OPINIÓN ARTÍCULO
PRIVATIZACIÓN, SOLUCIÓN DE GOLPISTAS A CRISIS ECONÓMICA EN BOLIVIA NARA ROMERO RAMS/PRENSA LATINA
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a Habana, Cuba. Supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias son algunos de los argumentos del gobierno de facto en Bolivia para justificar sus intentos de privatización de las empresas estratégicas nacionalizadas. La planta de urea y amoníaco de Cochabamba, una inversión de más de 976 millones de dólares, junto a la estatal Boliviana de Aviación (Boa), Quipus o la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) de Santa Cruz son algunas de las entidades puestas al servicio del pueblo por el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y ahora en peligro. El ministro de Hidrocarburos del régimen golpista, Víctor Zamora, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), Herland Soliz, declararon en febrero pasado que el complejo petroquímico es deficitario y decidieron paralizarlo, aunque no precisaron las presuntas pérdidas en sus 2 años de operación. Sin embargo, desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2018, marcó el inicio de la comercialización de urea boliviana en el mercado interno y externo, vinculado a la industrialización del gas. La estatal YPFB obtuvo ganancias de 70 millones de dólares por las ventas de más de 200 toneladas métricas del fertilizante a clientes internos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y en el extranjero a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, según cifras del pasado año del gobierno del líder aymara. Este proyecto permitió que Bolivia pasara de ser un país importador a exportador de urea, además de duplicar su producción agrícola y con-
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30 de marzo de 2020
tribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. La planta separadora de líquidos Gran Chaco es otro proyecto que, según el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez, reporta pérdidas millonarias en sus siete años de operaciones, pero junto a su similar Carlos Villegas de Tarija posibilitó exportaciones a países vecinos como Paraguay, Uruguay y Perú. Ambas industrias fueron financiadas con recursos provenientes de las Reservas Internacionales Netas a través de créditos del Banco Central boliviano, y el complejo Carlos Villegas se ubica entre los tres más grandes de la región en cuanto a capacidad de procesamiento, después de Bahía Blanca (Argentina) y Camisea (Perú). El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, aseguró en marzo de 2019 que, de no existir esas plantas, hubieran erogado 710 millones de dólares por la importación de gas licuado del petróleo (GLP). Precisó que de 2013 a 2018 generaron ingresos por 194 millones de dólares por concepto de exportación. “Si sumamos lo que hubiésemos erogado por la importación, más los ingresos generados por la exportación, son 904 millones de dólares, es decir, la inversión en ambas plantas fue cubierta”, reafirmó. Por otra parte, la estatal Boa no escapa a los intentos de privatización del gobierno golpista en el país suramericano y sus trabajadores convocaron a principios de este marzo al diálogo para enfrentar la crisis. Una carta enviada el 28 de febrero pasado a Áñez emplazó a las autoridades de facto por la
