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La situación de crisis que hemos presenciado este año se produce principalmente por el quiebre total en las relaciones entre -y en- los estamentos que la componen. Afirmar que hoy no existe comunidad universitaria en nuestra Facultad no es errado; la realidad nos presenta una especie de estamentalidad en la cual cada uno de los estamentos trabaja en función de sus propios intereses con la capacidad de fuerza y poder que tienen, además de que el estamento de los/as funcionarios/as no tiene un nivel de desarrollo que le permita discutir e incidir, mientras que por otro lado vemos un estamento Académico muy fortalecido. Desde hace un año hemos venido planteando la idea de desestamentalizar nuestra Facultad, y esto no pasa solamente por abolir los privilegios que gozan los/as académicos/as (p.ej. en cuanto a las excusas y responsabilidades por el incumplimiento de sus obligaciones en comparación a los otros dos estamentos) o realizar transformaciones reglamentarias y estatutarias, sino que por establecer relaciones más democráticas entre quienes formamos parte de este espacio educativo. En este camino hemos de encontrar intereses o tareas que nos permitirán fortalecer la unidad. En el contexto de la asunción de Pablo Ruiz-Tagle como Decano se nos presenta una oportunidad -que hemos aplazado por actitudes reaccionarias de las fuerzas de izquierda- como estamento estudiantil para poder construir un programa o proyecto de Facultad que nos sirva para debatir, contrarrestar y construir junto al Proyecto del Decano, y a la vez generar una especie de tensión o presión, ya que el Decano está –en algún grado- sensible a la percepción de nuestro estamento frente a este proceso dada la intención de búsqueda de tranquilidad y “normalidad” para nuestra Facultad. Apostamos por la construcción de un sujeto estudiante y profesional crítico, particularmente hacia el neoliberalismo y al derecho que le es servil a éste. Desde esta premisa hemos de iniciar un debate que tenga como resultado un programa contundente como organización revolucionaria. Por una parte, trabajamos por democratizar nuestra institucionalidad, y la Facultad de Derecho no es sino uno de esos espacios a democratizar. El sujeto democrático al que aspiramos debe cuestionarse la legalidad que permite que exista un modelo de toma de decisiones autoritario y uno que excluye la participación de las mujeres.

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En una primera vista al concepto de rol público se encuentra una noción general que entiende dicho concepto como el enfoque de la actividad universitaria hacía el desarrollo del país. Este “compromiso” se expresaría en tres formas; en extensión, academia e investigación. Cada uno de esos ámbitos de la universidad tendría que tener como parte de sus objetivos el desarrollo del país. De la formulación de rol público surge la duda respecto a qué desarrollo estamos abordando cuando hablamos de desarrollo. Lo primero que se podría responder es que se trata del desarrollo científico y técnico, justificado en los avances del último tiempo vistos como fruto de aquel tipo de desarrollo. Luego aparece la pregunta respecto a qué es esa ciencia y tecnología, a lo que se puede contestar que es, hoy día, prácticamente todo el conocimiento; considerando que la mayoría, sino todas, las llamadas áreas humanistas del conocimiento se han puesto el apellido de “científicas”(ej. Ciencias jurídicas, ciencias sociales). Estas preguntas claramente exceden lo que se busca tratar pero es fundamental tenerlas en cuenta y saber que se tendrán por superadas para continuar con el asunto, aunque no sea así. Una idea que sirve para marcar el camino del rol público es la función social del conocimiento/saber. De forma más detallada, se trata de fijar objetivos que sean parte de un conjunto de acciones que produzcan inconmensurables efectos en la sociedad. Efectos que pueden ser anticipados sin dificultad, teniendo en cuenta que no es complejo ponerse en el escenario sobre qué ocurriría si el conocimiento, la educación, estuviera en una gran parte de la sociedad. De inicio, una mejora de la calidad de vida gracias a una nueva capacidad de discernimiento otorgada por un mayor conocimiento de la realidad, que se aplica frente a la publicidad, las elecciones, etc., produciría también una desconcentración del poder en todos sus sentidos, y otros efectos de esta envergadura.

