Revista Guinda Noviembre 2025

ESCRIBEN:

= JOSÉ ANTENOR ANCONA RODRÍGUEZ

= ENRIQUE PONS FRANCO

= MARTÍN BERDEJA RIVAS

= AMOS OLVERA PALOMINO

= EDGAR FERNANDO CRUZ

= RAMSÉS PECH.

EL ESTRATEGA

OMAR GARCÍA HARFUCH, EL OVACIONADO HOMBRE LEAL Y EFECTIVO DE LOS PLANES DE LA PRESIDENTA PARA LA PAZ Y EL ORDEN.

CSP: EL MENSAJE

INTERNO A LA 4T Y LAS ACCIONES DE GOBIERNO DESDE EL ZÓCALO LA NUEVA LEY ADUANERA EN MANOS DE RAFA MARÍN

La CUMBRE DE PETRÓLEO Y ENERGÍA promueve  el acercamiento entre personalidades relevantes de las instituciones tales como PEMEX, CENAGAS, CFE, Secretaría de Energía, miembros de las comisiones legislativas federales de Energía, con las cámaras empresariales especializadas, nacionales y extranjeras, con el objetivo de lograr un entendimiento más claro sobre los planes energéticos del Gobierno de México encaminados hacia la soberanía energética, y  así también, la definición de la participación  de inversión privada en este ámbito.

La barra de conferencistas magistrales incluye la valiosa participación de embajadores acreditados en México, de los países más destacados por su producción de hidrocarburos y otras fuentes de energía.

Summit Petroleum&Energy y el torneo de golf de clausura denominado “Ener&Ecup”, son auspiciados por la revista Energía&Ecología, de GREMOL

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SEGURIDAD GUIADA POR INTELIGENCIA

La comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el Senado, combinada con su reunión privada de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, trasciende la mera rendición de cuentas. Este ejercicio dual se ha constituido en la validación política e institucional del modelo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Demuestra que la Estrategia Nacional se maneja con transparencia y resultados comprobables, manteniendo el principio rector de Inteligencia para desarticular y Justicia Social como fin . Harfuch se consolida como el ejecutor estratégico, garantizando la coherencia entre la visión presidencial y la acción operativa.

La estrategia rompe con los modelos fallidos del pasado al atacar las estructuras financieras y políticas que sostienen la impunidad. La ofensiva es un acto de voluntad política que prioriza la Inteligencia Estructural sobre la reacción superficial. El combate al robo de hidrocarburos (huachicol) es el ejemplo más claro: desmantelar estas redes es una batalla contra la corrupción y el tráfico de influencias del viejo régimen, cortando una fuente vital de financiamiento al crimen organizado.

De igual forma, la lucha contra la extorsión, uno de los delitos más lacerantes y fragmentados, se refuerza con propuestas de una Ley General de Extorsión , dotando al Estado de los instrumentos legales para defender a la base social productiva. Los resultados son medibles: el homicidio doloso se redujo 32% en un año, producto directo de la disciplina táctica y la coordinación absoluta entre las fuerzas federales.

En el plano geopolítico, la Estrategia Nacional opera bajo los principios de soberanía y

corresponsabilidad. La cooperación con EE. UU. en el combate al tráfico de fentanilo y armas se da bajo la directriz inamovible de la Presidenta: colaboración sí, pero sin injerencia y con la agenda definida por México. Se demuestra eficiencia operativa con aseguramientos históricos de drogas, mientras se exige a nuestro socio que frene el tráfico de armas y la demanda en su territorio.

Finalmente, el eje rector y factor diferencial de la 4T es la Justicia Social. La Presidenta reitera que la seguridad no se alcanza solo con el uso de la fuerza, sino atacando la raíz de la desigualdad. La atención a las causas –a través de programas comunitarios, empleo y cultura– es la inversión política más importante y la medida estratégica de largo plazo. Este pilar ideológico transforma la política de seguridad en una estrategia de paz duradera , arrebatando a las juventudes de las filas del crimen.

El timón estratégico es de la Presidenta Sheinbaum; el Secretario Harfuch ha demostrado una ejecución con resultados a un año del comienzo del Segundo Piso de la 4T. La seguridad es una responsabilidad del Estado que se cumple con hechos. El modelo de Inteligencia y Ley para desarticular, combinado con la Justicia Social como destino final, es la ruta consolidada que avala la transformación de la seguridad pública.

Harfuch está en el ánimo del colectivo social, en las confianzas de la presidenta, en el respeto de sus compañeros de partido y en el reto de los adversarios.

José Antenor Ancona Rodríguez

CEO & CHAIRMAN

REVISTA GUINDA

REVISTA GUINDA, edición mensual correspondiente a noviembre / diciembre de 2025. Director General y Editor Responsable de la Publicación: José Antenor Ancona Rodríguez. Con número de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Titulo 04-2024-120911563300-102 que expide el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud del Título y Contenido 17711. Con domicilio de la publicación en Monte Everest M70 Lt 19 edificio C Int. 401 col. Bonfil C.P.77560 Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, Méx. Impresa por Imprenta FCV Soluciones Gráficas. Imprenta con domicilio en Av. El Rosario 751 Col. San Martín Xochinahuc, CP. 02120 Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Nombre del distribuidor: Jesús Antonio Gallegos Pérez Domicilio: Av El Rosario 751 Col.San Martin Xochinahuac, Cp. 02120 Del. Azcapotzalco, Ciudad de México. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, el nombre se encuentra protegido y registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaría de Cultura. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Consolidación del Liderazgo

de Claudia Sheinbaum Pardo

Un mensaje por la unidad

Claudia Sheinbaum consolida su liderazgo con un mensaje de unidad y estabilidad económica, destacando avances en programas sociales y seguridad, con una aprobación del 71.6% y proyecciones positivas para el futuro de México.

El 1 de octubre de 2025 marcó el arranque del segundo año presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien consolidó su liderazgo con un discurso ante el pletórico Zócalo de la Ciudad de México.

Este mensaje no solo reafirmó la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), sino que también enfatizó una creciente autonomía ejecutiva. Con una oferta clara de estabilidad, Sheinbaum se dirigió a múltiples audiencias: el Poder Legislativo, el empresariado,

la sociedad civil y la ciudadanía. Su enfoque en reglas macroeconómicas sólidas, cooperación dentro del T-MEC y certeza jurídica para la inversión privada se equilibró con el fortalecimiento de programas sociales y una política de seguridad basada en inteligencia, marcando una evolución del estilo de su predecesor.

El posicionamiento de CSP incluyó señales contundentes: respeto a las libertades, preservación de la autonomía del Banco de México

(Banxico), responsabilidad fiscal y certidumbre regulatoria. Se comprometió a mantener estables los precios de los energéticos, una medida que, si bien da continuidad a la 4T, se ejecuta con un sello propio, caracterizado por una aproximación técnica en la formulación de políticas. En un contexto global de incertidumbre, este discurso buscó proyectar confianza a inversionistas y ciudadanos, distanciándose de la retórica confrontacional que marcó el sexenio anterior.

Los cimientos de esta consolidación se manifestaron en el Primer Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 2025. En dicho informe, CSP destacó cifras como la reducción de la pobreza, el récord en inversión extranjera y el control de la inflación. Este antecedente validó la estabilidad macroeconómica y social, creando un continuum que vincula logros heredados con proyecciones de su propia gestión.

78% de los mexicanos aprueba su gestión

13.5 MILLONES de personas salieron de la pobreza

135%

aumentó el salario mínimo

El humanismo mexicano en acción

Hace un año, al tomar posesión, CSP definió su administración como la continuidad del Humanismo Mexicano, el eje rector establecido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este principio integra derechos humanos con justicia social y desarrollo sostenible. Sheinbaum enfatizó la cooperación económica con Norteamérica, posicionando al T-MEC como una oportunidad estratégica para el nearshoring y la integración de cadenas de valor. Un compromiso clave fue no incrementar los precios de los energéticos en términos reales

durante su primer año. Esta medida, anclada en subsidios y eficiencia energética, responde a las preocupaciones de la clase media y trabajadora. Paralelamente, convocó al diálogo con el empresariado para estabilizar la canasta básica, proponiendo incentivos fiscales y alianzas público-privadas. La consistencia de este mensaje se evidenció desde el Primer Informe, que delineó la política social expansiva. El programa de 850 mil millones de pesos destinados a Programas para el Bienestar en 2025, equivalente al 2.3% del PIB,

materializó estas promesas mediante la Pensión Mujeres Bienestar para 3 millon es de beneficiarias de 60 a 64 años, la Beca Rita Cetina universal para 5.6 millones de estudiantes de secundaria, y el innovador programa Salud Casa por Casa con 20 mil profesionales de la salud visitando domicilios. Estas medidas no fueron anuncios vacíos; constituyeron la operativización del “Humanismo Mexicano”, demostrando que la retórica por esta ocasión tienen un sustento programático verificable.

y el Segundo Piso de la 4T EL EJEMPLO DEL PREDECESOR

La presidencia de Claudia Sheinbaum no puede entenderse sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Más que un simple predecesor, AMLO se convirtió en el arquitecto del movimiento político que se propuso una meta ambiciosa: consolidar una Cuarta Transformación en la vida pública de México, no a través de la violencia, sino en las urnas electorales, a través de la democracia.

Sheinbaum heredó una aprobación popular superior al 60%, una base social movilizada y una mayoría legislativa que ningún presidente reciente había tenido al iniciar su mandato, y que permitió el sobresaliente trabajo parlamentario que hubo este verano en el que se aprobaron reformas fundamentales que se habían quedado pendientes en la administración de López Obrador, tales como la reforma energética y la reforma al Poder Judicial.

Este "piso" de legitimidad le otorgó un arranque excepcionalmente estable, pero también la obligación de no fallar en los postulados fundamentales de la Cuarta Transformación.

La continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación se expresó en el concepto de “Segundo piso de la 4T”, y se

manifiesta de manera tangible en los megaproyectos y programas sociales. La consolidación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas, así como la expansión de las pensiones y becas, son el núcleo de este “Segundo Piso". La tarea de Sheinbaum no es tanto la de inaugurar una nueva era, sino la de administrar, eficientar y volver sostenible el legado de AMLO, con la mirada hacia un México soberano, con agenda propia que no dependa de imposiciones internacionales. Su enfoque técnico y su formación científica se presentan como las herramientas idóneas para dicha labor, buscando transformar las visionarias iniciativas del expresidente en políticas públicas permanentes y financieramente viables. Sin embargo, la diferencia más notoria radica en el estilo. AMLO es un genio

político, su hábitat era la comunicación diaria, utilizando la "mañanera" para marcar la agenda, confrontar adversarios y generar confianza a la población. Su liderazgo era personal, carismático y, a menudo, electrizante. Sheinbaum, en contraste, ha optado por un perfil más sobrio y técnico. Sus conferencias son más informativas que combativas, prioriza la información sobre la arenga. Este "cambio de tono" es una apuesta calculada: busca reducir la polémica, generar confianza en sectores escépticos (como el empresarial) y proyectar una imagen de gobernabilidad institucional por encima de la figura de una sola persona. Es su principal gesto de autonomía, aunque corre el riesgo de ser percibido como una falta de carisma por la base más dura del obradorismo y los opositores.

Este equilibrio define su principal desafío. Por un lado, debe lealtad a los ideales del líder que la precedió y al movimiento que construyó; por otro lado, ha de construir su propio liderazgo y asegurar la gobernabilidad a largo plazo, necesita imprimir su sello, ajustar el rumbo donde sea necesario y demostrar que no es una administradora del proyecto que inició el tabasqueño.

Continuidad estratégica y afirmación de autonomía

La continuidad estratégica se materializó en señales claras. CSP reafirmó la autonomía de Banxico, se comprometió a una disciplina fiscal rigurosa y garantizó la seguridad jurídica para la inversión. El Primer Informe proporcionó bastante evidencia: inversión histórica en trenes, recuperación de la producción petrolera y la aprobación de 19 reformas constitucionales. En el T-MEC, delineó un plan para impulsar la competitividad, mientras que en el sector energético mantuvo el balance público-privado.

En seguridad, delineó una gestión propia que integra inteligencia y coordinación, reportando una reducción del 32% en homicidios dolosos en sus primeros 12 meses. La reforma judicial fue posicionada como una vía para democratizar el acceso a la justicia. El tono técnico permeó toda su comunicación, citando proyecciones de organismos internacionales y anunciando políticas basadas en datos, como la Nueva Ley General de Aguas y la inversión para el abasto de medicamentos.

La Presidenta al mando

La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que su gobierno da continuidad y se sustenta en la “gran hazaña” de Andrés Manuel López Obrador: la separación del poder político y el poder económico. Este postulado no es una mera retórica, indica el pilar sobre el cual se edifica el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, reivindica la ruptura con el antiguo régimen, cuando los intereses corporativos dictaban la agenda pública, y legitima su propia administración como la guardiana de este cambio. Primando la certeza regulatoria hasta el combate a la corrupción, no como concesiones, sino como la consolidación de un Estado que responde al interés ciudadano por encima de las élites.

La continuidad se materializa de manera más visible en la implementación y expansión de los nuevos proyectos de justicia social. La herencia de AMLO es un andamiaje de programas universales que Sheinbaum ahora se encarga de fortalecer con un enfoque operativo. El presupuesto histórico destinado a los Programas para el Bienestar, la creación de la Pensión Mujeres Bienestar y la universalización de becas son la prueba incontestable de que el “Humanismo Mexicano” trasciende el discurso. El papel de Sheinbaum es transformar la visión de su predecesor en una política de Estado sostenible y financieramente viable, demostrando que la justicia social puede coexistir con la disciplina macroeconómica.

Abrazando el corazón ideológico de la Transformación, Sheinbaum obtiene el capital político necesario para ejecutar conforme a su propio estilo de gobierno. Mientras AMLO lideró la primera fase de ruptura, caracterizada por un liderazgo carismático y de lucha; Sheinbaum encabeza una etapa de consolidación, donde el reto es tender puentes con los sectores que se mantuvieron escépticos, garantizando la permanencia institucional de la 4T.

En su Primer Informe de Gobierno, rendido ante el Zócalo capitalino — un escenario simbólico cargado de historia republicana—, CSP reforzó la idea de que "vamos por el camino correcto". Vinculó los logros iniciales a una estabilidad macroeconómica robusta, con indicadores como un crecimiento del PIB proyectado en 2.5% para 2025, expansión de infraestructura en corredores logísticos y el fortalecimiento de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y las Becas Benito Juárez. Específicamente, el informe de septiembre reportó la construcción de 249 mil viviendas iniciada al cierre de agosto, con proyección de 390 mil unidades para finales de 2025, además de la inauguración de 15 hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con 16 adicionales programados para el resto del año. La ceremonia contó con la presencia de su gabinete completo,

gobernadores de los 32 estados — incluyendo aliados clave de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia—, representantes de sectores sociales, empresariales y académicos. Este arranque no fue un mero ritual; fue una declaración de intenciones,

enmarcada en principios como no ceder a presiones externas —sean de lobbies internacionales u oposiciones internas— y un combate frontal a la corrupción, con énfasis en la digitalización de procesos administrativos para mayor transparencia.

CONTINUIDAD ESTRATÉGICA Y AFIRMACIÓN DE AUTONOMÍA, PILARES DEL GOBIERNO DE SHEINBAUM

La continuidad estratégica se materializó en una serie de señales claras y medibles. CSP reafirmó la autonomía plena del Banco de México, garantizando que las decisiones monetarias se tomen con independencia técnica para controlar la inflación —que se mantiene sobre el 3.5% anual— y fomentar el crédito productivo. En materia fiscal, se comprometió a una disciplina rigurosa, manteniendo la proporción deuda/PIB

en niveles “razonables” por debajo del 50%, lo que contrasta con los picos de endeudamiento en administraciones previas. La seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera fue otro pilar: mediante incentivos en zonas económicas especiales y simplificación regulatoria, se busca atraer flujos por al menos 35 mil millones de dólares en nearshoring, aprovechando la relocalización de industrias manufactureras desde Asia. El Primer Informe de Gobierno proporcionó la evidencia empírica que sustenta estas proyecciones de continuidad estratégica. La inversión

histórica de 180 mil millones de pesos en trenes para 2025 y 90 mil millones de pesos destinados a la CFE demostraron el compromiso gubernamental con la infraestructura energética y logística. Adicionalmente, la producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, principalmente a través de Pemex —casi el triple que en 2018— validó la recuperación del sector energético bajo control estatal, mientras que la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes en 12 meses evidenció la capacidad legislativa para impulsar transformaciones estructurales.

En lo que respecta al T-MEC, CSP delineó un plan para impulsar la competitividad regional, con énfasis en la integración de proveedores mexicanos en cadenas de suministro automotriz y electrónica. En el sector energético, se mantuvo el balance público-privado en la generación eléctrica en 54/46, con una transición planificada hacia renovables que incluye la instalación de 10 GW de capacidad solar y eólica para 2028, financiada parcialmente por inversión privada. Esta aproximación híbrida evita confrontaciones ideológicas y prioriza la soberanía energética sin sacrificar la eficiencia. El informe de septiembre había adelantado la modernización

de infraestructura logística como pilar de esta competitividad regional. La construcción del Tren Maya de carga con derivación a Puerto Progreso, los tramos férreos de Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, y la licitación de los tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato configuraron un sistema ferroviario integral que complementa la estrategia de nearshoring. Paralelamente, la inversión pública de 18 mil millones de pesos en puertos como Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y los del Corredor Interoceánico fortalece la conectividad marítima, posicionando a México como el hub logístico norteamericano.

Por otro lado, las señales de autonomía fueron igualmente potentes. En seguridad, CSP delineó una gestión propia que integra inteligencia cibernética avanzada, fortalecimiento de la Guardia Nacional con 150 mil elementos desplegados, y coordinación estrecha con la Fiscalía General de la República (FGR) y los gobiernos estatales. La consigna de “cero impunidad” se traduce en reformas procesales que agilizan juicios orales y utilizan IA para el análisis de delitos. El Primer Informe reportó una reducción del 32% en homicidios dolosos durante los primeros 12 meses de gestión, equivalente a 27 homicidios menos por día, así como una disminución del 25.3% en homicidios dolosos de septiembre 2024 a julio 2025, validando la efectividad de esta estrategia integral. En la agenda legislativa, se posicionó la reforma judicial —recién aprobada— como una vía para “más autonomía” del Poder Judicial, democratizando el acceso a la justicia mediante elecciones populares de jueces y magistrados, lo que reduce el elitismo y aumenta la rendición de cuentas.

El tono técnico permeó toda la exposición: en política económica se citaron proyecciones del FMI y el Banco Mundial para respaldar metas de empleo; en recursos hídricos, se anunció la Nueva Ley General de Aguas, que prioriza la sostenibilidad de acuíferos y el ordenamiento de concesiones para industrias extractivas, evitando la sobreexplotación en regiones como el Bajío y el norte. En materia de salud, el primer informe de gobierno documentó el logro del 90% de abasto de medicamentos en el primer y segundo nivel de atención, así como la inversión de 1,500 millones de pesos para equipar 300 quirófanos en hospitales del IMSS-Bienestar e ISSSTE. Estas comunicaciones del 1 de octubre, difundidas en mañaneras y boletines oficiales, proyectan una presidencia técnica, alejada de la retórica polarizante de una campaña electoral.

BANCADA DE MORENA

LEGITIMIDAD, ESTABILIDAD Y DEDICATORIA

A

OPOSITORES Y DISIDENCIAS INTERNAS

El impacto político del discurso fue inmediato y multifacético. En términos de legitimidad, el marco institucional —con la presencia del Congreso, gobernadores afines y opositores, los recién electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sindicatos como la CTM y la CROC, académicos de la UNAM y líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)— amplió el reconocimiento. Según la encuesta Mitofsky/El Economista de fines de septiembre del 2025, la aprobación nacional de CSP alcanzaba el 71.6%, un nivel robusto pese a caídas en segmentos empresariales (alrededor del 55%). Esta validación ciudadana se sustentó en los resultados concretos presentados en el Primer Informe, donde CSP alcanzó una aprobación del 73% según encuestas de El Financiero, con mayor respaldo entre mujeres (74.1%) y jóvenes de 18-29 años (76%), atribuible a programas como las becas universales y la equidad de género en políticas públicas. Esta validación consolida la gobernabilidad y proyecta

una coalición amplia para aprobar iniciativas clave en el Legislativo. La narrativa de estabilidad de mediano plazo se centró en certidumbre regulatoria: reglas claras para el sector energético, avance en megaproyectos como el Tren Maya (fase III completada) y el Corredor Interoceánico, y la constitucionalización de programas sociales que benefician a 25 millones de personas. El Primer Informe había cuantificado esta estabilidad mediante la meta sexenal de 1.7 millones de viviendas para trabajadores de hasta dos salarios mínimos, la operación de 23 Polos de Desarrollo para el Bienestar en pleno funcionamiento para 2026, y el incremento salarial del 10% para maestras y maestros. Todo ello orientado a blindar expectativas económicas, estimular el consumo interno mediante aumentos salariales mínimos del 12% y generación de 1.2 millones de empleos formales en los próximos tres años. Este enfoque contrarresta narrativas de inestabilidad, particularmente en un año electoral intermedio donde se disputan

gubernaturas y diputaciones.

