Elderechoalaprotesta

ABG. CÉSAR MARÍN CÁCERES

En la Constitución Política, en la lista de derechos de las personas no se encuentra escrito el derecho a la protesta. En la Constitución solo aparece el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas. En el artículo 2 numeral 12, el derecho a la protesta ha surgido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, anteriormente ya lo había señalado como derecho a la protesta pero es en el fundamento 82 de la sentencia del expediente 00009-2018-AI/TC donde lo define como: “ la facultad de cuestionar, de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o a través de medios de difusión (materiales, eléctricos, electrónicos, virtuales y/o tecnológicos), de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas (incluso normativas) por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados, con el objeto de obtener un cambio del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo según el orden público constitucional, y que enelejerciciodelaprotestase respete la legalidad que sea conforme con la Constitución”.

Esta sentencia ha emitido el Tribunal Constitucional en una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 200 del Código Penal,quetipificaeldelitodeextorsión. Sus constantes modificatorias constituían una amenaza cierta e inminente a varios derechos fundamentales,perodemaneraespecialal derecho a la protesta. La demanda fue presentada por el ColegiodeAbogadosdePuno, aunque la demanda no ha sido declarada fundada porque no se alcanzaron los 5 votos de magistrados para declararlo inconstitucional, sin embargo,elTribunalConstitucio- nal ha reconocido el derecho a la protesta como un derecho fundamental no enumerado en la Constitución Política.

Enlosfundamentos72y73 de la sentencia reconoce este derechoenlacrisisentrelademocracia representativa y los representados,urge la necesidad de reconocimiento y garantía de la protesta señala el Tribunal Constitucional que la protesta se convierte en un auténtico mecanismo de expresión y reivindicación de las minoríasquenologranserrepresentadas por el Estado. En sufundamento75dicequeen caso de violación o amenaza deestederechoexisteelderecho de plantear una demandaconstitucionaldeamparo.

El hecho de darle reconoci- cedentes en la entidad (Walter Albán, 2000-2005; y EduardoVega,2011-2016). miento constitucional significa que ni por ley ni por ninguna norma reglamentaria se le puede modificar, violar o restringir,atalpuntoquetodoacto que lo desconozca tiene vicio de nulidad. Estas reglas son de aplicación a todos los poderes e instituciones del Estado.

Esta evidente intromisión inconstitucionaldelórganojurisdiccional no puede ni debe quedarahí.Sibienlosmandatos del juez deben ser acatados de forma inmediata, estando prohibido dilatarlos o modificarlos, también lo es que el Congreso de la República tiene como atribuciónexclusiva y excluyente- el elegir al Defensor del Pueblo.

Queda entonces en manos del Primer Poder del Estado hacer valer su fuero,y cuando menos proceder a: i) continuar con la elección de este funcionario público;o ii) recurrir directamente al Tribunal Constitucional vía demanda competencial. Caso contrario, seguimos corriendo el riesgo a diario de tener que defendernos de las actuaciones u omisionesdelapropia DefensoríadelPueblo.

En caso que la protesta no sea pacífica,lo que correspon- de es la detención de una persona procesarlo mediante un debido proceso, pero no quitarles la vida como ha venido sucediendo en el Perú, el uso delafuerzaporpartedelEstado debe ser proporcional y solo como último recurso de acuerdo a sus protocolos que deben cumplirse en un EstadoConstitucionaldeDerecho.