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La realidad actual nos plantea el desafío constante de reevaluar y replantear nuestra praxis política en todos los ámbitos que ello conlleva. Ya es historia conocida el fuerte avance del orden neoliberal en el mundo occidental en general, y como ello significa una transformación profunda en nuestra realidad. Las condiciones materiales concretas, las estructuras económicas, y más precisamente, la producción material y social del mundo es aquello que fija paulatinamente nuestra conciencia práctica, siendo capaz de moldear en términos fundantes y limitantes las ideas y percepciones que somos capaces de formar en nuestra mente. Es esta relación, la que delimita las estructuras institucionales de dominación que se erigen en torno a la producción material-social y su consecuente producción de conciencia; o lo que es igual a decir que, las instituciones superestructurales (moral, religión, derecho) son posibles solo, y en la medida que es fijada por la realidad material - empíricamente constatable-, específicamente de su producción material. Como es sabido, la praxis requiere de elementos específicamente materiales, y también de otros teóricos, “sin teoría revolucionaria, no hay practica revolucionaria”; pero así mismo, es fundamental entender que en una concepción radicalmente materialista, que no dé lugar a la abstracción típicamente idealista, la centralidad del cambio son siempre las estructuras de producción material, lo cual es equivalente a decir que si bien la práctica revolucionaria requiere de una teoría revolucionaria, la centralidad está y debe siempre estar, en el elemento material, que está al servicio el elemento teórico, hablamos acá de una voluntad racional, donde el orden de los factores -primero voluntad y luego racionalidad- es relevante. Atendido con la rigurosidad necesaria lo expuesto anteriormente, y retomando algunas ideas, el orden superestructural de nuestra sociedad, está definido en su esencia y marco, por la producción material, es ésta la que define los contenidos esenciales de aquella, y por ende su estructura, lo cual no es equivalente a decir que la define completamente, o que es un reflejo perfectamente simétrico. Es menester entender, que las instituciones superestructurales tienen un campo amplio de sustantividad que es dado por cuestiones más bien contingentes que se erigen en torno a esta definición estructural y esencial dado por las condiciones de producción material y social. Así, tomando como ejemplo el Derecho (como típica institución de la superestructura) reconocemos que existe una esencia y marco sustantivo específicamente al servicio de la dominación, sobre el cual se erige el resto de su contenido, para ser más claros: la libertad (burguesa) y la propiedad (privada), se erigen como pilares esenciales en el derecho burgués. Los mecanismos objetivos de producción económica en la sociedad capitalista representan la base sobre la cual la sociedad erige una superestructura, pero sobre esto, la sustantividad de estas

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superestructuras no se haya aun completa, y es constantemente completada por múltiples factores más bien contingentes. De esta manera, creemos que es perfectamente posible sostener que: aquellos principios estructurales y esenciales de la superestructura son elementos que respectan fundamentalmente al cambio de las relaciones de producción material y social, teniendo un rol preponderante aspectos más “propiamente revolucionarios”, mientras el resto del contenido, puede perfectamente ser analizado, criticado y modificado desde una base interna, o bien, dentro de y en los términos de la superestructura en cuestión. De esta forma, el Derecho retomando el ejemplo anterior- en los que respecta a su núcleo -libertad (burguesa) y propiedad(privada)- no es susceptible de cambio dentro del Derecho y en los términos del derecho actual, pues esta íntima y estructuralmente ligada a las relaciones materiales de producción social y material, lo cual, leído a contrario sensu es equivalente a decir que aquello que no tiene que ver en términos esenciales a la libertad (burguesa) y propiedad (privada), puede perfectamente ser cambiado dentro del Derecho, y bajo las herramientas, procedimientos, mecanismos, etc., que el derecho actual nos provee, modificándolo hacia lo que la praxis política actual nos exige. Así las cosas, nuestro programa político deberá darles una bajada a las ideas antes expuestas; bajada que debe ser concreta, particular y verosímil, que entienda que la concreta dimensión de las posibilidades que el cargo en disputa provee. De esta manera, resultará esencial la construcción de un programa que pueda vislumbrar en su horizonte la existencia de un ordenamiento jurídico que aún no es permeado por el entendimiento de la centralidad de los llamados “derechos sociales”, y que consiguientemente, su comprensión se agota en derechos entendidos de forma “clásica”, típicamente civilista y liberal. También, entender la preeminencia de un derecho sin perspectiva de género, que no asume como premisa empírica, la existencia de una desigualdad social entre hombres y mujeres, y construye una ficción de igualdad que nada tiene que ver con la realidad; así los aspectos procesales, civiles, penales, etc., se empapan de esta falsa premisa de igualdad. Si bien es cierto que se ha avanzado en esta materia, es menester entender que solo es un comienzo, y queda mucho por hacer. En este orden de cosas, este programa entiende que el derecho actual está al debe en garantizar el pleno disfrute de los derechos de las minorías en general, lo que acentúa la opresión en migrantes, personas de la comunidad LGBTI+, pueblos originarios, etc., también entendemos que en el derecho actual se ha dado una progresiva acentuación y fijación por vía jurisprudencial y doctrinaria de un supuesto principio constitucional de “subsidiariedad” que debiese permear y subyacer todas las instituciones de nuestro Derecho. Por otra parte, fuera de esta problemática sustantiva, estimamos que la utilidad y el acceso a este Derecho es absolutamente poco democrático, urgiendo reformas a múltiples áreas del Derecho, pero también al acceso, y a la vinculación de la gran mayoría del pueblo a éste. De la misma manera, entendemos que el derecho actual no se muestra en una perspectiva ni si quiera, democrática, no siendo una herramienta de acceso igualitario, ni cuyo beneficio sea también igualitario.