Un mensaje sutil pero firme fue dirigido a opositores y a las "disidencias" internas de Morena. Al vindicar la reforma judicial como una "decisión democrática" tomada por el pueblo soberano, y al reiterar la línea de "no ceder a presiones" —ya sean de élites judiciales o aliados renuentes—, CSP reafirmó la conducción ejecutiva y la disciplina partidaria. El respaldo institucional obtenido en el Primer Informe, con la presencia de todos los nuevos ministros de la SCJN electos por voto popular, legitimó esta posición reformista y fortaleció la narrativa de democratización judicial. Sin confrontaciones directas, implicó costos políticos para las voces discordantes, como figuras que cuestionaron el proceso electoral judicial, pero enmarcado en un respeto a la pluralidad y las libertades de expresión. Esto fortalece la cohesión de la 4T, evitando fisuras que podrían debilitar la mayoría calificada en el Congreso.

RECEPCIÓN Y PERCEPCIÓN:

POLARIZADAS, PERO POSITIVAS

La recepción del mensaje fue mayoritariamente positiva, aunque con matices sectoriales. En los medios tradicionales, las coberturas destacaron la lista exhaustiva de compromisos —más de 50 menciones específicas a políticas—, el respeto a las libertades y la orientación técnica de la continuidad. Publicaciones como El Universal y Milenio ofrecieron balances generales positivos en sus piezas de síntesis del Informe, enfatizando la agenda macroeconómica, la certidumbre para inversiones y la no regresividad en precios energéticos. La cobertura mediática se enriqueció con los datos concretos del Primer Informe septemberino, donde medios especializados como El Economista subrayaron la continuidad en inversión con proyecciones de 40 mil millones de dólares en IED para 2026, mientras que CSP dominó el 65% de portadas durante 2025, con picos en julio (reforma judicial) y octubre (Informe). Reformas en infraestructura, como la electrificación rural al 95%, fueron aplaudidas como vectores de inclusión. En redes sociales, el panorama

fue más contrastado. El apoyo abrumador a programas sociales y becas —con hashtags como #HumanismoMexicano trending en X y TikTok— contrastó con críticas persistentes en temas de seguridad (aumento de homicidios en Guerrero y Michoacán) y economía (inflación en alimentos). Las publicaciones del 1 de octubre generaron 2.5 millones de interacciones en X, con narrativa de estabilidad y críticas sobre "estilo de poder" en YouTube. Datos de aprobación revelan una segmentación clara: mayor respaldo entre beneficiarios de programas (80.2%) y menor entre empresarios (54.8%), alineada a una conversación digital polarizada. Plataformas como YouTube registraron millones de vistas en transmisiones en vivo del Zócalo, con comentarios divididos entre elogios a la "estabilidad" y demandas de "resultados". Los analistas políticos en general captaron un "cambio de tono" notable: de la campaña electoral combativa a una gestión más técnica y menos frontal.

UN AMPLIO CORO DE VALIDACIÓN

Desde la Presidencia, las conferencias matutinas del 1 de octubre profundizaron en temas como la seguridad hídrica —con la promulgación de la Nueva Ley General de Aguas que regula extracciones en el Valle de México— y el mantenimiento de un balance fiscal-social, destinando el 8% del PIB a programas de bienestar. Las mañaneras, ahora bajo el sello de CSP, reforzaron premisas macro con datos en tiempo real, como la ejecución presupuestal al 98% en el primer trimestre.

El Primer Informe de Gobierno había establecido las bases de este diálogo sectorial. Legisladores y líderes de opinión validaron el mensaje: gobernadores como Clara Brugada (CDMX) y Américo Villarreal (Tamaulipas) destacaron la coordinación federal-estatal en seguridad y el empleo verde; la comunidad educativa celebró becas ampliadas a 13 millones de estudiantes. Los gobernadores de Morena emitieron un respaldo conjunto al liderazgo de Sheinbaum, reconociendo los avances en educación, equidad de género e inclusión. Los ministros de la SCJN, recién electos por voto popular, asistieron al Zócalo como símbolo de la nueva era judicial. Encuestas segmentadas de Parametría muestran brechas por ocupación: 78% de apoyo en sector informal vs. 60% en IP, útil para mapear posturas en las cámaras legislativas y cúpulas como Coparmex.

Organizaciones de la sociedad civil (OSC), como México Evalúa y Fundar, emitieron reacciones neutras: notándose sobre todo escepticismo en las cifras y el tono en el que fueron dichas.

ÁNGULOS ANALÍTICOS PROFUNDOS DE MEDIOS ESPECIALIZADOS

El Economista, en su seguimiento de aprobación y lectura macro, subrayó la continuidad en la inversión (proyecciones de 40 mil mdd en IED para 2026) y los programas sociales, junto a avances en seguridad con una reducción del 15% en feminicidios. Sin embargo, el Primer Informe había revelado que la seguridad sigue siendo la preocupación dominante para el 55% de la ciudadanía, por encima de salud (20%) y economía (18%), un vector para coberturas futuras sobre la Guardia Nacional. La inversión de 21 mil millones de pesos destinada a fortalecer el IMSS-Bienestar tras un diagnóstico que identificó la necesidad de más de 3 mil

equipos especializados ilustra la magnitud del desafío en servicios públicos. Reforma, Milenio y El Universal reportaron análisis cuantitativos independientes: CSP dominó el 65% de portadas durante 2025, con picos en julio (reforma judicial) y octubre (Informe), reflejando un agenda-setting sostenida por el Ejecutivo. Los medios destacaron la inversión superior a 121 mil 540 millones de pesos en infraestructura de transporte, así como la modernización de 36 aeropuertos concesionados y la remodelación integral del AICM. Patrones mensuales muestran variaciones: alta atención en economía durante Q1 y seguridad en Q3.

POPULARIDAD EN ASCENSO CON DESAFÍOS

La popularidad de CSP se consolidó en el 71.6% al cierre del año, con mayor apoyo entre mujeres (74.1%) y jóvenes (18-29 años, 76%), atribuible a becas y equidad de género en políticas. El Primer Informe había evidenciado este respaldo segmentado, con especial apoyo entre beneficiarios de programas sociales: 13 millones de personas mayores de 65 años con pensión, 1.6 millones con discapacidad recibiendo apoyo económico, 3.9 millones de estudiantes de preparatoria con becas universales, y 264 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Menor en empres arios (54.8%), donde prevalece el escepticismo sobre regulaciones laborales. La seguridad, como preocupación dominante (55%), contamina la narrativa en redes

Cuadros

pese a los avances en inteligencia y decomisos de armas (aumento del 30%).

Publicaciones del 1 de octubre generaron 2.5 millones de interacciones en X, con narrativa de estabilidad (obras como el AIFA ampliado) y críticas sobre "estilo de poder" en YouTube, alimentando debates en foros como Reddit México. El programa "México, país de innovación", enfocado en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, autos eléctricos y satélites nacionales, anunciado en el Primer Informe, captó la atención de sectores juveniles especializados en tecnología, mientras que la eliminación del examen COMIPEMS para educación media superior generó debate en círculos educativos.

comparativos de percepción: medios, redes y analistas

ASPECTO

FOCO PRINCIPAL

TONO GENERAL

EJEMPLOS CLAVE

Claridad programática, continuidad macro y respeto a libertades. Balance positivo en síntesis del Informe con énfasis en cifras del Primer Informe septembrino.

Positivo-constructivo; énfasis en certidumbre económica y proyectos. Destacan 90% abasto medicamentos, 31 hospitales nuevos.

El Universal: “Compromisos blindan inversión”. Milenio: “249 mil viviendas en construcción”.

Apoyo a programas/ becas vs. críticas en seguridad, costo de vida e institucionalidad. Hashtags #Estabilidad4T vs #InseguridadMX. 2.5M interacciones.

Mixto: 60% apoyo social, 40% críticas sectoriales.

X: #Estabilidad4T (1M menciones) vs. #InseguridadMX (800K). YouTube: millones de vistas de la transmisión del Zócalo.

Cambio de tono técnico; críticas a concentración de poder y “autoritarismo suave”. Debate sobre contrapesos.

Equilibrado: eficiencia vs. riesgos institucionales.

Silva-Herzog: “Técnica gana, pero vigilar reformas”.

Esta tabla ilustra la asimetría perceptual, donde los medios amplifican lo institucional y las redes capturan lo visceral, mientras que el Primer Informe de septiembre proporcionó el sustrato factual que nutrió ambas narrativas.

LA PRESIDENTA SE ENCUENTRA AL MANDO

Tras lo acontecido en sus dos mensajes a la Nación, la presidenta Sheinbaum se encuentra justo ahora alcanzando la cima de su influencia. Cada vez se nota con mayor confianza en la toma de decisiones y encara los múltiples desafíos que enfrenta el país con creciente aplomo. Se le nota cada vez más segura en sus palabras y sabe perfectamente que cada vez habla es escuchada.

Esto, aunado a los éxitos en los rubros económicos, seguridad pública y política exterior, le brinda la certeza de que su propia agenda, el llamado Segundo Piso de la 4T, está siendo bien recibida y aceptada por la población. El camino ciertamente no estará exento de obstáculos, enfrenta catástrofes como la ocurrida en Iztapalapa en el puente de La Concordia, que la llevó a modificar de inmediato la legislación de transporte de hidrocarburos por coche-tanques luego de la explosión que dejó 31 muertos y muchísimos heridos. También enfrenta otras de tipo climático como las inundaciones de mediados de octubre en la región del Golfo, principalmente Veracruz

y Puebla, y las primeras señas de lo que será el arribo de crecidas de ríos ubicados en regiones tan distantes unas de otras como lo pueden estar el Sur de Tamaulipas de Tabasco, más por supuesto lo que se sume. Se entiende que es imposible pretender que solo habrá triunfos en el camino, pero la presidenta Sheinbaum está en el proceso. Está creando las bases de su gobierno, tiene el respaldo, cosa totalmente inesperada, del presidente estadounidense y de prácticamente todos los gobiernos del continente, exceptuando Perú, y la influencia que tiene sobre Morena y los partidos de la coalición es indiscutiblemente mayor y tenderá a crecer con el correr de los días.

La presidenta Sheinbaum encuentra todo propicio, superará sin problemas la revocación de mandato y se alistará para acometer las elecciones intermedias a la cabeza de Morena con personas afines a su proyecto personal y de partido, que poco a poco adquirirán mayor relevancia tanto operativa como política. Podemos esperar que estos tiempos estelares, interesantísimos para el país, van a proseguir.

Principales preocupaciones

13 millones con pensión de adultos mayores, 3.9 millones con becas de preparatoria.

Aprobación segementada

¿PUEDE UNA OPOSICIÓN ROTA SOBREVIVIR

AL CONTRAPESO POLÍTICO?

Lilly Téllez simboliza

la voz más visible de una oposición dividida, combativa, pero sin cohesión. Mientras

Morena consolida su poder, la falta de estrategia común deja a sus críticos atrapados entre el ruido y la irrelevancia.

En el corazón de la política mexicana, donde las pasiones e ideologías suelen chocar con los intereses económicos y los poderes fácticos, una figura tiende a destacar entre el bullicio y las negociaciones a puerta cerrada. La senadora Lilly Téllez se ha convertido en lo más parecido a un símbolo para que la desteñida oposición mexicana enfrente un proyecto de nación que, por lo menos en el papel, cuenta con lo necesario para estar al mando por generaciones. Su presencia en el Senado genera fervor entre quienes ven en ella una defensora inquebrantable de la libertad y la justicia, pero también el desprecio entre sus adversarios, quienes la acusan desde priorizar el show sobre el consenso, hasta de alta traición.

Sin embargo, su ascenso también pone en relieve las grietas del bloque opositor: la fragmentación y total incapacidad de articular algo similar a una resistencia sólida frente al bloque oficialista liderado por Morena. México es un país en donde el partido en el poder domina el Congreso y el relato público, merced a la mayoría calificada obtenida en las elecciones de 2024, con 364 de 500 escaños en la Cámara de Diputados y 85 de 128 en el Senado. Esta hegemonía deja a la oposición con un margen de maniobra mínimo, reducido a poco más de un tercio del poder legislativo. Entonces, la pregunta truena con fuerza en el debate nacional: ¿puede una

oposición así de rota ejercer un contrapeso real, o el dominio de Morena se consolidará sin obstáculos, permitiendo reformas constitucionales a placer y gusto? Analistas como Carlos Bravo Regidor, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), argumentan que, sin una narrativa común y un proyecto claro, la oposición se condena a la irrelevancia. En este contexto, Téllez emerge no solo como una voz disidente, sino como un catalizador de debate, capaz de exponer críticas feroces que exponen las vulnerabilidades del sistema a la población... críticas de las que la oposición por supuesto que no se salva.

LA VOZ QUE DIVIDE: DE LAS NOTICIAS AL SENADO

Lilly Téllez no es una figura nueva en el escenario mexicano. Antes de irrumpir en la política, construyó una carrera sólida como periodista, conocida por su estilo incisivo y su capacidad para conectar con las audiencias a través de investigaciones que destapaban corrupción y abusos de poder. Su trayectoria comenzó a los 17 años en el Canal 6 de Hermosillo, Sonora, donde se formó como reportera y conductora de noticieros, recibiendo el Premio Estatal de Periodismo en 1992. En 1994, se unió a TV Azteca, donde se convirtió en la primera mujer titular de un noticiero matutino, conduciendo "Hechos" y especializándose en periodismo de investigación. Sus reportajes sobre temas sensibles, como crimen organizado, narcotráfico y corrupción gubernamental, levantaban ámpula y la posicionaban como una voz crítica en un medio ambiente hostil de finales de siglo. ¿Qué tanto? Lo suficiente para sufrir un atentado el 22 de junio de 2000, a escasos días de haber presentado dos documentales sobre el alcoholismo y la presunta corrupción del entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar. En el periodismo existe la conseja de que los problemas personales de ese tipo no se ventilan públicamente a

menos que afecten notoriamente el desempeño de quienes lo padecen y ostentan un cargo público. Para TV Azteca, que desde el asesinato de Paco Stanley vivía en conflicto con la impartición de justicia en la capital, le resultaba obvio que el procurador estaba sobrepasado por su situación, así que Lilly Téllez se encargó de documentarlo en reportajes que expusieron fallas en investigaciones clave y la forma en que el mal estado de salud de procurador resultaba factor, incluyendo —faltaba más— el mismo asesinato de Paco Stanley. No por nada los reportajes fueron titulados Sammy Botellas.

La consecuencia: múltiples balas de calibre .40 fueron disparadas contra su camioneta y la de su escolta, dejando un total de 22 impactos en los vehículos; Téllez resultó ilesa, aunque su chofer y escoltas sufrieron heridas. El incidente, ocurrido bajo un paso a desnivel de Periférico Sur en la Ciudad de México, fue investigado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que concluyó que fue un ataque directo contra su persona. Hasta la fecha, el autor intelectual no ha sido identificado, y Téllez lo atribuyó a represalias por su labor periodística.

Lilly Téllez sufrió un atentado por destapar corrupción y narcotráfico, saltó al Senado y la oposición se cuelga de su imagen.

Este atentado la catapultó a la escena internacional: fue la única reportera de América entre 45 corresponsales de guerra en una conferencia en la Cancillería Alemana en Berlín, donde dio testimonio sobre los riesgos del periodismo en México, recibiendo apoyo de la ONU, la OSCE y el Consejo Europeo. En 2000, fue candidata al Premio Mundial de Periodismo de la UNESCO, y en 2007 recibió el Premio Antena de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) por su trayectoria.

Tras el atentado, Téllez continuó su carrera, encabezó proyectos como "Diagnóstico Reservado" en Proyecto 40 en 2010, y en 2015 incursionó en medios digitales con diversas videocolumnas. Su enfoque en temas de corrupción incluyó los casos Colosio, Ruiz Massieu, FOBAPROA y Paulette, lo que la consolidó como una periodista de alto impacto mediático. Casada con Jesús Tueme y madre de Leonardo Julián, Téllez ha equilibrado su vida personal con una vocación pública marcada por la denuncia. En 2017, con 50 años de edad, dio un giro sorpresivo al aceptar la invitación de Andrés Manuel López Obrador para ser candidata al Senado por Morena en un distrito de Sonora, sin afiliarse al partido. Junto a Alfonso Durazo, logró más de 200,000 votos de ventaja sobre el PRI, asegurando su curul en 2018. Esto resultó sorpresivo, pues ideológicamente parecía no compaginar con el proyecto de nación de López Obrador —similar a lo que se decía entonces de Tatiana Clouthier—,

pero su experiencia en denuncia social encajaba con la narrativa anticorrupción de Morena.

Sin embargo, las diferencias ideológicas emergieron pronto. En diciembre de 2019, la Comisión de Justicia de Morena exigió su expulsión por oponerse a la legalización del aborto, viéndola como contraria a los valores del partido. El 14 de abril de 2020, Téllez dejó la fracción parlamentaria de Morena por "diferencias de criterio", y el 3 de junio se unió al PAN, adoptando una postura de oposición frontal. Desde entonces, como integrante del

Partido Acción Nacional (PAN), ha centrado su labor en temas como la seguridad pública, la soberanía nacional, derechos humanos y una crítica corrosiva al gobierno de López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum. En las elecciones de 2024, buscó la reelección como senadora por Sonora en la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), ocupando el segundo lugar, y fue electa para la LXVI Legislatura, que inició el 1 de septiembre de 2024. Su sueldo como senadora es de 151,380.93 pesos brutos mensuales, que dan igual a 105,625.15 pesos netos.

En el Senado, Téllez no pasa desapercibida nunca. Sus intervenciones se vuelven virales de inmediato, combinando datos duros con un tono visceral que resuena en redes sociales, acumulando más de 1 millón de seguidores en X (anteriormente Twitter), con publicaciones que generan miles de interacciones. Un ejemplo reciente: en noviembre de 2024, durante el apartado de Agenda Política, denunció la situación política del país, afirmando que "Morena es el gobierno de los desaparecidos" y vinculando la violencia a alianzas con cárteles. En marzo de 2025,

en un debate sobre Teuchitlán, Jalisco, criticó la "asociación de los cárteles con Morena", politizando la violencia como resultado de “una estrategia electoral aberrante”. En mayo de 2025, solicitó un minuto de silencio por la madre buscadora Carmen Morales y su hijo, asesinados en Jalisco, y cuestionó al senador Adán Augusto López sobre temas de seguridad. Su estilo, por otro lado, dista mucho de ser unánime. Para sus detractores, Téllez es una figura polarizante que prioriza el show y el golpeteo sobre un diálogo parlamentario: más ruido que

soluciones, imprudente y poco dispuesta a dialogar o a realizar concesiones, en ocasiones ni siquiera al resto de su partido. Esto resalta la falta de una estrategia unificada en la oposición, un talón de Aquiles que les impide enfrentar de manera efectiva al "gigante" que representa Morena. En X, sus posts sobre seguridad, como críticas al plan gubernamental calificado de "fracaso rotundo" tras el aumento de violencia en Sinaloa y Guerrero, generan tanto apoyo como rechazo, con acusaciones de simplificar problemas complejos o contar con intereses ocultos tras tales aseveraciones.

FRAGMENTACIÓN OPOSITORA: UN PANORAMA DESOLADOR

El bloque opositor en México, compuesto principalmente por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los vestigios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfrenta un panorama desolador que se agudizó tras las elecciones de 2024. Morena y sus aliados —PT y PVEM— consolidaron una mayoría calificada en el Congreso, con 364 escaños en Diputados (de 500) y 85 en el Senado (de 128), según el INE, dejando a la oposición con solo 136 y 43, respectivamente. Esta hegemonía permite al oficialismo aprobar reformas constitucionales sin negociar con el resto de las bancadas, como ocurrió con la judicial (elección popular de jueces) y la energética (fortalecimiento del control estatal sobre CFE y Pemex), aprobadas en 2024 con relativa facilidad pese a los intentos opositores por frenarlas.

que arrasó con bastiones opositores como el Estado de México (PRI) y dejó al PAN con apenas unos pocos reductos como Chihuahua y Querétaro.

El liderazgo cuestionado de Alejandro "Alito" Moreno en el PRI ha acelerado deserciones: militantes abandonan el otrora "partidazo" por Morena, visto como el nuevo "invencible". Tras un incidente con Gerardo Fernández Noroña, el

La coalición "Va por México" (PAN-PRIPRD), que en 2021 frenó parcialmente la hegemonía de Morena al recuperar distritos y evitar la mayoría calificada en Diputados, se desmoronó antes de los comicios de 2024 debido a desacuerdos internos. El PAN apostó por la confrontación directa, liderada por figuras como Téllez, mientras el PRI buscó reposicionarse como fuerza moderada, negociando en algunos casos. El PRD perdió su registro nacional al no alcanzar el 3% de la votación requerida, quedando reducido a 2.4-3.1% en Diputados (0-8 curules) y 2-2.7% en Senado (0-3 senadurías).

"La oposición no solo está dividida, sino que carece de una narrativa común", señalan diferentes analistas. "Sin un proyecto claro, es difícil que puedan ser un contrapeso efectivo". En las elecciones de 2024, la alianza opositora sumó 16.7 millones de votos (30%), frente a los 20.8 millones de Morena y aliados en 2021 (42.6%), con caídas en PAN (de 8.9 a 9.2 millones, pero fragmentado), PRI y PRD (pérdida de 2.3 millones combinados desde 2018). Movimiento Ciudadano (MC) emergió como tercera fuerza con 27 curules en Diputados, pero sin alianzas sólidas o un mensaje que pueda ir más allá de ser “la nueva oposición” que en ocasiones acompañan las propuestas de Morena.

