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MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS Año 1 - No. 20, marzo de 2012, Precio: $35.00 m.n.

Analiza el reconocimiento de los derechos de los mujeres y las políticas de igualdad

MARÍA JOSÉ GÓMEZ (unfpa) 06

Escribe sobre las nociones de género y empoderamiento México Social

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@mexicosocialorg

www.mexicosocial.org

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres aún recorre senderos obstruidos por la discriminación, la violencia y la desigualdad

El difícil camino a la equidad

EN ESTE NÚMERO TERESA INCHÁUSTEGUI COVADONGA PÉREZ VILLEGAS

JORGE CARPIZO MARÍA DEL CARMEN GARCÍA JOSÉ MORENO MENA

leonardo boff HORTENSIA MORENO ALBERTO VILLALOBOS


índice EL COMPROMISO DE LA IGUALDAD

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LA CONCIENCIA SECRETA DEL EMPODERAMIENTO (UNFPA-México)

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RECONOCER LA DIFERENCIA

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María de la Paz López es una publicación del

María José Gómez

Mario Luis Fuentes Director General CONSEJO EDITORIAL Mario Luis Fuentes Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Fernando Cortés Carlos Rojas Gutiérrez Miguel Concha Javier Guerrero García Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Jacobo Jasqui Amiga Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo Antonio Argüelles Saúl Arellano Almanza Director Editorial Laura Ilarraza Gálvez Coordinadora Editorial Ma.Teresa Lazcano Ahuatl Relaciones Públicas Jesús Mendoza Franco Edición electrónica DISEÑO Formato, Consultoría Visual www.formato.mx Fotos portada: Cortesía: Excélsior / Salomón Ramírez México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx PRÓXIMO NÚMERO: salud infantil

María del Carmen García Aguilar

CUERPO Y PODER

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Hortensia Moreno

DE LA INVISIBILIDAD AL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS

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Covadonga Pérez Villegas

8 DE MARZO: ESCENARIO PARADÓJICO

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Teresa Inchaústegui Romero

SÍNTESIS DE LA DESIGUALDAD

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Saúl Arellano / CEIDAS

MONSTRUOS, FANTASMAS Y DOS JÓVENES ESCRITORAS

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Rogelio Flores

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA JUSTICIA SOCIAL

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Jorge Carpizo

INFANCIA Y AGENDA ELECTORAL: ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE

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ECOSOFÍA. POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

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DEFENSORES DE MIGRANTES, ENTORNO DE INSEGURIDAD

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(primera de dos partes) Nashieli Ramírez Leonardo Boff

José Moreno Mena

UN ACERCAMIENTO A LA POLÍTICA DE MIGRACIÓN

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Alberto Villalobos Pacheco

DEPUÉS DEL TSUNAMI

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Pedro Miguel Lamet México Social, Año 1, No. 20, marzo 2012, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Jardín Centenario No. 18-1, Col. Villas de Coyoacán, C.P. 04000, Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 56596120 y 5659-6209 www.ceidas.org, información@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Impresora y Editora Infagón, S.A. de C.V. Calle de la Alcaicería No. 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, C.P. 09040, Delegación Iztapalapa, México, D. F., este número se terminó de imprimir el 25 de febrero de 2012 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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éxico es un país profundamente desigual, en donde nacer en un ámbito territorial o tener uno u otro sexo determina el grado de cumplimiento de derechos sociales a los que se tendrá acceso a lo largo de la vida. Paradójicamente, teniendo una composición demográfica en la que la mayoría de la población está constituida por mujeres, seguimos siendo una nación que las discrimina profundamente; que las margina de los espacios relevantes para la toma de decisiones, tanto económicas como políticas; las somete a inaceptables condiciones de violencia y tratos degradantes; y las condena a reproducir perversos circuitos de pobreza y marginación. Según los datos del INEGI, más del 50% de las mujeres ocupadas en el IV trimestre de 2011 percibían ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, es decir, por el trabajo que desempeñan o las actividades productivas en las que están inmersas, la proporción señalada percibe, en el mejor de los casos, 120 pesos diarios. Asimismo, según la información oficial, al menos uno de cada cinco nacimientos en la década que concluyó en 2010, se dieron en mujeres que tenían, al momento del parto, una edad máxima de 19 años; destaca también que entre este grupo de mujeres, el promedio de escolaridad no rebasa el segundo grado de secundaria. La realidad nacional nos muestra que el incumplimiento integral de los derechos de las mujeres limita sus posibilidades de bienestar presentes y futuras; así, por ejemplo, el incumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos termina truncando su trayectoria escolar; limita la capacidad de profesionalización o especialización para el trabajo; genera procesos de discriminación y aislamiento social; y termina por incrementar, en numerosos casos, el promedio de hijos que tienen las mujeres. Así, según los datos oficiales, mientras que para las mujeres que tienen entre 15 y 49 años de edad, y que no tienen escolaridad o que cuentan apenas con estudios de primaria incompleta, el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.1 o 3.5, dependiendo la región en la que viven, para las mujeres en el mismo grupo de edad que lograron acceder al bachillerato o a la universidad, el promedio es tres veces menor, pues se ubica en 1.1 hijos por mujer. Lo que se hace evidente con esta información es que es hasta el bachillerato cuando se logra romper con algunos de los círculos de discriminación, pobreza y fecundidad que han provocado la generación de condiciones estructurales de inequidad y rechazo en contra de las mujeres. Frente a ello, la mejor opción que podemos tomar como país es promover un acelerado y equitativo empoderamiento de las mujeres, de la mano de la creación de nuevas masculinidades que apunten hacia una nueva cultura de paz, diversidad, tolerancia e inclusión de todas y todos a niveles de bienestar en los que los derechos sociales tengan plena vigencia. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres; por ello, en esta edición presentamos una serie de artículos en los que se proponen diferentes visiones y alternativas para superar la desigualdad, la violencia y la exclusión de que son víctimas millones de mujeres en nuestro país. Asimismo, siguiendo con el compromiso de presentar diversas miradas expertas en torno a la cuestión social, presentamos sendos artículos del Dr. Leonardo Boff, y de Pedro Miguel Lamet, en los que se expresan miradas globales en torno a temas acuciantes de la cuestión social. Una vez más, a nombre del Consejo Editorial, expreso nuestra enorme gratitud a todas y todos los autores, quienes, gracias a su generosidad, hacen posible ofrecer a nuestros lectores textos del más alto nivel.•

Mario Luis Fuentes

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Foto: Cuartoscuro

Apoyando a la Fundación CEIDAS usted contribuye a: generación de investigaciones estudios en materia de desarrollo social protección de los derechos humanos Para realizar un donativo a la FUNDACIÓN CEIDAS puede hacerlo a la cuenta: 1424709-7 de IXE Banco Sus donativos son deducibles de impuestos. fundacion@ceidas.org


Mujeres Senderos de inequidad

La perpetua exclusión E n México, las mujeres continúan percibiendo, en promedio, hasta 30% menos ingresos que los hombres; su acceso a cargos de elección popular no supera el 10% de las Presidencias Municipales ni alcanza el 20% de representación en los Congresos Locales; ocupan menos del 20% de los cargos en los Consejos Directivos de las grandes empresas; 7 de cada 10 han sido víctimas de violencia; y la violencia doméstica es ejercida principalmente contra las niñas. Construir un verdadero Estado de Bienestar será un objetivo inalcanzable si antes no rompemos con estos ciclos estructurales de discriminación, violencia y abuso. F

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Mujeres Senderos de inequidad María de la Paz López Asesora Técnica en Estadísticas y Políticas Públicas de ONU Mujeres. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales y se ha desempeñado como funcionaria de la administración pública federal, donde ha sido responsable de iniciativas para el avance de las mujeres. En el ámbito académico, cuenta con diversos trabajos publicados sobre los temas de género.

EL COMPROMISO DE LA IGUALDAD

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i bien existe cierto consenso en que el empoderamiento denota un proceso de construcción y fortalecimiento de capacidades y libertades para participar y tomar decisiones ahí donde la persona o conjunto de personas han estado excluidas para hacerlo, cuyo resultado es el control sobre sus vidas, sobre lo que quieren ser y hacer, no siempre se entienden las razones para que este proceso deba ser apuntalado desde el Estado mismo. Las políticas suelen poner el acento en los resultados de una parte de dicho proceso, es decir, en mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de intervenciones en salud, en educación, en alimentación, etcétera, pero se abocan con menos interés a ampliar sus libertades y a modificar las relaciones de poder que permitan un mayor equilibrio en la sociedad y conduzcan a una mayor igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Hoy día, el logro de sociedades más igualitarias se concibe desde un enfoque de derechos humanos y distintos grupos discriminados de la sociedad son objeto de protección de los derechos reconocidos internacionalmente. En las últimas tres décadas la erradicación de la discriminación contra las mujeres se ha colocado en la agenda internacional como una de las prioridades para alcanzar estadios mayores de desarrollo sostenible y para fortalecer las democracias. Desde 1936 el Estado Mexicano es parte de tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos específicos de las mujeres; trece

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María de la Paz López

Cada vez es más frecuente que el concepto de empoderamiento se utilice en la investigación académica, en la suscripción de acuerdos internacionales, en el discurso político y en las demandas de las organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos humanos; no obstante, es menos frecuente que el empoderamiento de las mujeres sea un objetivo de las políticas públicas F

convenciones, convenios y protocolos facultativos(I) han constituido el andamiaje normativo internacional sobre el cual, progresivamente, los movimientos feministas, la academia y el gobierno, en mayor o menor medida, han cimentado su quehacer en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. La Declaración de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio de 1993(II), insta a los gobiernos, instituciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que “… intensifiquen sus esfuerzos a favor de la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas”. La enunciación de derechos específicos para las mujeres ha estado sustentada en el principio de igualdad aceptado universalmente, el cual comprende: la

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igualdad de oportunidades para participar en política y en la toma de decisiones; la igualdad en el acceso a servicios sociales básicos; igual retribución para igual trabajo; igualdad de protección frente a la ley; igualdad de derechos ciudadanos en todas las áreas de la vida pública y de la vida privada; la no discriminación de género y la no violencia contra las mujeres(III). La discriminación y la violencia contra las mujeres no sólo deniegan el principio de igualdad, sino que impiden y obstaculizan el ejercicio de otros derechos humanos. En este sentido, al suscribir las convenciones y acuerdos internacionales, los Estados han reconocido la necesidad de contar con instrumentos especiales que permitan erradicar todas las formas de discriminación contra las personas de sexo


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

> La reforma constitucional de 2011 constituye un parteaguas para la garantía de la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres contenidos en los tratados internacionales.

En las últimas tres décadas la erradicación de la discriminación contra las mujeres se ha colocado en la agenda internacional como una de las prioridades para alcanzar estadios mayores de desarrollo sostenible y para fortalecer las democracias femenino, incluida la violencia que se perpetra en su contra por el hecho de ser mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW,

por sus siglas en inglés), firmada en 1980, y ratificada en 1981 por el gobierno mexicano, es la carta de derechos humanos de las mujeres más relevante porque su núcleo duro está conformado,

precisamente, por las distintas dimensiones de la discriminación que impiden el ejercicio de sus derechos(IV). La reciente reforma constitucional del 10 de junio de 2011 constituye un parteaguas para la garantía de la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres contenidos en los tratados internacionales. El Artículo 1º constitucional, luego de la reforma, señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección (…) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados

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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con esta reforma, el compromiso explícito de combatir todas las formas de discriminación −incluida la violencia contra la mujer−, y de promover y garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres contenidos en CEDAW, se eleva a rango constitucional en nuestro país y anuncia la llegada de una nueva etapa en la exigibilidad de los derechos de las mujeres por la vía justiciabilidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La CEDAW se reposiciona en la vida nacional como un instrumento invaluable en la protección de los derechos de las mujeres, y como una ruta menos sinuosa para hacer avanzar de manera más efectiva la igualdad sustantiva o igualdad de hecho, tal como se asienta en la Convención: igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultado, y no solamente igualdad de trato(V). El valor de este instrumento internacional radica en que, además de ser jurídicamente vinculante, define la discriminación en términos de su valor legal; la prohíbe en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada; determina que puede producirse en las distintas etapas de la vida de las mujeres, y también en las distintas etapas de existencia de un derecho (reconocimiento o ejercicio); concentra en un solo instrumento el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, pues incluye los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; amplía la responsabilidad del Estado ante actos que cometen personas, empresas e instituciones privadas y lo compromete a llevar a cabo todas las medidas a su alcance para eliminar estereotipos en los roles de hombres y mujeres, otorgándole facultades para llevar a cabo medidas temporales de acción afirmativa o discriminación positiva para acelerar la igualdad de resultados(VI). ¿Es suficiente este andamiaje de derechos humanos específicos de las mujeres y su concreción en instrumentos internacionales y en los instrumentos legales de más alto rango en el país para lograr, en el corto plazo, el empoderamiento de las mujeres y conseguir que la igualdad de resultados que se persigue sea una realidad para las mujeres? Definitivamente no. Las experiencias de otros países muestran la necesidad de que los Estados tomen medidas especiales para alcanzar la igualdad de

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

Mujeres Senderos de inequidad

La igualdad sustantiva requiere que las circunstancias que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades sean modificadas a través de medidas estructurales, legales o de política pública resultados, tal cual se asienta en la CEDAW. Por ello, el Comité de esta Convención ha manifestado a algunos Estados Parte (incluido México), en las observaciones que hace en seguimiento de los compromisos asumidos, su preocupación acerca del concepto de igualdad que está presente en planes, programas e incluso en sus legislaciones, y les ha urgido a que entiendan el concepto de igualdad sustantiva o de resultados.