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Nuestro programa entiende en su perspectiva general, la ocurrencia de los fenómenos antes descritos y muchos otros más, y nos empeñaremos en generar cambios dentro de las posibilidades que el cargo en disputa nos provee, da manera verosímil, concreta y perfectamente ejecutable.

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1. Aumento de matrícula estructurado en un principio de inclusión Luego de la decisión implementada por el anterior decanato de aumentar el ingreso en 156 cupos, el porcentaje de ingresos especiales ha aumentado de un 8,8% (proceso de admisión 2016) a un 17,8% (proceso de admisión 2017). Sin embargo, estos porcentajes se encuentran aún lejos respecto de otras facultades, como la de Economía y Negocios, en la cual los ingresos especiales corresponden a un 34% del total anual. Estos números han de ser enmarcados en un contexto en el cual el sistema de ingreso tradicional (PSU + Ranking de notas) es altamente segregador: el puntaje promedio PSU en los colegios municipales es de 458 puntos, mientras que en los particulares pagados es de 660. Un 44% de los alumnos de colegios municipales que rinden la PSU no alcanza los 450 puntos en la prueba, versus un 7% de los de recintos pagados. Al mismo tiempo, el Ranking de notas favorece a los alumnos de colegios particulares pagados respecto de los municipales en un promedio de 55 puntos. En nuestro concepto, nos parece que un aumento de matrículas no constituye de por sí un paso hacia el fortalecimiento de la educación pública, ni tampoco un potenciamiento del rol público de nuestra facultad. Para que el aumento de la matrícula sea una cuestión positiva, este debe ir aparejado, también, de un sustancial aumento de los cupos especiales de ingreso. Resulta necesario, para ello, hacer que nuestra Facultad se impregne de un espíritu inclusivo y deselitizador. El actual Decano, Pablo Ruiz-Tagle, no se ha manifestado acerca de aumentar los cupos especiales con un criterio de inclusión, sino que más bien potencia la elitización en el ingreso.. Así, en su programa plantea que debe promoverse el ingreso de los “alumnos de los mejores colegios públicos o privados”. En respuesta a ello, nosotros afirmamos que mejores alumnos no son aquellos que provienen de los “mejores colegios”, y que es tarea de nuestra Facultad hacer frente a la segregación y brindar oportunidades a aquellos que no han podido ser parte de las élites intelectuales de nuestro país. La manera de implementar aquello es mediante un aumento sustancial de los cupos SIPEE, BAE y PACE, que debe ser acompañado de un fortalecimiento de los programas de acompañamiento, de manera tal que podamos incluir en el ingreso a aquellos alumnos que, si no fuera por formas de ingreso alternativas a la PSU, no podrían estudiar en una Universidad Pública, por el solo hecho de no haber podido cursar su enseñanza en un colegio emblemático o uno particular pagado. En la misma línea, proponemos la ampliación de los cupos deportivos, modificando los criterios de selección de los mismos, para que personas de estratos más bajos puedan ingresar por esta misma vía. 2. Creación de una Comisión Evaluadora del Aumento de Matrícula

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Si bien como estudiantes hemos adherido a la política de aumentar la matrícula estatal, ya que restringe el campo de formación de las Universidades Privadas, y por tanto permitiría contar con abogadas/os con una visión más crítica y pluralista, esa cuestión no puede analizarse aisladamente de la calidad en la formación de los/as mismos/as, y además, aumento de matrícula sin una reorientación en la creación del conocimiento y del trabajo universitario en general (docencia, investigación y docencia), no produce un cambio sustancial en la definición del rol público. Los principales problemas que produjo el actual aumento de matrícula guardan relación con la oferta académica, provocando que aumentara exponencialmente la cantidad de estudiantes sin electivos o con un número menor, cuestión que desordena el avance curricular, e inclusive, puede retrasar el egreso, y también, produjo que se impulsarán medidas de urgencia como la disposición de docentes de departamentos ajenos al de la cátedra a dictar. Ante esto, apresuraremos la creación de una Comisión Evaluadora del Aumento de Matrícula, la que debería estar integrada por integrantes de los 3 estamentos. La Comisión deberá presentar un Informe que le entregue antecedentes al Consejo de Facultad, con plazo al mes de Julio del 2019, el cual deberá contener evaluaciones sobre las (i) condiciones de infraestructura y (ii) oferta académica. A su vez, es importante que se realicen encuestas y diálogos directos entre las autoridades y estudiantes para recibir la percepción de manera inmediata sobre el parecer del aumento de matrícula.