En estados, Morena pasó de gobernar 4 en 2018 a 24 en 2024, un "tsunami político"

gobernador de Durango se declaró "claudista", ilustrando la migración. En este vacío, Lilly Téllez emerge como una figura que, aunque divisiva, llena un hueco. Su discurso conecta con un electorado que no comulga con la ideología oficial ni con partidos tradicionales, percibidos estos como "desconectados de la realidad". En X, posts como su crítica a la posición oficial respecto al Fobaproa en mayo de 2025, donde llamó a Morena "bola de corruptos y narcopolíticos", generaron miles de interacciones. Otro ejemplo: en febrero de 2025, defendió un proyecto de soberanía nacional, acusando a Morena de defender narcotraficantes. Sus palabras resuenan en sectores que ven en ella una resistencia férrea, sin concesiones, aunque generan rechazo entre quienes la tildan de alarmista o, llanamente, “loca”.

YSEGURIDAD SOBERANÍA:

EL NÚCLEO DEL DEBATE OPOSITOR

La seguridad es, sin duda, el terreno donde Téllez ha centrado su ofensiva más virulenta, convirtiéndolo en el eje de su crítica al gobierno. México enfrenta una crisis de violencia que no cede, con raíces en el narcotráfico y la debilidad institucional del Estado mexicano. Según datos del mismo gobierno, de enero a junio de 2024 se registraron 15,243 homicidios, un descenso interanual del 3% respecto a 2023 (15,082 en el primer semestre), pero el acumulado del sexenio de López Obrador supera los 160,594 hasta mediados de 2023, el más alto registrado, superando el récord anterior que era de 156,066 bajo Peña Nieto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó más de 35,000 homicidios dolosos en 2024, un 3% más que en 2023, con un promedio de 95 diarios; el 73% por armas de fuego. El Instituto para la Economía y la Paz ubica a México en el lugar 138 de 163 en el Índice Global de Paz 2024, con un costo económico de la violencia del 22% del PIB. Los cárteles han ampliado control territorial en Michoacán, Sinaloa y Guerrero, con masacres, bloqueos y fosas clandestinas multiplicándose mientras el gobierno

Téllez ha sido acusada de traición a la patria por sus denuncias contra el gobierno.

operaba bajo la estrategia de "abrazos, no balazos".

Téllez ha señalado repetidamente una supuesta militarización como amenaza a la soberanía y los derechos humanos. En mayo de 2025, durante un debate sobre la militarización de la seguridad pública, denunció el rol prominente de las Fuerzas Armadas en tareas civiles: "No podemos permitir que México se convierta en un estado militarizado mientras la violencia se desborda", afirmó, citando datos del SESNSP. En marzo de 2025, criticó la reforma que extendió el mandato de la Guardia Nacional bajo control militar hasta 2028: "Estamos cediendo el control civil a los militares, y eso no es solo un retroceso democrático, es una hipoteca de nuestra soberanía". Sus palabras encontraron eco en organizaciones como México Unido

Contra la Delincuencia, que advierten riesgos para los derechos humanos, y en posts de X donde se proponía declarar a los cárteles como terroristas. En febrero de 2025, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional, reconociendo a los cárteles como "combatientes internos y terroristas", enemigos del Estado. Como si todo lo anterior fuera poco, en agosto de 2025, Téllez generó una intensa controversia al avalar en la cadena estadounidense de derecha Fox News la colaboración con militares de EU contra cárteles, afirmando que "la mayoría de los mexicanos coincide en declarar a los cárteles como organizaciones terroristas" y que no implicaría invasión, sino una cooperación histórica. Esto provocó acusaciones de "traición a la patria" por prácticamente todas las figuras de Morena, con peticiones de desafuero y más de 370,000 firmas en tres días. Ella replicó que temía por su vida, acusando al gobierno de persecución y aludiendo al "narcogobierno" de Morena. En septiembre de 2025, celebró el compromiso de Sheinbaum con EU para contener la amenaza terrorista, exigiendo romper el "narcopacto".

Sin embargo, el discurso de Téllez no está exento de críticas. Analistas argumentan que su enfoque ignora la complejidad:

“La seguridad no se resuelve con discursos ni culpando al gobierno, sin proponer alternativas viables”. Téllez apela a la indignación, pero carece de planes integrales, como fortalecimiento policial civil o inteligencia. En noviembre de 2024, en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionó la política exterior de Morena por no priorizar la seguridad. Su liderazgo carismático no consolida a la oposición, sólo profundiza las divisiones, divisiones de las que no está exento el bloque opositor.

¿ES EL CONGRESO UNA BATALLA PERDIDA POR DEFECTO?

En el Congreso, la oposición enfrenta un serio problema estructural. Con la mayoría calificada de Morena (dos tercios), el oficialismo aprueba reformas sin negociar. En 2024, la judicial — elección popular de jueces, magistrados y ministros— fue avalada en septiembre, pese a protestas por su impacto en la

independencia judicial; Téllez la llamó “golpe de Estado” y sugirió refundar la República ante una “Corte ilegítima” en septiembre de 2025. La energética, aprobada en octubre de 2024, fortaleció el control estatal sobre CFE y Pemex, cambiando su estatus a “empresas públicas” para priorizar soberanía energética; opositores como Téllez advirtieron que ahuyenta la inversión y frena la transición renovable. En diciembre de 2024, presentó un voto particular contra la Ley de Ingresos 2025, acusando a Morena de destruir la modernidad.

En el Senado, donde Téllez es la voz visible y la oposición logra triunfos meramente simbólicos: retrasar debates o visibilizar temas como recortes al

INE y Poder Judicial en el presupuesto 2025. Pero la falta de coordinación merma la efectividad. “El PAN quiere ser punta de lanza, pero no todos los senadores están alineados con la confrontación de Téllez”, explican algunos analistas; el PRI negocia, generando desconfianza, la cual ha sido comprobado en demasiadas ocasiones que no es infundada. En marzo de 2024, Téllez denunció que Morena votó contra el equipamiento para policías municipales, “a favor de criminales”. En abril de 2024, rectificó hechos sobre tarifas eléctricas en Sonora, culpando a Morena de rechazar iniciativas. En octubre de 2024, presentó un voto particular contra reformas a áreas estratégicas, diciendo que en conjunto nos encamina a ser “una segunda Venezuela”.

“Es un juego de números”, admite un asesor panista anónimo. “Sin estrategia unificada, la oposición es voz disidente, no contrapeso”. En junio de 2025, por alusiones personales en la Agenda Política, defendió su rol: “No nos cortarán la lengua; Sheinbaum es la reina de las mentiras”.

SOBERBIA Y ENAJENACIÓN

LA OPOSICIÓN POR AHORA ESTÁ CONDENADA

La oposición cuenta en su contra con un severo tema de actitud: para muchos de sus líderes, Morena es un fenómeno pasajero, una extensión de López Obrador que colapsará sin él, por asumir que su base más fuerte proviene del PRD tribal o de los nacionalistas del PRI, las dos fuerzas políticas que ellos conocen como las más obtusas e ineficaces del panorama político nacional. Pero el "opositor promedio" se distingue precisamente por lo obtuso de su ineficacia; subestiman la resiliencia de Morena y la capacidad que ha comenzado a mostrar la presidenta Sheinbaum para controlar el aparato gubernamental sin recurrir a la tutela del expresidente.

Además, la oposición neoliberal cree equivocadamente que el ciudadano volverá al PAN o PRI al cansarse de la "ineficacia" de Morena, ignorando que preferirá mil veces a Movimiento Ciudadano u otros partidos emergentes antes que regresar a los "membretes" que obsequiaron al país cosas como el Fobaproa o la guerra contra el narco de Calderón (120,463 homicidios). Téllez critica esta soberbia: en posts de X, acusa a Morena de "entregar el país a cárteles" y llama a la unidad opositora, con poco éxito, no podría ser otra forma.

LA OPOSICIÓN SE ENFRENTA A UN DILEMA EXISTENCIAL

A medida que México avanza hacia el segundo año del sexenio de Claudia Sheinbaum, la oposición enfrenta un dilema existencial: ¿cómo construir un contrapeso frente a un oficialismo apabullante? Las elecciones intermedias de 2027 serán cruciales, con Morena controlando 24 estados y el Congreso. Téllez, con su estilo combativo, mantiene viva la resistencia, pero su polarización profundiza divisiones. "Mientras Téllez hace lo suyo, la derecha, el PAN, duerme", señaló Juan Ignacio Zavala, analista totalmente identificado con la derecha;

no capitalizar su energía, permanecer en el limbo, en la atonía, será mortal para la oposición.

El camino requiere líderes carismáticos, pero con estrategia que trascienda ideologías y egos. Pero, por ahora, Téllez seguirá siendo una voz que clama en el desierto de una oposición rota, pero su capacidad para unir o dividir junto con otras figuras que quieran adherirse a su cruzada personal determinará si el contrapeso político en México tiene esperanzas de sobrevivir. México es un país con amplias regiones controladas por el crimen organizado y reformas que, en malas manos, podría resultar en una situación en la que figuras como ella podrían catalizar un renacer opositor. Lo opuesto daría lugar a la perpetuación de la fragmentación y, con ella, la trágica caída a la irrelevancia. Todo país democrático necesita de una oposición vigorosa, carecer de una puede resultar en otra que no se exprese por vías políticas.

La oposición en México enfrenta un dilema existencial ante la hegemonía de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, con un futuro incierto en las elecciones de 2027.

HARFUCH, LA FIGURA ESTELAR

DEL ATENTADO

AL LIDERAZGO INSTITUCIONAL

Cuando, en junio de 2024, Claudia Sheinbaum designó a Omar García Harfuch como el primer titular de una “supersecretaría” de Seguridad y Protección Ciudadana, pocos imaginaron el peso simbólico que adquiriría en el nuevo gobierno. No era solo un nombramiento técnico, era una apuesta política, un mensaje al país y a los poderes fácticos de que la Cuarta Transformación (4T) pretendía encarar frontalmente al crimen organizado con una nueva narrativa de fuerza institucional. Él no venía de la política tradicional: venía cargado de cicatrices, historia operativa y fama pública forjada en su paso por la Ciudad de México. El 26 de junio de 2020, García Harfuch, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrevivió a un violento atentado en la zona de Lomas de Chapultepec. Durante la emboscada, su camioneta blindada fue interceptada por un grupo de sicarios fuertemente armados que dispararon más de 150 veces con armas de alto calibre, incluyendo fusiles Barrett .50. A pesar de resultar herido por tres impactos de bala, el funcionario sobrevivió al ataque, en el que lamentablemente perdieron la vida dos de sus escoltas y una mujer civil que transitaba por la zona.

Desde que asumió el mando de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, Harfuch evitó discursos grandilocuentes. Durante meses se mantuvo con perfil bajo, construyó redes institucionales y promovió el armado de una estrategia nacional de seguridad basada en la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la justicia social. Algunas voces calificaron su plan como “gobierno de seguridad” desde el inicio; otras lo criticaron por su militarización implícita. Pero cuando el 22 de octubre de 2025 ascendió al pleno del Senado para su comparecencia anual, lo hizo convertido ya en un referente de autoridad estatal. Ese día, en el Salón de Sesiones del Senado, las luces apuntaban sobre su figura. Algunos senadores esperaban discursos esperpénticos;

El titular de Seguridad y Protección

Ciudadana compareció ante el Senado mostrando avances en la reducción de delitos y el fortalecimiento institucional, y recibiendo aplausos incluso de la oposición, aunque algunos retos persisten.

otros, cifras sin contenido. Lo que vieron fue algo distinto: un Harfuch con discursos calibrados, datos precisos, aplausos ininterrumpidos y expresiones de respaldo, incluso de las bancadas opositoras. Desde el inicio de su intervención, pronunció: “Este ejercicio no es solo una rendición de cuentas, sino la afirmación de que México está entrando en una nueva etapa en la Cuarta Transformación”.

Lo que siguió fue la exposición de los números, operativos, instituciones fortalecidas y una narrativa política envuelta en gris con tintes de esperanza. Fue su primer gran test público: ¿una rendición de cuentas? Sí. ¿Un posicionamiento político? También.

DISMINUCIÓN DE CRÍMENES

Homicidios dolosos

32%

Feminicidios

28%

Secuestros 69%

Robo con violencia 48%

MÁS QUE UN DISCURSO, CIFRAS QUE IMPRESIONAN

Harfuch destacó reducciones en delitos de alto impacto, pero admitió que la seguridad aún no está resuelta y persiste alta impunidad.

La comparecencia de Harfuch ante el Senado no fue, como algunos titulares la pintaron, solo una exhibición de cifras, sino un acto de legitimación política, un claro posicionamiento del equipo de Sheinbaum ante el Poder Legislativo y una declaración de que la estrategia de seguridad será un eje central del sexenio. Los aplausos no solo sellaron un discurso, sino un contrato semiológico entre poder y expectativas ciudadanas.

Con este antecedente, el secretario hizo su aparición en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de octubre. Para entonces, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) convocó a coordinadores de partidos, representantes de comisiones, periodistas acreditados y asesores que bruñían sus celulares y micrófonos. Algunos, escépticos; otros, expectantes, todos vieron a Harfuch cruzar el umbral con semblante contenido y paso medido; no solo compareció, proyectó autoridad, legitimidad y competencia. Durante varias horas, Harfuch repasó las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), defendió iniciativas legislativas en materia de extorsión, desapariciones y robo de hidrocarburos, y afrontó

preguntas puntuales. “La seguridad es una responsabilidad de Estado que cumpliremos con hechos, cercanía y resultados”, declaró, buscando proyectar una imagen de cercanía institucional.

Desde afuera, medios como El Financiero, El Economista y Expansión escrutaron cada afirmación, cada silencio y cada giro retórico. El boletín oficial de la Cámara de Diputados incluso aseguró que “la Comisión de Seguridad Pública reconoció los avances” reportados por el secretario. PROMESAS, AVANCES Y TENSIONES

Una de las partes centrales de ambas

comparecencias fue la presentación de las reducciones porcentuales de varios delitos de alto impacto que, en voz de Harfuch, dan cuenta del éxito inicial de la estrategia. Según su discurso, los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros y el robo con violencia disminuyeron un 32, 28, 69 y 48 por ciento, respectivamente.

Estas cifras fueron repetidas en diversos medios de cobertura nacional, los cuales reportaron que Harfuch insistió en que “su trabajo es medible” y que el país vive con “27 homicidios menos diarios”, equivalentes a una reducción del 32 por ciento.

RESULTADOS OPERATIVOS:

DEL LABORATORIO A LA BODEGA DE HUACHICOL

Harfuch detalló acciones contra narcolaboratorios, armas y huachicol, con miles de detenidos y decomisos, proyectando una ofensiva estatal firme.

Si los porcentajes captan la atención, lo que siguió de la comparecencia fue un desfile de operativos: aseguramientos, detenciones, desmantelamiento de laboratorios, decomisos de armas, captura de combustible robado, sitios clandestinos, arrestos de empresarios y servidores públicos. Esta parte del discurso dejó la impresión de un actor estatal combativo, en ofensiva permanente.

Harfuch reportó que más de 15 narcolaboratorios han sido desmantelados. También habló de toneladas de sustancias ilícitas aseguradas. Estos operativos son clave porque apuntan a la destrucción de la cadena de producción y no solo al decomiso de cargamentos en tránsito.

Para Harfuch no basta con el aseguramiento de cargamentos, es necesario debilitar las estructuras completas. Por su parte, El País dijo que, en su intervención, Harfuch vinculó dichos operativos con la captura de 35 mil personas vinculadas al tráfico de drogas u otros delitos, y la incautación de 284 toneladas de droga.

COMBATE AL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

Otro capítulo prominente fue el combate al robo de combustible, conocido como huachicol. En el discurso, Harfuch declaró que se aseguraron más de 98 millones de litros de combustible robado. Mencionó también “más de mil 500 laboratorios destruidos” -aunque no todos necesariamente dedicados a hidrocarburos- en conjunto con el Ejército y la Marina. En Excélsior se informó que se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas y se aseguraron 3 mil 80 contenedores y 1,656 tractocamiones. Estas operaciones tienen un marcado efecto: golpean una fuente de financiamiento del crimen organizado y fortalecen la narrativa de un Estado decidido a recuperar territorio.

ARMAS, COMBUSTIBLE,

OPERADORES E IMPUNIDAD

Harfuch aludió al decomiso de armas y combustible, así como al arresto de “responsables, incluyendo empresarios y servidores públicos vinculados al huachicol”. Medios como El País señalan que se incautaron 17,000 armas. Y en ese mismo reporte se menciona que la oposición aceptó esas cifras, aunque cuestionó la transparencia en casos de feminicidios y desaparecidos. También se mencionó la detención de “El Choko” y “Alfa 1” del Cártel del Golfo como casos emblemáticos citados explícitamente en el discurso o en segmentos divulgados del mismo. En declaraciones previas a la comparecencia, Harfuch había ya presentado esos casos en medios como parte de su estrategia de visibilidad operativa.

Dijo además que en 23 entidades federativas se registró una disminución en el promedio diario de homicidios, especialmente en estados conflictivos como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y Estado de México. Adicionalmente, Harfuch señaló que 35 mil 817 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, que 18 mil 274 armas de fuego fueron aseguradas, y que se destruyeron mil 597 laboratorios de metanfetaminas en 22 estados del país. También resaltó el decomiso de 288 toneladas de drogas, entre ellas 4 millones de pastillas de fentanilo.

Analistas de seguridad consultados por Expansión y El Economista reconocieron que la reducción del 32 por ciento en los homicidios es un dato llamativo, pero alertaron sobre el riesgo de “fenómenos de reversión” en ciertos meses o regiones. Advirtieron que las cifras pueden responder a estrategias de contención temporal (por ejemplo, en entidades federativas con despliegues masivos), más que a cambios estructurales duraderos. No obstante, durante las comparecencias también flotó una advertencia: aunque los avances son notables, el trabajo no está concluido. Harfuch mismo lo reconoció. “Estas cifras no representan que el problema de seguridad esté resuelto”. Esa claridad, que algunos otros funcionarios evitan, fue uno de los puntos que matizaron su discurso con una buena dosis de realismo político.

DESAPARICIONES

Una de las interrogantes más espinosas de cualquier política de seguridad es el manejo

del fenómeno de las desapariciones forzadas y la crisis de personas no localizadas. En su discurso, Harfuch lo abordó con una promesa ambiciosa: una reforma legal para equiparar las penas por desaparición forzada con las del secuestro, y la exigencia de que las fiscalías estatales abran, sin dilación, carpetas de investigación en todos los casos.

Este mecanismo busca cerrar los vacíos legales que muchas familias han criticado: fallas legales, que los fiscales no inicien investigaciones o las dejen estancadas. La agenda propuesta apunta a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda como órgano rector, con facultades vinculantes para impulsar indagatorias estatales. No obstante, queda pendiente que esos compromisos sean materializados en ley y que las fiscalías estatales reciban recursos técnicos y humanos para responder. En el debate público, se advierte que muchas veces tales reformas son legisladas en abstracto, sin modificar la cultura institucional de incumplimiento estatal.

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Harfuch expuso avances en inteligencia, reformas legales y coordinación federal para fortalecer instituciones y modernizar la estrategia de seguridad.

Más allá de los operativos, Harfuch dedicó un bloque del discurso a narrar el fortalecimiento institucional: nuevas reformas legales, incremento tecnológico, estímulo a la coordinación, acción legislativa y expansión del sistema nacional de inteligencia. Uno de los anuncios más destacados fue que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría “duplicado su capacidad tecnológica”, lo que le permite mejores herramientas para identificar redes criminales y golpear estructuras. Se han añadido recursos de hardware, software, plataformas de datos, interoperabilidad institucional o acceso a inteligencia geoespacial. Además, señaló que las investigaciones estratégicas han crecido “más del 100 por ciento”. Este tipo de inversión está en consonancia con los objetivos de la estrategia federal de seguridad: la inteligencia moderna es central para anticipar, no solo reaccionar, y esa transición es clave en la estrategia anunciada por Harfuch.

REFORMAS LEGALES Y EXTORSIÓN

En materia de extorsión, Harfuch

destacó la colaboración ciudadana. Afirmó que hubo un aumento en denuncias ciudadanas y que se logró "frustrar" el 74 por ciento de los casos de extorsión gracias a esta cooperación social.

También habló de una reforma legal para equiparar las penas por desaparición forzada con las del secuestro, obligar a fiscales estatales a abrir investigaciones, y fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda con mecanismos obligatorios de apertura de carpetas. Esta propuesta legislativa coquetea con un enfoque garantista que busca cerrar vacíos jurídicos en materia de derechos humanos.

COORDINACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

Para Harfuch, la estrategia no puede ser un desfile centralizado sino una red articulada: “La coordinación diaria entre la Presidencia, las autoridades federales y los gobiernos estatales” fue una frase clave que se repitió en su discurso. La estrategia, recordó, consta de cuatro ejes: atención a causas (programas sociales), consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento

de la inteligencia e investigación y coordinación con los estados. Subrayó que más del 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común, por lo que no basta con acciones federales, sino con redes operativas locales robustas.

La estrategia “Territorios de Paz” operó en 13 municipios de Edomex, Tabasco y Baja California como proyecto piloto para recuperar espacios urbanos vulnerables.

También se destacó que en septiembre de 2025, específicamente durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron por unanimidad (37 votos a favor) dos acuerdos nacionales fundamentales: Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública y Búsqueda de Personas Desaparecidas. El primero para mejorar el estado de fuerza, profesionalización, inteligencia y tecnología; otro para impulsar capacidades en investigación y búsqueda de personas.

