%. ‣ Seguros Sura estructuró el Seguro cumplimiento (calidad / no entrega) para fortalecer el mecanismo de agricultura por contrato. ‣ Se realizaron 6 Ruedas de Negocios: Córdoba (2), Tolima (2), Valle (1) y Meta (1) ‣ Diálogo intergremial entre Fenalce, Fedearroz y Balanceados para la rotación Arroz–Maíz. ‣ Comparado 2020 vs 2021, se evidenció un crecimiento del área de siembra del cultivo del maíz amarillo tecnificado, en un 37%, es decir 47.674 Has nuevas.


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‣ En 2021, la producción de soya alcanzó las 128.212 toneladas, 7% por encima de 2020. Las experiencias y conocimiento recopilado de todos los actores en estos 2 años y experiencias de otros países, han servido de base para estructurar y fortalecer la INICIATIVA SOYA-MAIZ: PROYECTO PAÍS, cuyos elementos centrales se explican a continuación:

1. Visión del Proyecto

De acuerdo con UPRA, el país cuenta con un potencial de desarrollo en zonas de alta (4.4. millones de hectáreas), mediana (7.7 millones de hectáreas) y baja aptitud (5.9 millones de hectáreas) para los cultivos de soya y maíz que nos hace pensar que en el país, más allá de un proyecto inicial de sustitución competitiva de las importaciones, se deba construir un proyecto que se constituya en un eje de crecimiento, generación de riqueza, sostenibilidad de la cadena de proteína y con alto impacto en el desarrollo del campo y con beneficios para el consumidor.

2. Meta

La meta ambiciosa es lograr 4 MILLONES DE HECTÁREAS PRODUCTIVAS EN SISTEMAS SOYA/MAIZ, lo que no solo permitirá lograr el remplazo COMPETITIVO de las importaciones, sino que Colombia se convierta en un exportador de granos a futuro. (A cifras de hoy, 1.2 millones de hectáreas lograrían sustituir las importaciones).

3. Sistemas Productivos

El desarrollo productivo del potencial agrícola orientado a lograr las metas propuestas requiere la participación de 3 sistemas productivos que son complementarios, pero que requieren Inversiones y condiciones habilitantes diferentes.

Lograr que Colombia se convierta en un exportador de granos a futuro.

a. Sistema 1. Modelo productivo a gran escala. Corresponde a modelos productivos semejantes a los del Cerrado Brasilero (Mato Groso), donde se tiene la posibilidad de hacer una agricultura en grandes áreas, altamente mecanizada, de alta eficiencia productiva, que requiere grandes inversiones, especialmente por la necesidades de mejorar la calidad de los suelos, que son carentes de nutrientes y condiciones óptimas necesarias para lograr las metas de productividad de los cultivos, y por lo tanto es necesario realizar los trabajos para crear los suelos. La zona del país donde existen las condiciones para este tipo de sistemas productivos es la Altillanura, donde es necesario a partir de la información de la UPRA identificar y destinar prioritariamente las zonas de alta y media aptitud, que corresponden aproximadamente a 3.6 millones de hectáreas. En atención a los grandes retos y las altas inversiones, este sistema requiere atraer grandes productores nacionales y de la Región (Brasil y USA), no solo por la inversión requerida, sino para incorporar el conocimiento y celeridad que podrían aportarle al proyecto. b. Sistema 2. Modelo productivo de mediana escala. Este modelo productivo, tendría un énfasis en su desarrollo en los en los valles del Sinú, Bajo Cauca An-