La observación no es menor porque precisamente concentra la atención en la comprensión cabal de la definición de igualdad de resultados contenida en la Convención. Es decir, el Comité vuelve al objeto de la CEDAW: eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres, es decir, la igualdad sustantiva. Ésta requiere que las circunstancias que


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernandez

> La discriminación y la violencia contra las mujeres no sólo deniegan el principio de igualdad, sino que impiden y obstaculizan el ejercicio de otros derechos humanos.

impiden a las mujeres el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades sean modificadas a través de medidas estructurales, legales o de política pública. Así, la discriminación positiva se refiere a acciones que, a diferencia de la discriminación negativa (o simplemente discriminación), buscan dar a un determinado grupo social históricamente discriminado, un trato preferencial temporal en el acceso y distribución de ciertos recursos o servicios para acelerar la igualdad y lograr un resultado justo. Medidas como las cuotas, la paridad, la asignación de presupuestos especiales para formación y capacitación, entre otras, deben considerarse como parte del compromiso por alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Si bien las cuotas han sido más utilizadas como reserva de un porcentaje determinado, por ejemplo, de puestos de toma de decisiones o candidaturas políticas para las mujeres, éstas son necesarias en políticas de igualdad en otras

> Es necesario aplicar políticas de igualdad de género para erradicar prácticas discriminatorias que conducen a la mayor inasistencia de niñas que de niños a la escuela.

esferas donde se discrimina a las mujeres; así, por ejemplo, para erradicar prácticas discriminatorias que conducen a la mayor inasistencia de las niñas que de los niños a la escuela, se hace necesario aplicar políticas de igualdad de género en situaciones de pobreza, de embarazo precoz y de actitudes que minimizan el valor de la educación de las niñas, todas ellas barreras que obstaculizan su asistencia a la escuela. Becas más elevadas para las niñas, prohibición de discriminación por embarazo, más y mejor información en materia de educación sexual y mayor promoción de la igualdad son acciones que han mostrado su eficacia para incrementar la matrícula femenina en educación básica. Pero la aplicación de estas medidas va más allá de las esferas de la educación y la participación política, llegando también a las del trabajo y la cultura, entre otras. La política de igualdad y empoderamiento de las mujeres se vuelve más efectiva cuando las medidas de acción afirmativa son comprendidas por los distintos órdenes y niveles de gobierno y se aplican con creatividad e inteligencia para fortalecer la democracia, alcanzar mejores estadios de desarrollo humano y el mayor bienestar para las familias.•

REFERENCIAS

I. Véase: http://www2.scjn.gob. mx/red/constitucion/ II. Representantes de 171 Estados reunidos en Viena adoptaron por consenso, el 25 de junio de 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos; véase: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A. CONF.157.23.Sp (consulta realizada el 4 de febrero de 2012). III. PNUD. 1995. Informe de Desarrollo Humano 1995, México, Ed. Harla. IV. 186 países han ratificado la CEDAW y 140 Constituciones garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto México incluido. V. Véase: http://www.unifemweb. org.mx/index.php?option=com_re mository&Itemid=2&func=filein fo&id=233 VI. Véase: UNIFEM (2006): CEDAW en 10 minutos, México. Se puede consultar en: http:// www.unifemweb.org.mx/index. php?option=com_remository&Ite mid=2&func=fileinfo&id=233

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Mujeres Senderos de inequidad María José Gómez Jefa del Área de Género, Violencia y Derechos Humanos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Es Licenciada en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Salamanca; tiene un Máster en Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid; y un Posgrado en Gestión de Políticas Públicas por la FLACSO Argentina. Actualmente, se encuentra en vías de publicar un modelo de intervención estatal contra la trata sexual de mujeres y niñas.

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

LA CONCIENCIA SECRETA DEL EMPODERAMIENTO

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María José Gómez

El término empoderamiento ha sido tradicionalmente mezclado y sustituido por otros vocablos como participación, equidad o inclusión como si fueran parte del mismo propósito, y esto no ha facilitado desarrollar correctamente su representación mental o la instrumentalización a favor de los Derechos de las Mujeres. Al igual que el lenguaje, las palabras que lo conforman tienen su propia historia, así como una estructura interna particular, que es la que verdaderamente las determina y actúa de soporte en su posterior evolución

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l uso de las palabras va fijando su valor según se incremente o restrinja a través de experiencias, fenómenos y reflexiones, y muestra nuestros los límites para la interpretación de la realidad. A las palabras debemos entenderlas así; como un reflejo y soporte de nuestra sociedad. Las transformaciones en el lenguaje también propician cambios en el imaginario de las relaciones entre géneros, y cuando requerimos palabras que no tenemos, las importamos e instalamos formalmente, como ha ocurrido con vocablos como fútbol, lobby, curry o máster. Una de las palabras que ha pasado este proceso y continúa haciéndolo con relativo crecimiento, es empowerment, traducido al español como empoderamiento. El término es complejo, se compone de diversos elementos y tiene diferentes interpretaciones según el contexto en el que lo utilicemos, y, aunque lo más común es hacerlo para manifestar la necesidad de generar cambios dentro de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, también se usa al hablar de migrantes, de infancia, de víctimas de violencia, de promoción de derechos y ciudadanía, de desarrollo sustentable o de intervención comunitaria. El concepto de empoderamiento nace de la indignación −en la década de los setenta− de la población afroamericana en Estados Unidos, la cual reclamaba un mayor poder para el ejercicio de sus derechos civiles. Posteriormente, se utilizaría también por el movimiento de liberación de las mujeres que se

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La toma de consciencia de las dimensiones de nuestra opresión y la decodificación de los mensajes que aún hoy entendemos como válidos y que no lo son deben quedar al descubierto para saber dónde estamos realmente. Así iremos encontrando estructuras donde se sustenta el poder y veremos en ellas escrita nuestra historia como mujeres institucionalizaría en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en 1995, y se refiere al incremento de la participación de las mujeres tanto en los procesos de toma de decisiones como del acceso al poder para hacerla efectiva. La propia vida de las palabras ha avanzando desde entonces dando paso al empoderamiento frente a la participación, la inclusión o la no discriminación, ya que plantea no sólo que estemos presentes y seamos escuchadas y consideradas en los procesos, sino que formemos parte de esas estructuras donde se definen las prioridades y los mecanismos desde nuestras propias percepciones y el cómo queremos que sea ejercido ese poder que medio mundo requiere que sea mejor repartido. Margaret Shuler, socióloga estadounidense, habla de empoderamiento como la “capacidad de las mujeres de configurar sus propias vidas y su

entorno, una evolución en la conciencia sobre sí mismas”; Nelly Stromquist, especialista en educación comparada, añade en su definición el concepto de poder “el empoderamiento es un proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en las relaciones interpersonales como en las instituciones la sociedad” y Freire(I) profundiza en la libertad individual frente a la opresión “libertad de los individuos de generar sus propios cambios desde dentro, contra una posición de dependencia”. Aplicando empoderamiento a un contexto de género, estamos relacionando en un mismo proceso género y poder, y ambos conceptos deben estar clarificados para su posterior comprensión conjunta; el género no es solamente una categoría de roles que permite analizar cómo se construyen las identidades, sino que además genera supuestos, asume

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Mujeres Senderos de inequidad

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Abdel Meza

Las mujeres no planteamos con el empoderamiento un poder que domine o subordine; queremos un “poder para” tomar decisiones por nosotras mismas, participar en ellas y limitar las decisiones que se toman en nuestro nombre; para tomar decisiones que beneficien a la sociedad, asumir responsabilidades, ser libres en nuestros actos y utilizar recursos propios

estereotipos y permite que al interior de las culturas se extiendan debates que interpretan según sus dogmas cómo debemos ser construidas las mujeres y a qué postulados debemos responder. Como no existen patrones únicos ni uniformes de valores, estos son definidos según lo hagan las sociedades; a mayor presencia del patriarcado, la construcción del género será menos equitativa. Muchas de las teorías relacionadas con el empoderamiento han examinado su rasgo más sobresaliente: la noción de poder, su utilización y su distribución, para concluir que se encuentra mal repartido. Acercándonos a la realidad que subyace al discurso, "poder" ha venido siendo una palabra maldita, y el término

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empoderamiento llega tal vez para recordarnos que requerimos un poder real para influir y producir efectos en otros; para tener acceso y control sobre los recursos económicos, políticos, sociales y −quiero resaltar especialmente− requerimos poder ideológico(II), puesto que la ideología genera, propaga, sostiene e institucionaliza las creencias, valores, actitudes y comportamientos, determinando la percepción de lo femenino y su poder; en este mismo sentido, las mujeres deberíamos también perder el miedo para superar la vulnerabilidad en que nos ha colocado la exclusión y la violencia en todas sus formas y para acceder a recursos y bienes que nos permitan desarrollarnos integralmente como personas en todos

los ámbitos de la vida y desde una condición de libertad. Las mujeres no planteamos con el empoderamiento un poder que domine o subordine, queremos un “poder para” tomar decisiones por nosotras mismas, participar en ellas, limitar las decisiones que se toman en nuestro nombre o poder para tomar decisiones que beneficien a la sociedad, poder para asumir responsabilidades, ser libres de nuestros actos y utilizar recursos propios. Esto requiere sincerar las diferencias históricas que nos ha dejado la desigualdad, reconociendo que estamos en posiciones diferentes(III), así como reconocer los obstáculos mentales y económicos que nos dificultan el cambio, para lo cual


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

debemos pasar por una reflexión crítica para marcarnos la línea de una acción transformadora. Las mujeres no tenemos los mismos recursos ni tenemos la misma influencia en la generación de discursos. Ni a nivel personal, familiar, político o comunitario estamos en la misma situación. La toma de consciencia de las dimensiones de nuestra opresión y la decodificación de los mensajes que aún hoy entendemos como válidos y que no lo son deben quedar al descubierto para saber dónde estamos realmente. Así iremos encontrando estructuras donde se sustenta el poder y veremos en ellas escrita nuestra historia como mujeres. Sólo si revisamos los espacios sociales, escenarios de poder, áreas de desarrollo personal y profesional, que existen pero que no nos pertenecen, podremos exigir mecanismos para ejercer lo que ya hemos obtenido con años de lucha y trabajo. Si no nos hacemos conscientes de las estructuras y manifestaciones de opresión no sabremos como incidir en ellas para modificarlas, y esto debe hacerse como parte de un proceso social pacífico de acceso al uso y control equitativo de los recursos materiales y simbólicos. Posiblemente se requiera construir nuevas identidades no sólo masculinas, sino también femeninas, donde aprendamos a perder la timidez que nos supone ser mujer. Según todo esto, la exigencia del empoderamiento se convierte en una demanda humilde y aún bastante modesta. Si las mujeres somos la mitad de la población y nuestra otra mitad se relaciona con nosotras mediante estructuras de poder y de dominación es razonable pensar que la repartición de poder equitativa se hace necesaria si es que queremos un mundo habitable para ambos grupos. A favor del optimismo, recordar que la lucha por los derechos de las mujeres ha estado presente en Naciones Unidas desde sus inicios en 1945, y como testimonio de los cambios que se han logrado desde entonces podemos recordar que en aquel momento, de los 51 Estados Miembros, únicamente 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres o que ocupasen cargos públicos. Las últimas décadas hemos asistido a un surgimiento de mujeres Jefas de Estado: en Brasil, Dilma Rousseff; Gloria Macapagal-Arroyo y Maria Corazón Sumulong Cojuangco Aquino en Filipinas; Laura Chinchilla Miranda en Costa Rica; la argentina Cristina

> Las mujeres deben reconocer y reflexionar sobre los obstáculos mentales y económicos que dificultan la equidad. Esto contribuirá a constituir acciones que transformen la desigualdad.