La idea es clara: no habrá “policía mágica” nacional que lo haga todo; la estrategia será un mosaico federal y local interconectado.

RESPALDO Y ALGUNAS CRÍTICAS DE OPOSICIÓN

Para muchos analistas, lo notorio no fue solo el contenido de los discursos, sino la manera en que fueron recibidos, con: aplausos, interrupciones, gestos de apoyo generalizado incluso desde las bancadas opositoras. Fue un hecho político difícil de ignorar, pues el Senado nunca había funcionado como escenario de un respaldo tan unificado a un funcionario de seguridad.

El País reportó que “el pleno otorgó un respaldo unánime” a la política de Harfuch, una señal política potente que va más allá del discurso técnico. Julio Astillero tituló: “Otro relanzamiento: Harfuch aclamado en el Senado sin rival para 2030”. Esa cobertura apunta a que lo ocurrido fue más que un informe: fue una reafirmación pública del poder político. En palabras de algunos analistas, fue un gesto que valida su autoridad.

El diario El País detalló que durante la comparecencia el senador priista Miguel Ángel Riquelme reconoció mejoras en seguridad, pero recordó que muchas amenazas persisten: impunidad estructural, violencia de género, homicidios persistentes en ciertas entidades. En general, la oposición no se limitó a criticar, también concedió el giro estratégico de abandonar la retórica de “abrazos, no balazos” y aceptar que el énfasis en resultados

operativos tiene sintonía ciudadana. Por su parte, el grupo parlamentario del PAN no fue complaciente. Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que su bancada formuló “cuestionamientos sumamente puntuales” sobre temas de huachicol fiscal (la versión de robo o evasión de combustibles desde esquemas fiscales), sobre la reducción presupuestal a las entidades federativas, y sobre la viabilidad de que los estados contaran con recursos suficientes para asumir tareas de seguridad. Lixa agregó una advertencia clave, la “legislación sin presupuesto, es netamente poesía”. Es decir, podría agregarse más facultades al aparato de seguridad, pero sin dotarlo de recursos, la propuesta carecería de sustancia real.

En su discurso, Harfuch no esquivó esas críticas: aludió a la desconexión entre cifras nacionales y realidades locales. “Hay muchos delitos que continúan sucediendo en cada entidad”, dijo, y aludió al reciente homicidio de productores de limón en Michoacán como ejemplo de que el crimen diario no ha sido erradicado.

Lo que hizo diferente estas comparecencias fue que Harfuch no se paró frente a las Cámaras para rendir cuentas pasivas, sino a proponer un contrato político: “Los avances en seguridad serán el termómetro del sexenio”. Esa frase deja clara la apuesta de rendirle al país resultados medibles y convertir los números en legitimidad política.

VOCES DISONANTES Y ZONAS DE SOMBRA

Ningún análisis profundo puede prescindir de los cuestionamientos. Aunque el discurso fue bien recibido, abundaron las alertas entre periodistas, académicos y activistas de derechos humanos. Entre los senadores de oposición que plantearon críticas se encuentran Agustín Dorantes Lámbarri del PAN, quien señaló que "la violencia criminal no ha desaparecido, se ha transformado y desplazado" y enfatizó que las desapariciones "siguen lacerando el alma de México", con más de 130,000 familias viviendo entre la incertidumbre y el dolor. También advirtió que "cada día dos mexicanas son asesinadas simplemente por ser mujeres".

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, fue particularmente crítico al acusar al gobierno federal de "inflar artificialmente las cifras de personas desaparecidas para simular una disminución en los homicidios dolosos", señalando que "este gobierno trata el tema de los desaparecidos como una nota al pie, cuando en realidad está totalmente fuera de control".

El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio también cuestionó diversos aspectos de la estrategia durante su intervención, aunque reconoció que su partido acompaña la estrategia nacional de seguridad por considerarla "un giro importante frente al pasado".

Un tema recurrente fue la ausencia de información pública clara y verificable sobre la base real de las cifras: ¿quién auditó las reducciones? ¿Qué periodos comparativos se usaron? ¿Cuáles son los indicadores desagregados por entidad? El País advirtió específicamente que, pese a las cifras, la oposición cuestionó la transparencia en feminicidios y desaparecidos.

El mismo diario destacó que "los puntos donde la oposición ha apretado más al Gobierno tienen que ver con la transparencia de los métodos para cifrar el número de desaparecidos" y los feminicidios, reprochando las 26,000 mujeres muertas desde 2019. Por otra parte, Amnistía Internacional emitió un

Pese a los avances expuestos, senadores y activistas cuestionaron la transparencia de cifras, la impunidad y la crisis de desapariciones en México.

pronunciamiento público pidiendo al gobierno de México "mantenerse abierto al escrutinio internacional", dado que consideró que ello contribuirá a generar estrategias para erradicar la crisis de desapariciones que vive el país. La organización señaló que "no es normal" la desaparición de casi 134,000 personas, la "total impunidad" en los casos y que sean las familias las encargadas de las labores de búsqueda, pese a las amenazas, ataques y asesinatos contra ellas.

Otro riesgo político es la creciente figura de Harfuch y el aparato federal de seguridad. Que un secretario de Estado reciba tal respaldo político en el Senado es destacable. De ahí las críticas que se pueden resumir en una presunta erosión en el equilibrio institucional: gobernadores, alcaldes o poderes locales podrían sentirse desplazados frente a una autoridad que opera con músculo nacional.

Asimismo, tanto Amnistía Internacional como organizaciones civiles especializadas llamaron a moderar el triunfalismo hasta que no se vea una transformación profunda en los estados más violentos. Las zonas marginadas, donde el Estado tiene presencia débil, requieren políticas de largo plazo más que operativos.

Desde Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, calificó la comparecencia como “muy seria e interesante”, y consideró que Harfuch “dio respuesta a todos los cuestionamientos de los coordinadores de los grupos parlamentarios”. Reconoció que algo de la información debía mantenerse reservada por razones de seguridad.

La diputada Jessica Saiden, que preside la comisión de Seguridad, emitió un reconocimiento público a los resultados y la estrategia de coordinación institucional presentada.

COMPARACIÓN HISTÓRICA

Para valorar la dimensión del anuncio hay que contextualizarlo frente a administraciones precedentes, tanto en Morena como fuera de él. En el pasado, los informes de seguridad parecían más retórica que resultados demostrables; los secretarios tuvieron menos control operativo y más dependencia política regional. En los gobiernos federales anteriores, las políticas se basaban en discursos moralizadores (mano dura, “combate definitivo”) sin articulación institucional ni rendición técnica consistente. En esos casos, los datos, cuando existían, eran objeto de disputas entre estados, fuero común y federación.

Con Harfuch, el discurso dominante

cuantificable.

La apuesta de Sheinbaum es que esta política de seguridad la defina como una presidenta con firme propósito, distinta del enfoque de “abrazos, no balazos” del pasado reciente. Que el responsable máximo de seguridad reciba un respaldo amplio en el Senado da indicios de que esa narrativa política ha calado al menos en el poderoso Legislativo.

es que la estrategia es medible, técnica y centralizada, con jurisdicción federal, estatal y local alineadas. Si se cumple, es un cambio de paradigma: de la política como narrativa al Estado como motor de transformación

La comparecencia de Harfuch simbolizó un cambio de paradigma: seguridad medible y técnica, con amplio respaldo político y peso central en el sexenio.

fueron claras: el respaldo no solo es técnico, sino simbólico. Un respaldo indirecto a la narrativa de Sheinbaum, que mueve su sexenio por esa ruta: la seguridad como pilar legitimador.

En su momento más intenso, Harfuch logró lo impensable para un secretario de seguridad frente al Congreso: aplausos masivos y un discurso interrumpido por ovaciones que parecían rituales de adhesión. No fue simplemente la exposición de cifras: fue una coreografía política en la que la autoridad estatal emergió reforzada. Ese momento marcó una ruptura. difícilmente se recuerda que un funcionario de seguridad conquistara, en el recinto del Senado, un consenso tan amplio. Las señales políticas

Ese gesto no es un acto menor. El Senado, plural y con pesos propios, convalidó una nueva figura de poder institucional: el encargado de la seguridad como protagonista central del sexenio. En ese instante, Harfuch dejó de ser solo “el secretario de Sheinbaum” para convertirse en el operador simbólico del nuevo ciclo político.

La comparecencia del 22 de octubre de 2025 fue un momento definitorio en la narrativa política del sexenio de Sheinbaum. Pero como toda escena política cargada de simbolismo, sus consecuencias dependerán de la sostenibilidad de los documentos, reformas, operaciones y compromisos.

OBJECIONES SIMBÓLICAS

Y CONFLICTOS DE VISIBILIDAD

El episodio de las diputadas Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saiden Quiroz reclamando un espacio junto a Harfuch capturó la atención mediática. En la salida de la comparecencia, ambas intentaron disputarse el lugar al lado del secretario para la fotografía oficial. El video fue viral: Jiménez se acercó para reclamar el puesto, Saiden hizo un gesto que pareció indicar “permanezco”, y finalmente Jiménez retrocedió, visiblemente incómoda.

Este acto simbólico fue interpretado como una manifestación de la lógica de visibilidad política: quien logra el encuadre fotográfico con un funcionario central acumula capital simbólico ante su propia bancada y ante los medios. Infobae lo describió como “una pelea por la imagen, por la jerarquía visual frente al poder”.

El coordinador Monreal, aparentemente consciente del ruido, intervino en tono conciliador: tomó de las manos a ambas diputadas y las acercó al centro, en una especie de reconciliación simbólica, mientras sonreían forzadamente.

Este “mini ridículo institucional” fue objeto de críticas internas y externas: algunos medios lo usaron como metáfora de fracturas dentro de Morena, otros lo analizaron desde la psicología política.

EMPRESARIOS Y OENEGÉS

El sector empresarial reaccionó con cautela a las comparecencias de Harfuch; aunque celebró los avances, advirtió que la seguridad debe ir ligada al clima de inversión y a la certeza jurídica. En el debate sobre la ley de extorsión, el PAN y el PRI denunciaron riesgos de impunidad y excesiva discrecionalidad del Ejecutivo, además de advertir sobre posibles abusos en la figura de extinción de dominio. Analistas latinoamericanos compararon el discurso con experiencias de Colombia y Perú, donde las reformas

de seguridad chocan con limitaciones estructurales.

En redes, Harfuch fue tendencia; unos elogiaron sus cifras, otros ironizaron con el episodio de las “batichicas”. Columnistas reconocieron su firmeza, pero exigieron transparencia, rendición de cuentas y resultados tangibles. La oposición cuestionó el presupuesto y la posible centralización del poder en materia de seguridad; Harfuch defendió una coordinación federal sin invasión de competencias locales.

El debate se tensó al abordar Pemex y el robo de combustibles, punto en el que el secretario insistió en la cooperación con los estados y la paraestatal. La sesión cerró entre aplausos mesurados y críticas acerca de la falta de claridad metodológica. Analistas coincidieron en que el reto es convertir las cifras en seguridad real para los ciudadanos y evitar que la narrativa se desgaste antes de consolidar los resultados.

Si los avances en los primeros años se consolidan, Harfuch podrá erigir una plataforma política que trascienda su rol técnico: convertirse en una figura central del proyecto de gobernabilidad de la 4T. La narrativa de seguridad podría apuntalar la legitimidad electoral futura.

Las cifras muestran avances moderados, pero zonas conflictivas siguen sin cambiar. El discurso se vuelve polarizante: habrá quienes apoyen el enfoque tecnocrático y quienes lo denuncien como militarización disfrazada.

En cambio, si operativos de alto perfil se agotan, si los logros no pueden ser replicados en regiones de alta violencia, si las derrotas locales en criminalidad saturan la atención mediática, el discurso podría perder brillo y emergerán críticas por ineficacia o autoritarismo.

La comparecencia de Harfuch ante el Senado no fue, como algunos titulares la pintaron, solo una exhibición de cifras: fue un acto de legitimación política, un claro posicionamiento del equipo de Sheinbaum ante el poder legislativo y una declaración de que la estrategia de seguridad será un eje central del sexenio. Los aplausos no solo sellaron un discurso, sino un contrato semiológico entre poder y expectativas ciudadanas. Lo que sigue ya no son palabras, sino hechos institucionales. Si las reformas se traducen en justicia efectiva, en derechos restituidos y en seguridad palpable para la gente, entonces aquel día de octubre quedará como el punto de inicio de una transformación real. Si no, podrá percibirse como un acto escenográfico más en la prolongada crisis de seguridad nacional.

El Senado lo avaló; ahora el país espera que el Estado cumpla. Y en esa espera se sabrá si los aplausos fueron un preludio o un espejismo.

RETOS INMEDIATOS

Concreción legislativa

Que los compromisos narrados (reformas en desapariciones, penas homologadas, facultades vinculantes para la Comisión Nacional de Búsqueda, mejoras policiales) se traduzcan en normas aprobadas, recursos etiquetados y ejecución estatal concreta.

Fiscalías estatales y su debilidad estructural

Si los esfuerzos federales no acompañan el fortalecimiento técnico, operativo y autonómico de las fiscalías locales, esas reformas no bastarán.

Rendición de cuentas y transparencia

Si los datos no se harán disponibles en bruto, auditables por academia y sociedad civil, el discurso se fijará como relato más que como evidencia.

Prevención social y militarización

La correlación entre intervenciones operativas y programas sociales en zonas vulnerables definirá si la estrategia podrá sostenerse sin generar nuevos ciclos de violencia.

Equilibrio del poder político institucional

La concentración de poder en la figura del secretario de Seguridad debe ser vigilada por contrapesos legislativos, autonómicos y ciudadanos para evitar abusos o desequilibrios democráticos.

BLINDAN ADUANAS MEXICANAS

CONTROL DIGITAL Y SANCIONES

MÁS ESTRICTAS PARA EL 2026

El 21 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con trámite rápido por considerarla de urgente resolución, la reforma a la Ley Aduanera enviada previamente por el Senado, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Con 343 votos a favor y 13 en contra, los legisladores avalaron tanto la aprobación en lo general como en lo particular, destacando la modificación transitoria que difiere la entrada en vigor del decreto y otorga tiempo para preparar la reglamentación necesaria. Aunque la discusión se centró únicamente en la fecha de aplicación de la ley, la oposición aprovechó para expresar su rechazo a la reforma en su conjunto, señalando que su implementación podría afectar directamente al comercio y las empresas. Diputados del PRI y PAN advirtieron que el marco normativo resultante impone sanciones severas sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, depositando en los agentes aduanales responsabilidades que corresponden al gobierno y centralizando el control, lo que podría impactar la competitividad del país. Organismos como la Cámara Internacional de Comercio en México y la Coparmex alertaron que los cambios implicarán ajustes en sistemas, capacitación y homologación

El Poder Legislativo avaló la reforma aduanera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con control digital, certificación de agentes y medidas para combatir contrabando y evasión fiscal.

de catálogos, generando costos adicionales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mientras que la Canacintra señaló posibles afectaciones a la cadena de suministro y riesgo de desabasto. Entre las modificaciones, la reforma fortalece las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca profesionalizar a los agentes y agencias aduanales y establece sanciones más severas para

los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos o el pago de contribuciones.

Esta aprobación sigue al aval del Senado, que modificó la minuta para modernizar el sistema aduanero, garantizar la eficiencia en el comercio exterior y asegurar la certidumbre y trazabilidad sin aumentar la carga fiscal para los ciudadanos. Entre los cambios, se prevé la creación del Consejo Aduanero, convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, eliminación de patentes vitalicias y certificaciones periódicas para agentes aduanales, así como el fortalecimiento de controles para combatir la evasión fiscal y el contrabando.

La reforma ha generado posiciones encontradas: legisladores de Morena y el PVEM defienden que moderniza y transparenta el sistema, protege la recaudación y fortalece la competitividad, mientras que la oposición advierte riesgos por sobrerregulación, discrecionalidad y efectos negativos en el comercio exterior, especialmente frente a los compromisos del T-MEC y la integración con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA Y POR QUÉ ERA CONSIDERADA URGENTE?

La iniciativa, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, llega en un contexto álgido: las aduanas mexicanas llevan años en el ojo del huracán por denuncias de corrupción, contrabando de combustibles, el llamado “huachicol fiscal”, y evasión sistemática. Según el dictamen y los comunicados oficiales, uno de los objetivos centrales de la reforma es modernizar y transparentar el sistema aduanero para que “todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorando la competitividad del país y combatiendo la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando”. Asimismo, busca fortalecer las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la inspección, verificación y control de mercancías; elevar los estándares de los agentes y agencias aduanales, dotando de mayor responsabilidad y certificación al personal que maneja el flujo de importación/exportación y utilizar herramientas tecnológicas (videovigilancia, monitoreo y trazabilidad digital) como eje de fiscalización en las aduanas.

Entre las modificaciones se encuentran requisitos más estrictos para ostentar la patente de agente aduanal; entre estos, que el agente no sea servidor público ni esté inhabilitado, que no tenga vínculos de consanguinidad con el administrador aduanal de su adscripción, que presente cada año su evolución patrimonial y que no sea socio o accionista de personas para las cuales gestione operaciones de comercio exterior.

También se estableció la creación del Consejo Aduanero, un órgano deliberativo conformado por la SHCP, la ANAM, el SAT

y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tendrá a su cargo otorgar, prorrogar, suspender o cancelar patentes de agentes aduanales y agencias.

La reforma contempla también nuevas sanciones e infracciones, como multas más elevadas y mecanismos más severos de inhabilitación o cancelación de patentes para quienes incumplan. Todo esto implica mayor control tecnológico y digitalización de procesos: los recintos fiscalizados y estratégicos deberán contar con sistemas de control de inventario, videovigilancia,

trazabilidad y monitoreo en tiempo real de mercancías.

Por otra parte, aunque la ley fue aprobada este 21 de octubre, el texto acordado con el Senado difirió su vigencia al 1 de enero de 2026, salvo algunas fracciones que tendrán plazos adicionales de implementación. Este conjunto de medidas busca, en teoría, cerrar fisuras históricas del sistema aduanero mexicano y dar un nuevo impulso al comercio exterior bajo un esquema de mayor orden, control y eficacia.

¿QUÉ ESTÁ A FAVOR Y QUÉ EN CONTRA DE LA REFORMA?

Los defensores del paquete destacaron varios elementos positivos, como el refuerzo del control fiscal y la lucha al contrabando; la mejora institucional y profesionalización del sector, así como una mayor competitividad y certidumbre para el comercio exterior.

Para entender la magnitud de la reforma, conviene ponerla en perspectiva. En 2024, la recaudación aduanera mexicana fue de aproximadamente 1 billón 238 mil 361 millones de pesos, apenas 0.3 por ciento más que en 2023 y 6.6 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el primer semestre de 2025 la recaudación alcanzó 711 mil 807 millones de pesos, un crecimiento en términos reales del 23 por ciento. El comercio exterior representa un porcentaje significativo del PIB mexicano y es palanca esencial de la competitividad global. La reforma se inserta en la lógica de un país que busca integrarse fuertemente a las cadenas regionales de valor. Esto refuerza el argumento oficial de que el sistema tiene margen para modernizarse, cerrar fugas y aprovechar mejor el potencial que representa el comercio exterior para la hacienda pública.

Con mayores requisitos para los agentes aduanales, la creación de órganos especializados, el monitoreo digital y la trazabilidad de mercancías, el Estado pretende pasar de una lógica de “vigilancia reactiva” a una de “control proactivo”.

En palabras del diputado morenista, Fernando Jorge Castro Trenti, “va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo y van a ser corresponsables los que reciben una patente para que en nombre del Estado certifiquen lo que entra y lo que sale.” Tal profesionalización, de aplicarse bien, podría elevar la confianza de inversionistas y operadores logísticos en México.

Por otra parte, el uso de tecnología, digitalización, trazabilidad y estándares más altos puede traducirse en procesos aduanales más transparentes, menos riesgo regulatorio y una mejor imagen internacional del país. La narrativa oficial sostiene que se busca “tener aduanas a la altura de las mejores del mundo”.

Si bien la reforma está lejos de ser una garantía inmediata de eficiencia, el discurso apunta en esa dirección: menos desorden, menos fugas y mayor captura fiscal.

RIESGOS, CRÍTICAS Y EJEMPLOS

Sin embargo, el camino no está garantizado; varios actores del sector empresarial, organismos internacionales y partidos de oposición han señalado riesgos concretos, como la sobrerregulación y alerta sobre competitividad; la concentración del poder y limitación de consulta; efectos sobre importación/exportación y cadenas logísticas y un contexto de persistente corrupción y riesgos institucionales.

La ICC México (Cámara de Comercio Internacional, representación México) advirtió que la reforma podría frenar la competitividad y el “nearshoring” al introducir cargas excesivas, requisitos duplicados y sanciones desproporcionadas. Aunque reconocen que la propuesta contiene avances valiosos, su diseño actual plantea riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave. Para empresas del sector automotriz, químico, farmacéutico o de alta tecnología, la lentitud, sobrecarga documental y el aumento de los costos pueden erosionar la competitividad frente a otros países.

Algunos críticos acusan que la reforma fue aprobada bajo trámite de urgente y obvia resolución, con debate reducido y sin un diálogo amplio con el sector privado. La diputada Teresa Gínez Serrano (PAN) expresó que la reforma representa un retroceso para el país que afectará a varios sectores empresariales.

