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La controversial Ley del Tamal
Hace un par de semanas, la gobernadora veto la Ley del Tamal, causando controversia entre los legisladores que la habían aprobado arrolladoramente en ambas cámaras y en los dos partidos y que hubiera permitido cocinar en casa para vender al público.
A primera vista parece una buena idea para ayudar a las personas que hacen su lucha vendiendo tamales afuera del Home Depot, de los estacionamientos de las tiendas o simplemente tienen sus entregas con sus amigos y familiares, sin embargo, igual que la ley que estará ante el escritorio de la gobernadora esta semana sobre los vendedores ambulantes HB2094 tiene su lado oscuro que las personas que no están familiarizadas con los peligros no alcanzan a visualizar.
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La FDA (Administración de Comida y Drogas) reglamenta todos los establecimientos de comida y droga en los Estados Unidos para mantener la comida segura y evitar contagios que pongan en peligro la salud del público.
A esas reglas se tienen que someter todos los restaurantes, carnicerías, distribuidores de comida, taqueros, hotdogeros, y son implementados por el Departamento de Agricultura de Arizona, y el Condado Maricopa con el departamento de salubridad.
Sin embargo, a nivel estatal el ala derecha republicana lidereados por el representante Payne de la ciudad de Peoria han intentado los últimos cinco años quitar todas las restric- ciones que apliquen a los vendedores ambulantes.
Y es que el representante Payne es dueño de una carreta de comida que vende Barbacoa en diferente partes del estado y le molesta tener que cumplir con reglas establecidas, muchas de las que fueron implementadas cuando luchamos para que no hicieran ilegal vender tacos en la ciudad de Phoenix.
Son reglas que toman en cuenta la posición de los vecindarios, la ciudad y salubridad y por 22 años hemos cumplido con nuestra responsabilidad siendo respetuoso con los vecindarios aledaños a las carretas de comida, pero ahora hasta eso quieren quitar porque de acuerdo con los republicanos interfiere con el libre comercio.
Nosotros los taqueros y hotdogeros no tenemos problemas con el libre comercio; tenemos 22 años compitiendo con los mejores tacos y hot dogs en el Valle, pero lo que nos preocupa es que con el pretexto de abrir más oportunidades hagan a un lado las reglas básicas de salud que protege al cliente.
Fácilmente en una propuesta de ley se puede incluir que si vas a cocinar en casa tengas un lavabo de tres compartimientos donde puedas lavar, enjuagar, y desinfectar los cuchillos, cucharas y trastes y también que tomes el curso básico de manejador de comida para que sepas las consecuencias de no tener las temperaturas adecuadas para refrigerar y cocinar la comida y que no mezcles la comida casera con la comida para vender al público.
Ahora los republicanos quieren hasta eliminar el requerimiento de que los vendedores ambulantes tengan que ir a una comisaria para tirar el agua sucia, la grasa de cocinar y la basura acumulada poniendo en peligro no solo su propia salud sino hasta el agua que la ciudad recicla de los drenajes.
Esperemos que la gobernadora sea asesorada por el departamento de salubridad del Condado Maricopa y el Departamento de Agricultura para que vete la ley HB2094 sobre los vendedores ambulantes y sigan protegiendo la salud del público. Si vendemos al público, tenemos que proteger al público.
CRUZANDO LÍNEAS
Maritza L. Félix Periodista Twitter: @MaritzaLFelix Facebook e Instagram: @MaritzaFelixJournalist maritza@conectaarizona.com
Las otras historias del Título 42
NOGALES, ARIZONA - Es mediodía y el sol abrasa en la frontera. El muro se calienta más que los ánimos. Pero incluso así, en una tarde de mayo tres años después de la pandemia, hay parejas que se burlan del alambre de púas y se tocan las yemas de los dedos a través de las mallas y los afilados fierros. Se acarician poquito y despacito porque no se pueden abrazar. Están en el mismo territorio en dos países distintos. Están en Nogales, ella en Arizona y él en Sonora, separados por unos 30 centímetros de cerco y un abismo de divisionismo político.
Están solos en una frontera de cientos de kilómetros. Los agentes de la Patrulla Fronteriza los ven una y otra vez al hacer sus recorridos cerca de la garita de abajo, la DeConcini. Uno de los agentes hace una reverencia para saludar a la chica, a quien se le sube el corazón al cuello de los nervios; le sonríe y ella recupera la respiración. La dejan ser. Y así pasan dos turnos. Al caer el sol, los novios se despiden con la promesa de volverse a encontrar en el mismo sitio dos semanas después. Ya les falta menos piensan para volver a estar juntos. Él espera que llegue el turno de su cita para el asilo y ella solo aguarda por él.
Esas son las historias del Título 42 que no leemos en los medios. Ella llegó de Venezuela antes de la pandemia, cruzó por el desierto y se quedó. Él la alcanzaría después, pero lo frenó la pandemia y tiene más de dos años viviendo en una patria que no es suya, en una ciudad en la que trabaja de lo que puede y vive con otros ochos que esperan a que se abra la frontera. Le dio miedo cruzar el desierto y tampoco le alcanza para pagar la cuota. Se aguantó, en un intento de hacer las cosas bien, aunque no sabe si le salgan como lo planeó.
