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Instituto de la construcción: Normativa y su
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN NORMATIVA Y SU IMPACTO EN LA conservación de la historia
Sergio Contreras A., Presidente de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción
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Poco antes del terremoto de febrero de 2010, diversos profesionales, en especial arquitectos e ingenieros, habían detectado la necesidad de tener un marco regulatorio y técnico para el diseño y construcción de restauraciones patrimoniales en tierra cruda, trabajo que aceleró su proceso luego de que el 27/F dejara en evidencia la imperiosa necesidad de contar con una normativa y capacitación técnica que permitiera recuperar los inmuebles patrimoniales que tenemos a lo largo del país. Sergio Contreras A., presidente de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción nos comparte esta columna de opinión respecto a la importancia que tiene una normativa de intervención de edifi cios patrimoniales y todo el proceso que costó establecerla.
Para ello, el Instituto de la Construcción, a solicitud de los Colegios de Ingenieros y el de Arquitectos, creó la Comisión de Construcción Patrimonial en la cual participaron, de manera transversal, distintas instituciones ligadas a la construcción y a la cual se incorporó el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Esta Comisión generó una fi losofía y una metodología de trabajo en torno a la construcción patrimonial. De esta manera y respondiendo a la carencia de reglamentación y normativa, en especial en el área de estructuras, se trabajó intensamente en crear un borrador de norma que regulara el diseño estructural de edifi caciones en tierra cruda. Para ello contó con un decidido apoyo del CMN. Este borrador se llevó posteriormente al Instituto Nacional de Normalización (INN) para transformarlo en norma chilena. De la misma manera, y luego de otra intensa gestación, se estudió un borrador
de norma que abarcara diversos materiales además de la tierra cruda.
La NCh3332, publicada el año 2013, que establece las bases fundamentales para llevar a cabo intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda, y la NCh3389, publicada recientemente en febrero de 2020, que establece los requisitos, procedimientos y parámetros mínimos para la intervención de construcciones patrimoniales y edifi cios existentes, incluye disposiciones para el análisis e intervención en edifi cios con tipologías constructivas tales como albañilería, madera, acero y hormigón.

Aunque esta normativa permite que muchas construcciones patrimoniales chilenas puedan ser recuperadas, el ordenamiento jurídico actual junto a la falta de re“Poco antes del terremoto de febrero de 2010, diversos profesionales, en especial arquitectos e ingenieros, habían detectado la necesidad de tener un marco regulatorio y técnico para el diseño y construcción de restauraciones patrimoniales en tierra cruda”
cursos adecuados para los organismos fi scalizadores y a un poco conocimiento especializado de los profesionales, difi culta su aplicación plena y genera una gran lentitud y difi cultad, con el consecuente sobrecosto, en la tramitación de proyectos en este ámbito. Es comprensible que estas tramitaciones confi guren una difi cultad, muchas veces insuperables, para diversas instituciones o personas que se enfrentan a un sinnúmero de exigencias que a veces ni siquiera entienden.
Sin embargo, el problema surge a partir de muchas aproximaciones que se deben considerar para resolverlo. La primera de ellas y la más urgente, es contar con especialistas entrenados y para exponer el problema de manera correcta a partir de una experticia compatible con las obras que se necesita intervenir y, de la misma manera, es necesario tener personas de similar capacidad por parte de la autoridad. También es necesario contar con especialistas en las distintas áreas que se van a intervenir. Para esto, es primordial comprender en profundidad que una construcción histórica presenta características muy distintas a las de una construcción nueva.
Los profesionales que causan un mayor impacto dada la naturaleza de su investigación son los arqueólogos, quienes necesitan plazos distintos al resto de los participantes de estos proyectos, dada la naturaleza de su disciplina, sin embargo, este hecho tiende a aislarlos de la realidad inmediata y, aunque sea justo y necesario, no puede de manera alguna ocultar y desviar el desarrollo oportuno y efi caz de las obras con las cuales interactúan. En este sentido, es atendible la reclamación de
los gestores y administradores de esos proyectos.
Para resolver esta dicotomía y poder lograr una solución de consenso debidamente equilibrada, cobra importancia el ordenamiento jurídico adecuado para que se salvaguarde el objetivo y el proceder de la investigación arqueológica e histórica y que, a su vez, se respeten las necesidades de los proyectos en sus aspectos de arquitectura e ingeniería frente a las proposiciones que los especialistas plantean.
Por otra parte, es también importante considerar el hecho de que la asignación de recursos debe ser equilibrada. Si se centra la atención en una importante pérdida de capital debido a las exigencias de la investigación que extiende plazos y aumenta “La NCh3389, publicada recientemente en febrero de 2020, que establece los requisitos, procedimientos y parámetros mínimos para la intervención de construcciones patrimoniales y edifi cios existentes, incluye disposiciones para el análisis e intervención en edifi cios con tipologías constructivas tales como albañilería, madera, acero y hormigón”

costos, una parte de este monto se podría entregar a los organismos del Estado encargados de resguardar los bienes patrimoniales, a fi n de mejorar su equipamiento y su personal de manera que entreguen un servicio aún más efi ciente y ágil. Finalmente, debemos refl exionar sobre la poca y quizás nula voluntad para apoyar estudios, normativas y reglamentaciones que permitan a los profesionales realizar su trabajo de manera ordenada, informada y regulada. Hasta ahora, la mayoría de los documentos regulatorios que existen, y en los cuales hemos participado como institución, han sido logrados con un enorme esfuerzo y una gran convicción de parte de todos los profesionales que han colaborado para sacarlos a la luz, enfrentando muchas veces resistencias desde la burocracia establecida.
El desafío, por lo tanto, es seguir trabajando para que las normativas y regulaciones vigentes puedan ser conocidas y utilizadas de manera seria y efi ciente, pues ellas están destinadas a mejorar el conocimiento y la calidad, y no para entorpecer su aplicación. N&C
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