Existe el temor de que el afán de control fiscal derive en una arquitectura normativa rígida, lejos de la facilitación comercial moderna.

Aunque las cifras de recaudación suben, también se reporta que el número de operaciones (“pedimentos”) ha empezado a caer: por ejemplo, en agosto de 2025, los pedimentos de importación bajaron 7.6 por ciento respecto al año anterior, y los de exportaciones, 4.6 por ciento. Esto puede reflejar dos aspectos: menor actividad o el inicio de una carga burocrática que frena el flujo de comercio.

Aunque la reforma aspira a cerrar fugas, la realidad previa es preocupante: el SAT tiene abiertos desde enero de 2025 más de 109 expedientes penales por fraudes fiscales, por un perjuicio de unos 22 mil 843 millones de pesos. Las instituciones van mejorando, pero el riesgo de que la reforma no logre detener la impunidad y la institucionalización del contrabando sigue siendo alto.

En consecuencia, se proyectan efectos al exterior, como un impacto inmediato en importadores/exportadores. Con mayor control, vigilancia reforzada y requisitos más estrictos, los importadores podrían enfrentar tiempos más largos y costos adicionales, al menos durante el período de transición. Esto puede traducirse en aumento en la carga regulatoria a agentes aduanales, que tras la reforma serán más monitoreados y corresponsables de las mercancías; así como en mayor riesgo regulatorio para empresas que hacen importaciones/exportaciones frecuentes, lo que podría traducirse en primas de riesgo más altas y necesidad de mayor capital de trabajo o de cumplimiento más elevado.

En sectores vulnerables, como las pymes que operan comercio exterior, el impacto puede significar mayores barreras de entrada o menor participación en cadenas globales.

Finalmente, aunque México ha sido uno de los grandes beneficiarios de la relocalización de industrias, la llamada estrategia de nearshoring en América del Norte. Pero si las aduanas se vuelven más lentas, costosas o inciertas, se corre el riesgo de que los inversionistas reconsideren a otras naciones de la región con procesos más ágiles.

RECAUDACIÓN Y EFECTO FISCAL

LA REFORMA ADUANERA AUMENTA LA RECAUDACIÓN, FORTALECE LAS FINANZAS

PÚBLICAS Y MEJORA LA CREDIBILIDAD DE MÉXICO EN TRATADOS COMERCIALES.

Una de las motivaciones claras de la reforma es el aumento en la recaudación, que alcanzó 953 mil millones de pesos entre enero y agosto de 2025, un incremento del 23.2 por ciento respecto al mismo periodo del 2024. Con esto, el Estado espera consolidar ingresos que permitan financiar el gasto público sin recurrir a nuevos impuestos. Este fortalecimiento del fisco, si se implementa correctamente, puede permitir mayor inversión pública y estabilidad macroeconómica. Por otra parte, en un contexto global donde los tratados comerciales, las cadenas de suministro y las reglas de origen cuentan, una reforma aduanera que uniformiza estándares, endurece responsabilidades y digitaliza procesos puede ser vista como positiva para la credibilidad de México frente a bloques como los de América Norte o la Unión Europea. Pero, de nuevo, esto depende de la eficacia operativa: si las aduanas

quedan más lentas o arbitrarias, la imagen de México como socio fiable podría verse afectada.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR Y QUÉ PASARÁ ENTONCES?

La reforma incluye un calendario diferido para su aplicación. Según el documento, entrará en vigor el 1 de enero del 2026, en lugar de hacerlo al día siguiente de su publicación. Algunas fracciones, por ejemplo, del artículo 86-A, fracción I, segundo párrafo, entrarán en vigor un mes después del inicio general de vigencia. Esta obliga a quienes importen mercancías de forma definitiva y declaren un valor menor al estimado por la Secretaría, a dejar una garantía en una cuenta aduanera por la diferencia entre ambos montos. Esta cubrirá los posibles impuestos y cuotas compensatorias que pudieran generarse. El depósito se liberará seis meses después de la importación, salvo que la autoridad inicie una

revisión; en ese caso, permanecerá retenido hasta que se emita una resolución final o se determine si hubo contribuciones pendientes.

Por su parte, el SAT, la ANAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrán un período de preparación para emitir reglamentos, lineamientos y formar al personal. Por ejemplo, la reforma prevé que, en los 120 días naturales posteriores a la publicación del decreto se reforme el reglamento de la Ley Aduanera, y dentro de los 90 días naturales la SHCP debe emitir nuevos lineamientos para agentes aduanales.

Desde el día de entrada en vigor, los importadores y exportadores podrían empezar a operar bajo el nuevo marco normativo, lo cual significa que cualquier mercadería, operación o agente aduanal que no cumpla con los requisitos de la nueva ley podría verse sujeto a sanciones, suspensión de patente o rechazo de operación.

¿QUÉ

PASARÁ CUANDO LA REFORMA SE IMPLEMENTE?

Se espera que, si la implementación es ordenada, los sistemas se pongan en funcionamiento sin interrupciones mayores, y los agentes aduanales se alineen; entonces, a partir del 2026 el sistema aduanal mexicano podría gozar de mayor transparencia, menor corrupción, menores fugas fiscales y procesos más confiables para el comercio exterior. Esto podría reforzar la posición de México como hub logístico en América Latina. En cambio, si la transición es caótica, con lentitud, duplicidad de requisitos, falta de claridad operativa o resistencia del sector privado, se corre el riesgo de que el comercio exterior sufra cuellos de botella. Esto puede traducirse en importaciones más caras, exportaciones más lentas, menor inversión extranjera directa y una caída de competitividad frente a otros países que modernizan sus aduanas más rápido.

Probablemente México termine en un punto intermedio, en el que algunas aduanas operen eficazmente bajo la nueva ley, y otras (especialmente los recintos pequeños o fronterizos) arrastren rezagos. Parte del éxito

La reforma aduanera busca eficiencia y transparencia, pero su éxito dependerá de una transición ordenada y cooperación público-privada.

real de la reforma dependerá del acompañamiento logístico, el presupuesto tecnológico y la coordinación público-privada. La aprobación del 21 de octubre no fue solo un trámite, fue el punto de tensión en que convergieron varios frentes. Por un lado, está el escándalo del contrabando de combustibles, el denominado “huachicol fiscal”, que puso a las aduanas mexicanas bajo lupa internacional y socavó enormemente la confiabilidad en instituciones antaño “intachables”, como la Secretaría de Marina. Por otro, el acelerón de la recaudación aduanera, que ha generado tanto optimismo como preguntas sobre sostenibilidad. En medio de esto operó el estrado legislativo, donde la mayoría de los diputados y senadores afines a la 4T empujaron la aprobación de la nueva ley con “dispensa de trámite”, lo cual generó críticas sobre el proceso.

La lucha contra la evasión, el contrabando y la corrupción en la aduana no solo se trata de ingresar mercancías, sino de garantizar que estas contribuyan al país, al erario y

a la competitividad. En ese sentido, la reforma es un hito, pero el peligro es que se quede en el papel.

Para la administración de Claudia Sheinbaum, este paquete legislativo es parte esencial de su estrategia para cuidar el ingreso público y mejorar la eficiencia sin aumentar impuestos; pero esa apuesta solo dará frutos si las leyes se traducen en operaciones reales, sin sorpresa para los operadores del comercio exterior. Comparativamente, muchos países han optado por modelos de "agentes confiables", ventanillas únicas de comercio exterior, digitalización del despacho aduanero y enfoques de facilitación de comercio más que de represión. Sin embargo, México se adentra ahora en una reforma dual, con facilitación y control fiscal. El reto está en equilibrar ambos.

Para los mexicanos, la reforma es más que una ley, es una apuesta estructural, pero requiere vigilancia ciudadana, seguimiento de su implementación y voluntad política constante. El país observa ahora si las máquinas de las aduanas se modernizan o simplemente se llenan de nuevas regulaciones sin movimiento.

RAFAEL MARÍN MOLLINEDO

Y EL CERCO CONTRA

EL HUACHICOL FISCAL

Bajo la dirección del tabasqueño, la ANAM ha recuperado 225 mil millones y desmantelado redes de contrabando en el combate al huachicol fiscal.

Bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha logrado avances sin precedentes en la lucha contra el huachicol fiscal, una red de corrupción que durante años drenó miles de millones de pesos del erario mediante contrabando y evasión de impuestos en el sector energético.

Entre 2024 y 2025 se han abierto más de siete mil carpetas de investigación que involucran a empresarios, agentes aduanales, transportistas, militares y civiles. Estas acciones han permitido la recuperación de más de 225 mil millones de pesos, cifra superior a la registrada en administraciones anteriores. Marín califica el huachicol fiscal como “un cáncer en el sistema aduanal mexicano”, aludiendo a su carácter estructural y al grado de complicidad pública y privada que lo sostuvo durante décadas.

Los decomisos de buques, ferrotanques y carrotanques han sido parte esencial de la estrategia. Destacan operativos como el aseguramiento del buque Challenge

Prosi en Tampico, que descargó ilegalmente millones de litros de combustible, y el decomiso de más de 15 millones de litros de diésel y gasolina en Coahuila, realizados con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

Marín ha subrayado que el combate a este delito no se limita a los decomisos, sino también a depurar el sistema aduanal, donde se han detectado complicidades entre funcionarios, exagentes y militares en activo. Para él, no basta con cerrar válvulas, hay que romper los lazos entre la corrupción pública y la ganancia privada.

El esfuerzo se sostiene en una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agencias estadounidenses, que aportan inteligencia para rastrear redes y flujos financieros. Además, se impulsa una reforma a la Ley Aduanera para fortalecer el mando civil, digitalizar procesos y evitar la manipulación del valor de importaciones.

El impacto económico es tangible: la reducción del contrabando ha incrementado la recaudación y debilitado las redes que lucraban con la corrupción. Marín reconoce que el problema no está erradicado, pero asegura que su administración lo ha reducido a niveles históricos. “El huachicol fiscal fue un monstruo alimentado por la complicidad y la indiferencia”, afirmó. “Hoy lo tenemos acorralado, pero aún respira. Nuestro deber es no volver a dejarlo crecer.”

AL ESPEJO DEL CRIMEN:

¿capacidad en serio o máscara institucional?

El pasado 7 de octubre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se presentó en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, acompañado del gabinete de Seguridad. Desde el atril central, declaró que “no se ha vuelto a tener un solo caso de huachicol fiscal” y anunció que un grupo de trabajo interinstitucional labora “prácticamente a diario” desde la detección de la red en marzo pasado. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en Ensenada, Altamira y Coahuila, las rutas del contrabando de combustible han sido desarticuladas parcialmente, con millones de litros asegurados recientemente, empresarios denunciados y cargos presentados. En redes sociales y en columnas políticas, el discurso oficial reaviva una pregunta antigua: ¿puede la FGR asumir un papel verdaderamente transformador en la lucha contra el crimen organizado, o está reflejando más una fachada que una potencia real? Después de años marcados por escándalos, rezagos y escepticismo

institucional, el poder del Ministerio Público Federal, teóricamente autónomo, está en un momento de prueba.

Pero antes de juzgarla en carne viva, vale detenerse en su anatomía: su relación con las fuerzas armadas, su inserción en estructuras aduaneras, su vínculo con los poderes del Estado, y cómo todo ello ha convergido en casos paradigmáticos, como el huachicol fiscal. Ese fenómeno híbrido, mezcla de defraudación, contrabando, corrupción aduanera y crimen organizado es, quizás, la prueba de fuego para la Fiscalía.

HUACHICOL FISCAL, EVASIÓN, ADUANAS Y REDES GLOBALES

Cuando la sociedad escucha huachicol, evoca imágenes de tomas clandestinas perforando ductos, huachicoleros cargando pipas bajo la noche y la tragedia de Tlahuelilpan, en 2019, cuando la explosión de un ducto cobró la vida de 73 personas, dejando a otros tantos heridos.

Pero los casos actuales son distintos: ya no es solo robo físico

La FGR presume avances contra el huachicol fiscal, pero enfrenta un reto mayor: demostrar que no es fachada política, sino una institución capaz de llevar los golpes mediáticos hasta la sentencia.

de combustibles, sino una red de importación/ exportación, facturación simulada, uso de empresas fachada y rutas marítimas.

La FGR reporta que hay 555 empresas y 8 puertos implicados, conforme a su investigación inicial. Algunas compañías señaladas son Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Era Tech Combustibles, entre otras. En zonas como Tamaulipas, las importaciones ilegales se camuflaban como “aditivos” o combustibles mezclados, saltando los controles aduaneros aparentemente con complicidad interna.

Una de las piezas claves son los hermanos Farías Laguna, oficiales navales cuya red operó con al menos 69 envíos y 564 millones de litros de combustible, con ganancias estimadas en 150 millones de dólares. El modus operandi era rutas marítimas entre Houston y puertos de Tamaulipas, uso de empresas de importación/exportación fraudulentas e infiltración en instancias aduanales. Lo que hace al “fiscal” particularmente complejo es que su dimensión principal no es territorial sino estructural: la interacción entre aduanas, puertos, autoridades navales y redes privadas que mimetizan operaciones legales. En ese sistema híbrido, el crimen obtiene blindaje institucional o prebendas administrativas.

LA PUERTA TRASERA DEL PODER CRIMINAL

Durante mucho tiempo, las aduanas en México han sido focos vulnerables ante el crimen organizado. Según datos y denuncias periodísticas, funcionarios aduanales han sido señalados por recibir sobornos, alterar documentos, permitir evasiones fiscales, facilitar mercancía ilícita y colaborar con redes criminales. En el caso reciente del huachicol fiscal, la FGR misma sostiene que investigará agencias aduanales y funcionarios por su papel en un “megabuque” asegurado en Tamaulipas.

Ese reconocimiento no es menor,

implica admitir que el sistema aduanero mexicano no es una muralla impenetrable, sino un terreno de disputa entre poderes, operadores legales y redes criminales. Que desde aduanas se pueda facilitar el contrabando masivo no solo es un acto de corrupción aislada, es una línea de falla institucional para el Estado mexicano. Adicionalmente, en octubre de 2025, el Congreso de México aprobó, en medio del escándalo del huachicol fiscal, una nueva ley de aduanas promovida por el gobierno, con el propósito de reforzar controles, eliminar exenciones que protegían agentes aduanales y elevar sanciones. La reforma contempla la tecnificación,

digitalización de trámites y la creación de un Consejo Aduanero. No obstante, la reforma ha generado críticas de que no ataca el problema de raíz, la infiltración sistémica, sino que busca aumentar la supervisión desde arriba.

Que una red así haya involucrado fuerzas navales no es una acusación leve: desde la FGR se ha señalado la complicidad de oficiales de la Secretaría de Marina (Semar). En los casos referidos, algunos de los implicados eran oficiales con mando en la institución naval, lo que lleva a preguntarse cuán profundo ha sido el vínculo.

El discurso oficial lo reconoce con cautela: en declaraciones recientes, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, describió cómo se detectó una red con rutas marítimas y ferroviarias operada “sin violencia” mediante alteraciones fiscales, dijo, y destacó la participación de la Marina en los operativos. Pero la institución naval ha abierto investigaciones internas para deslindarse parcialmente. El problema es que en casos judiciales la FGR ha enfrentado resistencias, por ejemplo, el caso del capitán Clímaco N, implicado, fue vinculado a proceso, pero su juicio oral está detenido por amparos. Un juez otorgó suspensión provisional a órdenes de aprehensión contra 14 implicados en la causa del huachicol, incluyendo personas con lazos políticos. Este tipo de bloqueos judiciales revelan una parte invisible de la lucha: el riesgo de que la judicialización sea neutralizada por jueces, recursos legales o presiones mediáticas. La suma de estos elementos, empresas fachada, aduanas permeables, autoridades navales

implicadas y jueces intervinientes, genera un espejo del crimen que la FGR debe enfrentar: no son solo un adversario externo, sino un sistema con grietas que atraviesa al Estado.

LA FGR BAJO GERTZ MANERO: ¿CAPACIDAD

O MÁSCARA?

Gertz Manero asumió en 2019 con un encargo prolongado: nueve años de mandato, que lo llevarán más allá del sexenio presidencial. En estos años ha sido objeto de múltiples críticas: acusaciones de usar la FGR para venganzas políticas, como contra científicos de Conacyt; señalamientos de alineamiento con el poder ejecutivo; denuncias de escasa eficacia en casos de alto impacto y

cuestionamientos sobre el rumbo estratégico de la procuración de justicia. Un ejemplo paradigmático fue el “rancho Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores ingresó en marzo de 2025 y descubrió restos humanos, calcinaciones y cientos de artículos personales de personas desaparecidas. Sin embargo, la FGR descartó que se hubiera cremado a personas ahí, y su actuación fue criticada como formalista e insuficiente frente al clamor social. El contraste entre esa actuación y los discursos del fiscal revela una tensión: ¿prioriza el discurso de control mediático o el litigio real? En opinión de Salvador Camarena (El Financiero), Gertz ha demostrado gran capacidad de adaptación política, pero poca voluntad de investigación autónoma. La editorial “Una Fiscalía sin norte” (Nexos) evalúa que la FGR bajo Gertz carece de estrategia clara: que el uso frecuente del “no ejercicio de acción penal”, el cierre de carpetas y el uso de mecanismos alternativos plantea dudas sobre su eficacia real.

Sin embargo, no todo es crítica sin matiz. En los casos del huachicol fiscal la FGR ha logrado algunos resultados que no pueden pasarse por alto, como la presentación pública de las denuncias, con nombres de empresas y funcionarios implicados, y operativos de gran escala: decomisos masivos en Tabasco (más de 3 millones de litros) y en Cunduacán (880 000 litros).

Por otra parte, la cooperación interinstitucional entre la Semar, Sedena, Aduanas y Seguridad muestra que la FGR no actúa aisladamente. El fiscal mismo afirma que, desde marzo, no se ha detectado un nuevo caso.

También se han registrado vinculaciones con grupos delictivos: por ejemplo, la FGR relacionó a un detenido, Jared Roberto “H”, con “Los Metros” (Cártel del Golfo) como presunto asesino de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado estatal de la propia Fiscalía. Estos hechos son políticamente resonantes: ofrecen visibilidad, remarcan que la FGR retoma ciertas riendas del combate al crimen y buscan reinstaurar la narrativa de autoridad del Estado frente a redes estructurales.

Sin embargo, los puntos débiles son persistentes y estructurales. La judicialización sigue bloqueada: los amparos y suspensiones frenan procedimientos clave. El caso del capitán Clímaco “N” lo demuestra; aunque fue vinculado a proceso, el juicio se paralizó por resoluciones judiciales. A ello se suma la ausencia de nuevos casos en materia de “huachicol fiscal”. Según la propia FGR, el grupo de trabajo no ha presentado un expediente fresco desde marzo, lo que puede interpretarse tanto como un indicador de éxito como de estancamiento institucional.

También hay contradicciones sobre las cifras reales del desfalco. Mientras la Procuradora Fiscal habla de pérdidas por hasta 600 mil millones de pesos, la Presidencia lo niega públicamente. Esta disparidad abona a la percepción de subordinación política dentro de la Fiscalía: el fiscal ha sido señalado por actuar alineado con la narrativa del Ejecutivo. Algunos columnistas sostienen que minimiza investigaciones incómodas y que su lealtad política influye directamente en las causas que abre o detiene.

La capacidad operativa también luce limitada. La FGR carece de recursos suficientes, unidades especializadas robustas o personal confiable con habilidades reales de infiltración, inteligencia y litigación. Un análisis de la revista Nexos advierte que, ante el rezago estructural del sistema de justicia, la institución no ha logrado revertir su imagen clásica de aparato lento, burocrático y reactivo.

En conjunto, estos elementos configuran un dilema: la FGR puede lanzar golpes visibles, pero la sostenibilidad del combate al crimen estructural dependerá de que esos golpes se traduzcan en procesos judiciales exitosos, condenas firmes y reformas institucionales profundas.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

Para evaluar si la FGR opera con fuerza real o solo se cubre con un barniz de eficacia, es necesario contrastarla con estrategias nacionales e internacionales contemporáneas que se han probado o planteado en escenarios similares. Uno de los grandes dilemas que enfrenta México es el de priorizar la incapacitación o la prevención. Un trabajo académico reciente sostiene que el Estado debería reducir su dependencia en la detención y desarticulación de células criminales y redirigir recursos hacia la reducción del reclutamiento. Según este enfoque, impedir que nuevos integrantes ingresen a organizaciones delictivas tiene mayor impacto en la disminución de la violencia que aumentar los arrestos. Sin embargo, esta lógica choca con la narrativa tradicional del Ministerio Público, cuyo mandato gira en torno a la persecución y judicialización de delitos. Si el contexto social — marcado por pobreza estructural, impunidad local y corrupción municipal— permanece intacto,

las redes criminales continúan regenerándose. La pregunta para la FGR es si puede combinar operativos de alto impacto con políticas de prevención que exceden su ámbito inmediato, lo cual obligaría a una coordinación real con áreas de desarrollo social y gobiernos locales. Otro eje de transformación apunta a la innovación institucional. El combate eficaz al crimen organizado en otros países se ha apoyado en la creación de fiscalías especializadas en lavado de dinero, corrupción, delitos fiscales o seguridad fronteriza. En el papel, México ya cuenta con divisiones similares, pero su capacidad operativa y autonomía siguen en duda. Diversos análisis jurídicos plantean que la FGR necesita verdadera independencia presupuestal, operativa y legal, con mecanismos de control externos que la protejan de presiones del Ejecutivo. Sin ese blindaje, cualquier ofensiva corre el riesgo de subordinarse a intereses políticos. Se ha planteado incluso la creación de

La FGR enfrenta un dilema estructural: seguir apostando a detenciones espectaculares o virar hacia la prevención y la inteligencia financiera.

figuras específicas como un fiscal de aduanas o de contrabando energético con facultades interinstitucionales. El nuevo proyecto de ley aduanera podría ir en esa dirección, pero todo dependerá de quién controle esas áreas y qué tanto margen tengan frente a poderes militares o navales.