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tioqueño, y Magdalena Medio, Córdoba, Sucre, Huila, Cesar, Sur de Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Tolima, regiones que han tenido tradición agrícola y/o ganadera. Allí es posible fomentando esquemas de integración, alianzas, cooperativismo u otras figuras, se unan tierras que permitan desarrollar módulos productivos asociativos entre 2000 a 4000 hectáreas, donde se pueden integrar y armonizar, no solo sistemas SOYA/ MAIZ sino también ganadería y otros cultivos de rotación. En este modelo, por ejemplo, el Gobierno nacional, Departamental o municipal puede otorgar apoyo a las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras para fomentar los esquemas de integración o asociación. c. Sistema 3. Modelo de pequeños productores y agricultura familiar, campesina, y comunitaria, este modelo productivo con énfasis en pequeños productores y los de agricultura familiar ve en el maíz una fuente de sustento para la alimentación, o de explotación para venta industrial en aplicaciones de consumo humano en regiones de influencia del cultivo. Este esquema tiene como característica su desarrollo en pequeñas áreas productivas, no requiere inversiones en mecanización por la extensión de la tierra, y puede corresponder al que actualmente es desarrollado principalmente en ladera. Este modelo adicionalmente, ofrece la oportunidad de desarrollar un nicho en el sector agrícola de mercado diferenciado con semillas ancestrales y fomento de economías y sistemas asociativos de carácter comunitario que generen oportunidades de ingresos para familias campesinas.

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4. Fundamentos de la Iniciativa SOYA-MAIZ: PROYECTO PAÍS: a. Este proyecto, debe ser abordado bajo el esquema de Sistema Productivo soya-maíz, y potencialmente que integre ganadería, con el fin de mejorar el equilibrio y productividad de los suelos. b. La base del desarrollo de este proyecto, debe ser bajo conceptos de agricultura regenerativa, donde se cuida y protege el suelo como principal activo acompañado de prácticas de labranza cero, rotación de cultivos y manejo de cobertura. Es un sistema productivo que prioriza el uso de biológicos, reduciendo el uso de agroquímicos, sin sacrificar productividad y logrando tener buen balance de costos. c. Enfoque del proyecto de largo plazo, ya que, independiente de los recursos necesarios, lograr los niveles de adaptación de los cultivos y su productividad y costos sostenible requiere tiempo. d. Para el logro de esto, se han identificado los elementos habilitantes que tanto el Estado como los actores del sector privado deben garantizar. Como se ha visto, este proyecto transciende la temporalidad de un periodo presidencial, exige visión de largo plazo para desarrollar el potencial productivo del agro, por lo que este proyecto requiere más de un periodo de gobierno, y quedar planteado en una política de Estado clara que dé continuidad y confianza al productor y al inversionista.


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C. ELEMENTOS HABILITANTES DESDE EL ESTADO Los elementos habilitantes por parte del Estado requieren para su desarrollo de una estrategia de alta coordinación en las distintas entidades del Gobierno y priorización en su ejecución con el sector privado, por lo que, de forma ideal, se sugiere considerarlo como un PROYECTO DE INTERÉS NACIONAL Y ESTRATEGICOS –PINES (Conpes 3762 de 2013) y estar coordinado por Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos – CIIPE. A continuación, se presentan los elementos habilitantes estratégicos desde el Estado:

1. Seguridad jurídica para el pequeño, mediano y gran productor para dar viabilidad a los proyectos productivos y garantizar el acceso a instrumentos financieros: a. Seguridad de la tenencia (uso y goce) de la tierra: Para que, independientemente de la modalidad de tenencia, los contratos de arrendamiento o explotación de la tierra se respeten y sean oponibles a terceros, para que, sin perjuicio del titular del derecho real de dominio, al productor se le garantice el derecho de explotación por la vigencia del proyecto, debiendo pagar los derechos económicos al tercero, incluyendo al Estado, cuando aplique. b. Seguridad jurídica al titular del derecho real de dominio. Regular la debida diligencia para la adquisición del derecho real de dominio como presupuesto que brinde seguridad jurídica al titular del derecho sobre las condiciones y limitaciones de su explotación.