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El neoliberalismo tiene como uno de sus rasgos identitarios formas de gobernanza autoritarias, cuestión que se presenta en todos los niveles de organización estatal y nuestra Universidad no es una excepción. Si bien nuestra Facultad es una de las que más ha avanzado en abrir espacios de participación estudiantil (muchos de ellos aún no consagrados en los estatutos de nuestra Universidad, cuestión que es problemática desde el punto de vista orgánico) como representación en el Consejo de Facultad, Escuela y los Consejos de Departamento, espacio en donde no se ha regularizado la asistencia y el voto en los mismos, los actuales mecanismos de deliberación y resolución de conflictos no generan una adhesión o no responden ante un modelo de toma de decisiones esperado por nuestra comunidad educativa. Ahora bien, nosotros creemos que democratizar nuestra Facultad no pasa exclusivamente ni tampoco en primera instancia por conquistar espacios de representación política en los órganos de gobernanza y académicos; la construcción de una comunidad democrática debe considerar una práctica de diálogo y encuentro permanente entre las diferentes subjetividades que conviven en este espacio, encontrando así intereses comunes que permitan unir y fortalecer el espacio educativo. Para lo anterior urge (i) regularizar la participación estudiantil (asistencia y voto) en los Consejos de Departamento, por lo tanto instaremos a que el Consejo de Facultad fiscalice a los Departamentos sobre el cumplimiento de esta disposición y (ii) propondremos en el Consejo de Facultad la creación de una comisión permanente de diálogo y convivencia interno, la cual esté integrada por los representantes de cada estamento, y que tenga por objetivo trabajar en medidas a corto, mediano y largo plazo sobre métodos participativos de resolución de conflictos. IV. I. Construcción del Plan de Desarrollo Institucional democráticamente En los próximos meses se comenzará a trabajar en un nuevo PDI, el cual servirá de una hoja de ruta en nuestro trabajo como Facultad. El Decano ha expresado su voluntad de abrir un proceso abierto y democrático, con participación de estudiantes, profesoras/es y funcionarias/os. Propondremos que la elección de representantes sea a través de voto directo junto con el establecimiento de una cuota de género que considere, al menos, a 40% de mujeres de la composición total de la Comisión PDI, integrada por las/los representantes de los tres estamentos. Nosotros creemos y defenderemos la idea de que la Comisión PDI deba abrir espacios triestamentales de discusión, los cuales cuenten con el carácter de vinculantes. Además, debería contar una plataforma electrónica que promueva la participación y recepción de una mayor cantidad de ideas y propuestas para la construcción de la Facultad para la siguiente década. La

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medida anterior complementará los espacios presenciales de diálogo, mecanismos que conjuntamente atacarán la centralización y reducción de la discusión política. IV.II. Apertura de las Direcciones y Centros de la Facultad Presentaremos ante el Consejo de Facultad un proyecto que realice los cambios normativos necesarios para que exista participación estudiantil en los equipos de las diferentes Direcciones de la Facultad (Extensión, Académica, Investigación), así como también en los Centros. Lo anterior permitirá vincular directamente los intereses, necesidades y propuestas de nuestro estamento al desarrollo de la labor universitaria.

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En el último tiempo en la facultad se han desarrollado transformaciones en el ámbito académico, ya sea recientemente, como la implementación de bloques seguidos de clases como política a partir del aumento de matrícula; la elaboración de una normativa de evaluaciones orales por parte del Consejo de Escuela; como también se han llevado a cabo discusiones de mayor profundidad a propósito del proceso de innovación curricular y la instalación de un modelo basado en competencias. Es relevante mirar estas transformaciones, sumadas a la situación actual, desde la perspectiva de la docencia, dado que estas imponen nuevas exigencias de las cuales hay que hacerse cargo. En primer lugar, el Estatuto de nuestra Universidad establece el principio de la libertad de cátedra, que tiene un profundo valor para la configuración de una enseñanza crítica en una universidad pluralista y democrática. Sin embargo, con el proceso de innovación curricular y con la consiguiente aprobación del perfil de egreso y la matriz de competencias, la facultad asumió una serie de compromisos formativos que deben implementarse institucional y transversalmente por las y los académicos de la facultad, competencias que dicen relación con la igualdad de género, la interdisciplinariedad y que fomentan una mirada crítica e integradora del derecho. En segunda instancia, hay reformas que suponen una innovación pedagógica tanto a nivel de metodologías como también de instrumentos por ejemplo de evaluación, que permitan avanzar a la comprensión como un proceso que forma parte del aprendizaje. Todo lo anterior implica exigencias intensas de capacitación. Fortalecer articulación con unidad de pedagogía y vicerrectoría. Las/os ayudantes también debiesen ser incorporados en este proceso de capacitación. Por último, es relevante mencionar que la facultad es vista como un espacio complejo, pero la realización de labores de investigación no puede ser ajenas a la docencia, dado que es un importante elemento dinamizador de esta. Deben incorporarse también los ayudantes a estas labores. V. I. Formación docente Propondremos una ampliación y fortalecimiento de la Unidad de Pedagogía y Didáctica, aumentando el presupuesto destinado para dicha unidad cuestión que le permitirá contratar más esfuerzos y poder implementar diversos planes destinados a potenciar la formación en docencia jurídica.