El uso de inteligencia, datos y transparencia también es crucial. Enfrentar redes sofisticadas —que operan con empresas fachada, rutas múltiples y operadores financieros invisibles— exige fortalecer la inteligencia financiera, cruzar bases de datos fiscales y aduaneras, digitalizar procesos y proteger a denunciantes. La tecnificación aduanera propuesta en la reforma podría ser una oportunidad, siempre y cuando vaya acompañada de rendición de cuentas pública. Transparentar criterios de no ejercicio penal, avances en investigaciones y destino de recursos no solo informaría, sino también inhibiría la captura institucional.

Nada de lo anterior funcionará sin una coordinación vertical y horizontal entre niveles de gobierno. La criminalidad no se mueve únicamente en la esfera federal; depende de complicidades municipales y estatales. La FGR necesita actuar como palanca estratégica, no como un ente centralizador que actúa solo desde

arriba. La voluntad política no basta: se requieren protocolos, incentivos y contrapesos que eviten reproducir la corrupción local bajo un nuevo formato federal.

FOCOS ROJOS DE INSEGURIDAD Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES

Para dimensionar el papel de la FGR es necesario observar el entorno criminal donde actúa. México sigue entre los países con mayor número de homicidios en el mundo, con cifras particularmente altas en estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco o Tamaulipas. La Fiscalía no solo interviene en casos de huachicol, sino también en feminicidios, secuestros federales y delitos ambientales vinculados a redes delictivas. Sin embargo, muchas de estas indagatorias se topan con barreras de competencia estatal, lo que impide llevarlas a buen puerto.

Las desapariciones forzadas siguen siendo uno de los temas más dolorosos.

El hallazgo del Rancho Izaguirre reavivó la indignación social. Colectivos de búsqueda acusan a la FGR de lentitud, falta de coordinación y desinterés en muchos casos. Las promesas de crear bases forenses unificadas o fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda aún no se traducen en resultados tangibles. Mientras tanto, en zonas urbanas el robo, la extorsión y los secuestros cotidianos son la principal fuente de miedo para los ciudadanos. La FGR solo puede intervenir si hay un delito federal involucrado, pero la gran mayoría de estos casos recaen en autoridades locales. El discurso de “ganarle las calles” implica que la Fiscalía federal no puede limitarse a reaccionar, sino que debe contribuir a reconstruir capacidades institucionales a nivel municipal y estatal. El problema de fondo es que la mayoría de los delitos denunciados no llegan jamás a judicializarse, ya sea por falta de confianza o de medios para sostener un proceso.

EXPERTOS, OPOSITORES Y SOCIEDAD: UN APARATO BAJO ESCRUTINIO

El dispositivo institucional que representa la FGR está sometido a miradas encontradas. Desde el poder, el discurso oficial es de recuperación de iniciativa y coordinación sólida con Marina, Ejército y Guardia Nacional. Se presume que “ya no hay margen de impunidad” y que el huachicol fiscal ha sido contenido. Encuestas recientes indican que buena parte de la población respalda esas acciones, lo que otorga cierto margen político.

LOS RETOS INMEDIATOS

El 2025 representa para la FGR un punto de definición. Desmantelar redes poderosas como las de los Farías Laguna implica enfrentar estructuras transnacionales incrustadas en aduanas, empresas y logística marítima. De nada sirve asegurar millones de litros o propiedades si los procesos judiciales quedan congelados por amparos o falta de pruebas. Convertir decomisos en condenas será crucial para enviar un mensaje real de disuasión. También deberá demostrar autonomía frente a intereses políticos y militares. Investigar sin filtrar y sin negociar es el estándar mínimo que se espera de una fiscalía verdaderamente independiente. En paralelo, necesita fortalecer sus capacidades internas: técnicos en finanzas, especialistas forenses, mecanismos de protección para denunciantes y procesos de depuración que eliminen infiltraciones criminales dentro del propio aparato. Más allá de la fuerza operativa, deberá mantener una narrativa creíble frente a la ciudadanía. El respaldo público puede ser un escudo institucional, pero solo si se traduce en resultados verificables. Finalmente, no podrá limitarse a reaccionar; tendrá que integrarse a estrategias de prevención y políticas sociales de largo plazo. Si las causas estructurales del crimen permanecen intactas, las redes volverán a levantarse. En ese escenario, incluso los mayores operativos se volverían apenas reflejos fugaces en el espejo.

Sin embargo, desde la oposición y la sociedad civil, la crítica es directa, se acusa a la Fiscalía de estar subordinada al Ejecutivo, que evita casos incómodos y actúa de forma selectiva. Organizaciones especializadas señalan retrocesos en la investigación de delitos y advierten que la autonomía es más retórica que real. Exfuncionarios han filtrado testimonios sobre colusiones históricas con gobiernos locales. Expertos en derecho penal apuntan que los éxitos mediáticos no deben ocultar la fragilidad estructural: fiscalías débiles, redes territoriales intactas y ausencia de políticas de prevención efectiva. Las voces ciudadanas, especialmente de colectivos de víctimas, denuncian lentitud, falta de sensibilidad y desconexión entre las investigaciones federales y la realidad en campo.

La conclusión compartida por actores muy distintos es contundente: si la FGR quiere dejar de ser un espejo adornado, debe construir credibilidad sostenible.

LAS ALTERNATIVAS

AL FUTURO DE LA FISCALÍA

La FGR está ante un punto de quiebre: puede convertirse en un órgano autónomo y eficaz que lleve los golpes mediáticos a sentencia, quedar como mera fachada política o instalarse en un limbo de éxitos parciales.

Frente al espejo del crimen, la FGR tiene tres sendas posibles, no mutuamente excluyentes: un fortalecimiento real; si la Fiscalía logra convertir investigaciones en condenas, despliega autonomía verdadera, gana credibilidad ciudadana y empuja reformas institucionales, como una fiscalía aduanera autónoma, entonces puede emerger como un actor central en la reconfiguración del Estado frente al crimen organizado. En ese escenario, el huachicol fiscal sería el punto de inflexión para una nueva era de procuración federal más eficaz y menos permeable.

También puede portar una máscara institucional, en caso de que las acciones se queden en golpes mediáticos, sin judicialización consistente, sin reformas internas profundas, y bajo dependencia política del Ejecutivo. Así, la FGR seguirá siendo un órgano simbólico de combate al crimen, una vetusta fachada que refleja la voluntad política más que la justicia efectiva. Una tercera posibilidad es que la FGR tenga éxitos parciales, decomisos, denuncias, algunos juicios, pero que conviva con áreas donde el crimen siga operando. En ese caso, su rol será mixto: actor de intervención, pero con zonas de impunidad aceptadas tácitamente. Las implicaciones de estas sendas no son menores. Un fracaso mantenido reforzará la desacreditación institucional del Estado, aumentará el desencanto social, y podría agravar la violencia territorial. Un fortalecimiento, por el contrario, puede contribuir a reconstruir la confianza en la justicia federal y desarticular redes que erosionan el pacto republicano. Para la presidencia de Sheinbaum, apostar por la FGR como motor de la

estrategia de seguridad implica riesgos y responsabilidades: mantener su respaldo político, pero garantizar autonomía operacional. Si la fiscalía sigue siendo un apéndice, su narrativa perderá fuerza. Bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero, la FGR se encuentra ante uno de los momentos más delicados de su historia reciente: ser evaluada no por la validez de sus discursos sino por la solidez de sus procesos. El huachicol fiscal le ofrece una oportunidad inédita: enfrentar no solo el crimen visible, sino los entramados de la corrupción aduanera, la penetración institucional y las alianzas discretas entre el poder militar y económico.

Hasta ahora, la FGR ha dado señales de coordinación, operativos notables y exposiciones mediáticas, pero también enfrenta bloqueos judiciales, contradicciones numéricas y dudas sobre su autonomía real. Ni el discurso paranoico del “Estado capturado” ni la certeza triunfalista son útiles: el espejo

que le devuelve el crimen es complejo, fragmentado y exigente.

En un México que demanda resultados, y que guarda memoria histórica de promesas no cumplidas, la FGR deberá demostrar que puede saltar del papel al tribunal, del anuncio a la sentencia, de la fachada al cambio institucional. Si lo logra, habremos visto el inicio de un Ministerio Público renovado. Si no, el reflejo seguirá siendo una máscara.

TRAICIÓN A LA PATRIA, UN DELITO DE SEGURIDAD NACIONAL

¿HACIA DÓNDE IRÁ LA ABOGACÍA TRAS LA REFORMA JUDICIAL?

La reciente implementación de la reforma judicial en México no solo plantea cambios profundos en la estructura del Poder Judicial, sino que también impacta de manera significativa el rol de los abogados en nuestro ejercicio profesional.

Esta transformación, que reconfigura cómo operará el sistema judicial, -con independencia del concepto que guardes sobre los abogados- nos coloca en una encrucijada: Adaptarnos a un entorno de mayor incertidumbre y politización o ver comprometida la capacidad para defender a nuestros clientes de manera eficaz y justa.

LA NUEVA DINÁMICA JUDICIAL:

UN TERRENO INCIERTO PARA LOS ABOGADOS

por sus méritos profesionales, sino también por las percepciones políticas que influyeron en su elección. Esto agregará un nuevo nivel de incertidumbre: ¿deberemos ajustar nuestros argumentos en función de una inclinación ideológica particular del juez? Esta situación, sin duda, complicará nuestra labor como abogados, pues ahora tendremos que estar más atentos al entorno político y social, lo cual antes no era una prioridad en el ejercicio de la abogacía.

ENRIQUE PONS FRANCO X: @ENRIQUE_PONS

LA AUTONOMÍA PROFESIONAL EN RIESGO

la historia de México, la ‘traición a la patria’ ha sido vista como una afrenta imperdonable, y ha sido invocada en momentos de crisis, conflictos internacionales o actos de espionaje

En el marco jurídico mexicano, la traición a la patria es uno de los delitos más severamente sancionados, ya que implica un atentado directo contra la soberanía, la independencia y la seguridad nacional. Este delito está regulado en el Código Penal Federal, dentro del Título Primero del Libro Segundo, que trata de los “Delitos contra la seguridad de la nación”. En particular, es el Artículo 123 el que describe y clasifica las conductas que constituyen traición a la patria.

este artículo, se considetraidor a la patria a quien coactos como tomar armas la nación, formar parfuerzas armadas enemiproporcionar ayuda a un

El papel del abogado en el sistema judicial siempre ha sido representar a su cliente ante un tribunal imparcial. Con la introducción de esta reforma, que incluyó la elección de jueces por voto popular y una mayor exposición de las decisiones judiciales al escrutinio político, los abogados vamos a navegar un ambiente enrarecido. Tradicionalmente, los litigantes confiamos en la imparcialidad y estabilidad de los jueces para argumentar nuestros casos en función de principios jurídicos claros. Sin embargo, si las decisiones judiciales se verán influidas por intereses políticos, los abogados tendremos que recalibrar nuestras estrategias y adaptarnos a una justicia que, en teoría, podría estar más preocupada por mantener su popularidad, que por perseguir estrictamente la justicia por medio de la aplicación del derecho. Imagínate como cliente (o abogado), que tienes que comparecer en un juicio complejo. Bajo el sistema reformado, el juez que resolverá tu caso no será evaluado únicamente

La independencia judicial es fundamental para que los abogados podamos desarrollar nuestro trabajo sin preocuparnos por factores externos -al menos, no de forma prioritaria- que influyan en la administración de justicia. Con las reformas que se están implementando, los actores políticos tendrán mayor control sobre la elección y la permanencia de los jueces. Para los abogados, esto puede representar una intervención directa a nuestra capacidad de representar a los clientes de manera justa y efectiva.

Es previsible que nuestro entorno de trabajo se vuelva más complejo. Los abogados que representen causas o clientes contrarios a los intereses políticos de quienes ostentan el poder podrían enfrentar mayores dificultades para obtener resoluciones justas. La naturaleza politizada del nuevo sistema

gar información o documentos confidenciales, espionaje, sabotaje, e incluso incitar a una potencia extranjera a invadir el país o a interferir en asuntos internos con el objetivo de des-

judicial también podría dificultar que los abogados nos concentremos exclusivamente en los hechos del caso y en las leyes aplicables, pues deberemos considerar la posibilidad de que las decisiones judiciales sean menos previsibles o más susceptibles a la manipulación.

LA ÉTICA PROFESIONAL BAJO

PRESIÓN

El ejercicio de la abogacía, que ya enfrentaba retos relacionados con la integridad y la ética profesional, podría verse aún más presionado bajo un sistema judicial que no ofrezca las mismas garantías de imparcialidad. Los abogados tendremos que ajustar nuestra conducta y ser más cautelosos, pues las decisiones podrían interpretarse como favorecedoras o desfavorables dependiendo del clima político del momento.

acusada es servidor público o tiene acceso a información sensible del Estado, la sanción puede aumentar. Además, se castiga no solo la acción directa, sino también la colaboración indirecta, como facilitar recursos financieros, tecnológicos o logísticos a enemigos de la nación. Las penas establecidas en el Código Penal Federal van desde cinco hasta cuarenta años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta, así como multas económicas y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. En casos extremos, como en situaciones de guerra declarada o conflicto armado, la

ral muy fuerte, ya que implica romper el pacto de lealtad entre el ciudadano y la nación. En la historia de México, la traición a la patria ha sido vista como una afrenta imperdonable, y ha sido invocada en momentos de crisis, conflictos internacionales o actos de espionaje.

De la misma forma, la abogacía en México ya afrontaba grandes desafíos relacionados con la corrupción, la sobrecarga de trabajo en los tribunales y la desigualdad de recursos entre los litigantes. Con la reforma judicial, estos problemas podrían agravarse si la politización del sistema afecta la objetividad con la que se toman

La existencia de esta figura jurídica tiene como finalidad no solo castigar conductas que pongan en peligro a la nación, sino también disuadir acciones que vulneren la seguridad del Estado mexicano. Al establecer claramente qué conductas constituyen traición a la patria, el ordenamiento jurídico prote-

decisiones judiciales. Los abogados que se especialicen en defender los derechos humanos, la justicia social o que luchan contra grandes intereses corporativos y políticos estarán en una posición particularmente vulnerable. Esto generará un escenario donde la presión política pueda desviar el enfoque de la abogacía y del derecho hacia cuestiones de influencia externa.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE LITIGIO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

En este nuevo contexto, los abogados necesitaremos desarrollar nuevas estrategias de litigio que nos permitan enfrentar un sistema judicial politizado. Los litigantes tendremos que ser más creativos en la construcción de los casos, anticipando no solo los argumentos legales de la contraparte, sino también las posibles influencias políticas que puedan estar en juego. Además, es probable que los abogados debamos diversificar nuestro enfoque y prepararnos para defender los derechos de los clientes no solo en los tribunales, sino también en el ámbito público. Esto significa

que la narrativa que los abogados construimos para defender a nuestros representados deberá ser mucho más integral, teniendo en cuenta tanto los aspectos legales como la percepción pública y política de cada caso. Otro reto para los abogados será la pérdida de confianza en el sistema judicial. Con jueces y magistrados elegidos por voto popular, la ciudadanía puede empezar a desconfiar de la objetividad e imparcialidad de las decisiones judiciales. Esto podría traducirse en un mayor escepticismo hacia los abogados que operan dentro de un sistema que, a ojos de la opinión pública, podría estar comprometido. Para los abogados, recuperar y mantener la confianza de nuestros clientes será esencial. Tendremos que posicionarnos como defensores incansables de los derechos y la justicia, y distanciarnos aún más de cualquier percepción de colusión o connivencia con un sistema judicial politizado. La capacidad de los abogados para ser vistos como actores imparciales en la búsqueda de justicia será clave para nuestra reputación profesional y para la estabilidad de nuestras carreras.

Ante jueces electos por voto popular y un sistema más politizado, la abogacía enfrenta incertidumbre, retos éticos y pérdida de confianza.

REFLEXIÓN FINAL

El impacto de la reforma judicial en el ejercicio de la abogacía profesional en México es indudablemente significativo. Los abogados tendremos que adaptarnos a un entorno político, impredecible y, en muchos casos, hostil. Los retos éticos, la incertidumbre judicial y la pérdida de confianza en la imparcialidad del sistema son factores que nos obligarán a modificar nuestras estrategias, a ser más cuidadosos en las decisiones y a replantear nuestro rol en una sociedad que cada vez dependerá menos de un sistema de justicia tradicional y más de las dinámicas políticas que influyan en el Poder Judicial.

En este escenario, los abogados deberemos defender no solo a nuestros clientes, sino también la integridad del sistema judicial y nuestra propia profesionalidad, frente a un contexto que cambiará las reglas del juego para todos. La abogacía, en este sentido, no solo enfrentará cambios en los tribunales, sino que también se verá forzada a redefinir su papel como defensora de los derechos y las libertades en un entorno de creciente incertidumbre.

Así, en espera de ver cómo terminará esta historia, nos leemos la próxima semana. Mientras tanto, te espero en X (antes Twitter) como @enrique_pons.

GAS NATURAL:

LA DEMANDA GLOBAL SEGUIRÁ CRECIENDO HACIA 2050

El gas natural mantendrá un papel central en la matriz energética mundial durante las próximas décadas.

De hecho, un informe de Exxon Mobil citado por Michael Kern en Oilprice. com (28 de agosto de 2025) proyecta un aumento de más del 20% en la demanda global respecto a 2024, impulsado por la necesidad de reemplazar al carbón en procesos industriales y generación eléctrica, así como por el crecimiento económico en mercados emergentes. En primer lugar, Estados Unidos, el mayor productor mundial, se acerca a niveles récord de consumo en 2025, gracias a la expansión de su capacidad de exportación de gas natural licuado (LNG) y al aumento de la demanda eléctrica durante los meses de verano.

CRECIMIENTO SOSTENIDO Y

DEMANDA GLOBAL

Exxon prevé que, en los próximos 25 años, el gas natural se consolidará como una

de las principales fuentes de energía. Esto se debe a que su crecimiento permite alimentar la potencia industrial necesaria y, al mismo tiempo, reducir parte de los impactos ambientales asociados al carbón.

En Estados Unidos, la tendencia al alza del consumo se explica por dos factores principales: la expansión de la capacidad de exportación de LNG, que permite enviar gas a Europa y Asia, y el aumento de la demanda eléctrica interna durante veranos más calurosos, lo que eleva el uso de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Por consiguiente, esto refuerza la posición del país como actor clave en el mercado energético global y proveedor estratégico de gas natural licuado.

PRODUCCIÓN MUNDIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA MATRIZ ENERGÉTICA

Exxon estima que la producción global de gas natural aumentará un 18% en los próximos cinco años. De cumplirse la proyección, el gas, junto con el petróleo, representará cerca del 55% de la matriz energética mundial hacia

AMOS OLVERA PALOMINO AMOSOP@HOTMAIL.COM @PALOMINOAMOS

A pesar del avance de energías renovables, el gas natural seguirá siendo un recurso esencial en la generación de energía y en la seguridad del suministro global hasta 2050.

2050. Mientras el gas mantendrá un crecimiento sostenido, la demanda de petróleo se estabilizará alrededor de los 100 millones de barriles diarios en el mismo periodo.

En cuanto a combustibles líquidos, se espera que la demanda de gasolina caiga hasta un 25% hacia 2050 debido a la mayor penetración de vehículos eléctricos, mientras que el consumo de destilados como diésel y combustible de aviación seguirá siendo robusto.

EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD

Exxon proyecta que las emisiones globales de dióxido de carbono caerán un 25% hacia 2050, hasta 27 mil millones de toneladas métricas anuales. Aunque representa una reducción significativa, sin embargo, todavía supera los objetivos de las Naciones Unidas para cumplir con los compromisos climáticos. Por ello, será necesario desarrollar tecnologías más accesibles para reducir emisiones y aplicar políticas públicas que aseguren estabilidad energética y seguridad de suministro.

COMPARACIÓN CON OTROS ESCENARIOS

Otras instituciones presentan proyecciones distintas: BP anticipa que la demanda mundial de petróleo podría caer a 75 millones de barriles diarios hacia 2050 bajo políticas actuales, y a 25–30 millones en un escenario de neutralidad climática.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señala que la demanda de gas natural podría disminuir en escenarios de bajas emisiones, aunque bajo las políticas actuales continuará creciendo.

La Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. estima que la producción y consumo de gas alcanzarán su punto máximo en 2032, con un descenso moderado posterior, mientras que las exportaciones de LNG seguirán aumentando hasta 2040 antes de estabilizarse.

PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

Con base en estas proyecciones, Exxon concluye que el gas natural y el petróleo seguirán predominando en la matriz energética global durante las próximas décadas, representando alrededor del 55% del suministro mundial en 2050. Por otro lado, el crecimiento de las

energías renovables será importante, pero no suficiente para reemplazar de inmediato a los combustibles fósiles.