2. Disponibilidad de Cal

Para poder desarrollar los suelos, especialmente el sistema productivo en la altillanura (3.6 millones de hectáreas), es necesario garantizar la disponibilidad de cal. Para ello se requiere desarrollar la industria de la cal a través de la explotación de las minas disponibles en el país, esto se logra viabilizando las licencias y permisos para la explotación de las minas, incentivando la formalización de la industria y estandarizando la calidad de la misma para cumplir con los requerimientos de los productores. 3. Fortalecimiento institucional para el desarrollo del agro. Para el desarrollo del Proyecto propuesto, es necesarios contar con una institucionalidad articulada en el orden nacional y con las regiones con el fin que se permita el desarrollo de los proyectos productivos de manea eficaz, para ello es necesario: a. Articulación autoridades ambientales – agro: Para el desarrollo de los modelos productivos propuestos, que tienen enfoque de sostenibilidad y base en agricultura regenerativa, de acuerdo con las necesidades del terreno será necesaria la adecuación de riego, drenajes, manejo de agua, entre otros procesos asociados al cultivo. Todo lo cual necesita inversión de recursos, participación de las autoridades del sector agropecuario y de los productores. Su implementación tiene como requisito la obtención de permisos otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales, por lo que simplificar, agilizar y estandarizar los trámites y procesos es muy importante y el apoyo y acompañamiento del Gobierno será determinante para que, con rigurosidad técnica y orientación a la protección ambiental, pero con decisión y claridad normativa se pueda avanzar.

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b. Desarrollo del modelo de protección de derechos de obtentor en materia agraria para evitar la piratería de semillas. Particularmente, en el caso de la tecnología de semillas, es necesario garantizar a los propietarios de las mismas los derechos derivados de su uso y explotación, para lo cual es importante desarrollar el mecanismo de protección ya previsto en la ley de manera que se pueda prevenir y castigar la piratería, y así garantizar la disponibilidad de las mejores semillas en Colombia para el desarrollo del proyecto. c. Continuar fortaleciendo el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica (2000). EL país desde la firma del Protocolo de Cartagena ha desarrollado una rigurosa regulación que garantiza técnicamente el cumplimiento del protocolo para el uso de semillas y productos OGM en Colombia, realizando las evaluaciones de salud, ambientales y agronómicas requeridas para su uso en el territorio nacional. Gracias a esto, hoy el maíz y la soya que entran a Colombia provienen de producciones competitivas que han incorporado semillas de alta tecnología del tipo OGM, las cuales desde el punto de vista ambiental son mucho mejores, pues incorporan protecciones contra plagas que minimizan el uso de plaguicidas, y sus altas productividades reducen la demanda por mayores extensiones de tierra.

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Para que Colombia pueda desarrollar granos competitivos tiene que poder incorporar los últimos desarrollos que se den en semillas a nivel mundial, y hacer esfuerzos grandes para su adaptación a nuestras condiciones, para desde allí trabajar en su optimización, por lo cual la seguridad jurídica en el uso de estos productos derivados de

la biotecnología es estratégica para el desarrollo del proyecto de Soya- Maíz Proyecto País. Colombia puede igualmente seguir trabajando en el desarrollo de semillas ancestrales para los sistemas productivos de pequeña extensión, donde podrán explotarse algunos nichos de mercado de granos diferenciados, con las potencialidades que esto arroja. Este tipo de semillas no pueden ser la base para los sistemas productivos de alta productividad para el desarrollo de modelos de media y gran escala, pero como se menciona pueden atender una necesidad puntual de seguridad alimentaria familiar y de exploración de economías de nicho y valores agregados.

4. Infraestructura a. Infraestructura social que garantice institucionalidad: Propender en las regiones de desarrollo del proyecto vía alianzas público privadas el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura social, en materia de servicios públicos, educación, salud, seguridad que mejoren la calidad de vida de la población. b. Infraestructura de vías: En materia de infraestructura es necesario a nivel general del país el desarrollo de vías secundarias y terciarias, trabajo en donde la prioridad debe orientarse a fortalecer estas obras a través de la ejecución de proyectos participativos, proyectos por regalías e inversiones por medio de proyectos ejecutados con el mecanismo de obras por impuestos y demás alternativas legales que permitan acelerar el desarrollo del campo. Así mismo, para el desarrollo del modelo productivo en la Altillanura, Colombia necesita dotar de vías primarias esta región, esto permitirá el ingreso de los insumos y sacar las cosechas de forma competitiva.