No son los únicos. En la frontera de Arizona y Sonora hay cientos, quizá miles de migrantes, esperando cruzar a Estados Unidos a través de un puerto de entrada. Quieren ser admitidos, inspeccionados y aceptados. Mientras, se han instalado en ciudades que -a bien o mal- les han dado una acogida. Rentaron departamentos, trabajan y hasta se han acostumbrado a vivir en México. Son parte de una sociedad ahora multicultural y más vibrante, una en donde no querían quedarse y ahora no saben si quieren irse. Se camuflan. No son parte de los récords. No piden ayuda ni hacen tratos. Son una sombra en un país lleno también de oscuros. Le tienen miedo al narco.
No están hacinados junto al muro. Solo lo visitan cuando tienen una cita, si acaso. Están en una línea virtual y otros, los que no han podido apartar un espacio en la aplicación, se forman en un cuaderno de un gestor que dijo les ayudará a conseguir un sitio.
Esas son las historias silenciosas de unas restricciones fronterizas que llegaron a su fin con escándalo. Otros vociferan y condenan; ellos avanzan sin hacer ruido. No son una ola ni una invasión; no son una crisis. Son las otras caras de la migración rota, obsoleta, pero irónicamente esperanzadora.
Maritza L. Félix es una periodista, productora y escritora independiente galardonada con múltiples premios por sus trabajos de investigación periodística. Es la fundadora de Conecta Arizona, la productora del podcast Cruzando Líneas y la coproductora y copresentadora de Comadres al Aire. Es becaria Senior programa JSK Community Impact de Stanford, The Carter Center, EWA, Fi2W, Listening Post Collective, Poynter y el programa de liderazgo e innovación en periodismo de CUNY, entre otros.
EDITORIAL
Indultos presidenciales por 2 millones y violaciones
Una exasistente del exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudolph Giuliani, afirma que él le dijo que él y el entonces presidente Donald Trump estaban ofreciendo vender indultos presidenciales por $2 millones cada uno, según documentos judiciales.
La acusación explosiva se hizo en una denuncia presentada contra Giuliani por Noelle Dunphy, una profesional de relaciones públicas con sede en Nueva York que lo está demandando por “abusos de poder ilegales, agresión y acoso sexual de gran alcance, robo de salarios y otras malas conductas”, todo cometido mientras trabajaba para él en 2019 y 2020.
La demanda también afirma que Giuliani la sometió a agresión sexual, acoso, robo de salario y otras conductas indebidas, y alega que la obligaron a realizar actos sexuales con él y trabajar desnuda.
En su demanda civil contra el exabogado de Trump, la Sra. Duphy describió una interacción que supuestamente tuvo con Giuliani el 16 de febrero de 2019 o alrededor de esa fecha, cuando él se desempeñaba como abogado personal de Trump e intentaba desenterrar suciedad en el extranjero sobre el entonces el ex vice presidente Joe Biden, quien en ese momento estaba a dos meses de ingresar a la carrera presidencial de 2020 contra Trump.
Ella escribe que mientras revisaban los correos electrónicos entre él y los funcionarios del gobierno ucraniano, le preguntó si tenía que registrarse como agente extranjero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y se ofreció a hacer el papeleo requerido por él.
El exalcalde respondió que se le permitió violar Fara y otras leyes estadounidenses porque “[tenía] inmunidad”, según la demanda.
Luego afirma que el Sr. Giuliani le preguntó “si conocía a alguien que necesitara un indulto” porque estaba “vendiendo indultos por $ 2 millones, que él y el presidente Trump dividirían”.
“Él le dijo a la Sra. Dunphy que ella podía referirle a las personas que buscaban indultos, siempre y cuando no pasaran por ‘los canales normales’ de la Oficina del Abogado de Indultos, porque la correspondencia que llegaba a esa oficina estaría sujeta a divulgación bajo la Ley de Libertad. de la Ley de Información”, agregó la demanda.
Un portavoz y asesor de Giuliani, Ted Goodman, dijo en un correo electrónico que el exalcalde de Nueva York “niega inequívocamente las acusaciones planteadas por la Sra. Dunphy” y dijo que la “vida de servicio público del exalcalde de Nueva York habla por sí sola”. .
Giuliani, agregó, “buscará todos los remedios y reconvenciones disponibles” contra la Sra. Dunphy.
Nunca ha surgido evidencia de que Trump o Giuliani hayan sido alguna vez compensados por cualquier indulto presidencial otorgado durante el mandato de Trump, pero la acusación de Dunphy coincide con el relato de otra persona que una vez buscó el indulto del entonces presidente.
Durante la presidencia de Trump, con frecuencia otorgó indultos a personas adineradas o bien conectadas sin la participación del Abogado de Indultos, el funcionario del Departamento de Justicia que está a cargo de revisar las solicitudes de clemencia ejecutiva y hacer recomendaciones sobre si se debe otorgar una petición determinada..

En agosto, The New York Times informó que el ex oficial de la CIA John Kiriakou abor- dó el tema con Giuliani durante una reunión en el hotel de Washington DC que la compañía de Trump dirigió entre 2016 y 2022. Kiriakou, quien en 2012 fue sentenciado a casi tres años de prisión por revelar información clasificada, le dijo al Times que uno de los asociados de Giuliani en la reunión dijo que el exalcalde de la ciudad de Nueva York podría ayudarlo, a cambio de un precio.
“Va a costar $ 2 millones, va a querer dos millones de dólares”, recordó que dijo el asociado de Giuliani.
También le dijo al Times que no buscó un indulto a través de Giuliani porque no podía pagarle $2 millones.
“Me reí. Dos millones de dólares ¿Estás loco? Kiriakou le dijo al medio. “Incluso si tuviera dos millones de dólares, no los gastaría para recuperar una pensión de $700,000”, dijo.