UN RECURSO ESTRATÉGICO MÁS ALLÁ DE LA TRANSICIÓN

El análisis de Michael Kern muestra que el gas natural no solo mantiene su relevancia, sino que aumenta su importancia hacia 2050. Con un crecimiento proyectado de más del 20%, una reducción parcial de emisiones de CO₂ y un papel central en el reemplazo del carbón, este combustible seguirá siendo un pilar del sistema energético mundial.

En Estados Unidos, la cercanía de un récord de consumo en 2025 confirma la fortaleza del gas en el mercado interno y su consolidación como recurso estratégico de exportación. Por lo tanto, pese al avance de las renovables y los compromisos climáticos, el gas continuará siendo un componente clave del suministro de energía global durante las próximas décadas.

* Referencia: Kern, Michael. “Exxon Sees 20% Gas Demand Growth by 2050, U.S. Nearing Records in 2025”. Publicado en Oilprice.com, 28 de agosto de 2025.

LA SUPLICANTE “CRÓNICA DEL FIN”

ANTE LA CONSOLIDACIÓN DE UN CAMBIO DE RÉGIMEN

México vive la consolidación de un nuevo régimen político e ideológico. Tras décadas de neoliberalismo y vacío moral, la 4T encarna un cambio de rumbo que busca la justicia social y el equilibrio histórico.

Los cambios de siglo son, por naturaleza, épocas de profunda transformación en todos los ámbitos sociales. El siglo XX quedó atrás con su legado de guerras infernales y un acomodo ideológico mundial que, hoy, se encuentra en pedazos.

México, como parte de este crisol global, ha buscado su propio camino, añorando un proyecto político que, desde los ecos de Zapata, procure el equilibrio social. Intentamos el camino de las sirenas socialistas, que fracasaron. Luego, en las últimas cinco décadas, nos entregamos al sistema que los tecnócratas llamaron neoliberalismo. Este modelo también colapsó, dejando tras de sí millones de pobres y una polarización social rampante: unos cuantos ricos y poderosos frente a millones en situación de pobreza y hambruna. Las crisis del siglo XX aún no terminan de resolverse.

EL VACÍO IDEOLÓGICO Y LA BÚSQUEDA FALLIDA

El anhelo de cambio llevó a la sociedad mexicana a buscar la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, un empresario que, sin embargo, no logró comprender las ideologías ni los ecos de las políticas económicas, inmerso como estaba en una clase política formada bajo el pensamiento teórico de Yale o Harvard. En 2006, la cúpula del PAN defraudó la incipiente democracia, seguida por la búsqueda de legitimación de Calderón a través del cruento enfrentamiento bélico contra el narcotráfico. A inicios de siglo, simplemente no había una ideología consistente.

El regreso del PRI con Peña Nieto fue la cumbre de la catástrofe y el vacío. Su sexenio evidenció la incoherencia de un

EDGAR FERNANDO CRUZ

@EDGARFERNANDOCRUZ COMUNICACIONLOGICA64@GMAIL.COM

proyecto político frente a los millones de pobres extremos arrojados por el neoliberalismo, una realidad probada por los datos duros del INEGI.

En este contexto de reacomodo ideológico, surge una paradoja sardónica: Televisa, el medio televisivo más poderoso de México y uno de los principales del planeta por su penetración histórica y su historial monopólico, ahora busca credibilidad

La empresa ha lanzado una edición de archivos históricos para documentar la enorme corrupción del PRI. La tesis central de su documental es que el PRI se envenenó de poder y se autodestruyó en esa lucha. Se trata de un trabajo de edición y editorialización irónico e hilarante, la serie retrata a la televisora tratando de lavar sus culpas o complicidades. El sarcasmo reside en que la producción poco abunda en la sociedad económica que la propia televisora formó con el poder ejecutivo. Televisa fue una empresa históricamente alineada con el presidente; no olvidemos la icónica frase de su dueño, Emilio Azcárraga: "Soy un soldado más del PRI".

Ver a la televisora manipular un nuevo manejo de las imágenes (siendo todas verídicas), sin reconocer su alianza cómplice en la manipulación de la información y la opinión pública, es el colmo del cinismo. Sin duda, Televisa busca congraciarse con el nuevo poder con una retórica cínica. Pero, a fin de cuentas,

este ejercicio editorial ayuda a convocar al funeral de un partido en estado de muerte, facilitando, desde la trinchera mediática, la consolidación del nuevo régimen

Ya entrado el siglo XXI, y transcurrido su primer cuarto, el reciente discurso de la Jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, apuntaló el cambio político, de régimen y de sistema. Este cambio busca la congruencia con el ser humano en las peores condiciones para impulsar la movilidad social. Más allá del abrazo al fundador, Andrés Manuel López Obrador ha sido el arquitecto ideológico de la 4T, construyendo el puente para pasar de la llamada "derecha extrema de una clase media aspiracional" a la conciencia de equilibrio que prioriza a los más vulnerables.

López Obrador buscó contrarrestar el sistema de siglos, rescatando a los trabajadores y campesinos explotados. El movimiento, como lo afirma la Presidenta, se consolida y toma rumbo. Con más del 70 por ciento de aceptación a este ejercicio de gobierno, según diversas encuestas, se confirma que la gestación ha culminado: siete años y el movimiento se consolida. El cambio de régimen ideológico enfrenta, además, tres retos fundamentales: La economía y la geopolítica: La economía local y su compleja relación comercial con Estados Unidos y China.

Seguridad y corrupción: El combate a la seguridad interna debe ser quirúrgico, acompañado del desmantelamiento de la corrupción política en todas las esferas, sin importar su alta jerarquía.

La deuda social: La erradicación de la pobreza extrema, especialmente la de niños sin acceso a la educación y en situación de hambre.

De cualquier forma, el parto ideológico ya se dio. Siete años de gestación han culminado en el nacimiento de un nuevo proyecto. Ahora, la tarea pendiente es igual de demandante: hay que amamantarlo y educar

MILITARES EN EL CENTRO DEL TABLERO

Seguridad nacional, funciones civiles y el nuevo equilibrio institucional

México vive una transformación silenciosa: las Fuerzas Armadas ya no son actores periféricos de la seguridad, sino protagonistas del orden público, la administración civil y la protección estratégica del país. En muchos sentidos, el Ejército y la Marina se han convertido en el andamiaje operativo del Estado en zonas donde antes sólo había vacío institucional. Esta realidad no es nueva, pero hoy es más visible. Desde la seguridad pública hasta la construcción de infraestructura, pasando por tareas logísticas, aduanales y de salud, los militares participan en funciones esenciales para el desarrollo del país. Y lo hacen con disciplina, eficacia y presencia territorial.

¿Debe preocuparnos? Solo si se ignora el contexto. La participación militar ha sido una respuesta operativa a una emergencia estructural: la debilidad crónica de cuerpos civiles, la corrupción municipal, la fragmentación institucional. Ante ese escenario, el Estado mexicano optó por lo que tenía más cohesión, orden y capacidad de despliegue: sus Fuerzas Armadas. Pero este modelo, si bien es necesario, no puede ser indefinido. El propio gobierno ha reconocido que la militarización debe tener límites temporales y objetivos claros. La construcción de paz requiere fortalecer capacidades civiles, invertir en policías locales, profesionalizar fiscalías y reconstruir el tejido social. Lo militar no sustituye al Estado: lo respalda mientras se recompone. La gran pregunta no es si los militares deben estar, sino cómo, para qué y hasta cuándo. El reto es normar su participación con criterios democráticos, transparencia presupuestaria y una visión estratégica

RODRIGO DE LEÓN IN: @LEONELDELASEGURIDAD

que evite la dependencia. El riesgo no está en los uniformes, sino en la falta de ruta institucional para devolver ciertas tareas a instancias civiles fortalecidas. Hay señales positivas: la coordinación interinstitucional ha mejorado, los mandos militares trabajan bajo liderazgo civil, y se ha evitado —hasta ahora— la tentación autoritaria. La confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas es alta, pero no debe volverse excusa para el inmovilismo administrativo.

México necesita un modelo de seguridad nacional que integre a los militares, sin convertirlos en el único recurso. Porque lo urgente se atiende con lo disponible, pero lo importante se construye con visión.

Y la seguridad del país no puede descansar, para siempre, sobre los hombros de quienes también merecen volver al cuartel.

CÓMO CONSTRUIR UNA PLANTA ELÉCTRICA

Construir una planta eléctrica exige planeación, inversión y viabilidad técnica.

Según el tipo, solar, eólica, de gas o nuclear, varían costos, vida útil y retorno. México debe evaluar cada proyecto con visión sostenible.

El mundo está hoy inmerso para construir un gran número de plantas que generen electricidad, para poder llegar entre el mediano y el largo plazo a la electrificación de casi todas las actividades en los seres vivos de este planeta.

La construcción de una planta de generación eléctrica constituye un proceso altamente complejo que demanda una planificación exhaustiva, conocimientos técnicos multidisciplinarios y la coordinación eficiente de recursos humanos, materiales y financieros.

El construir una planta de electricidad implica mucho más que la simple elección de una tecnología o la selección de un terreno; se trata de un proceso complejo que requiere una planeación estratégica, cumplimiento normativo y

visión de largo plazo.

El primer paso consiste en definir qué tipo de planta eléctrica se va a construir, sabiendo el tipo de energía primaria disponible en el área donde pretende ser construida; así como realizar estudios de topografía, geología, vías de acceso, conectividad, y disponibilidad del agua en el dado caso que sea requerido con base en el tipo de generación de electricidad. Establecido esto, debe haber un análisis sobre los requerimientos regulatorios y permisos, donde esté

RAMSES PECH GRUPO CARAIVA - GRUPO PECH ARQUITECTOS

identificada la forma como estará en el mercado eléctrico. Completar es entregar todos los requerimientos solicitados por las instancias gubernamentales, entre los que deben estar los estudios de impacto ambiental, social, y permisos por una comunidad en el caso de ser requerido. Todo esto para poder obtener la anuencia de poder solicitar la interconexión a la red eléctrica del mercado o ser un sistema aislado. Después de haber obtenido todo lo anterior, y tener el diseño final de la planta, se deberán buscar fuentes de financiamiento o, en dado caso, dinero proveniente del presupuesto de un país.

En este momento en el tiempo, sobre la decisión de continuar para construir, y poner a operar una planta; deberíamos de hacer un pequeño análisis y cuestionar, el costo de salida, el costo operativo, las inversiones realizadas, y la operación de la planta, la cual estará ligada a un periodo de tiempo con base en la vida útil, y dependerá

del porcentaje de energía producida con base en su capacidad instalada diseñada. El poner una planta de electricidad, no es el simple hecho de decir, “tengo un terreno y puedo el colocar una planta”, debemos el establecer, si existen líneas de transmisión, subestaciones, cuáles son las condiciones climáticas que pueden afectar a la planta, seguridad física, la planta está cerca o lejos de comunidades, y sobre todo establecer el tiempo de recuperación de la inversión, sea pública o privada al fin, es un dinero que tiene un costo a lo largo de la vida de la planta.

En el siguiente listado, realizamos algunos datos que pueden ser considerados en forma general para la construcción de una planta, tomando como fuentes a la agencia internacional de energía, a la administración de información de energía de estados unidos, y al análisis realizado por Lazards respecto al costo nivelado de energía (LCEO), que indica del precio que necesita la planta para operar. Los datos siguientes refieren a un promedio de la media mundial observada en todas las fuentes consultadas, y encontramos, para una planta:

= Solar: Esta tiene un costo, solo de su construcción, de alrededor de 1,617 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 33% (una planta de 100 MW solo produce 33 MW), y tiene una vida útil de 20 años. El tiempo de construcción es de 2 a 4 años, y el costo de LCEO al mercado es de 1.102 pesos mexicanos por KW. Es decir, si construyéramos una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, tendría un costo de alrededor de 162 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida útil, tendríamos que depreciar entre 8 a 9 millones de dólares en forma anualizada. Con el costo de LCEO, se pudiera recuperar la inversión de la construcción en 10 años (vendiendo toda la producción en forma diaria).

= Eólica: Costo de construcción de alrededor de 1,738 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 35%, y tiene una vida útil de 25 años. El tiempo de construcción es de 4 a 8 años, y el costo de LCEO al mercado es de 1.159 pesos mexicanos por KW. Construir una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, tendría un costo de alrededor de 174 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida

útil, tendríamos que depreciar entre 7 a 8 millones de dólares en forma anualizada. Con el costo de LCEO, se pudiera recuperar la inversión de la construcción en 10 años, vendiendo toda la producción en forma diaria.

= Ciclo Combinado (Gas Natural): Costo de construcción de alrededor de 898 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 58%, y tiene una vida útil de 40 años. El tiempo de construcción es de 2 a 3 años, y el costo de LCEO al mercado es de 1.482 pesos mexicanos por KW. Construir una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, tendría un costo de alrededor de 90 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida útil, tendríamos que depreciar entre 2 a 3 millones de dólares en forma anualizada. Con el costo de LCEO, se pudiera recuperar la inversión de la construcción de la planta en 3 a 5 años, vendiendo toda la energía generada en forma diaria.

= Nucleoeléctrica: Costo de construcción de alrededor de 9,285 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 93%, y tiene una vida útil de 80 años. El tiempo de construcción es de 8 a 10 años, y el costo de LCEO al mercado es de 3.420 pesos mexicanos por KW. Construir una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, saldría alrededor de 930 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida útil, tendríamos que depreciar entre 10 a 11 millones de dólares en forma anualizada. Con el costo de LCEO, se pudiera recuperar la inversión de la construcción de la planta en 4 a 6 años, vendiendo toda la energía generada en forma diaria.

Construir una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, tendría un costo de alrededor de 440 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida útil, tendríamos que depreciar entre 4 a 6 millones de dólares en forma anualizada. Con el costo de LCEO, se pudiera recuperar la inversión de la construcción de la planta en 3 a 5 años, vendiendo toda la generada en forma diaria.

= Termosolar: Costo de construcción de alrededor de 6,672 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 34%, y lo cual tiene una vida útil de 225 años. El tiempo de construcción es de 4 a 6 años, y el costo de LCEO al mercado es de 2.242 pesos mexicanos por KW. Construir una planta de este tipo de 100 MW de diseño de capacidad establecido, tendría un costo de alrededor de 670 millones de dólares, y tomando el tiempo de vida útil, tendríamos que depreciar entre 20 a 25 millones de dólares en forma anualizada, y con el costo de LCEO, pudiera recuperar la inversión de la construcción de la planta en 18 a 20 años, vendiendo toda la generada en forma diaria.

= Energía Nuclear Modular: Costo de construcción de alrededor de 4,398 dólares por cada KW, instalado. El porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada es del 93%, y lo cual tiene una vida útil de 80 años. El tiempo de construcción es de 3 a 5 años, y el costo de LCEO al mercado es de 1.922 pesos mexicanos por KW.

Cabe aclarar que los datos son en promedio a nivel mundial, y depende de las condiciones de cada país en cuanto a la mano de obra, si son productores o importadores de la tecnología usada, y el tipo de legislación, normatividad, y permisos necesarios para operar. Los datos anteriores solo ayudan a comprender lo que implica el construir una planta de generación de electricidad. Construir una planta de electricidad, no depende de una buena voluntad del querer hacerlo, si no el poder tener el dinero inicial para la construcción, y posteriormente tener las ventas necesarias para poder cubrir la operación de esta, y que contempla el pago de la devolución del dinero del apalancamiento del proyecto.

LA CIUDAD DE MONTERREY

COMO SEDE MUNDIALISTA EN 2026

La “Sultana del Norte” será una de las sedes del Mundial de 2026. La urbe enfrenta retos en movilidad, seguridad, infraestructura y servicios, pero también una oportunidad histórica para proyectarse al mundo.

El próximo mundial de futbol que organiza la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se celebrará en el verano del año 2026 en la región de Norteamérica, conformada territorial, comercial y geopolíticamente entre México, Estados Unidos y Canadá.

De los tres países, obviamente México es la sede donde se vive con mayor intensidad el futbol, pero el crecimiento deportivo y de negocio de Estados Unidos y Canadá está superando a nuestro país que, al tratar de imitar el modelo de negocio de Estados Unidos, está perdiendo en la competitividad de los equipos que conforman la Liga mexicana.

Damos la patada inicial en este espacio de Guinda a una serie de artículos sobre las sedes de nuestro país donde se llevarán a cabo los partidos y que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El propósito de esta serie de texto es lograr vislumbrar las áreas de oportunidad de

cada una de estas ciudades en temas como movilidad, seguridad, mejora de infraestructura y de servicios, ya que serán días intensos donde recibirán visitantes de todo el mundo.

El silbatazo inicial lo damos con la Ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León que, como sede del Mundial 2026, enfrentará importantes áreas de oportunidad que pueden convertirse en legado positivo para la ciudad. En materia de movilidad, será necesario modernizar y ampliar el transporte público, optimizar la red vial y generar alternativas sostenibles que reduzcan el tráfico y mejoren la conectividad. En cuanto a seguridad, el evento permitirá

MARTIN BERDEJA

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fortalecer protocolos de protección civil, coordinación policial y uso de tecnologías de vigilancia para garantizar la integridad de visitantes y residentes. La infraestructura urbana tendrá el reto de mejorar estadios, aeropuertos, carreteras y espacios públicos, impulsando proyectos de largo plazo que eleven la calidad de vida. Finalmente, en servicios, Monterrey podrá ampliar y profesionalizar la oferta hotelera, restaurantera y turística, integrando prácticas de hospitalidad internacional y fomentando la competitividad económica. Estas acciones no solo atenderán la demanda del evento, sino que proyectarán a la ciudad como un referente global en organización y desarrollo.

Deseamos que los regios finalicen el cotejo con todas las mejoras que mencionamos en el párrafo anterior.

EL TURISMO ANTE EL MUNDIAL

México se prepara para la Copa del Mundo con inversiones en infraestructura aeroportuaria y promoción, pero la Riviera Maya enfrenta una crisis de reputación debido al sargazo, precios altos, inseguridad y corrupción.

FIFA 2026

La celebración del Mundial FIFA 2026 representa una oportunidad sin precedentes para México, siendo la tercera vez que el país aloja este evento deportivo global. Con 13 partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el torneo promete generar un impacto turístico que irá más allá de las sedes. Un ejemplo de ello es la Riviera Maya, que aunque no tendrá partidos mundialistas, se ubica estratégicamente para ser uno de los principales beneficiarios de la marea turística internacional.

El recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Tulum emerge como un elemento fundamental en los preparativos. Adolfo

Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director de Grupo Mundo Maya, confirmó que las preparaciones están en marcha para acomodar el esperado aumento de visitantes internacionales. La ubicación estratégica de la terminal aérea la convierte en un punto de acceso ideal para los fanáticos que buscan explorar más allá de las ciudades sede. La administración del aeropuerto apuesta por convertirse en un punto de entrada clave, con terminales modernas, sistemas de ingreso eficientes y servicios de alta calidad. Esta infraestructura aeroportuaria representa más que el simple manejo de tráfico; se trata de ofrecer una bienvenida inolvidable que potencie la imagen de México como destino turístico de clase mundial.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), uno de los más concurridos de América Latina, se distingue como el único en México que ofrece vuelos directos a las 16 ciudades sede del Mundial 2026. Esta conectividad única, según Bernardo Cueto, Secretario de Turismo de Quintana Roo, posiciona a Cancún como la “puerta de entrada al Mundial FIFA 2026”.

Los vínculos directos incluyen no solo las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), sino también las 11 ciudades estadounidenses (Boston, Dallas, Houston, Miami, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco, Seattle y Atlanta) y las dos canadienses (Vancouver y Toronto).

Las autoridades de Quintana Roo están explorando la posibilidad de abrir nuevas rutas directas desde España, Reino Unido y Polonia para facilitar la llegada de viajeros internacionales durante el evento. Esta expansión busca capitalizar el evento deportivo para establecer vínculos permanentes que beneficien al sector turístico a largo plazo.

EL DESAFÍO DE LA CAPACIDAD AEROPORTUARIA NACIONAL México enfrenta un desafío de infraestructura de grandes dimensiones para el Mundial. Con expectativas de más de 5 millones de visitantes, el experto Mario Veraldo, de MTM Logix, advirtió que el mayor desafío para el país será el tema aeroportuario y la movilidad. En las terminales aéreas de las tres ciudades sede están invirtiendo miles de millones de pesos para modernizar y actualizar sus instalaciones, preparándose para recibir hasta 5 millones de viajeros, según estimaciones de la FIFA. El Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México (AICM) está invirtiendo más de 9 mil millones de pesos (435 millones de USD) en procesos de modernización, incluyendo la expansión y rehabilitación de terminales, estacionamientos y regulación del tráfico aéreo. En Guadalajara, se añadió un hotel Hilton y una nueva pista y se renueva la terminal, invirtiendo 29 mil millones de pesos (1.1 mil millones de USD) en un panorama que llega hasta 2029. Por su parte, el Aeropuerto de Monterrey invirtió 15 mil millones de pesos (815 millones de USD) en infraestructura operacional entre 2021 y 2025, que incluyó un

PREPARANDO LA CALIDAD PARA EL MUNDIAL

México ha implementado diversos programas de certificación turística en preparación para el Mundial 2026. El Programa Nacional de Turismo Comunitario, lanzado por la Secretaría de Turismo (Sectur), busca certificar a proveedores de servicios turísticos que ofrecen experiencias que benefician a las comunidades locales. Este programa forma parte del Sistema Nacional de Calidad Turística y representa el primer impulso de certificación desde 2017. Los certificados se reservan para “individuos, grupos o comunidades que ofrecen productos y servicios de turismo comunitario con enfoque en sostenibilidad y mejora continua de la calidad”. Garantiza autenticidad, evitando la apropiación cultural y asegurando experiencias verdaderamente basadas en la comunidad. Para agosto de 2025, 1,385 comunidades, cooperativas y proveedores de servicios habían registrado sus proyectos.

nuevo tramo carretero de casi 10 kilómetros.