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En particular, presentaremos en el Consejo de Facultad un plan de formación académica que considere como mínimo un curso de formación en metodologías de enseñanza para ayudantes a cargo de la UPDD, esto nos permitirá regularizar los conocimientos y prácticas pedagógicas de este grupo humano que hoy realiza labores tales como ayudantías, clases y cuestiones irregulares como evaluar a sus pares, lo cual exige mayor rigurosidad. A su vez, junto con seguir regularizando el trabajo de ayudantes (regularización que ha avanzado con la actualización del reglamento de ayudantes) promoveremos ante el Consejo de Facultad medidas que incentiven y fortalezcan la participación en dicha labor, considerando –por ejemplo- el beneficio de prioridad 0 para así poder compatibilizar labores propias de las ayudantías con la carga académica.

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Una de las mayores complicaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil es la falta de conocimiento y entendimiento jurídico, sumado a las fuertes limitaciones de la legislación (en materia laboral por ej.) para un adecuado desenvolvimiento y comunicación con el Estado. Nuestra Facultad ha asumido en su PDI un compromiso con la exteriorización de nuestro conocimiento con los sectores más desaventajados de la sociedad, declaración que no ha tenido una materialización en la práctica. La Universidad Pública, es una que entiende –como lo hemos comentado más arriba- que su tarea es trabajar en la satisfacción de las necesidades del pueblo, y es una que dispone de su conocimiento para la construcción de una sociedad más democrática. Propondremos ante el Consejo de Facultad la creación de un Centro (“Los Centros son unidades universitarias, temporales o permanentes, que cumplen tareas académicas, de investigación y de extensión en ámbitos específicos o estratégicos y podrán prestar servicios en áreas de su competencia en conformidad a la ley. Se constituirán por acuerdo del Consejo Universitario, a propuesta de una Facultad o del Rector”) de Desarrollo de Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual tendrá por sobretodo una tarea de extensión, otorgando asesorías jurídicas gratuitas a organizaciones sociales, impartirá cursos gratuitos sobre sindicalización y derechos laborales, etc., y además, investigará y criticará la normativa vigente en cuanto a participación comunitaria en la organización del Estado.

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El Consejo de Facultad ha aprobado el documento de síntesis presentado por el grupo Ana Hederra Donoso, grupo conformado por mujeres de los tres estamentos y que propuso medidas de aplicación inmediata, realizó un diagnóstico de discriminación y de género; y propuso un manual de convivencia universitaria con enfoque de género. En la última sesión del Consejo de Facultad, se aprobó la propuesta que obliga a los Departamentos y Centros a evaluar las medidas de aplicación inmediata. A su vez, el Decano ha manifestado la voluntad de revisar los acuerdos de dicho documento, ante lo cual creemos que se deben respetar los acuerdos ya logrados de manera triestamental y que han sido ratificados por el Consejo.

VIII. 1. Reglamento de evaluaciones orales. En el Consejo de Escuela se elaboraron una serie de reglas cuyo objetivo es normar las evaluaciones orales ya que el actual reglamento no contempla regulación alguna y sabemos que dado este vacío es un espacio donde se incurre en bastantes arbitrariedades. Dicho reglamento está basado principalmente en un principio de publicidad y pretende establecer garantías mínimas de objetividad, tales como la aleatoriedad de las preguntas, las cuales deben ser parte de un cedulario, cuya publicación debe cumplir con el plazo establecido, debe ser rendido exclusivamente en dependencias de la facultad, entre otras. Actualmente la aprobación de dicho reglamento está pausado dado que hubo un periodo de discusión en los departamentos y existe bastante resistencia por parte de un sector importante del claustro, por tanto será relevante el rol de la representación estudiantil en la discusión en el Consejo de Facultad para la aprobación de dicho reglamento, haciendo prevalecer lo trabajado en el Consejo de Escuela, e incorporando mejoras presentadas desde los Departamentos. VII. 2. Reformas al examen de grado en el corto plazo. No es novedad enunciar un diagnóstico negativo acerca del actual examen de grado, tanto en el nivel del periodo de preparación, como el contexto de ejecución del mismo. A partir de la presentación por parte del estudiantado de las principales problemáticas que conllevaba dicha evaluación, Dirección de Escuela a principio de año presentó un protocolo que pretendía resguardar una debida aplicación de las normas del actual reglamento, además de actualizarlo, incluyendo ciertas garantías para las y los gradistas, tales como el establecimiento de un registro

