Jueves 7 de abril de 2022
2A
Inmigrantes bajo fuego legislativo Continúan avanzando peligrosas iniciativas de ley en la legislatura estatal Leo Hernandez
E
n ediciones anteriores Prensa Arizona informó del avance peligroso de la propuesta de ley HB 2696 que busca, como la SB 1070 en el 2010, criminalizar a los inmigrantes indocumentados en Arizona. Específicamente, estipula que se presenten cargos criminales de tráfico humano a quienes, a sabiendas, transporten en su vehículo a indocumentados tanto en el interior de Arizona como a otros estados y castigo carcelario por ello de entre 2 y 8 años. En la misma propuesta también se contempla endurecer las sentencias contra ofensores sexuales, por lo que en ella se incluyen dos asuntos que poco o nada tienen que ver entre sí, como lo considera el activista Salvador Reza, de Tonatierra. Dicha iniciativa fue presentada por el representante estatal republicano Leo Biasiucchi. Al momento, dicha iniciativa está en suspenso al ser frenada por senadores y diputados demócratas encabezados por Raquel Terán, quienes aseguran que es un esfuerzo más de políticos con ideología parecida a la de Russell Pearce, autor de la SB 1070 abiertamente racista y antiinmigrante que colocó a Arizona como el estado más hostil contra los indocumentados en particular. Casi simultáneamente, el también diputado republicano John Kanavagh presentó ante la Cámara de Representantes la HB 2326, una
En vivo en Prensa Arizona Live
La senadora Raquel Terán señala que aunque momentáneamente se han frenado en la legislatura algunas propuestas de ley antiinmigrantes, muy bien podrían revivir más adelante.
propuesta con dedicatoria antiinmigrante que propone que la identidad de los inmigrantes indocumentados en libertad condicional supervisada, que han sido condenados por un delito menor o mayor sea revelada por internet, con el supuesto argumento de recopilar datos sobre las tasas de delincuencia en la comunidad inmigrante. El proyecto de ley requiere que todos los departamentos de libertad condicional de los tribunales superiores de Arizona, proporcionen las fotos y la información de cada inmigrante indocumentado en libertad condicional a la Comisión de Justicia Penal de Arizona, para que las exhiba públicamente en su sitio web. Esa información incluirá su nombre, altura, peso, crimen y detalles de la
sentencia. “En el Senado y también mis compañeros de partido en la Casa de Representantes estamos luchando para frenar esas iniciativas, que en varias formas quieren revivir la SB 1070 que hace 12 años dividió a Arizona y hasta ocasionó un boicot contra el estado”, afirmó Teran, quien es dirigente estatal del Partido Demócrata. Recalcó que lograron frenar el avance de la HB 2696, pero todavía no está muerta y sus promotores republicanos siguen empeñados en aprobar aunque se con algunas modificaciones. “Pero no lo vamos a permitir”, sentenció, al indicar que están en conversaciones con colegas republicanos en ambas cámaras que
no son tan radicales. Cabe mencionar que la HB 2326 también requeriría que los alguaciles divulguen públicamente en línea o por teléfono si algún prisionero bajo su custodia tiene una retención federal de inmigración. Las retenciones se harán cuando los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas soliciten que los alguaciles mantengan a los prisioneros bajo custodia durante 48 horas adicionales para determinar si han violado la ley de inmigración. La iniciativa fue aprobada 5 votos a 3 por el subcomité de Justicia del Senado para ser analizada y, en su caso, que la rechacen o la aprueben, y de ser así sería el Gobernador Doug Ducey el que tenga la última palabra.