Fernández Kirchner; Michelle Bachelet en Chile (hoy secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres); Lidia Gueiler Tejada en Bolivia; Michèle Pierre-Louis en Haití; Mireya Moscoso Rodríguez en Panamá; Tarja Halonen en Finlandia; Pratibha Patil en India; Vigdis Finnbogadottir en Islandia; en Liberia Ellen Johnson-Sirleaf; la nicaragüense Violeta Chamorro; Mary Robinson en Irlanda; Chandrika Kumaratunga en Sri Lanka; Vaira Vike Freiberga en Letonia; Agatha Barbara en Malta; y, por supuesto, a la cabeza europea hoy Angela Merkel, son varios de los ejemplos más representativos de esta evolución. Los cambios efectivos y tangibles pueden no estar precisamente a la vuelta de la esquina, pero recordemos que es un proceso en el que tenemos que seguir trabajando tan duramente como hasta ahora, porque aún hoy ocurre que desigualdades que se intentaron corregir hace siglos forman parte de las estructuras que representan el poder, e identificarlas es un reto mayor del que imaginamos.•

REFERENCIAS

I. Gramsci, Focault y Freire, entre otros.

II. Valoura, 2006 III. Esta noción de «capacidad de hacer elecciones» ha sido ampliamente debatida por A. Sen (2000) y retomada por N. Kabeer (2001)5, quien la amplió a la noción de “capacidad de las personas para disponer de las cosas y hacer elecciones”.

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Mujeres Senderos de inequidad María del Carmen García Aguilar Doctora en Filosofía. Es fundadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual es profesora-investigadora de la Maestría en Filosofía. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.

Reconocer la diferencia María del Carmen García Aguilar

Las últimas décadas del siglo XX quedaron marcadas por una de las revoluciones más significativas: la incursión de las mujeres en casi todos los ámbitos del quehacer humano, logrando tener una participación pública y social importante en muchos países. Estos cambios impactaron la vida cotidiana, política y económico-social de aquellas naciones donde se llevaron a cabo reformas a favor de las mujeres, pues se tuvo la percepción de cambio y mejoramiento en sus condiciones. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, podemos notar que los problemas de desigualdad, discriminación, exclusión y violencia continúan F

El feminismo y los nuevos sujetos emergentes Como consecuencia de los cambios propiciados por su inclusión y reconocimiento, el siglo XXI se perfilaba como “el de las mujeres”. Con más de una década del nuevo siglo, podemos decir que, si bien es cierto que se han trastocado, deconstruido y resignificado muchos de los ámbitos prácticos y teóricos por parte de las mujeres y del feminismo, hoy aún hay mucho por hacer para igualar las condiciones de desarrollo de las mujeres con respecto a las de los hombres. En este sentido, existen diversos estudios —desde la Antropología, la Sociología, la Filosofía y la Historia— que han sacado a la luz el problema de la

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Al ser las anatomías de los seres humanos diferentes, mujeres y hombres han terminado siendo desiguales socialmente, pero las diferencias no tienen que llevar a la inequidad en términos de derechos y de poder, sino a generar un poder constructivo diferencia entre los sexos como parte de la imposibilidad biológica de la igualdad: al ser las anatomías de los seres humanos diferentes, mujeres y hombres han acabado siendo desiguales socialmente. La racionalización de la diferencia sexual

que ha expuesto el feminismo y la explicación sobre el origen y el porqué de la situación de subordinación y exclusión de las mujeres son resultado de un proceso basado en la necesidad de pensar y simbolizar la diferencia entre los sexos.


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

Si los individuos se reconocen en sus diferencias, se producen entre ellos relaciones singulares y cada uno se vuelve para los otros irreemplazable. Simone de Beauvoir

La diferencia sexual y el ejercicio del poder llevaron a los hombres a la construcción y al desarrollo de un sistema conceptual binario en donde no sólo se encuentran los aspectos negativos contrapuestos con los positivos, sino la asignación valorativa que identifica a uno y otro lado. A partir de ahí, se ha situado a los sexos en cada uno de esos lados, haciendo parecer antagónicas las funciones y acciones humanas. Es lo que se ha llamado “pensamiento binario patriarcal” identificado por oposiciones binarias. Cada oposición se puede interpretar como una jerarquía en la que al lado femenino siempre se le considera el negativo y el más débil. Así, la filosofía y el pensamiento mismo están y han estado siempre atrapados en una serie interminable de oposiciones binarias que,

en última instancia, hacen referencia a “dualismos” tradicionales: Masculino/ Femenino, Razón/Sensibilidad, Fuerza/ Debilidad, Historia/Naturaleza, Acción/ Pasión; en estas dualidades las mujeres están siempre del lado negativo, pues la evaluación de la oposición hombre/mujer, por lo regular se realiza desde la oposición positivo/negativo. Ello justifica la necesidad de echar abajo las oposiciones entre los valores masculinos y femeninos. La aspiración que subyace es la de una sociedad en la que se dejen de considerar la lógica, la conceptualización y la racionalidad masculinas como valores universales. La inclusión de las mujeres y el cambio de sus imaginarios permitirán que se abandonen las imágenes rígidas y prescriptivas que la cultura falogocéntrica impregna a

través de la doble moral sexual. Desde la “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”, promulgada por Olympe de Gouges, en 1789 hasta el “Manifiesto Cyborg”, publicado por Dona Haraway en 1991, se deja clara la desigualdad existente en el terreno de los derechos de las mujeres. Los más de dos siglos de denuncia y lucha han dado cuenta de múltiples cambios, entre ellos –y tal vez uno de los más significativos en el terreno teórico-, la fragmentación del considerado “sujeto universal”, concepción que encuentra su tradición en el ideal de “sujeto ilustrado”, el cual, según Kant, tiene como finalidad alcanzar la libertad como fundamento ético. El sujeto ilustrado al que se hace referencia, y que predominó en la modernidad, es un sujeto autónomo, con mayoría

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de edad, emancipado de ataduras tradicionales, y válido para todos los sujetos racionales. Así, la universalidad alcanzada por el sujeto es buena, es un valor que afecta a todo sujeto, da igualdad ante la ley, adquiere un rango político superior y promueve la ética. El problema es que alcanzar el ideal de sujeto ilustrado no es igual para todo ser humano, por muy racional que éste sea, porque el modelo de este sujeto considerado “universal” sigue siendo masculino, y entonces, ¿qué hacer con “lo femenino”? Estas inquietudes llevaron a algunas feministas a retomar el problema del “sujeto”, haciendo notar la necesidad de asumir un nuevo sujeto colectivo, un nuevo “nosotras”. Esta perspectiva apuntaló la crisis del sujeto hecha desde la posmodernidad, y feministas como Victoria Sendón, Luce Irigaray, Rosa Ma. Rodríguez Magda y Rosi Braidotti, entre otras, trabajaron teóricamente para formular el “sujeto de la diferencia”. El objetivo iba quedando claro: el camino hacia la libertad –como apuntaba Luce Irigaray– parte de la “diferencia sexual”. Para ellas el mundo representado no es más que la proyección del sujeto masculino, es “lo mismo”, y lo mismo sólo se pregunta por aquello que puede responderse y que puede de nuevo representar. Para ser sujeto desde “lo mismo” basta con verse reflejado, pero, ¿cómo ser sujeto desde lo otro?; ¿cómo ser sujeto en un mundo de representación masculina? El reto era buscar nuevas representaciones del sujeto. El reconocimiento de la diferencia apuntaba también a reconocer otros grupos excluidos como el de los homosexuales, las lesbianas, las personas con capacidades diferentes, y los grupos con diferencias religiosas, étnicas, entre otros; de tal suerte, que ya no pude hablarse más de “la mujer” como modelo único, “esencialmente determinado”. El reconocimiento de la diferencia nos lleva a representar nuevos modelos de sujetos, de ahí que se hable de “las mujeres”. El reto del sujeto feminista es la diversidad existente entre las mujeres, manifiesta por las diferencias de raza, etnia, clase, opción sexual, edad, religión, pasado histórico, etcétera. Por tanto, para la investigación y para la acción es importante el hecho mostrado por el debate feminista acerca de un sujeto múltiple y diverso, que desorganiza y descompone las construcciones históricas y discursivas de "la mujer" en

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomon Ramirez

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La aspiración que subyace es la de una sociedad en la que se dejen de considerar la lógica, la conceptualización y la racionalidad masculinas como valores universales. La inclusión de las mujeres y el cambio de sus imaginarios permitirán que se abandonen las ideas rígidas y prescriptivas que la cultura falogocéntrica impregna a través de la doble moral sexual


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

> En la búsqueda de la equidad se deben tener en cuenta también las diferencias existentes entre los miembros del mismo género.

contextos concretos. El problema ahora es cómo conciliar estas diferencias en una igualdad de necesidades y demandas que permitan un mejor desarrollo para las mujeres. El primer punto sería aceptar la diferencia no sólo entre los géneros, sino entre nosotras mismas, pues el problema es en parte sobre cómo nosotras pensamos acerca de las y los demás. El otro punto es cómo lograr que las diferencias que se idealizan en las prácticas sociales no quebranten los derechos de las y los demás en nombre de la diferencia. Ser diferentes no nos tiene que llevar a ser desiguales en términos de derechos y de poder. Se puede ser diferente en la forma en que captamos, procesamos e interpretamos el mundo, pero ser igual en cuanto a los derechos, las condiciones, las oportunidades y el acceso al poder. Sin embargo, para aceptar el potencial

El problema es que alcanzar el ideal de “sujeto ilustrado” no es igual para todo ser humano, por muy racional que éste sea, porque el modelo de este sujeto, considerado, “universal”, sigue siendo masculino, y entonces, ¿qué hacer con “lo femenino”? de igualdad de poder para conservar y mejorar el mundo, tenemos primero que aceptar la posibilidad de la existencia de las diferencias entre hombres y mujeres, diferencias que unidas pueden generar un poder constructivo. Las diferencias no son las opuestas del pensamiento binario, son generadoras

de poder, y reconocerlas podría facilitar la adquisición de los derechos y poderes aún no alcanzados. Al mostrar las diferencias de las mujeres y de otros sujetos, se tiene la oportunidad de mostrar cuáles son aquéllas que las mujeres pueden aportar como elementos de aprendizaje, transformación y de cambio.•

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Hortensia Moreno Profesora universitaria, novelista y periodista. Es doctora en Ciencias Sociales e integrante del Comité Editorial de la revista Debate Feminista. Ha publicado novelas, relatos, libros para niños, reportajes y ensayos. Asimismo, es autora de un estudio sobre la mujer y el deporte, así como de artículos publicados en diversos medios de la prensa mexicana.

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

Foto: © Octavio López V.

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La paradójica relación de las mujeres con el deporte A lo largo de su institucionalización —en lo que Norbert Elias (1995) denomina el proceso de “deportivización”—, la arena deportiva se instituyó como un espacio de producción de masculinidad. La deportivización es un proceso histórico a partir del cual una actividad lúdica, una pelea o un despliegue público de destreza corporal se constituye como una formación cultural moderna, determinada por el espacio urbano, configurada como espectáculo comercial, sometida a regulaciones formales y sancionada por instituciones. La reglamentación y la estandarización de toda actividad atlética reconocida permiten la competencia formal entre atletas procedentes de muy diferentes medios sociales o geográficos, y el registro comparable de los resultados, pero también constituyen un mecanismo fundamental para la discriminación, exclusión y segregación de las mujeres: es en los reglamentos deportivos donde se prohíbe explícitamente la participación de mujeres. No es casualidad que el proceso de deportivización se lleve a cabo en paralelo con el ingreso de las mujeres en el espacio público. La renegociación de los papeles de género a que dieron lugar los movimientos feministas en los países occidentales a mediados y finales del siglo XIX obligó a hombres y mujeres a redefinir los significados de la masculinidad y la feminidad. Entre las reacciones a estos cambios surgió un movimiento masculinista temprano que generó una serie de medidas para “alejar a los niños de las madres” con el fin de que se familiarizaran con los “valores de la masculinidad”. Se recurrió entonces a la institucionalización de los deportes, para asegurar que los varones de las clases dirigentes practicaran ejercicios vigorosos, recibieran un entrenamiento valioso para la guerra y adquirieran rasgos morales y físicos que los volverían aptos para mandar. Se trataba de garantizar un ambiente de “vitalidad disciplinada” que permitiera a esos niños convertirse en “hombres verdaderos” (Kimmel, 1987: 271). Desde los orígenes más remotos de ese tipo de prácticas, muchas mujeres habían desarrollado toda suerte de actividades relacionadas con lo que en la actualidad consideramos deporte. Más tarde, desde la fundación del campo

Hortensia Moreno

¿Por qué las mujeres hacen menos deporte que los hombres? ¿A qué se debe la identificación de las actividades atléticas con la masculinidad? ¿Cuáles son los beneficios que los deportes pueden aportar a las mujeres en términos de su corporalidad, pensada en relación con el poder? Uno de los aspectos determinantes de la configuración del deporte como organización de la modernidad —con sus propias normas y sus límites claramente precisados de manera formal— es la exclusión explícita de las mujeres F

deportivo y en todos los momentos de su constitución, ha habido mujeres empeñadas en practicar algún deporte. Este proceso histórico reconfigura las definiciones de lo masculino y lo femenino de una manera novedosa: a partir de la exclusión de las mujeres, el campo deportivo asigna una repartición diferencial de cualidades, de modo tal que la feminidad termina por definirse como fragilidad, debilidad y precariedad corporal, para permitir que la fuerza, el vigor y el ejercicio de la violencia sean monopolizados por los varones como parte de la asunción de su identidad de género.