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de audio, el carácter voluntario de estar presente en la examinación de los postulantes anteriores, la aleatoriedad de la primera pregunta y la obligación de realizar una determinada cantidad de preguntas sin poder detener el examen previamente. Las materias reguladas en dicho protocolo fueron consenso en la discusión en el Consejo de Escuela, por lo que corresponde proseguir su discusión en el Consejo de Facultad, para que sea aprobado. VIII. 3. Proceso de Innovación Curricular. Hace unos meses culminó el trabajo de la Comisión de Innovación Curricular, trasladándose su discusión al Consejo de Escuela, donde se mantuvo el modelo propuesto por la Comisión que se basa en el desarrollo de competencias, la promoción de la autonomía en el aprendizaje y reducir la demora actual en el proceso de licenciatura. Actualmente en el Consejo de Escuela se están discutiendo las modificaciones reglamentarias, ya habiéndose acordado la articulación con el postgrado, reformas respecto a los talleres de memoria, a las evaluaciones, suficiencias y rezagos, quedando pendiente normar cuestiones relativas al nuevo examen de grado. La propuesta innova radicalmente en ciertas materias, como por ejemplo el examen de grado, que consiste en una evaluación escrita que integrará distintas disciplinas del Derecho, cuya preparación dependerá de un taller en el último semestre y cuya defensa oral valdrá un porcentaje mínimo, así como también la aplicación transversal que deberán recibir ciertas competencias como por ejemplo la de género, implicarán una nueva forma de pensar la enseñanza y el aprendizaje en la facultad y la discusión en el Consejo de Facultad no podrá ser ajena al estudiantado por la significancia que conlleva. Creemos que gran parte de estos problemas pueden ser resueltos en la implementación de lo acordado por la Comisión de Innovación Curricular de nuestra escuela, que viene trabajando hace ya tres años en la construcción de una nueva malla y que pretende aplicar la malla innovada el 2019. El actual decano ha planteado en su programa y durante su campaña que quiere revisar lo discutido para generar un acuerdo más amplio entre los académicos. Nosotros debemos incidir en aquel proceso; debe ser la comunidad universitaria en su conjunto la que llegue a un acuerdo amplio, es por lo que abriremos la discusión en nuestro estamento para tomar una posición unificada de cara a este proceso de discusión y aprobación en el Consejo de Facultad. No obstante lo anterior, creemos que los aspectos más importantes que deben estar en la malla son: (i) velar por que la malla curricular innovada tenga una sistematización de los electivos y optativos, que permita una futura especialización de acuerdo a un área de interés. (ii) La modificación del sistema de evaluaciones actual a uno que privilegie la aplicación práctica del Derecho por sobre la repetición de memoria de contenido. Asimismo, tenemos que avanzar en la transparencia de los criterios de evaluación y en el establecimiento de la recorrección como el derecho que es.

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Con objeto de la consecución de una de las líneas que se advierten fácilmente dentro de la misión que se expone en el Plan de Desarrollo Institucional 1, creemos como sumamente conveniente y concerniente, la estipulación de un presupuesto general dirigido a los distintos departamentos para el desarrollo de investigación estudiantil, donde la distribución de tal presupuesto a cada uno de los departamentos irá en función de criterios que se expondrán más adelante. Dentro de las líneas de acción que propenden a la Gestión Institucional, se lee claramente, en el punto octavo, que “el presupuesto de la facultad deberá ser elaborado en base a los requerimientos de cada unidad académica y de los distintos estamentos”. Pues es un requerimiento del estamento estudiantil que la administración coadyuve instancias investigativas, tanto para conjugar el desarrollo académico con la investigación, cuanto por la articulación de la investigación estudiantil con la segunda línea de acción referida al objetivo de Integración y Transversalidad, cual refiere a la política de intercambio. No es difícil reparar en que la profusión y atingencia investigativa de las y los estudiantes son criterios fundamentales a la hora de su selección o no para un programa de intercambio. Estamos convencidos, como candidatura de izquierda crítica al ordenamiento neoliberal heredado de la dictadura, que es un perfecto servilismo a tal legado ponzoñoso el que las universidades simplemente se dirijan a producir y reproducir profesionales, sin siquiera una dimensión ética que pueda advertirse dentro del plan de egreso, cuales están perfectamente preparados para enfrentarse al mercado laboral y entrar al ordenamiento jurídico en su estadio orgánico; mas no esté dentro del interés presunto ni menos de la misión ni visión del perfil de egreso, un abogado o una abogada con óptica crítica que cuestione constantemente su quehacer, el del país, que tenga un rol político de cambio. En definitiva, estamos desempeñando un nicho de abogacía que favorece a la perpetuación de su elitización, y que trabaja para el capital. Desde los albores de su gestación, el abogado o la abogada de la Universidad de Chile debe perfilarse como un actor social e intelectual dispuesto a repensar todas las esferas, tanto públicas como privadas, en donde el Derecho signifique una o muchas de las piedras de tope ante la insoslayable avalancha social. Condiciéndose con el dinamismo del sistema jurídico, es la investigación y el desarrollo de conocimiento la forma mediante la cual creemos que nuestras y nuestros estudiantes pueden cubrir todas las áreas de interés que cree ésta candidatura son compatibles con la misión y visión del mismo PDI, so pena sea sumamente criticado en algunos puntos. La crítica, la innovación, el trabajo y desarrollo, Es suficientemente claro que esta propuesta es claramente compatible con el PDI, puesto que existen varios pasajes conciliables con un Plan de Investigación Estudiantil. 1