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5. Instrumentos de política pública La base de este proyecto es el desarrollo del potencial productivo del campo, como lo señala el informe de empalme del sector Agro, para lo cual es necesario lograr la productividad y competitividad en la cadena desde el eslabón agrícola, pecuario y agroindustrial para lograr competir, y alcanzar, no solo los propósitos de seguridad alimentaria sino la inserción en el comercio global. A continuación, se presentan algunas propuestas para ser estudiadas y que son estratégicas para el desarrollo del eslabón agrícola soportado en instrumentos de política pública para el productor: a. Dotar de fondos suficientes la subvención a los seguros de cosecha, tema fundamental ante los riesgos de cambio climático. b. Establecer líneas especiales de crédito agropecuario con acceso real al productor para la financiación en inversión en preparación de nueva tierra y consecución de maquinaria, construcción de infraestructura de secado y almacenamiento de granos. c. Normas de arbitraje especial para el cumplimiento de contratos en instancias especiales y expeditas que garanticen tanto al agricultor como al comprador el cumplimiento del contrato. d. Para productores de menos de 1000 hectáreas que inician sus proyectos, es necesarios contar con instrumentos de política pública que los apoye en los primeros 3 años de forma gradual, dado que las productividades serán muy bajas y se pueden generan pérdidas importantes mientras se logra la sostenibilidad del cultivo.

D. ELEMENTOS HABILITANTES DESDE LOS PRIVADOS Una vez garantizado por el estado las condiciones habilitantes, especialmente todo lo relacionado con seguridad jurídica y normatividad, los actores privados harán todo su esfuerzo para: a. Movilizar inversionistas locales e internacionales, que no solo traigan capital sino conocimiento y experiencia. b. Incentivar y movilizar productores medianos, que son hoy de vocación ganadera, para que parte de su tierra la dediquen a siembra mediante modelos de integración o asociatividad con otros, logrando articular centros productivos que justifiquen maquinaria, e infraestructura de secado y almacenamiento. c. Incorporar en la producción de alimento balanceado la producción local de maíz y soya, apoyados en los contratos de agricultura por contrato entre agricultores y compradores para garantizar la compra de las cosechas a precio equivalente al producto importado puesto en planta, y así garantizar la proveeduría competitiva. d. Movilizar inversión privada para desarrollar en la altillanura una oferta de calcáreos que habilite el desarrollo de los suelos. e. Invertir en infraestructura de secado y almacenamiento para garantizar no solo el desarrollo de los grandes sistemas productivos, sino también los de medianos y pequeños productores que vía integración o asociatividad se desarrollen. f. Invertir en la infraestructura secundaria y terciaria que sea necesaria para el escalamiento, lo que en caso de

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vías públicas se podrá hacer en esfuerzos púbico PRIVADOS. g. Desarrollar esquemas de contrato, a través de los cuales la industria ofrezca instrumentos de liquidez al mercado, mediante fórmulas claras, que garanticen la compra de cosechas al productor. h. Disponer de asesores técnicos especializados que permitan ampliar la base del conocimiento a todos los productores con el fin de lograr el uso de las mejores tecnologías en campo para el uso de semillas de alto rendimiento, agricultura regenerativa, labranza cero, cobertura, rotación de cultivos, agricultura de alta precisión, maquinaria especializada, tecnología de secamiento, entre otros. i. Desarrollar modelos de APP para el desarrollo de infraestructura local eficiente de secamiento y almacenamiento acorde con las necesidades de producción local. j. Proponer un plan padrino de acompañamiento a pequeños productores para incorporar las mejores prácticas orientadas a mejorar la productividad y por ende los ingresos de los más pequeños, y hacer acompañamiento para facilitar la adquisición de maquinaria y el acceso al secamiento del grano resultante de sus cosechas. k. Garantizar la inserción de Colombia en el mercado internacional, una vez se llegue niveles de producción que excedan la demanda local de granos.