Poder en el cuerpo / cuerpo en el poder La mera idea de que las mujeres no pueden aventurarse en ciertas empresas corporales, en razón de una supuesta

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“naturaleza esencial” de la feminidad, ha sido un elemento decisivo para impedir que siquiera lo intenten. De ahí que la reflexión feminista indague acerca de la exclusión de las mujeres de la arena deportiva. El debate más intenso y duradero sobre la participación femenina en este campo tiene que ver con la distinción entre actividades “apropiadas” e “inapropiadas” para las mujeres, de modo que —a pesar del enorme impulso que el último cuarto del siglo XX dio a las ramas femeniles de todos los deportes— sigue habiendo un prejuicio muy serio en contra del despliegue de la fuerza de las mujeres en los denominados “deportes de combate”, y se quiere todavía hoy encasillar a las deportistas en espacios “femeninos” (como el nado sincronizado o la gimnasia). Se clasifican como “deportes de contacto” aquéllos que han permanecido como cotos masculinos a causa de su violencia

Sigue existiendo un prejuicio muy serio en contra del despliegue de la fuerza de las mujeres en los denominados “deportes de combate”, y se quiere todavía hoy encasillar a las deportistas en espacios “femeninos”, como el nado sincronizado o la gimnasia méxico méxico social social • marzo • abril 2012 2011

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BIBLIOGRAFÍA

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expresa. Según Fields (2005) son los siguientes: beisbol, futbol americano, basquetbol, futbol soccer, lucha, hockey y boxeo. Aunque no todos tendrían que caracterizarse como “deportes de combate”, es obvio que uno de sus principales contenidos es la confrontación directa, cuerpo a cuerpo, donde se prueban los atributos del guerrero imaginario, ya sea en equipo o de manera individual. Además, todos estos deportes presentan una muy alta probabilidad de infligir o sufrir contusiones. Esto significa que la participación de mujeres en deportes de hombres todavía se enfrenta a la lógica de la oposición binaria de género y al ethos de la superioridad masculina, los cuales perpetúan los patrones tradicionales de diferenciación sexual, de modo que el cuerpo deportivo femenino es todavía valorado principalmente por sus actividades estéticas y expresivas (Mennesson, 2000: 22). Sin embargo, la participación de mujeres en modalidades de combate ha sido constante y consistente, aunque las deportistas que se dedican a esas disciplinas se tengan que sobreponer al estereotipo que las retrata como masculinas u hombrunas. “Por esta razón, las atletas a veces sobreenfatizan su feminidad […]. Los sociólogos denominan esto como la ‘disculpa femenina’ [feminine apologetic]: la idea de que tenemos que volver a las atletas atractivas para los hombres” (Lawler, 2002: 56). El origen de la resistencia está en la ansiedad que provoca la mera imagen de una mujer que no está bajo el control de los hombres; tal posibilidad amenaza el tejido de la sociedad patriarcal, así como las mujeres que participan en los deportes “masculinos” amenazan las nociones varoniles de supremacía física y atlética (Lawler, 2002: 59). Algunas feministas aseguran que la defensa personal aporta una base para ofrecer resistencia en los espacios simbólicos y materiales que las mujeres no controlan y donde están subordinadas, se reducen a condición de objetos o son ignoradas. Otras afirman que “la capacidad para

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ivan Stephens

La participación femenina en deportes de contacto se reivindica como una forma de “empoderamiento”; en particular , como una manera de resistir y oponerse a la denominada “cultura de la violación”, descrita como una especie de guión social que perpetúa la violencia de los hombres y define la feminidad heterosexual como incapacidad para pelear

> La imagen de una mujer que no está bajo control masculino aún se percibe como una amenaza para el tejido social patriarcal.

defenderse físicamente es una de las más importantes habilidades de supervivencia que se pueden poseer en una sociedad donde la violencia contra las mujeres es penetrante” (Castelnuovo y Guthrie, 1998: 85). Para Martha McCaughey, la incapacidad de las mujeres para pelear es un problema cultural de política sexual: “Lo que usualmente se da por supuesto como un hecho de la naturaleza —que una mujer simplemente no puede desafiar físicamente a un hombre— se revela como un guión social que privilegia a los hombres a expensas de las mujeres” (McCaughey, 1997: 7). Desde diferentes experiencias, estas propuestas reivindican la participación femenina en deportes de contacto y de combate como una forma de “empoderamiento”, en particular para resistir y oponerse a la denominada “cultura de la violación”, descrita como una especie de guión social que perpetúa la violencia de los hombres y define la feminidad heterosexual como incapacidad para pelear.•


Programa Integral de prevenci贸n a la trata de personas

www.ceidas.org


Mujeres Senderos de inequidad Covadonga Pérez Villegas Presidenta de Mujeres en Serio, A.C.; asesora de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, de la Dirección General del IMSS y del DIF Nacional; y fundadora de la Federación Mexicana del Deporte sobre silla de Ruedas FEMEDESIR. Es miembro de la Junta de Gobierno y Asambleísta del CONAPRED e integrante de la Red International Leadership for Women with Disabilities.

De la invisibilidad al ejercicio pleno de los derechos

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nas y otras tienen sus razones y merecen mi respeto. Mujeres, simplemente mujeres, sin calificativos, ésas que no agachan la cabeza y que muestran cotidianamente su valentía ante todas las adversidades. Muchas que no renunciaron a ninguna de las condiciones de su sexo y se asumieron como género único, el género humano, y, a pesar de todo, no han permitido que se deteriore su esencia femenina. Sin embargo, el grado de satisfacción personal que experimenta una mujer tiene mucho que ver con su imagen corporal. Necesitamos sentirnos identificadas con las imágenes del cuerpo que socialmente se consideran adecuadas, y ésta es, sin duda, una ardua tarea, sería insensato no suponerlo, ya que se asume, sin ningún preámbulo, que una mujer con discapacidad es una persona “enferma”, así como la gordura se ha convertido en algo reprobable y la delgadez tiene que ver con la buena salud, ejemplos que se conforman de prejuicios. Las mujeres con discapacidad somos también víctimas de la influencia que ejercen esos mensajes publicitarios, al dejarnos fuera del prototipo que tiene que ver con el éxito. Estos mensajes penetran, generan y provocan la comparación entre el estereotipo de la belleza y la imagen que las mujeres en esta condición tienen de sí mismas, lo que en muchas ocasiones causa deterioro en la autoestima y produce inseguridad y

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Covadonga Pérez Villegas

Cuando se piensa en el término discapacidad y se apunta al género femenino, sin duda, encarna la figura de una mujer invisible, amargada o frustrada; esto puede ser real, empero, hay quienes han sido capaces de emprender abiertamente la lucha constante contra la discriminación y la vulnerabilidad, enarbolando banderas y reivindicando causas F

rechazo a la integración social. Esta situación, por obvias razones, genera en cadena el impedimento a incluirnos en otras actividades como es el empleo, ya que existe una baja expectativa de las posibilidades profesionales de una mujer con discapacidad y, de las pocas que trabajan, la mayoría lo hacen en empleos mal remunerados. Estos hechos son elementos clave para la comprensión del fenómeno de la violencia psicológica socialmente ejercida contra las mujeres con discapacidad, ya su imagen no responde a patrones establecidos y difícilmente se les reconoce su propia sexualidad, ya que, cuanto más evidente es la deficiencia, más posibilidades tienen de no ser consideradas para

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formar una familia. En décadas recientes, historiadores y otros estudiosos de las ciencias humanísticas han analizado intensamente las circunstancias de equidad basadas en la identidad, el género, el origen nacional, la migración y la discapacidad, y es esta última la que tiene una de las prevalencias más altas de inequidad, además de que rara vez ha sido sujeta a investigación. Pero la discapacidad sí es un tema de relevancia social desde hace más de 20 años, y México la ha colocado en la agenda de las Naciones Unidas en busca de un instrumento vinculante desde el año 2001. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Miriam Sanchez

¿Podremos borrar el estigma de la minusvalidez, la mendicidad y la poca productividad? Éstas son algunas barreras que nos ha impuesto la sociedad, al no reconocernos como sujetos de derechos promovida por Don Gilberto Rincón Gallardo y Meltis fue aprobada por la Asamblea de la ONU el 13 de diciembre de 2006, entró en vigor a nivel mundial el 3 de mayo de 2008 y se ha convertido en el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI. Esta Convención menciona en el Artículo 3º sus principios generales: A) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas B) La no discriminación

C) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad D) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas E) La igualdad de oportunidades F) La accesibilidad G) La igualdad entre el hombre y la mujer H) El respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad Asimismo, el reconocimiento de que

las mujeres con discapacidad somos un grupo discriminado entre los más discriminados, como lo menciona la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010), contrasta con el Artículo 6º de la Convención, el cual reconoce los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las medidas que se deben adoptar para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Hoy, los ojos del mundo están puestos en nuestro país como impulsor y promotor de esta Convención, pero también porque no son muchos los que, obedeciendo el mandato de este tratado, han creado una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, destacando en este documento la visión de género. Falta mucho por hacer, y armonizar el Marco Jurídico de manera transversal para lograr la plena integración de las Mujeres con Discapacidad sería una de las principales demandas a atender. Los grandes movimientos sociales son siempre impulsados por sus propios actores y las mujeres con discapacidad no son la excepción. Muestra de ello es que en la Cámara de Diputados hay cuatro representantes, una más en el estado de Morelos, una funcionaria de Gobierno en Oaxaca y no son pocas las que presiden los Consejos Estatales; hay, además, destacadas profesionales en todos las áreas de la vida productiva de nuestro país y reconocidas periodistas que han dirigido estructuras informativas a nivel mundial. La vida y el tiempo se nos vinieron encima; ¿podremos borrar el estigma de la minusvalidez, la mendicidad y la poca productividad? Éstas son algunas barreras que nos ha impuesto la sociedad, al no reconocernos como sujetos de derechos. La historia de las mujeres con discapacidad está llena de mitos, que no significan mentiras, sino que se vuelven leyendas y logran conformar el espíritu de un pueblo; los sueños de las mujeres con discapacidad y sus familias están en busca de las respuestas a sus deseos y del antídoto para sus miedos. No podría terminar mi participación sin reconocer a quienes, sin mirar atrás, comparten sus vidas siempre con valor, solidaridad y mucho amor: a todas las madres valientes que tienen hijos con discapacidad.•

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Mujeres Senderos de inequidad Teresa Incháustegui Romero Socióloga de la UNAM, Doctorada en Ciencias Sociales por FLACSO. Es Profesora-Investigadora del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UACM, especialista en temas de género y políticas públicas. Actualmente se desempeña como diputada federal, cargo en el que preside la Comisión de Seguimiento a los Feminicidios, es secretaria en la de Seguridad Pública, e integrante de Gobernación y Equidad y Género.