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pueden lograrse solo bajando la academia del olimpo y poniéndola al servicio de los cambios sociales. Para lograr lo anterior, presentaremos ante el Consejo de Facultad en el proceso de elaboración y discusión presupuestaria un agregado denominado “Fondos de Investigación Estudiantil” los cuáles serán adjudicados por las/os Consejeras/os Estudiantiles de Departamento. Las bases de los Fondos serán elaboradas en una comisión compuesta por la Dirección de Investigación y el Consejo Ampliado (Consejeras/os de Departamento, Consejeras/os de Escuela, Consejeras/os de Facultad, CED), debiendo considerar como líneas de investigación; (i) derechos sociales, (ii) democratización del Estado, (iii) políticas públicas, (iv) derecho y regulación deportiva (nacional e internacional, además de derecho al deporte, (v) derecho y multiculturalidad, (vi) igualdad de género e independencia económica de las mujeres, (vii) derecho y desarrollo sustentable, además de otras líneas que estén orientadas a la crítica del ordenamiento jurídico dictatorial, neoliberal y patriarcal que es contrario al Estado democrático y de Derecho que nuestra Facultad promueve. Las/os estudiantes que se adjudiquen los fondos deberán participar de un breve curso de metodología de investigación impartido por la Unidad de Pedagogía y Didáctica del Derecho, para que el desarrollo investigativo pueda ser más riguroso y exitoso. Además, realizaremos las gestiones para que las investigaciones sean publicadas en un libro que reúna todos estos trabajos.

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Nuestra Universidad ha asumido compromisos para lograr ser una “Universidad Sustentable”, considerando a la sustentabilidad como un valor indispensable que debería erigirse sobre tres pilares para un proyecto institucional; “el desarrollo académico de la unidad académica sobre la base de (un/el) mejor desarrollo social de los miembros de la comunidad, considerando la protección ambiental como una prioridad en procesos institucionales.”2 Si bien el Centro de Derecho Ambiental se presenta como un espacio académico crítico de la actual regulación medioambiental en Chile, cuestión que es valorable, el trabajo de nuestra Facultad no puede reducirse a aquello en la deliberación pública; nuestras/os estudiantes y académicas/os deben cuestionar los conflictos medioambientales que hoy afectan a las comunidades, haciendo prevalecer el derecho a un medioambiente libre de contaminación y promocionando la participación de las comunidades en la definición de un modelo de desarrollo amigable con los recursos naturales. Si aspiramos posicionarnos como la mejor Facultad de Derecho de Iberoamérica, tenemos que actualizar nuestra política de reciclaje y sustentabilidad, adecuándonos a los estándares de las mejores Universidades. Para lo anterior, presentaremos –mediante un proyecto- un Plan de Sustentabilidad a Corto Plazo el que atenderá las propuestas e ideas elaboradas por la Comisión de Medioambiente, centrándonos en (i) medir nuestra huella de carbono, (ii) campañas de concientización, (iii) reubicación de los contenedores primarios, (iv) plan de retiro de residuos en el interior y al exterior con estricto apego a una política de reciclaje, (v) tomar medidas de ahorro y eficiencia energética e hídrica. A su vez, presentaremos ante el Consejo de Facultad un Convenio con la Municipalidad de Recoleta o Providencia para el depósito de material reciclable, medida que, integrada al plan anterior, nos permitirá disminuir nuestra huella de carbono, y también, en la discusión de presupuesto 2018, presentaremos la necesidad –ya anticipada por la Comisión de Medioambiente- de la contratación de un/a Encargado/a de Sustentabilidad, o en subsidio, de la designación de un/a Encargado/a de la planta de funcionarios/as. IX. 1. Conformación del Consejo Territorial de Unidad Sustentable (CLUS) En correlación a lo indicado en la Resolución Exenta N°1421 que aprueba la Política de Sustentabilidad Universitaria se debe crear un órgano tri-estamental permanente especializado en materias de sustentabilidad. Como lo ha planteado acertadamente la Comisión de Medioambiente, “la necesidad [de la conformación del CLUS local] surge en nuestro espacio porque que solo a través de la participación de los tres estamentos es posible alcanzar en su totalidad, las tareas encomendadas en nuestro Plan de Desarrollo Institucional”, es por lo que instaremos al Consejo de Facultad a pronunciarse sobre el levantamiento de dicho Consejo Territorial para que el Decano presente un decreto con el objeto de constituir el CLUS.