La demanda masiva de vuelos durante el Mundial provocará un incremento significativo en los precios del transporte aéreo. Según Hopper, los grandes eventos deportivos típicamente causan aumentos del 30-50% durante los períodos pico. Los vuelos hacia la Península de Yucatán, incluyendo Cancún, Mérida y Cozumel, experimentarán alzas sustanciales, con precios de última hora que podrían duplicar o triplicar las tarifas usuales, ya que las aerolíneas capitalizarán la demanda elevada.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL MUNDIAL 2026

Aunque la Riviera

Maya tiene la posibilidad de revitalizar su imagen turística y atraer millones de visitantes, la inseguridad y la corrupción amenazan con socavar los beneficios.

A nivel micro, la Riviera Maya se encuentra en una encrucijada crítica, que se replica en todo el país en el escenario macro. Por un lado, el Mundial FIFA 2026 presenta una oportunidad única para revitalizar su imagen turística y atraer millones de visitantes internacionales. La conectividad aérea mejorada, las inversiones en infraestructura aeroportuaria y las estrategias promocionales globales nos posicionan para capitalizar este evento histórico y convertir al turismo en el principal motor económico nacional ante las problemáticas que encaran tanto el sector energético como el manufacturero. Por desgracia, la crisis actual de reputación, caracterizada por el sargazo, voracidad y precios exorbitantes, inseguridad y, se debe decir, corrupción, amenazan con socavar los beneficios potenciales del Mundial. La percepción negativa generalizada en redes sociales y medios internacionales podría disuadir a los turistas que vengan al Mundial de incluir a la Riviera Maya en

sus itinerarios a pesar de su posición tan estratégica para desplazarse a las diferentes sedes mundialistas.

Y si la Riviera Maya es evitada, lamentablemente también se estaría excluyendo a México como un todo de los itinerarios. No es poco lo que está en juego entonces.

LA NECESIDAD DE MÁS REFORMAS ESTRUCTURALES

Para aprovechar efectivamente las oportunidades del Mundial 2026, la Riviera Maya requiere reformas estructurales profundas. Estas incluyen: Una capacitación intensa a los diferentes prestadores de servicio del país, la cual debe incluir la concientización de que cada prestador de servicio es la cara del país y que la manera en que trate a cada turista extranjero tiene la capacidad de atraer a muchísimos más o evitar que lleguen, poniendo en peligro su fuente de ingreso y la de la comunidad.

Abrirse a la competencia, demasiados grupos amafiados lograron acomodarse de tal manera al estado de las cosas que

muchos operan con total impunidad y absoluto descaro para proteger sus intereses creados. Esto no puede ser si deseamos ser un país líder del turismo mundial.

Se requiere también mejorar la seguridad pública mediante el fortalecimiento de las fuerzas del orden, combate a la corrupción policial y programas de prevención del delito en zonas turísticas; la conservación ambiental con los derechos tradicionales de acceso comunitario y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para poder cobrarle a los turistas con riesgos mínimos tanto para el prestador como para el visitante.

Es necesaria por igual la creatividad para manejar el sargazo, incluyendo sistemas de monitoreo satelital, barreras flotantes mejoradas y plantas de procesamiento para convertir las algas en productos útiles. Todo parece suponer que la Riviera Maya deberá aprender a coexistir con el sargazo y a trabajar con él para evitar que afecte al turismo.

México se prepara para el Mundial 2026

con garantía de higiene y salud en la industria turística, para posicionarse

como un destino turístico líder.

CERTIFICACIONES

DE SEGURIDAD Y SANIDAD

La certificación “Punto Limpio” de la Secretaría de Turismo establece estándares gubernamentales de higiene tras completar un curso gratuito de dos meses. El programa está diseñado para una variedad de negocios relacionados con el turismo, incluyendo hoteles, cafés, agencias de renta de autos y agencias de viaje. Actualmente, 1,250 establecimientos han obtenido esta certificación, válida por dos años. Por otra parte “Safe Travels” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se ha convertido en un estándar crucial para la industria turística. Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Riviera Nayarit, Jalisco, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato han calificado para esta designación global de salud.

CERTIFICACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE

El Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad ha introducido la Certificación “Experiencia Turística Accesible”, un paso hacia un sector turístico más inclusivo. Esta certificación se basa en estándares de calidad ISO y metodología de Diseño Centrado en Personas con Discapacidad, buscando ofrecer experiencias turísticas sin barreras. La certificación representa no solo un sello de aprobación, sino un compromiso con la excelencia y la inclusión.

APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO

MÁS ALLÁ DEL FUTBOL

México ha desarrollado una estrategia turística integral que extiende los beneficios del Mundial más allá de las ciudades sede. Caleb Ordóñez Talavera y el Consejo de

Promoción Turística de Tulum han orquestado una ofensiva promocional meticulosamente elaborada. La visión trasciende las fronteras del evento deportivo, convirtiendo el Mundial en una vitrina turística nacional donde destinos como Tulum pueden brillar. La campaña gubernamental de turismo ve al Mundial como una puerta de entrada al alma de México. A través de esfuerzos de marketing amplios, tanto domésticos como internacionales, las autoridades están convirtiendo el rico tejido cultural del país, los paisajes biodiversos y el genio culinario en atracciones reales. El mensaje es claro: ven por el futbol, quédate por la experiencia.

La Cámara de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) mantiene conversaciones con la FIFA para albergar un “FIFA Fan Fest”, un evento que serviría como punto de encuentro para aficionados al futbol. Este festival incluiría pantallas gigantes para ver partidos y actividades dinámicas variadas, que incluyen las culturales y las culinarias.

El proyecto representa una iniciativa en desarrollo que busca diseñar algo integral con las pantallas gigantes, actividades culturales y culinarias que dé como resultado un ambiente de Mundial. Esta estrategia busca posicionar a Cancún no solo como punto de tránsito, sino como destino de experiencias auténticas del Mundial.

Bernardo Cueto enfatiza que “Quintana Roo es mucho más que sol y arena. Sus atracciones turísticas, históricas, naturales y culinarias nos convierten en un destino imperdible para los fanáticos del fútbol que visiten México, Estados Unidos y Canadá en 2026”. Sin embargo….

LA CRISIS DE REPUTACIÓN Y EL COLAPSO DEL PARAÍSO

Tulum enfrenta su peor crisis turística en más de una década. La ocupación hotelera en la zona costera cayó a apenas 30% durante el verano de 2025, mientras que en el centro de la ciudad la situación es aún más grave, con solo 15% de ocupación. Las aerolíneas han reducido vuelos, las tarifas de hoteles de lujo han caído 35%, y los vendedores locales reportan sus peores ganancias desde la pandemia. Los memes en las redes sociales se han cebado con el colapso turístico de Tulum y hay un porqué. Lo que una vez fue el destino más hot de México está

atravesando su temporada más difícil, con múltiples factores contribuyendo a esta crisis de reputación. Uno de estos es la persistente plaga de sargazo. El 2025 se perfila como una de las temporadas de recales más severas registradas. Los datos satelitales muestran que los volúmenes de algas en el Atlántico, a inicios del año, superaron los récords históricos, con científicos reportando el mayor influjo jamás registrado de las algas pardas. Para abril, masas enormes llegaron a las costas en volúmenes sin precedentes, convirtiendo las aguas turquesas en marrones y las playas empezaron a oler a pantano. El Gran Cinturón de Sargazo es una masa de 13 millones de toneladas que se extiende por 8,000 km de largo y 500 km de ancho desde el Golfo de México hasta África Occidental. Esta escala del problema es tan desalentadoramente grande que se ve desde el espacio. Por esta razón, las tasas de ocupación hotelera de la Riviera Maya cayeron 2.3% en 2022 y un 2.7% adicional en 2023. Los hoteles frente a la playa en Tulum están gastando hasta 200,000 dólares anuales en limpiezas diarias de playa y transporte del sargazo a sitios de disposición. Muchos de estos hoteles han comprado equipos especializados de remoción de algas y embarcaciones que cuestan hasta 1 millón de dólares para aliviar la carga de trabajo.

UN PARAÍSO BOHEMIO, COSTOSO

HASTA EL RIDÍCULO

Tulum experimentó una transformación dramática; pasó de ser un refugio relajado para mochileros y yoguis a un hotspot de alta gama prácticamente de la noche a la mañana. El boom trajo hoteles boutique de alto nivel, cócteles de 20 dólares y cuentas en los restaurantes que pondrían nerviosos a los foodies de Nueva York. Las tarifas promedio de habitaciones alcanzaron 450 dólares por noche en 2025, un aumento del 25% desde 2023. Los mismos visitantes que pagaban felizmente una prima por el “Tulum chic” hace unos años perdieron la paciencia. Las redes sociales están llenas de turistas desilusionados advirtiendo que Tulum ya no vale la pena, especialmente cuando una cena simple puede costar más que el presupuesto de todo un día en otros lugares de México, y esto mientras hay una olorosa alfombra de

TAXISTAS ABUSIVOS

Los costos de transporte se han convertido en un símbolo del problema de precios de Tulum. Viajes en taxi de tres minutos cuestan 40 USD, y algunos se cobran en hasta 100 USD por el mismo trayecto. El servicio de taxis en Tulum se convirtió en un esquema criminal que desvalija al turista (en ciertos casos de forma literal), alcanzando niveles ridículos, sin forma de que la autoridad o alguien que les ponga un freno o les haga entender que ellos, al igual que todos en la comunidad, dependen de cuán turístico vea el pasajero el lugar. “Me sale más barato el avión” es la queja recurrente en redes sociales.

EL COSTOSÍSIMO

PARQUE JAGUAR

La creación del Parque Jaguar, una reserva federalmente protegida que cubre gran parte de la costa de Tulum, que integra ruinas mayas, playas y áreas protegidas, estuvo llena de expectación. Se inauguró en 2024 y el último avance de estado que fue revelado indica que su creación costó 2,659 millones de pesos.

El parque, administrado por SEDENA, no está por ahora creando el impacto esperado. Se esperaba que generara interés con todas las actividades y proyectos con que cuenta, pero no ha dado resultado. Esto llevó a Eugenio Barbachano Losa, síndico del ayuntamiento de Tulum a decir que los proyectos que el gobierno federal creó para Tulum no están aportando lo esperado.

LA EXCLUSIÓN

DEL ACCESO PÚBLICO A LAS PLAYAS

Uno de los cambios más dolorosos de Tulum ha sido la desaparición silenciosa del acceso público a las playas.

Lo que antes eran tramos abiertos y gratuitos de costa, acogedores para locales, mochileros y familias por igual, ahora han sido absorbidos por propietarios y hoteles. Con esta reclasificación, el acceso a arenales como Playa Pescadores y Playa Santa Fe ahora requiere entrada a través de las puertas oficiales del parque y una tarifa significativa. Para muchos visitantes y residentes, la noción de un pueblo de playa donde el mar pertenece a todos está desapareciendo. El alto costo de simplemente pisar la arena solo profundiza la percepción de que Tulum se está reservando para aquellos que pueden permitirse pagar el precio, no solo por el lujo, sino por la naturaleza misma.

Recientemente, la Cámara de Diputados promulgó una ley que expresamente prohíbe el bloqueo a los accesos a las playas y/o el cobro de acceso. Lo que más llama la atención es que esta ley se aprobó por unanimidad, no hubo votos en contra, esto debe ser una señal de cómo se percibe la situación en el resto del país.

Ante esto, la asociación hotelera salió y emitió un comunicado en donde ellos, de manera graciosa, abrían los accesos a las playas de sus instalaciones… cuidándose mucho de decir que el acceso no incluía las instalaciones y que seguía existiendo adentro los precios de la Riviera Maya.

LA INSEGURIDAD Y LOS PROBLEMAS CRIMINALES

La Riviera Maya, particularmente Tulum, ha experimentado un incremento preocupante en la actividad delictiva. El gobierno de Estados Unidos advierte que “el crimen violento, incluyendo homicidios y asaltos, ha aumentado en Tulum”. Los informes oficiales recomiendan “ejercer mayor cautela después del anochecer en Cancún, Playa del Carmen y Tulum y permanecer en calles peatonales bien iluminadas y zonas turísticas”. Si bien, la presidenta Sheinbaum afirma que “a esas alertas ya casi nadie les hace caso”, la inseguridad es un tema que debe atenderse en toda la Riviera Maya.

El auge de Tulum en la escena del turismo lujo fue tomado por varios cárteles como la oportunidad de sentar sus reales en la población. Esto ha tenido consecuencias terribles. El crimen violento y los tiroteos han aumentado. Es un hecho incontrovertible y se tiene que trabajar para garantizar la seguridad de visitantes y locales, y mucho. No por nada el jefe de la policía de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, murió asesinado en marzo.

Jorge Portilla Mánica, concejal del Ayuntamiento de Tulum, ha vinculado la disminución del turismo a los factores antes mencionados, pero que todos tienen su raíz en la corrupción: “La situación está para llorar”, declaró. La ocupación hotelera en el área del centro es actualmente del 15%, los hoteles ubicados fuera del pueblo experimentan una tasa de ocupación

más alta, del 40%.

LA CRISIS ECONÓMICA LOCAL Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES

Y esto no se limita a Tulum, algunas estimaciones muestran que los alojamientos de la Riviera Maya están viendo caídas de porcentajes de dobles dígitos comparado con el año pasado. El sitio arqueológico de Tulum, las famosas ruinas mayas con vista al mar, ha visto caer el número de visitantes en casi 24% desde hace un año.

Los últimos datos de SECTUR indican un crecimiento generalizado en el número de turistas en nuestro país y que se ha reflejado en todos los destinos mexicanos con la marcadísima excepción de la Riviera Maya, cuyos destinos turísticos fueron los únicos puntos en donde el flujo de visitantes disminuyó. Eso debe indicar algo.

CORRUPCIÓN POLICIAL

La corrupción es un problema significativo en Tulum. Impacta la efectividad de los esfuerzos contra el crimen y erosiona la confianza pública en las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos continuos para mejorar la transparencia y la responsabilidad

dentro de las fuerzas del orden, abordar la corrupción sigue siendo un desafío complejo y a largo plazo.

Las autoridades corruptas a menudo atacan a turistas que no se adhieren a las reglas, como aquellos bajo la influencia o posesión de drogas, el exceso de

GENTRIFICACIÓN

Los negocios locales de Tulum fueron arrasados por un juego mortal. Por un lado, las rentas comerciales y costos operativos se fueron a las nubes conforme la especulación y demanda inmobiliaria se dispararon. Los puestos de tacos y tiendas de artesanías que dieron alma al pueblo han sido desplazados por los propietarios de los locales, quienes triplicaron la renta, apostando a que llegaran marcas internacionales, lo cual sí terminó ocurriendo. Pero las cosas cambiaron. Los viajeros compararon los precios en sus teléfonos y ya se la pensaron dos veces. El resultado es doloroso: mesas vacías en restaurantes que una vez florecieron, noches silenciosas en hoteles boutique que hace un año estaban completamente reservados, y una economía local presionada.

velocidad y otras faltas que pueden ser graves o mínimas, pero que el turista no está al tanto. Los grupos de Facebook para expatriados y nómadas digitales reportan frecuentemente encuentros con policías corruptos y esquemas de extorsión.

Y es que así como los negocios tradicionales fueron arrojados a la periferia, los propietarios y pobladores hicieron lo mismo con el turista nacional: también lo arrojaron a la periferia. Sólo que, turísticamente hablando, en la periferia de Tulum está, por dar un solo ejemplo, Mérida. Las redes sociales hicieron su trabajo, nos dieron cuenta de que dos helados en la calle en Tulum cuestan lo mismo que si hubieran sido servidos en un local de Las Lomas en la CDMX y con otro tipo de ingredientes; también nos enteramos de que un refresco común de lata en la calle puede valer hasta 100 pesos, lo cual a un europeo, acostumbrado a pagar 3 euros por una soda y 4 por una botella de vino, no le resulta extraño… pero para un visitante de Chiapas le puede hasta resultar herético.

LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido la formación de un grupo de trabajo para abordar la crisis turística de Tulum. “En el caso de Tulum en particular hay un tema con el Parque del Jaguar que estamos revisando con la Secretaría de la Defensa que opera el parque... Pedí a la secretaria Josefina que coordine ese grupo de trabajo”. “Hay algunas quejas sobre la entrada a la playa y algunos problemas

de señalización que necesitan ser abordados, según lo que me dijo la secretaria, así que los vamos a abordar”. Esta intervención presidencial señala el reconocimiento oficial de que la crisis de Tulum requiere atención inmediata y coordinada.

ADAPTACIONES DEL SECTOR HOTELERO

Siguiendo la presión sostenida, 16 hoteles y clubes de playa recientemente acordaron proporcionar acceso gratuito al mar a través de sus propiedades, ofreciendo una alternativa a las tarifas de entrada del parque. Esta medida busca restaurar el acceso público que caracterizó a Tulum durante décadas. Los hoteles también han implementado estrategias de diversificación, creando

itinerarios para atracciones fuera de la playa. Las actividades alternativas incluyen visitas a cenotes, tours culturales y experiencias gastronómicas que no dependen del estado de las playas.

Por otra parte, la conversión del sargazo en fertilizante representa una de las soluciones más prometedoras. El sargazo es rico en nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo, vitales para el crecimiento de las plantas. El proceso involucra cosechar el sargazo, secarlo para reducir el contenido de humedad, y luego molerlo en polvo fino o procesarlo en forma líquida.

Omar Vázquez Sánchez, “Sr. Sargazo”, de Puerto Morelos desarrolló la idea brillante de convertir el sargazo en material de construcción. Comenzó vendiendo sargazo como fertilizante en su vivero y posteriormente construyó un edificio modelo usando ladrillos de sargazo. Hoy ha construido aproximadamente 13 casas para familias de bajos ingresos en su comunidad.

También existe la propuesta de utilizar la talofita como materia prima para la fabricación de bioturbosina, este proyecto es tan prometedor que ya hay pláticas avanzadas con la Comunidad Europea para que invierta en la planta.

LA RIVIERA MAYA Y SU POTENCIAL DE RECUPERACIÓN

A pesar de los desafíos actuales, la Riviera Maya mantiene activos fundamentales que pueden impulsar su recuperación durante el Mundial 2026. Su patrimonio cultural maya, la belleza natural de cenotes y reservas, la diversidad gastronómica y la hospitalidad tradicional mexicana siguen siendo atractivos únicos a nivel mundial. Estos intangibles deben ser alzados y potenciados por encima de lo que la aqueja.

La crisis actual ofrece lecciones valiosas para toda la industria turística mexicana. El crecimiento turístico descontrolado, la especulación inmobiliaria sin regulación, la falta de planificación y la inefable arrogancia pueden destruir rápidamente destinos que tardaron décadas en construirse. La sustentabilidad económica, ambiental y social debe ser el eje central de cualquier desarrollo turístico futuro. El Mundial 2026 representa tanto una oportunidad de redención para la Riviera Maya como una prueba de su capacidad de adaptación y renovación. Dependerán

de la coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y locales, aunada a la participación activa del sector privado y las comunidades locales.

LA IMPORTANCIA DEL MOMENTO ACTUAL

El período previo al Mundial 2026 es crítico para determinar el futuro de la Riviera Maya como destino turístico mundial. Las decisiones y acciones tomadas en los próximos meses definirán si la región podrá capitalizar esta oportunidad histórica o si continuará su declive hacia la irrelevancia turística.

La restauración de la confianza del

viajero internacional requiere medidas concretas que aborden preocupaciones legítimas sobre precios, seguridad, acceso y calidad ambiental. Solo a través de un enfoque integral y sostenido la Riviera Maya podrá recuperar su posición como uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo, aprovechando plenamente el Mundial FIFA 2026, su revitalización económica y la renovación de imagen global. El destino final de esta historia está por escribirse, pero el tiempo para la acción decisiva se agota. El Mundial 2026 puede ser el catalizador que la Riviera Maya y México necesitan. Es necesario para transformar su crisis actual en una oportunidad de renacimiento turístico, o podría convertirse en el telón de fondo de una oportunidad perdida que consolide su declive y arruine otra oportunidad histórica para el país. La diferencia radica en las decisiones que se tomen hoy y la velocidad con que se implementen las soluciones necesarias.

La Cumbre Internacional de Seguridad Ciudadana es el encuentro de alto nivel que reúne a autoridades militares y de seguridad federales y estatales de México, con sus similares del extranjero, a fin de intercambiar experiencias, estrategias y capacitación sobre investigación criminal, con la participación de organizaciones representativas de la sociedad constituidas en mesas ciudadanas de seguridad.

A la Cumbre asisten como invitados especiales diplomáticos acreditados en el País, con el fin de generar opinión pública internacional sobre los esfuerzos del Gobierno de México en la construcción de la paz.

En este cónclave se plantearán, compartirán y estudiarán, a través de paneles de análisis y conferencias magistrales, acciones y estrategias, tanto individuales como conjuntas, con el objetivo de asegurar en México la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, las garantías del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de movimiento y la recuperación de la paz, todo ello bajo un concepto de neutralidad política.