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Este proyecto es sin lugar a dudas una oportunidad enorme para Colombia, pues no solo ayuda a disminuir el riesgo de seguridad alimentaria por la dependencia de granos importados, sino que adicionalmente en la medida que lo ha-

gamos de forma competitiva, hará más accesibles las proteínas a todos los colombianos, y nos permitirá posicionarnos a futuro como exportadores de granos y productos pecuarios (pollo, cerdo y pescado principalmente). Finalmente, todo esto genera riqueza, y puede ser la gran oportunidad para que Colombia desarrolle un vector de crecimiento económico, que ayude al remplazo de los flujos del petróleo, en coordinación con la transición energética propuesta por el Gobierno. Un buen ejemplo para inspirarse es Brasil, país donde el agronegocio representa hoy un 27% del PIB, y se ha constituido en la nueva despensa del mundo. Los actores de esta iniciativa del proyecto estamos unidos en torno a esta visión, de largo plazo en beneficio del país. Poner en operación las primeras 500.000 hectáreas va a ser muy duro, pero una vez el país alcance esta nueva frontera, las cosas serán más fáciles, más gente querrá invertir, y la velocidad para incrementar nuevas hectáreas será mayor. Queremos contribuir a las metas del gobierno y trabajar en este proyecto de forma conjunta, para que se vuelva realidad el sueño de Colombia como potencia agrícola, capaz se suplir los requerimientos de seguridad alimentaria, pero como actor relevante exportador, creemos que si trabajamos juntos en poner en marcha los elementos habilitantes será posible cumplir con los propósitos acá planteados.


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Por otra parte, la ubicación geográfica de Colombia con salida a los dos océanos y con la cercanía por vía marítima y aérea a uno de los mayores mercados del mundo que es Estados Unidos, es otra ventaja comparativa muy grande. Afortunadamente Colombia desde comienzos del siglo XX ha desarrollado la caña de azúcar, el café, el banano y más entrado el siglo pasado el cacao, las flores y la palma de aceite. En estas primeras décadas de este siglo ha tomado preponderancia el aguacate hass y los cítricos en especial el limón Tahití. Tengo la tesis de que a pesar de las enormes posibilidades de muchos cultivos, deberíamos enfatizar en crecer las

hectáreas destinadas a aguacate hass, limón Tahití, cacao de aroma y palma de aceite. Todos ellos son cultivos de tardío rendimiento, grandes capturadores de CO2, los tres primeros no necesitan riego por estar localizados en zonas de buena pluviosidad durante casi todo el año y son productos con alta demanda en los mercados internacionales, generando divisas para el país, y con precios que no son manejados por la deficiente comercialización de nuestros mercados mayoristas. Todos son generadores de mucha mano de obra y lo más importante permiten vincular a pequeños propietarios rurales, que en muchos casos sus parcelas no les dan los ingresos adecuados, ni la rentabilidad deseada. Es por ello que el esquema de alianzas productivas tiene un enorme potencial para el desarrollo rural del país.

José Alberto Vélez Cadavid

E

l sector agrícola en Colombia tiene un enorme potencial de crecimiento y expansión por las especiales condiciones que presentan los Andes Tropicales. El sistema de cordilleras, valles y llanuras con sus diferentes pisos térmicos y el enorme recurso hídrico, permite una gran diversidad de cultivos, con cosechas en muchos casos dos o más veces al año y con productos exóticos que no se producen en aquellos territorios con marcadas estaciones climáticas. Sin embargo, no todo es color de rosa. El control fitosanitario de las plantaciones es mucho más exigente que en aquellas latitudes donde la estación invernal prácticamente controla muchas de las plagas.