8 DE MARZO: ESCENARIO PARADÓJICO

La selección de esta fecha en el calendario de conmemoraciones mundiales se debe a la conjunción de acontecimientos emblemáticos protagonizados por las mujeres desde fines del siglo XIX y principios del XX(I). El Día Internacional de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar en torno a la presencia de las mujeres en el mundo actual, y tomar algunas de las resonancias contemporáneas de su realidad en nuestro país F

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernández

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

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sta conmemoración tiene que ver también con las luchas de las mujeres en contra del estatuto de “incluida-excluida” en la ciudadanía moderna: integradas al orden social bajo un estatuto jurídico centrado en su papel como procreadoras, criadoras y cuidadoras de hijas, hijos y familiares dependientes, subordinadas jurídicamente a la autoridad del padre-marido y dependientes económicas; por tanto, excluidas de la esfera pública, de la participación en política y de los puestos de poder o representación, pero también marginalizadas del mundo de producción y del trabajo remunerado. Situación de jure harto contrastante con la realidad, en la cual infinidad de mujeres participaban −como ahora− en actividades productivas remuneradas tanto en la agricultura como en la industria. No obstante, su condición de personas sin derechos, de ciudadanas de segunda –como, por desgracia, sigue siendo aún en muchos lugares- las colocaba en situación vulnerable ante la explotación laboral, con los salarios más bajos y las condiciones de trabajo y jornadas más duras y extenuantes. Lo mismo que frente al abandono familiar con toda la carga de sus hijas e hijos encima, el despojo patrimonial, el maltrato y la violencia familiar, así como toda la gama de abusos y violencia sexual tanto en casa como en los centros de trabajo. Mucha agua ha corrido bajo los puentes. Muchos logros hemos cosechado en una lucha incansable que, en ocasiones, se antoja cernida bajo el arquetipo de la memorable Penélope, ya que la inercia patriarcal y machista pareciera destejer de noche lo que las laboriosas manos de las mujeres tejen durante los días. Porque hay condiciones en la vida de las mujeres a nivel mundial y en nuestro país que parecieran tener una resistencia al cambio, a la igualdad de derechos, digna de mejores causas. Es decir, a cien años de la celebración del 8 de marzo, el panorama de las mujeres es paradójico, aunque no tenemos derecho al desaliento. Quiero referirme sólo a tres aspectos que me parecen sumamente indicativos de nuestra situación. El primero es la violencia hacia las mujeres en México, sobre la cual los datos y situaciones son abrumadores, evidencia palmaria de la supremacía masculina y del machismo. Datos para ilustrar: casi la mitad de las mujeres de 15 años y más que viven con su

La violencia hacia las mujeres en México, sobre la cual los datos y situaciones son abrumadores, es una evidencia palmaria de la supremacía masculina y del machismo. Asimismo, la violencia institucional por acción u omisión agrava o intensifica esta violencia estructural histórica pareja sufre algún tipo de violencia conyugal; 9% son objeto de agresiones físicas; y 8% sufre violencia de tipo sexual con su pareja. El 55% de estas mujeres padece todo tipo de violencia y el 10% sufre violencia severa, que pone en riesgo su integridad física y emocional. Además, nueve de cada diez víctimas de delitos sexuales, que suman 15 mil al año, son mujeres. Esta violencia de género en México parece ser inelástica a la baja cuando

declina la violencia social (medida por el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es el estándar internacional). Aunque sube muy aceleradamente cuando la violencia social se dispara. Así, los registros de presuntos homicidios dolosos en contra de mujeres, consignados en la Estadística de Mortalidad de la Secretaría de Salud de 1985 a 2009, comparados con sus homólogos masculinos, muestran una mayor resistencia a

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la baja, que la violencia homicida entre varones. Esta última cayó 43 puntos porcentuales durante los últimos 25 años, mientras que la violencia feminicida sólo se redujo 27 puntos durante ese mismo lapso(II). Paradójicamente, el despunte de la violencia social a partir de la guerra contra el narcotráfico (2007), que elevó el número total de homicidios a poco más de 19 mil presuntos homicidios dolosos, ha significado el incremento más dinámico de las tasas de feminicidios respecto de los homicidios de varones(III). Esto sugiere la existencia de una suerte de sustrato social de violencia extrema en contra de las mujeres, que está más allá de la reducción de la violencia social. Ante esta situación, en 2006 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que en menos de 6 años ya se había replicado en las 32 entidades del país. El presupuesto federal para atender a las víctimas de la violencia de género creció en términos absolutos y relativos de 2004 a 2008, al amparo de la LGAMVLV y de la iniciativa de legisladoras, pero, a partir de 2009, año en que el Anexo dedicado al género (ANEXO 10) se envía conformado desde el Ejecutivo, se ha ido reduciendo en términos relativos (de 25% en 2008 a 12.4% en 2012), permaneciendo entre los 1,400, a 2,000 millones de pesos en el último año, cifra a todas luces insuficiente para la atención de este flagelo(IV). Cabe señalar que salvo el GDF y Nuevo León, las entidades federativas no destinan recursos propios para los servicios de atención a las víctimas de la violencia de género. Por otra parte, el núcleo de la gobernanza en materia de violencia de género entre mujeres y hombres de nuestro país, conformado por los códigos penales, ha sido muy lento para reaccionar antes estos hechos, mientras que las instancias de procuración de justicia pudieran ser incluso calificadas de abúlicas para su resolución. Un botón de lo primero es la prevalencia de los delitos “por razón de honor” o “por infidelidad”, vigentes aún en seis entidades del país, y que son tipos penales a modo, auténticas añagazas del patriarcado para atenuar penas a los que asesinan a sus parejas o ex parejas. Perviven también situaciones que atenúan el homicidio y las lesiones, aduciendo “estado de emoción violenta” en el momento de privar de la vida a una mujer, y que siguen vigentes en 14 entidades –casi la mitad del país−.

> La prevalente violencia y la inercia patriarcal y machista parecieran destejer de noche lo que las laboriosas manos de las mujeres tejen durante los días

Por el lado de la procuración de justicia, la muestra de la displicencia de las autoridades y agentes de procuración de justicia para mandar una señal clara de intolerancia ante los delitos de violencia sexual contra mujeres es que, de las 15 mil violaciones sexuales denunciadas en 2009 (que se estima son del 20% a 25% de las que se perpetraron), en menos de un tercio ellas se aprehendió al responsable. En el caso de los feminicidios, de acuerdo con las cifras proporcionadas por 13 procuradurías de los estados en 2011(V), sólo el 1% de las Averiguaciones totales habían concluido en sentencia. La cifra de 99% de casos no resueltos no deja lugar a dudas respecto de la impunidad que campea en estos delitos, pues es incluso más alta de la que se ha estimado para los delitos en general, ubicada en 94%. Por último, en este primer costado de paradojas, es preciso anotar también la aparente resistencia a legislar tipificando el feminicidio(VI) por parte del Senado en la última legislatura, a la que han llegado al menos dos de las siete iniciativas que las diputadas de la LIX, LX y LXI legislaturas han iniciado. La última de ellas dentro de un paquete más amplio de 33 reformas a los delitos en contra de las mujeres(VII) en el Código Penal Federal. Si bien el feminicidio es un delito

común que requiere la reforma de todos los códigos penales de los estados, sólo en 10 la han efectuado, aunque no en todos el tipo penal es operativo(VIII). La falta de interés o de disposición de los senadores sorprende, después del entusiasmo que suscitó la reforma constitucional del Artículo 1º, al incorporar a nuestra Carta Magna los derechos humanos y los tratados internacionales signados por el Estado mexicano que los tutelan, tan celebrada por esa soberanía. En suma en este costado, la violencia institucional por acción u omisión agrava o intensifica la violencia estructural histórica contra las mujeres. La segunda perspectiva de nuestras paradojas es el avance muy destacable de las mexicanas en el mercado de trabajo. De 1950 a 2010 esta participación pasó de 13% en promedio en 1950 a 57.7% en el trabajo productivo (remunerado y no remunerado). La mayor presencia de las mujeres en el trabajo global, si bien significa un avance en la participación de la mujer en el terreno laboral, no lo ha sido en condiciones de igualdad, ya que generalmente se trata de puestos de trabajo de menor jerarquía que los hombres y con una brecha salarial o de remuneración que va del 30% en promedio hasta el 50% en el caso de las mujeres sin ninguna


Merced al doble papel que desempeñamos como esposas, madres, hijas y al mismo tiempo “ganadoras de pan”, tenemos una “doble jornada”, con 14 horas más de trabajo semanal que los varones. Las mujeres aportamos el 77% de los servicios no remunerados en los hogares relativos al bienestar y al cuidado de las personas, trabajo equivalente al 23% del PIB

escolaridad. Paradójicamente, las mujeres con más altas credenciales educativas (maestrías y doctorados) perciben igualmente una remuneración 50% menor a sus pares varones con idénticas calidades educativas, en virtud de la presencia del llamado “techo de cristal”. Asimismo, las mujeres somos cabeza de familia en 23% de los hogares, pero en el 50% de los hogares, el trabajo de las mujeres es fuente sustantiva del ingreso familiar. Además, la carga del trabajo doméstico que recae sobre las mujeres se traduce en menor competitividad en el trabajo, ya que tienden a preferir horarios flexibles y trabajos por horas, que son peor pagados, para poder encargarse del cuidado de la casa y de sus hijos. Esto es todavía más apremiante para las mujeres jefas de familia, en cuyos hogares, más del 30% tiene también a su cargo el cuidado de adultos mayores. Merced al doble papel que desempeñamos como esposas, madres, hijas y al mismo tiempo “ganadoras de pan”, tenemos una “doble jornada”, con 14 horas más de trabajo semanal por encima de lo que trabajan los varones. Las mujeres aportamos el 77% de los servicios no remunerados a los hogares que contribuyen al bienestar y al cuidado de las personas, que se estima representan el

23% del PIB, estimado en 13.5 billones de pesos en 2011 (Gómez, Luna M.E. INEGI). Esto significa que las mujeres producimos en los hogares servicios de cuidado y bienestar impagos por aproximadamente 2.4 billones de pesos anuales. Esto es un valor equivalente al 68.5% del Presupuesto Público de 2012. Paradójicamente, este esfuerzo de las mexicanas no se está valorando. El tamaño de la injusticia económica que se ejerce sobre las mujeres mexicanas es palpable si consideramos que el presupuesto público específicamente destinado a atender problemas específicos de las mujeres o promover su efectivo acceso a derechos (Anexo 10 del PEF) es solamente de 16.5 mil millones de pesos en 2012, equivalente al 0.5% del Gasto Público Federal. Esta cantidad representa la 67ª diezmilésima parte de su contribución al bienestar familiar mediante el trabajo doméstico, según la Cuenta Satélite de Producción y Consumo de los Servicios No Remunerados de los Hogares (Gómez, Luna, M.E. INEGI, 2008). Y eso, sin tomar en cuenta lo que también aportan las mujeres a los hogares con sus ingresos monetarios. Si consideramos, además, lo que ingresa a las arcas públicas por concepto de ISR de las mujeres trabajadoras, y el IETU de las que tienen empresas o prestan servicios profesionales, tendremos una idea más cercana de la desigualdad y la injusticia que existe en cuanto a la valorización del trabajo y el esfuerzo que las mexicanas hacen al bienestar y al desarrollo económico del país. La tercera paradoja es la restricción del acceso al poder. A pesar de que contribuimos también al bienestar comunitario, la participación en cargos de

representación popular, es todavía muy baja, en comparación con otros países de América Latina, incluso de menor nivel de desarrollo económico. En el Poder Legislativo Federal las mujeres tienen menos del 25% de las curules en la Cámara de Diputados y menos del 20% en el Senado. En el Poder Ejecutivo son menos del 13% como titulares de Secretarías; 22% en las Subsecretarías y 30% en las Direcciones Generales. En las entidades de la República la participación de las mujeres en cargos de poder político no es mejor, ya que en la mayor parte de ellas hay rezagos en la representación política de las mujeres. En el medio rural, de la mano de la mayor preparación y el relativamente mayor flujo migrante de los hombres, las mujeres(IX) han ganado espacios en las asambleas ejidales, siendo actualmente casi 17 mil las presidentas de los Comisariados Ejidales y el 25% de los poseedores de tierras. Pero siguen pesando sobre buena parte de ellas las normas discriminatorias de los Usos y Costumbres y la ausencia de sus derechos patrimoniales como el de propiedad a la tierra en el 27 Constitucional. En suma, a pesar de los avances, la paradoja que vivimos es que siendo una fuerza emergente de cambio, transformación y desarrollo que se empeña en mejorar personal y comunitariamente la violencia estructural y la discriminación sistemática, institucional y social que existe en el país −identificada con precisión en numerosos documentos internacionales− se encadena a las mexicanas a la roca de Prometeo, condenadas a ser devoradas diariamente sus entrañas por haber robado el fuego del Olimpo masculino.•

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Mujeres Senderos de inequidad

A pesar de que contribuimos también al bienestar comunitario, la participación en cargos de representación popular es todavía muy baja en comparación con otros países de América Latina, incluso de aquéllos con menor nivel de desarrollo económico REFERENCIAS

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fo el incremento va de 100 al 170%.