Boicot sigue en pie
Por su parte, Tonatierra anunció que está en pie la posibilidad de un boicot contra el estado, tal como lo hicieron también en el mismo 2010 si esos políticos republicanos continúan con su actitud antiinmigrante. “Que lo sepan de una vez los racistas que están impulsando esta iniciativa, estamos preparados para defender a nuestra comunidad”, declaró Salvador Reza, líder de dicha organización hace unas semanas refiriéndose a la HB 2696, que ahora está frenada, pero no acabada. Comentó que es difícil predecir si el Gobernador Ducey firmará o vetaría estas propuestas abiertamente antiinmigrantes. Señaló el activista: “Ducey sabe que no será reelegido y con tal de quedar bien con la base republicana podría convertirlas en ley. Todo puede pasar”.
Nueva demanda de Arizona a Biden Más polémica por levantamiento de política Título 42 para refugiados en la frontera Oscar Ramos
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, está demandando a la administración de Biden por su decisión de levantar el Título 42, la política que cerró la frontera a los migrantes y solicitantes de asilo como medida de seguridad y salud pública. La medida ha generado críticas incluso de los propios senadores demócratas de Arizona, Kyrsten Sinema y Mark Kelly, afirmando que antes se debía haber mejorado el manejo de la situación en la frontera. La demanda, que también tiene como demandantes al fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, y al fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, argumenta que el presidente Joe Biden violó los procedimientos federales que requieren la publicación de avisos de la reglamentación propuesta en el Registro Federal, y que la mayoría de las políticas
tienen un retraso de 30 días. Fecha efectiva. La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana, busca detener la determinación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de que los migrantes en la frontera sur “ya no son un peligro grave para la salud pública” y mantener el Título 42 en vigor. . Los demandantes están desafiando “una calamidad inminente, provocada por el hombre y autoinfligida: la eliminación abrupta de la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta Administración se conviertan en un caos y una catástrofe sin paliativos”. Desde que la administración Trump invocó el Título 42 en marzo de 2020, más de 1,7 millones de migrantes han sido rechazados en la frontera, más de 300,000 de ellos en Arizona. La administración de Biden dijo que comenzaría a recibir casos de asilo a partir del 23 de mayo y el Título 42 para menores no acompañados finalizó el mes pasado. En un comunicado de prensa, Brnovich afirmó que la revocación del Título 42 crearía un aumento en la frontera sur que
Video en Prensa Arizona
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, reconoció que “probablemente enfrentaremos un aumento en los encuentros por encima de los altos niveles actuales” una vez que se levante el Título 42.
abrumaría a las agencias de aplicación de la ley, y que Arizona correría un gran riesgo por el tráfico de drogas y la actividad de los cárteles. “Si termina el Título 42, resultará en una crisis aún mayor en la frontera que tendrá un impacto devastador, no solo en los estados fronterizos, sino en todo el país”, dijo. Brnovich, quien se postula para senador, y los otros fiscales generales son republicanos, pero la demanda señala que algunos demócratas también están en contra de levantar la prohibición, incluidos los dos
senadores de Arizona. “Terminar prematuramente el Título 42 sin un plan integral y viable pondría en riesgo la salud y la seguridad de las comunidades y los migrantes de Arizona”, dijo Kyrsten Sinema, también presidente del Subcomité de Gestión Fronteriza. “Esta es la decisión equivocada. Es inaceptable poner fin al Título 42 sin un plan y coordinación para garantizar un proceso seguro, ordenado y humano en la frontera”, dijo el senador Mark Kelly en un comunicado.