Integrante del Consejo Superior de EAFIT

Alianzas productivas. Un interesante modelo para la expansión agrícola y el mejoramiento de la economía campesina

En primer lugar, definamos lo que es una alianza productiva. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) “Es un modelo de desarrollo organizativo y empresarial que vincula pequeños productores rurales con mercados a través de un aliado comercial formal, con una propuesta productiva, rentable, sostenible y competitiva”. Durante los 12 años de experiencia de la implementación del Proyecto de Apoyo para las Alianzas Productivas (PAAP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) se ha podido comprobar la eficacia de este instrumento en el cierre

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de la brecha urbano-rural y en la creación de un aparato productivo rural más competitivo. En el caso del cacao hay varios ejemplos de Alianzas Productivas, uno de ellos es la alianza entre una asociación de campesinos, “Agrosolidaria” de Riosucio Caldas y la empresa Casa Luker S.A. para incrementar los ingresos generados en la producción de cacao tecnificado con buenas prácticas agrícolas y comercializado con la empresa Casa Luker S.A. El objetivo de esta alianza es intervenir 83.6 has (1.1 ha / productor), fortalecer las capacidades técnico productivas y ambientales a partir del acompañamiento técnico y la capacitación, mejorar las condiciones de cosecha y beneficio del grano, obtener productividades de 1.800kg / ha /año, comercializar a través del aliado Casa Luker S.A., fortalecer el capital social de Agrosolidaria, incrementar el ingreso mensual de los productores y crear un fondo rotatorio de la organización campesina como estrategia de crecimiento financiero y empresarial. Otro caso interesante tiene que ver con el cultivo del aguacate hass que se ha venido expandiendo en el país. En el año 2018 la Gobernación de Risaralda y Analdex (gremio exportador) iniciaron un proceso de asistencia técnica a 70 productores de aguacate hass de los municipios de Guática y Quinchía, con un área de 366 has, para el control de plagas y el fortalecimiento de cultivos, con el fin de ampliar la comercialización de la fruta en los mercados internacionales, pero primordialmente en Estados Unidos. Para ello se creó una asociación de pequeños productores que pudiera establecer una alianza con una comercializadora grande de la zona.

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Por último, vale la pena destacar el sector de la palma de aceite. De las cerca de 550.000 has sembradas en el país, un 25% se encuentra bajo el esquema de

Alianzas Productivas, instrumento eficaz en el cierre de la brecha urbano-rural y en la creación de un aparato productivo rural más competitivo.

Alianzas Productivas Estratégicas. Este esquema se desarrolló en el sector palmero a finales de la década del 90, y es quizás, uno de los ejemplos más representativos del potencial de estas alianzas. Fedepalma en el año 2007, a 10 años de haberse iniciado este modelo de asociación, con el apoyo de USAID / Programa Midas, decidió contratar un estudio con la Alianza para los Negocios Inclusivos SNV-CECODES. Se estudiaron 22 casos que consideraban 46.913 has sembradas por organizaciones de pequeños y medianos productores. Estas alianzas vinculan a 3.905 familias con parcelas que tienen en promedio 12 has sembradas de palma y están agrupadas en 91 organizaciones de productores. En síntesis, las Alianzas Productivas entre asociaciones de productores campesinos y empresas procesadoras y comercializadoras, han sido de gran importancia para el desarrollo del sector agropecuario en Colombia. Los casos del cacao, el aguacate hass y la palma de aceite son solo ejemplos del enorme potencial no solo para esos cultivos sino para muchos otros y también para la producción pecuaria.