Política de sustentabilidad universitaria aprobada por el Senado Universitario de la Universidad de Chile el 12 de Julio de 2012. 2

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El CLUS deberá encargarse de la formulación de directrices, políticas y planes de acción en torno a sustentabilidad mediante un Plan General de Sustentabilidad para los años 2019-2022, y a su vez, tendrá que monitorear y apoyar las tareas del Encargado de Sustentabilidad. La integración del CLUS debiera ser la aquella propuesta por la Comisión de Medioambiente, considerando a: (i) Encargado/a de Sustentabilidad (Preside la reunión), (ii) delegado local de medioambiente estudiantil, (iii) representante del CDA, (iv) integrante de la DAE, (v) representante del CED, (vi) encargado/a de comunicaciones de la Facultad, (vii) dirección de extensión, (viii) encargado de infraestructura y (ix) un/a prevencionista de riesgos (externo/a o contratado/a).

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El bienestar es un tema que hoy, en nuestra Facultad, cobra importancia ya que nos encontramos en un contexto de implementación de cambios reglamentarios e institucionales, que no han sido llevados a cabo de la mejor manera, lo que ha ocasionado una afectación general – y en un alto número de casos, una situación grave- a la salud mental de nuestros/as compañeros/as, además de acarrear considerables dificultades para la práctica del deporte. Es justamente en esto último, además, que identificamos un potente aliado en la búsqueda de mejorar la calidad de vida universitaria y la salud del estudiante en todas sus aristas. Por lo mismo, creemos que urge un potenciamiento y facilitación de la práctica del deporte para toda la comunidad estudiantil. A nivel institucional, en tanto, nos encontramos con múltiples deficiencias y falencias en lo que la Facultad actualmente realiza. Creemos que el cambio de decanato puede ser una oportunidad para redoblar los esfuerzos realizados con miras a lograr los cambios que urgen en áreas como la Unidad de Psicología, la situación de nuestras compañeras y compañeros que son madres y padres, la situación de estudiante no videntes, etc. Buscamos, entonces, que desde la institucionalidad de la facultad se revisen los mecanismos y procedimientos relativos al bienestar y la salud mental estudiantiles, para que estos tengan una real eficacia adecuada a las necesidades actuales del estudiantado, además de anunciarse y enseñarse los protocolos contra el acoso y la violencia que fueron desarrollados durante este año en la Facultad y en la universidad. Por otra parte, nos interesa que la práctica del deporte no se vea obstaculizada por las materias académicas, sino que más bien ambas cosas se complementen y que sea el deporte una herramienta que nos permita enfrentar de la mejor forma las demás facetas de la vida en la facultad. Junto a la nueva Mesa Directiva, trabajaremos y presentaremos un proyecto de ampliación del gimnasio de la facultad: dadas las condiciones de infraestructura de la facultad, para muchos estudiantes, el gimnasio es el único lugar en que hacen deporte, por lo que presentaremos un proyecto de ampliación de sus instalaciones y mejora de equipamiento. En relación a la línea general de nuestro programa (el fortalecimiento de la Unidad de Pedagogía), presentaremos ante el Consejo de Facultad la necesidad urgente de realización de cursos sobre metodologías de aprendizaje, en especial sobre aprendizaje colectivo, y a su vez, promoveremos la idea de que al comienzo del año, nuestra Facultad entregue a cada estudiante los boletines creados por dicha Unidad. Creemos que junto a medidas que puedan atender el problema de la salud mental, se deben realizar medidas tendientes a prevenirlo.

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Sección agregada desde el Programa Completo de Unidos Podemos.

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En cuanto a las obligaciones y deberes como representante estudiantil, junto al Equipo de la Consejería, daremos cuenta mensual de nuestro trabajo e informaremos del acontecer en el Consejo de Facultad de una manera accesible y clara; creemos que la participación política tiene como antecedente a sujetos/as informados/as, o sea, sin información no puede haber participación. También, junto al Equipo de la Consejería convocaremos a reuniones abiertas para trabajar en los proyectos anteriormente mencionados y en la creación de nuevos proyectos a presentar ante el Consejo de Facultad, además, levantaremos una plataforma virtual para la presentación de iniciativas y proyectos para este órgano. Solicitaremos al CED electo el uso de una de las salas de la Oficina del CED, una vez a la semana por dos horas para tener reuniones con las/los estudiantes con el objeto de informar y trabajar en proyectos de interés. Aunque suene redundante, comprometemos nuestra asistencia a los Consejos de Delegados/as y a las instancias que requieran de nuestra participación, dando cuenta pública de nuestra asistencia.

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Programa Luis Felipe Manques Consejero de Facultad  

Programa Completo Luis Felipe Manques Muñoz, candidato a Consejero de Facultad por Unidos Podemos. 2018-2019.

Programa Luis Felipe Manques Consejero de Facultad  

Programa Completo Luis Felipe Manques Muñoz, candidato a Consejero de Facultad por Unidos Podemos. 2018-2019.

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