I. Las fechas son Nueva York, 1857

IV. Si distribuimos estos recursos

movilización de mujeres obreras de las fábricas textiles y la confección en barrios adinerados de la ciudad, reclamando mejores condiciones de trabajo. 1867 huelga de plancadoras de cuellos, en la ciudad de Troy, Estado de Nueva York. En 1908 Huelga de costureras de la Cotton Textile Factory también en Nueva York, por mejores salarios donde se dice el dueño la encerró y quemo la fábrica. En ese año se movilizaron 20 mil obreras de la industria textil del mismo estado. Y se adopto la celebración Women Day para el último día del mes de febrero. A partir de 1907 en el marco de organizaciones feministas europeas de Alemania, Austria, Dinamarca, suecia y Rusia, se elije el 8 de marzo como día para ésta celebración por coincidir con la presentación de una enmienda constitucional en la Alemania de Bismarck, para reconocer derechos civiles a las mujeres. Finalmente en 1910 la Segunda Conferencia de las Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, establece esta fecha como día mundial de movilización a favor de la mujer II. Los homicidios de mujeres suman 34 mil 176 de 1985-2009 dando un promedio anual de 1 mil 367; casi 4 mujeres asesinadas diariamente. Ver: El Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009. Elaborado por ONUMujeres, la Comisión Especial para el Seguimiento de Feminicidios de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, Indujeres. III. En cuatro entidades de la fronterizas del país: Durango, Baja California, Chiapas y Chihuahua, el incremento de los feminicidios va de 325 a 483%. En cinco entidades mas colindantes con la costa del Gol-

dedicados a la violencia actualmente, entre al menos 12 millones de mujeres mayores de 15 años que se estima padecen violencia, da un total de 173 pesos con 90 centavos por cada una, al año. Estos recursos no se direccionan directamente a éstas, sino a las instancias de las mujeres en los estados y a la Secretaria de Salud. V. Se trata de los estados de Chihuahua, Veracruz, Edo. De México, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, que proporcionaron datos de denuncias de homicidios de mujeres, Averiguaciones Previas, Averiguaciones determinadas o resueltas, Averiguaciones en Reserva, Aprehensiones y Sentenciados, a la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los feminicidios registrados en México, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, entre junio y septiembre de 2011. VI. La tipificación del feminicidio ha sido una recomendación general del Comité de Seguimiento a la Convención para la eliminación de todas formas de Discriminación hacia la Mujer (Recomendación General 19 de la CEDAW por sus siglas en inglés) específicamente indicada para el Estado mexicano desde 2006 por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reiterado por el propio Comité de CEDAW para el Informe de México en el mismo año. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia de Campo Algodonero contra el Estado mexicano, ha re-

tomado esta recomendación. Ver OACNUDH, Diagnóstico General de Derechos Humanos en México: “Utilizar todos los recursos disponibles del Estado mexicano para investigar a fondo los asesinatos y los secuestros de mujeres ocurridos en el estado de Chihuahua y procesar a sus autores.” (recomendación 88). http://www.jornada.unam. mx/2006/11/15/index.php?sectio n=sociedad&article=054n1soc VII. Ver Delitos Contra las Mujeres en: http://www.unifemweb.org. mx/un/documents/cendoc/vaw/ violencia03.pdf VIII. La tipificación es muy importante para direccionar las investigaciones y eludir la atenuación por la aplicación de la ley en materia de homicidios, además de responder a los móviles y maneras de privar la vida a las mujeres, la mayoría de las veces precedidas de otras ofensas como la privación de la libertad, lesiones infamantes, degradantes o mutilantes, antes o después de la muerte, violencia sexual, etc.. En Guanajuato por ejemplo todas las condiciones de existencia del tipo se suman, por lo que es difícil la configuración del tipo, y en Guerrero, se consigna sólo el feminicidio íntimo. IX. Actualmente solo seis entidades han superado el 30% y son: Oaxaca con el 35.7%; Chiapas, con el 35%; Campeche 34.3%; Morelos y Zacatecas 30% y, con los resultados de su reciente elección, se suma Baja California Sur donde la representación de las mujeres alcanza el 33 por ciento. Los estados donde hay menos mujeres en cargos públicos, son Puebla con el 14.6% y Michoacán, con el 12.5%; mientras que en Nayarit y Jalisco sólo hay 10.3% del total de diputaciones está encabezado por mujeres. A nivel municipal hay solo 125 presidentas municipales.


PROTEGER A LA INFANCIA ES SU DERECHO Y NUESTRA RESPONSABILIDAD DESDE EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DEL CEIDAS, TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA TUS HIJAS O HIJOS: COMUNICACIÓN

• Brinda confianza a tus hijos. Si ellos confían en ti, podrán consultarte sus dudas y estarás en posibilidad de orientarlos y apoyarlos en sus inquietudes y problemas. • Escúchalos con atención. Para abrir canales de comunicación es necesario que hables con ellos en un entorno afectivo, de comprensión y respeto.

SEGURIDAD

• No los dejes solos en casa, y menos si has contratado a alguien para hacer algún tipo de trabajo (plomería, instalación de servicio de televisión por cable, entre otros) en tu hogar. • Enséñales que no deben abrir la puerta a personas que no conozcan. • Procura que no se trasladen solos o en compañía de extraños. • Ayúdalos a memorizar su nombre y apellidos y los de su padre y madre o tutores, así como el teléfono de su casa y su dirección. De ser posible, enséñales también los datos del familiar de mayor confianza.

INTERNET Y REDES SOCIALES

• Ayúdales a comprender por qué no deben aceptar a extraños como contactos en las redes sociales, como Facebook y Twitter. Para más información, puedes consultar la Guía de Facebook para Padres, publicada en el sitio web de la SEP: http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/ orientaciones/guiaFacebook.pdf • Procura tener el monitor de la computadora en un lugar visible mientras tus hijos la utilizan.

• Adviérteles sobre los riesgos de utilizar Internet, tales como: La información puede ser poco fiable, falsa, inapropiada, peligrosa o ilícita; están constantemente expuestos a recibir mensajes personales ofensivos, insultos e incluso amenazas; están en constante peligro y vulnerabilidad si proporcionan información personal o familiar a gente desconocida o en los formularios de algunas páginas web que brindan servicios gratuitos. Ayúdales a comprender que al utilizar Internet, se exponen a entrar en contacto con personas que hacen uso de identidades falsas para encubrir malas intenciones, como el secuestro o el abuso sexual.

www.ceidas.org


Mujeres Senderos de inequidad

SÍNTESIS DE Saúl Arellano / CEIDAS

A pesar de algunos avances en la generación de condiciones de equidad entre hombres y mujeres, es un hecho que todavía existen numerosos obstáculos que deben sortearse. Pese a ser el sexo femenino mayoría en el total de la población mexicana, en los ámbitos del acceso a niveles superiores de educación −asociados con sus derechos sexuales y reproductivos, así como con el promedio de hijos− y de igualdad de ingresos, todavía se mantienen marcadas ventajas para la población masculina

P

F

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or otra parte, la violencia que se ejerce en los ámbitos familiares sigue teniendo como víctimas, de manera mayoritaria, a las mujeres, las niñas y los niños, lo cual revela una marcada presencia de discriminación y misoginia que deriva en crímenes de odio cometidos en razón del sexo y del género. En este mes de marzo, dedicado a la reflexión en torno al Día Internacional de la Mujer, CEIDAS presenta una propuesta para enriquecer la discusión sobre las características de desigualdad que, a juicio nuestro, revelan las enormes inequidades que afectan la calidad de vida y los niveles de bienestar de las mujeres en México.

¿Cuántas son? De acuerdo con el INEGI, en México había en 2010 un total de 57,481,307 de mujeres, y 54,855,231 hombres, es decir, 51.2%, y 48.8%, respectiva-

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomón Ramírez

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LA DESIGUALDAD Mayoría discriminada

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Desde hace cuatro décadas, las mujeres constituyen una significativa mayoría respecto del total de la población; aun con ello, la discriminación y la exclusión prevalecen en prácticamente todos los espacios de la vida pública

20 20,000,000 10

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Fuente: elaboración propia con base en los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda, 2010.

Es interesante observar también que mente. Es de llamar la atención que la 3.5 de “paridad poblacional” entre hombres y en la última década, el porcentaje 3.3 3.5 ha representamujeres se ha modificado lentamente de nacimientos de mujeres hijos en mujeres de 15 apasado 49 años segúndo su escolaridad el 50% del total de los registrados en la décadaPromedio de losdesetenta del siglo 3.0 el país, lo que implica que a lo largo de al año 2010. 2.5 las tasas de mortalidad se inEn efecto, en 1970 el 50.1% de la los años, 2.5población era del sexo femenino; poscrementan de manera significativa en el teriormente, en 1980, la proporción grupo de los hombres, es decir, hay una 2.0 pasó a1.7 50.6%; en 1990, equivalía 1.6al importante tasa general de “sobre-mor50.9% del total, pasando al 51.2% talidad” masculina. 1.5 Según los datos del INEGI, del 2002 en los años 2000 1.1 y 2010. A pesar de lo ante- al 2005 se encuentran los años con mayor 1.0 rior, en números ab- porcentaje de nacimientos de niñas, con solutos se trata de 50% en 2002; 50.8% en 2003; 50.4% 0.5 enormes mag- en 2004; y 50% en 2005. El año en que nitudes, pues, hubo el menor porcentaje de nacimientos 0.0 mientras que en de niñas fue 2009, con un 49.7%. Promedio Educación superior Secundaria Primaria Primaria Sin escolaridad el año 2000 la general o bachillerato completa incompleta diferencia total POSTERGAN entre mujeres y hombres era EL MATRIMONIO de 2.29 millones Uno de los temas centrales en términos a favor del sexo de análisis sociológico está vinculado femenino, la dife- a la edad y la escolaridad en la que las rencia creció a 2.61 mujeres deciden unirse en pareja y, en millones en 2010, una particular, la decisión de contraer matricifra prácticamente simi- monio. Esto es así, porque una de las velar al total de mujeres que tas de análisis olvidadas en el estudio de viven en un país como la cuestión social es la relativa a la comHonduras. posición y dinámica de las familias.

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Mujeres Senderos de inequidad Disparidades educativas

54 ,8 55 ,2 31 57 ,4 81 ,3 07

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Desde esta perspectiva, la tesis fuerte que se asume es que el cambio en las A pesar de que en la última década se alcanzó la equidad de género estructuras y dinámicas familiares consen el acceso a la educación básica, el rezago educativo sigue siendo tituye un profundo cambio en las estruc50 mayor para las mujeres que para los hombres turas y dinámicas sociales en general. 42.1 Lo anterior tiene una relevancia fun39.2 damental con el tema de la educación y 40 la decisión de contraer matrimonio, por60,000,000 Hombres que, sociológicamente hablando, por lo Mujeres general esta decisión está ligada a la de 30 50,000,000 % de hombres mayores de 15 años procrear hijos o adoptarlos, e intentar 21.2 20.7 formar familias. % de mujeres mayores de 15 años 40,000,000 20 Así, a pesar de que hoy existe una 12.8 12.9 nueva diversidad legalmente reconocida (por ahora sólo en el Distrito Federal) 30,000,000 8.1 10 5.6 sobre el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, la 20,000,000 inmensa mayoría de los matrimonios si0 guen llevándose a cabo entre hombres y 1990 2000 2010 Analfabetas Sin primaria terminada Sin secundaria terminada En rezago educativo 10,000,000 mujeres. Esto es relevante de ser mencioFuente: elaboración propia con base en los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda, 2010. nado, porque es precisamente en estos matrimonios en los que mayores abusos 0 1970 1980 1990 2000 2010 se han logrado documentar entre la par3.5femenina. te masculina en contra de la Son mucho más altos los porcentajes de mujeres con ingresos bajos que los 3.3 30 En este contexto, es pertinente mosregistrados para26.1 los hombres: mientras que el 54% de ellas percibe menos de dos 9 años según su escolaridad trar la relevancia que tiene la educasalarios mínimos por su trabajo, el indicador para los hombres es de 38.4% ción para el ejercicio de los derechos 25 22.5 3.5 2.5 de las mujeres y, en consecuencia, para 3.3 20.2 3.5 las decisiones de tener hijos y contraer 18.4 su escolaridad% de hombres trabajadores según su ingreso 18.1 de hijos en mujeres de 15 a17.9 Promedio 49 años según 20 matrimonio. % de mujeres trabajadoras según su ingreso 3.0 Según el INEGI, entre los años 1.6 2.5 15 2000 y 2009 han contraído matrimo11.8 2.5 11.2 nio 6,100,380 mujeres. De ellas, el 2.3% 10.3 10.2 9.7 9.6 carecía de escolaridad; el 21.9% tenía 10 7.8 2.0 1.7 estudios de primaria o equivalentes; el 6.2 1.6 31.7% contaba con la secundaria o equi1.55 valente; el 19.9% tenía bachillerato o 1.1 equivalente; mientras que el 15.8% tenía 1.00 estudios superiores. En el 8.5% de los caNo recibe No especificado Más de 5 Más de 3 Más de 2 Más de 1 Hasta ecundaria Primaria Primaria Sin escolaridad sos no se tiene información relativa a su ingresos salarios hasta 5 hasta 3 hasta 2 un salario completa incompleta 0.5 escolaridad. mínimos salarios salarios salarios mínimo mínimos mínimos mínimos Los datos anteriores muestran dos 0.0 cosas: primero, que al tener una muy Promedio Educación superior Secundaria Primaria Primaria Sin escolaridad baja escolaridad, la mayoría de mujegeneral o bachillerato completa incompleta res contrayentes de matrimonio siguen Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2011, INEGI. siendo aquéllas que tienen bajos niveles de escolaridad; es decir, el 55.9% de las mujeres que contrajeron matrimonio en rápida transición en la que se ha dado secundaria. Esto ha traído como consela última década contaban con la secun- un incremento gradual en el nivel pro- cuencia un rápido incremento en el númedio de escolaridad de las mujeres, así mero de mujeres con educación básica. daria como grado máximo de estudios. Con base en lo anterior, lo que los Lo anterior va de la mano con una como el acceso paritario a la primaria y