Entre los principales beneficios a resaltar en el sistema de Alianzas Productivas para los pequeños productores del sector rural, están: 1. Mejoramiento de prácticas de cultivo, de control sanitario y de cosecha. 2. Mejor calidad y homogeneidad del material vegetal que se siembra. 3. Contratos de compra de la cosecha a precios que le permiten al productor una mayor rentabilidad. 4. Incremento en la productividad por hectárea del cultivo. 5. Posibilidad de acceso a créditos del sistema financiero, en algunos casos con el aval o garantía de las empresas procesadoras o de medianos productores que hacen parte del grupo asociado en la alianza. 6. Acceso más fácil a los incentivos del gobierno (ICR, incentivo modular, etc.) por el apoyo de la alianza. Para las empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de estos productos, las Alianzas Productivas significan una mayor y mejor proveeduría de los mismos, que les permita atender los exigentes mercados internacionales y tener una mayor eficiencia en sus procesos. Las Alianzas Productivas son un mecanismo de mejoramiento profundo del sector rural en Colombia al permitir el crecimiento de la producción agrícola y pecuaria en el país por parte de familias campesinas y el crecimiento del aparato agroindustrial de Colombia.


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Carlos Gustavo Cano

Exministro de Agricultura, ex codirector del Banco de la República y director de Ecopetrol

Sobre la seguridad alimentaria

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olvió a la mesa el tema de la seguridad alimentaria. Y también la energética, que van de la mano. Vueltas da la vida. A partir de la década de los años 90 del pasado siglo, que se inició bajo el signo de lo que entonces se conoció como el Consenso de Washington, y que elevó el libertinaje de las fuerzas del mercado a la categoría de dios de la economía, la suerte de los más pobres sufrió el más profundo descalabro de nuestra historia reciente. En aquel tiempo, el de la alabada apertura, quienes se atrevían a cuestionar esa doctrina, eran tildados de anacrónicos y virtualmente condenados a la hoguera por parte de sus diáconos y defensores de oficio. Pero el ulterior comportamiento del aparato productivo, infortunadamente para la suerte del país, les concedió la razón. Como resultado de la entonces moda aperturista, incondicional y sin reciprocidades, la de los años 90 fue la década perdida de la ruralidad y la agricultura lícita. En efecto, se perdió durante ese lapso una cuarta parte del área cultivada del territorio. Un millón de hectáreas. Las importaciones de comida se multiplicaron por siete veces. Los campos se llenaron de cultivos de coca, reemplazando al Perú como el gran suministrador del globo. Los frentes guerrilleros y paramilitares vinculados al negocio del narcotráfico florecieron por doquier. Y, como resultado, la democracia acabó lesionándose en materia grave, a la par de la ampliación de la brecha de desigualdad entre los pobladores rurales y los urbanos.

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La verdad es que hasta hoy los flujos del comercio internacional agropecuario han solido estar determinados por una feroz guerra de tesorerías entre los países más ricos por cuenta de los subsidios directos otorgados a sus agricultores – Estados Unidos y Europa -, ante la cual los más pobres, con sus débiles fiscos, no han tenido posibilidad alguna de responder por igual. En materia agropecuaria, el tal libre comercio sólo ha existido en la imaginación de la flamante burocracia internacional encargada de dirigir las negociaciones sobre el tema. A propósito, recuerdo una elocuente frase de un miembro de la delegación de Ecuador en la fallida ronda multilateral de comercio celebrada en Cancún (México) en 2004: “El libre comercio es como el paraíso. Todo el mundo quiere llegar allí, pero todavía no.” Y de la de un asistente de otro país vecino: “La más importante decisión en estos eventos es la escogencia de la sede y la fecha del próximo.” Tras haberse recuperado la producción agrícola lícita durante la primera década del presente milenio, hasta alcanzar de nuevo el mismo nivel de ocupación territorial que exhibía hace 30 años, las cosas volvieron a su punto de partida, y nos consagramos como el primer productor mundial de la célebre hoja. Desde entonces, la dominancia alimentaria de la inflación ha sido una constante, y, por consiguiente, el más grande dolor de cabeza para la autoridad monetaria.