Paran propuestas restrictivas del voto Demócratas y par de republicanos se unen para descarrilar dañinas iniciativas Oscar Ramos
Un esfuerzo liderado por seguidores de Donald Trump para aprobar leyes que limitarían o restringirían la votación se ha extendido por todo el país, pero en Arizona, los esfuerzos han sido detenidos por 43 legisladores demócratas y dos republicanos. La sesión legislativa de 2022 está en marcha en los edificios del capitolio estatal en todo el país, donde los miembros del partido a través de las fronteras estatales han propuesto leyes en sus respectivas regiones que eliminarían a los ciudadanos elegibles de las listas de votantes, limitarían dónde los votantes pueden emitir sus votos e incluso eliminarían la votación anticipada por completo. Algunos de los proyectos de ley electorales más radicales se han topado con obstáculos en la forma del senador republicano de Glendale, Paul Boyer y a menudo se le unió la senadora Michelle Ugenti-Rita, republicana de Scottsdale, para rechazar lo que Boyer llamó “mala política”. El Senado de Arizona tiene 16 republicanos y 14 demócratas y un solo voto negativo de un republicano efectivamente mata la legislación que no puede obtener el apoyo de los demócratas. Hasta ahora, los demócratas en el Senado estatal se han unido para votar en contra de los intentos de revisión de la ley electoral impulsados por los legisladores republicanos. La SB 1358 habría requerido que los condados de Arizona que operan centros de votación en lugar de sitios de votación basados e n precintos, separaran las boletas por precinto para que se pudiera realizar una auditoría de conteo manual. No
pasó. Otro proyecto de ley que no se aprobó prohibía a los funcionarios electorales exigir el uso de ciertos bolígrafos. Ese proyecto de ley fue diseñado para remediar la teoría desacreditada de que la tinta de los “afilados” con punta de fieltro se desvaneció en la parte posterior de las boletas. Boyer también votó en contra de un proyecto de ley que ampliaba el poder del fiscal general de Arizona al permitirle investigar asuntos electorales para cargos federales, incluidos el Congreso y los electores presidenciales. “El fiscal general del estado no tiene autoridad sobre los funcionarios electorales federales. Es por una razón. Este es un cambio de poder masivo para los fiscales del condado y el fiscal general , dijo Boyer. La revisión de las elecciones de 2020 liderada por los republicanos condujo a una gran cantidad de proyectos de ley propuestos en la sesión legislativa de Arizona de 2022, incluida una propuesta que habría convertido los procedimientos de “auditoría” de las elecciones de 2020 de los republicanos en un elemento permanente. El proyecto de ley no se aprobó. Boyer, y más tarde Ugenti-Rita, han criticado la “auditoría” de 2020 y han provocado la ira de su partido. El senador Sonny Borrelli, republicano de Lake Havasu, habló enojado en el pleno del Senado después de que el proyecto de ley fracasara debido a que Boyer y Ugenti-Rita se separaron del partido. Ugenti-Rita y Boyer también se unieron a los demócratas para derrotar otro proyecto de ley que haría públicas las imágenes de las boletas. Esto permitiría a las personas ver la totalidad de una boleta además de la información personal que indica quién emitió la boleta. Otro proyecto de ley que fracasó incluía medidas que habrían creado obstáculos burocráticos adicionales para el mantenimiento de las listas de votantes; otro intentó abordar preocupaciones infundadas con respecto a la seguridad de
Los senadores republicanos Paul Boyer y Michelle UgentiRita, se unieron a los demócratas para frenar leyes que restringirían seriamente a los votantes de Arizona.
las máquinas de votación. Los demócratas en la Legislatura estatal se han opuesto firmemente a todos los proyectos de ley que limitarían la votación o la dificultarían. El Senador Martin Quezada, que es miembro de los comités de Apropiaciones, Poder Judicial, Reglas y Ética del Senado de Arizona, señaló que los proyectos de ley propuestos por los republicanos atacan problemas que realmente no existen. “Están impulsando una narrativa de que las elecciones de 2020 fueron robadas y necesitan esa justificación para impulsar los esfuerzos más grandes de supresión de votantes como parte de su ‘solución’ de las elecciones de Arizona, pero parece que no están abordando las mentiras que han creado”, dijo Quezada. Hasta ahora, Quezada ha presentado proyectos de ley que registran automáticamente a las personas elegibles para votar y permiten el registro el mismo día, agregan buzones de votación en los campus de educación superior, amplían los lugares de votación anticipada e implementan una declaración de derechos de los votantes.