2

1

Ingresos a la inversa

En la medida en que se incrementa la escolaridad de las mujeres, éstas cuentan con mayores elementos para evitar uniones tempranas que, en la mayoría de las ocasiones, están vinculadas a embarazos precoces 30 32

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En rezago educativo

Menos escuela, más hijos

En México, no asistir a la escuela condiciona a las mujeres a tener un mayor promedio de hijos a lo largo de su vida fértil 30

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% de hombres trabajadores según su ingreso % de mujeres trabajadoras según su ingreso

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Hasta un salario mínimo

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

Más de 5 salarios mínimos

No recibe ingresos

No especificado

Fuente: elaboración propia con base los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda, 2010.

datos públicos y oficiales disponibles permiten inferir es que, en la medida en que se incrementa la escolaridad de las mujeres, éstas cuentan con mayores elementos para evitar uniones tempranas que en la mayoría de las ocasiones están vinculadas a embarazos tempranos. Así, según los registros de INEGI, mientras que en 2001 los matrimonios de mujeres que no contaban con ningún grado de escolaridad representaron el 2.9% del total que se llevaron a cabo en ese año, para 2009 el porcentaje se redujo a 1.8%, es decir, un punto porcentual en 10 años. Por otro lado, mientras que en 2001 los matrimonios de mujeres que contaban únicamente con estudios de primaria representaron el 25.9% (uno de cada cuatro) del total, en el año 2009 la proporción se redujo a 16.2%; lo interesante de este dato es que a lo largo de la década se ha presentado una tendencia continua a la baja. En lo que respecta a las mujeres que al momento de casarse tenían sólo estudios de secundaria, en el año 2001

representaron el 32.5% (uno de cada tres) del total de matrimonios celebrados; en contraste, en el año 2009 el porcentaje se situó en 28.1%, es decir, casi 4 puntos porcentuales menos en una década. Por su parte, las mujeres que al contraer matrimonio tenían estudios de preparatoria o equivalentes, representaron en el 2001 un 17.4% del total que en ese año se casaron; en contraste, en el 2009 el porcentaje creció para ubicarse en 21%. Finalmente, se encuentra el grupo de mujeres que al momento de casarse contaban con educación superior, las cuales, en 2001, representaron el 13.4% del total de las que contrajeron matrimonio; en contraste, en 2009, el porcentaje también creció para ubicarse en 17.6%.

EDUCACIÓN Y FECUNDIDAD Los temas hasta aquí abordados permiten mostrar la importancia del cumplimiento integral de los derechos sociales. Por ejemplo, ya se mostró cómo una

mayor educación permite aplazar la decisión de contraer matrimonio. Pues bien, la educación permite también reducir las tasas de mortalidad materna e infantil; reducir las tasas de fecundidad; mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; y, en algunos casos, mejorar la perspectiva de empleos mejor remunerados y con mejores prestaciones. Desde esta perspectiva, es fundamental mostrar cómo en el país siguen existiendo importantes condiciones de desigualdad en materia de educación, lo cual se expresa en los indicadores de rezago educativo, que son siempre peores para las mujeres que para los hombres, con excepción del relativo a la proporción de personas mayores de 15 años sin primaria terminada. Así, según el Censo de 2010, en México había un 8.1% de mujeres en el rango de edad señalado que no sabían leer ni escribir un recado; mientras que el porcentaje para los hombres es de 5.6%; el porcentaje de mayores de 15 años sin primaria terminada es de 12.8% para las mujeres y de 12.9% para los hombres; asimismo, los porcentajes de quienes no han concluido la secundaria son de 21.2% para las mujeres y de 20.7% para los hombres. En total, el porcentaje de mujeres mayores de 15 años en rezago educativo es del 42.1%, mientras que para los hombres es de 39.2%. La desigualdad educativa se traduce también en una mayor fecundidad; es decir, a menor escolaridad se da una mayor cantidad promedio de hijos para las mujeres entre los 15 y los 49 años de edad. Según el Censo 2010, el promedio de hijos por mujer en todo el país es de 1.7; sin embargo, entre las mujeres que han cursado la educación superior o el bachillerato el promedio es de 1.1 hijos; entre quienes estudiaron la secundaria el promedio es de 1.6; entre las mujeres con primaria completa asciende a 2.5; para las que sólo pudieron estudiar algún grado de primaria, sin concluirla, el promedio es de 3.3 hijos; mientras para

Siguen existiendo importantes condiciones de desigualdad en materia de educación, lo cual se expresa en los indicadores de rezago educativo, que son siempre peores para las mujeres que para los hombres méxico méxico social social • marzo • abril 2012 2011

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Mujeres Senderos de inequidad aquéllas que carecen de escolaridad el promedio es de 3.5 hijos.

Expuestas a embarazos tempranos Si la escolaridad es un determinante asociado a la cantidad de hijos, esta realidad se expresa aún de manera más cruda cuando se trata de embarazos adolescentes. En efecto, en el periodo que va del año 2000 a 2010, en México se han contabilizado 4.82 millones de nacimientos de hijos de mujeres menores de 19 años; de éstos, en 120,232 casos se trataba de niñas menores de 15 años; es decir, un promedio de 10,930 casos por año, o bien 30 al día, lo que da un promedio de más de un nacimiento en niñas menores de 15 años cada hora. En evidencia, al tener una corta edad, estas niñas y adolescentes tienen una muy baja escolaridad; del total, el 5% no habían cursado ningún grado de escolaridad al momento de tener a sus hijos; el 8.8% tenía primaria incompleta; el 28% apenas había terminado la primaria; el 39.2% contaba con la secundaria o estudios equivalentes; sólo el 11.6% tenía bachillerato o equivalente mientras que únicamente el 0.7% había accedido al nivel de educación superior. En 6.3% de los casos, el INEGI no cuenta con información sobre su grado de escolaridad.

Un corolario: bajos ingresos Si bien en el análisis social no pueden establecerse relaciones de causalidad lineal, sí hay elementos que permiten vincular los factores mencionados con condiciones estructurales de desigualdad en el ingreso entre hombres y mujeres. Así, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del IV trimestre de 2011, del total de las mujeres ocupadas, hay un 18.1% de mujeres que percibe menos de un salario mínimo al mes por el trabajo que desempeña; para los hombres el porcentaje es de 10.3%; simultáneamente, hay un 10.2% de mujeres que, aun cuando trabajan, no reciben remuneración; el porcentaje para los hombres es de 7.8%. Entre las mujeres, un 26.1% percibe apenas entre 60 y 120 pesos al día por su trabajo; entre los hombres, el porcentaje es de 20.1%; a partir de este nivel de ingresos los porcentajes se invierten a favor de los hombres, pues, mientras que el

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Según el Censo 2010, el promedio de hijos por mujer en todo el país es de 1.7; sin embargo, entre las mujeres que han cursado la educación superior o el bachillerato el promedio es de 1.1 hijos; entre quienes estudiaron la secundaria el promedio es de 1.6; entre las mujeres con primaria completa asciende a 2.5; para las que sólo pudieron estudiar algún grado de primaria, sin concluirla, el promedio es de 3.3 hijos; y para las que carecen de escolaridad es de 3.5 hijos El 18.1% de mujeres percibe menos de un salario mínimo al mes por su trabajo; para los hombres el porcentaje es de 10.3%. Un 10.2% de mujeres no reciben remuneración y el porcentaje para hombres es de 7.8%. Por otra parte, los varones que perciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimos son el 18.4%, mientras que las mujeres llegan sólo al 11.8%; y un 9.6% de hombres logra ingresos por arriba de los 5 salarios mínimos, cuando apenas el 6.2% de mujeres lo percibe 22.5% de ellos percibe más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, para las mujeres la proporción es de 17.9%. Por otra parte, el porcentaje de varones que percibe más de 3 y hasta 5 salarios mínimos es de 18.4%, mientras que el de las mujeres apenas llega a 11.8%; finalmente, entre los hombres un 9.6% logra ingresos por arriba de los 5 salarios mínimos mensuales, mientras que para las mujeres el indicador es de apenas el 6.2%.

Como se observa a través de estos indicadores, en México persisten condiciones estructurales de desigualdad; haría falta agregar los datos relativos a la violencia, la discriminación y las disparidades en acceso a la salud, la vivienda y los cargos de representación popular, y ello nos daría una mirada mucho más comprensiva de las adversas condiciones que día a día enfrentan las mujeres. Sin duda, se trata de una realidad que urge transformar. •


Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México

Una visión de México en el Nuevo Milenio La Asistencia Social en México. Historia y perspectivas

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desde las letras

Rogelio Flores. Escritor. Cursó estudios de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM (Sociedad General de Escritores de México), y de Realización Cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV). Ha colaborado en publicaciones como Arcana, Cambio y El Semanario. Es coautor de los libros de cuento Abreletras, Prohibido fumar: cuentos contra la represión, Palabras Malditas y Códices en el asfalto; y autor de Adiós, Princesa y Rocanrol Suicida, también de cuento. Recientemente, ganó el concurso Palabras Malditas.

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Monstruos, Fantasmas y Dos Jóvenes Escritoras rogelio flores

Hay obras literarias donde la resignación ante la muerte no tiene cabida. Dos de ellas están ahí por su halo maldito, la soberbia de no ceder a lo inevitable, su enorme rebeldía, amén de su perfecta y retorcida hechura. Ambas son novelas complejas, demandantes para con el lector, provocadoras en cuanto a la moral de la época, oscuras, deprimentes y sórdidas; en resumen, piedras angulares de la literatura gótica y de terror. Son, además, fruto de mentes femeninas y decimonónicas

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odos, llegado el momento, desafiamos a la vida. No todos hacemos lo mismo con la muerte. Da igual abrazar alguna creencia o ser ateo; incluso, ser un hereje o un blasfemo e ir por la vida insultando cualquier idea por divina que esta sea, da lo mismo. Da igual, entonces, ser optimista o pesimista; vivir la vida con el hedonismo más refinado, o entregarse a la mortificación absoluta y la culpa. O bien, apostarle a la nada y dejarse sepultar por la abstinencia total. Todos sabemos que tarde o temprano moriremos y que poco o nada se puede hacer al respecto. El encuentro con la muerte física es una batalla perdida de antemano. Hay, sin embargo, obras literarias donde este tipo de resignación no tiene cabida. Obras donde lo humano enfrenta al destino y reniega de su condición mortal (y moral) y donde ganar o perder dicho combate no es lo relevante, lo aclaro desde ahora. Dos de ellas pertenecen al Olimpo