Temas de reflexión

Como si fuera poco, choques externos o exógenos, no controlables por parte de las instituciones encargadas del manejo macroeconómico, como los estragos de la pandemia; el cambio climático; las confrontaciones comerciales como la existente entre China y Estados Unidos; las recurrentes restricciones y aún prohibiciones de exportaciones de alimentos como la carne de bovino en Argentina, de arroz en Vietnam y Tailandia, y, más recientemente, de aceite de palma por parte de Indonesia y de trigo por parte de India; y la invasión rusa de Ucrania – las dos naciones que en conjunto conforman la principal fuente de energía, fertilizantes y granos del planeta -, han colocado en un serio aprieto el normal abastecimiento de comida y energía del mundo. Ya no se trata de entorpecer las importaciones de comida mediante aranceles altos u otras medidas similares. Lo que estamos viendo, por el contario, son restricciones, y aún prohibiciones, de exportación de comida, como un imperativo de seguridad nacional. Se trata, ni más ni menos, del proteccionismo a la inversa. Fenómenos de índole geopolítica y climática, como los referidos, los cuales se apartan de los denominados fundamentales de la economía, suelen ser impredecibles y causantes de alteraciones de la seguridad alimentaria y energética, la cual se debe entender como el libre y expedito acceso a la oferta. Pero, según lo hemos experimentado, esa teoría pocas veces funciona en la realidad. De ahí, el rampante regreso de la inflación, vía alimentos y energía, la vieja pandemia que en la historia se ha materializado no solamente en desarreglos económicos, sino también en desgarramientos y rupturas sociales conducentes a conflictos internos y externos. Como solía afirmar Lenin, la forma más eficaz de derrotar a una nación es corromper su moneda.

Por consiguiente, resulta crucial contar con una huerta propia, robusta y suficiente, y con fuentes confiables y garantizadas de generación de energía bajo nuestro control. Fundamento esencial de la seguridad nacional. ¿Qué debe hacer el banco central? No necesariamente reaccionar en primera instancia ante choques de oferta, pues los instrumentos con que cuenta – tasa de interés de referencia, regulación de la liquidez, esto es la cantidad de dinero en circulación, encajes bancarios, etc. -, se hallan diseñados únicamente para regular la demanda. A no ser que las expectativas de los agentes económicos sobre la inflación se alteren, y se desanclen de la meta fijada por su Junta Directiva, como efectivamente es el caso actual. Por ello debe seguir actuando con toda la firmeza, sin permitir que la vacilación – anclada en la falsa creencia de que no es otra cosa que un mero fenómeno ‘transitorio’ -, otra vez se imponga sobre el arte de la anticipación. En materia de política monetaria, como bien lo ha ilustrado el profesor de la Universidad de Columbia Michael Woddford, no hay nada más relevante que las expectativas sobre la inflación. Y del lado de la oferta alimentaria, comenzar por los fundamentos de una economía de mercado rural sostenible, competitiva y equitativa. Es decir, el afianzamiento de la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, a la par de la titularización de predios en situación de tenencia informal pero real y productiva desde tiempos ancestrales. Tarea clave a fin de enfrentar la insoportable exclusión financiera que acosa al campesinado. Por la optimización de la actual frontera agrícola mediante la masificación de las vías terciarias a fin de conectar físicamente los suelos más fértiles de nuestras cordilleras y planicies con los mercados urbanos. Y por esti-

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mular otras formas de acceso a la tierra como el arrendamiento, el usufructo, el comodato, y las cuentas en participación, entre otras, a fin de darle acceso a la misma a jóvenes talentos, con la mira de ocupar no menos de veinte millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, pero hoy ociosas o subutilizadas. Para ello se precisan incentivos fiscales, como por ejemplo la exclusión tributaria de las rentas de esta naturaleza para los propietarios legítimos que accedan a ceder sus fincas bajo dichas modalidades, siempre y cuando se celebren en plazos no menores a diez, quince, veinte o más años, según el caso. Tal el enorme potencial para satisfacer nuestra seguridad alimentaria y la de otros mercados, y a su turno coadyuvar al control eficaz de la inflación. Tomar provecho de semejante oportunidad con toda la determinación de la sociedad, de manera inteligente y acelerada, constituye la máxima prioridad indisputada en los tiempos que corren. Junio de 2022

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Octubre de 2022 Medellín, Colombia