modelo militarista y la visión securitizante que ha seguido el gobierno federal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no han considerado medidas de protección a los migrantes y a sus defensores. Está ausente el enfoque de seguridad humana.
Un gran riesgo La inexistencia de un enfoque de derechos humanos en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, aunada a las fisuras de origen, ha traído consecuencias colaterales y situaciones no previstas para los defensores de derechos humanos en el país. Líderes de organizaciones civiles están padeciendo actos de hostigamiento, amenazas del crimen organizado y funcionarios estatales, y violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal relacionadas presuntamente con su actividad de defensa. En lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Entre los autores de los crímenes se mencionan comandos armados, grupos paramilitares, policías y militares (Flores, 2011). La OACDH ONU, en la actualización de su informe 2010, dio a conocer que durante el período de septiembre de 2009 hasta octubre de 2010 se registraron un total de 37 presuntas agresiones en contra de defensoras y defensores. Ante esta situación de violencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores. En el caso particular de las organizaciones civiles que atienden las necesidades de las personas migrantes y que promueven y defienden sus derechos, se han vertido distintas denuncias, especialmente de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana(II), que presentó en julio de 2011 su “Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas migrantes en México” (DPMH,2011). En el mencionado informe se menciona que han sido asesinados dos defensores de DDHH de migrantes y se han registrado 46
incidentes de riesgos entre 2010 y 2011. También el entorno de violencia e inseguridad ha generado el cierre de tres albergues en San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas. A lo anterior también se suma el acoso constante contra Fray Tomás González Castillo, Director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco. Asimismo, tres centros y su personal gozan de medidas cautelares de la CIDH: el Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Belem, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila; y el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha dado medidas cautelares de protección a trece centros; entre ellos están los tres arriba mencionados, así como la Casa del Peregrino Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila; la Casa de la Calidad Cristiana, en San Luis Potosí; y el Albergue San Juan Diego, Lechería, en el Estado de México. Asimismo, se ha presentado un éxodo de voluntarios extranjeros en Coahuila. Ante las agresiones a los defensores de migrantes, el presidente de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, sostiene que México se ha convertido un país de riesgo para el trabajo en favor de los migrantes y para quienes transitan por su territorio en busca de llegar a Estados Unidos (Saldierna, 2011). El incremento de la violencia en el país y hacia los migrantes ha intensificado la situación de vulnerabilidad, y la impunidad constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de los defensores, porque los deja en un estado de indefensión y desprotección. Las OC sostienen que existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado y, hasta cierto punto, son fundadas sus acusaciones. La OACDH ONU (2010) concuerda con ellas en que “el principal riesgo de los defensores de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado, porque en ocasiones existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado” (p.21). Por otra parte, la secretaria ejecutiva de la DPMH, la religiosa Leticia Gutiérrez
CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Hasta noviembre de 2011 hubo
60,420 ejecuciones (Semanario Zeta)
4,000
Niñas y niños fallecidos
3,700
Niñas y niños huérfanos
400 MENORES
RECLUTADOS POR BANDAS DELINCUENCIALES
20
mil familias afectadas por la violencia (Cabildo, 2011)
Desde las organizaciones civiles se consideró que el Presidente debió adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública del país con un programa de depuración, capacitación, profesionalización y coordinación para hacerlas más eficientes antes de iniciar una “guerra” contra el crimen organizado méxico méxico social social • marzo • abril 2012 2011
53 31