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personal de libros que cambiaron mi vida (lo digo sin sorna, ni oportunismo y sin pretender hacer leña del árbol caído en estos tiempos electorales) y están ahí por su halo maldito, la soberbia de no ceder a lo inevitable, su enorme rebeldía. Amén de su perfecta y retorcida hechura. Sí, así lo escribí: perfecta y retorcida hechura. Y es que ambas son novelas complejas, demandantes para con el lector, provocadoras en cuanto a la moral de la época, oscuras, deprimentes y sórdidas; en resumen, piedras angulares de la literatura gótica y de terror. Son, además, fruto de mentes femeninas y decimonónicas. Lo anterior no es trivial, pues dichas novelas poco tienen que ver con la idea convencional de “los libros escritos por mujeres y para mujeres”. Las dos obras mencionadas están más allá de cualquier discusión y no es sorprendente encontrarlas en las listas de las mejores de todos los tiempos, por reducidas y


exigentes que puedan ser dichas listas. Me refiero a Frankenstein, o el moderno Prometeo y a Cumbres borrascosas, de Mary Shelly y Emily Brontë, respectivamente, dos jóvenes escritoras inglesas que vieron su obra publicada una en 1818 y la otra en 1847, ambas, en un contexto nada favorable. La primera es una historia sobradamente conocida, ya sea por su lectura, o bien por sus innumerables adaptaciones cinematográficas y la cultura popular que se deriva de estas últimas. Esta novela da cuenta de la obsesión del doctor Víctor Frankenstein por llevar su genio y su talento científico al máximo, desafiando incluso a la muerte y conseguir lo que (se supone) sólo hacen los dioses: crear vida. Aunque para lograr dicha encomienda ponga en juego su cordura y su alma. Y es que la profanación y robo de cadáveres no era vista con buenos ojos en esa época. Ni en ésta ni en ninguna, afortunadamente. La segunda, si bien un poco más modesta (pero sólo un poco), podría definirse en un sencillo enunciado: Cumbres borrascosas es la historia romántica más oscura, siniestra, enfermiza y, por momentos, repugnante, de todos los tiempos; en la que, en el nombre del amor, se maldice y ofende todo aquello que se considera sagrado, la muerte incluida. Por eso último, no es difícil toparse en sus páginas con fantasmas no chocarreros, pero sí apasionados, rencorosos y llenos de vida, incluso eróticos. Donde sobresale, como el epítome del rencor y la crueldad, el salvaje Heathcliff, su protagonista: eterno enamorado de Catherine. Así pues, en ambas novelas nos encontramos con lo señalado al principio del texto: un desafío absoluto, tanto a la vida como a la muerte. Y, por lo tanto, al orden establecido; al progreso, a la ciencia y a los ideales abrazados en la época; incluso a la concepción del bien y de Dios (el doctor Frankenstein es un dios caprichoso e irresponsable; la suerte de los sufridos personajes de Cumbres borrascosas es injusta a más no poder). Escudriñando un poco más en sus textos y contextos, y a riesgo de sobreinterpretarlas, nos encontramos también en ambas historias ante un desafío a la percepción de la mujer en el Siglo XIX. Afirmarlo no es descubrir ningún un hilo negro: en la literatura hay mucha misoginia, tanto en escritores como lectores. Y si bien este texto no pretende hablar de ello, sí lo toma como un punto de referencia para el tema que nos ocupa. Frankenstein y Cumbres borrascosas comparten, entre muchos de sus vasos comunicantes, cierto desprecio y desconfianza en su autoría, por la sencilla razón de haber sido escritas por mujeres. Para sus detractores, poco importa su condición de obras maestras. Hasta hoy día, hay lectores que escamotean

los logros narrativos de Mary Shelly (que no son pocos), adjudicando la genialidad de la obra a Percy Shelly, su célebre marido (y dicho sea de paso, hoy día, es más célebre por ser esposo de Mary Shelly, que por su obra). Con Emily Brontë, si bien no se evidenció este rasgo discriminatorio en el que se dudó de su autenticidad, en gran parte se debió a que, curándose en salud, tomó la decisión de publicar su novela bajo un seudónimo masculino: Ellis Bell, sospechando que con su nombre verdadero nunca la vería impresa. Lo mismo harían, por cierto, sus hermanas Charlotte y Anne, también escritoras, con sus respectivos libros y sus respectivos alias masculinos. A dos siglos de distancia, parece increíble que J. K Rowling, la autora de la saga Harry Potter haya tenido que firmar sus exitosas novelas con ese seudónimo y no con su nombre de pila: Joanne, a riesgo de no ser tomada en serio por sus lectores, si estos descubrían que estaban ante una escritora. Lo anterior, por reco-

mendación de sus propios editores, por cierto. La lectura y el disfrute de una novela no tendrían por qué estar condicionadas al género de su autor o autora, mucho menos su reconocimiento. Tanto Frankenstein, como Cumbres borrascosas merecen contarse entre las mejores novelas de todos los tiempos, no porque hayan sido escritas por mujeres (mujeres muy jóvenes por cierto), sino porque son estupendos libros, vistos desde todos los aspectos. En mi caso, los que considero más relevantes son, en primer lugar, el valor y empuje de sus autoras a tocar estos temas, escabrosos para mujeres tanto como para hombres, en ésa y otras épocas y salir bien libradas; y en segundo lugar, haberlo hecho sirviéndose de los recursos narrativos con los que lo hicieron. Sobra hacer la recomendación, ambas novelas deben leerse. Sí, desafiar a la vida es heroico; hacerlo con la muerte, como lo hicieron estas dos jóvenes escritoras, es genial… • méxico social • marzo 2012

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derechos humanos > JORGE CARPIZO*

Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue Rector, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se desempeñó como Director. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-1993) y Secretario de Gobernación durante 1994.

Propuesta de clasificación de los derechos de la justicia social Por Jorge CArpizo

La declaración de los derechos de la justicia social en la Constitución mexicana es amplia y, con frecuencia, precisa. Todos los derechos humanos forman una unidad y se imbrican entre sí. Clasificarlos es difícil y podría parecer que hasta inútil. No obstante, resulta provechoso para quien se aproxima a ellos para contemplar un panorama general de los mismos y, tal vez, auxilie a su comprensión F

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1.

Para quien elabora la clasificación se presentan dificultades. En varias ocasiones no es diáfano decidir en qué casillero se coloca mejor al derecho. Hay que tomar una decisión, la cual es, lo admito, discutible. Sin embargo, acometí tal labor en virtud de que mis alumnos me han expresado que las clasificaciones que con anterioridad he presentado les han reportado alguna utilidad. La siguiente clasificación que propongo es más elaborada y específica que aquella que propuse en 1969; lo primero que hago es mostrar un cuadro sinóptico de la misma (Cuadro 1).

2.

De la anterior clasificación llama la atención la inclusión de los instrumentos con que cuenta el Estado para hacer efectivos los derechos sociales, en virtud de que no son realmente derechos, sino los medios o procedimientos para hacer realidad dichos derechos. La razón por la cual los incluí se debe a que el Estado Social y los derechos sociales forman una unidad indestructible. Sin derechos sociales no existe Estado social, y éste se actualiza en cuanto hace efectivos esos derechos en un sistema democrático. El nombre preciso es “Estado social y democrático de derecho”. Derecho Social es únicamente su abreviatura. En otras palabras, en lo relativo al Estado social resulta complicado separar los derechos del aspecto instrumental o procesal para hacerlo efectivo. Son un todo, constituyen una unidad. Consideración aparte merecen las garantías-procesales para hacer efectivo cada uno de esos derechos, las que, desde luego, no están incluidas en la clasificación. Éstas forman parte de lo que en América Latina se denomina derecho procesal constitucional y, en Europa, jurisdicción o justicia constitucional, cuyo contenido son las garantías constitucionales de carácter procesal(I), a grado tal que a esta denominación la doctrina le suprime el nombre de procesal, por ser parte de la naturaleza de las garantías, pero yo lo enfatizo, en virtud de la tradición mexicana del término de garantía

individual. El primer grupo de derechos sociales lo constituye el que se refiere a las protecciones y prestaciones para la población en general, y es el resultado de la evolución de los derechos humanos, y una consecuencia de que toda persona debe ser protegida, así como del crecimiento de las clases medias en muchos países. ¿Será posible que en el plazo mediano este grupo de derechos de la justicia social constituya el peso más importante?, debido a que continúe creciendo la clase media y logre mayores niveles de bienestar.

PROTECCIONES Y PRESTACIONES PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL: DIVERSOS DERECHOS

3. 1).

Los derechos a la educación son: - Toda persona tiene derecho a recibir educación (Art. 3º, párr.

- El Estado está obligado a proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria (Art. 3º, párr. 1), obligación que abarca a los padres en relación con sus hijos (Art. 31, I). - La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a: la patria, la conciencia en la solidaridad internacional, la independencia y la justicia (Art. 3º, párr. 2). - La educación será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa (Art. 3º, I). - Para garantizar que la enseñanza cumpla con las finalidades que señala la Constitución, el ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República (Art. 3º, III). - La educación que imparta el Estado será gratuita (Art. 3º, IV). - Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares (Art. 3º, VI). - Autonomía a las universidades y demás instituciones de educación superior si su ley se las otorga, y se precisan las características de la autonomía (Art. 3º, VII).

4.

La educación es el derecho a instruirse para poder realizar un destino personal; es también una obligación que el Estado tiene de proporcionar a la persona los medios para alcanzar su destino, el cual tiene que realizarse en sociedad. La educación es una función social y un servicio público, en los términos del Art. 3º, VIII. Cualquier persona puede exigir al Estado que le proporcione los medios para adquirir los conocimientos, y poder ejercer un oficio o una profesión; todos tenemos el derecho de ser instruidos para realizar una labor útil a la sociedad. A su vez, la persona tiene la responsabilidad de aprovechar esa educación y de cumplir los requisitos para ir aprobando los cursos y ascender de nivel educativo. Lo más valioso que un país posee son sus recursos humanos, y mientras éstos se encuentren mejor preparados, mayor será la grandeza de ese país. Las naciones más prósperas son aquéllas donde la población se encuentra con mejores índices de educación(II). La parte final del párrafo 4 del Artículo 5 establece que: “Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale”. Este párrafo establece una obligación; también es primordialmente un derecho, ya que el servicio será retribuido. La obligación consiste en corresponder a la sociedad los sacrificios que ésta realizó para que otro individuo lograra una educación integral.

5.

El Art. 4º, párr. 3, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y será la ley la que definirá las bases y

*Agradezco a mis colegas investigadores, los doctores Patricia Kurczyn Villalobos y Juan Vega Gómez sus atinadas observaciones y el tiempo que le

dedicaron a leer el manuscrito. Cualquier error que el ensayo pueda contener es responsabilidad exclusiva del autor. Asimismo, agradezco el apoyo de la Sra. Isabel Cacho, quien transcribió el manuscrito.

méxico social • marzo 2012

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derechos humanos Declaración de los derechos de la justicia social en la Constitución mexicana de 1917 (cuadro 1) a) de la Nación

i) en cuanto persona colectiva

1. Derechos patrimoniales 2. Derecho a la educación

I. Protecciones y prestaciones para la población en general

b) de la persona

ii) en cuanto individuo

iii) tanto en cuanto persona colectiva como en cuanto individuo

3. Derecho a la protección de la salud 4. Derecho a la información 5. Derecho a la vivienda 6. Derecho de los consumidores 7. Derecho al trabajo 8. Derecho a la seguridad social

a) como pueblo y comunidad 1. Derechos de los indígenas b) como persona

2. Derechos de la familia y el menor

a) de la familia b) del menor

3. Derechos del trabajador del campo II. Pertenencia a un grupo vulnerable 4. Derechos de los trabajadores

a) como integrante de un grupo

i) de naturaleza colectiva

b) en cuanto persona

ii) de naturaleza individual

a) que tienen un contrato o relación de trabajo

ii) de naturaleza jurisdiccional

b) de los poderes de la Unión y el Distrito Federal

i) de naturaleza colectiva

c) del sector público que se rigen por una relación especial

ii) de naturaleza individual iii) de naturaleza jurisdiccional

a) de quienes tienen un contrato o relación de trabajo 5. Derechos de la seguridad social

b) de quienes trabajan en los poderes de la Unión y el Distrito Federal c) de quienes trabajan en el sector público y se rigen por una relación especial

III. Instrumentos del Estado para hacer efectivos los derechos sociales

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1. Tradicionales 2. Propios del Estado Social

marzo 2012 • méxico social

a) Rectoría del desarrollo nacional b) Labores de planeación c) Apoyos e impulsos a los actores económicos


> La educación es una función social y un servicio público. Lo más valioso que un país posee son sus recursos humanos, y mientras éstos se encuentren mejor preparados, mayor será la grandeza de esa nación. méxico social • marzo 2012

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derechos humanos modalidades para el acceso a los servicios de salud. En 1983 se reconoció este derecho en nuestra Constitución, el cual ya se había recogido en las declaraciones Universal de los Derechos Humanos y Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. En dicha fecha, México había logrado algunos éxitos en relación con el mencionado derecho, que se pueden sintetizar en que en 1930 la expectativa de vida era de 34 años; en cambio, en 1983 se había ampliado a 65 (III). Entre los propósitos de esa reforma constitucional se encuentran: un grado de descentralización de esos servicios para una mayor intervención y responsabilidad de las entidades federativas; el mejoramiento de esos servicios y −de acuerdo con la respectiva exposición de motivos− el establecimiento de un verdadero sistema nacional de salud con la coordinación entre las instituciones que prestan dichos servicios; mejor vinculación entre los requerimientos de la salud y las instituciones de educación superior que preparan a los profesionales de la materia, y la operación cabal de un cuadro básico de medicamentos (IV).

6.

ENERO 2012 • méxico social

federal y del Distrito Federal se les proporcionarán habitaciones baratas, en arrendamiento o en venta (Art. 123, B, XI, f). - El Estado establecerá un sistema de financiamiento que permita otorgar a sus trabajadores federales y del Distrito Federal, crédito barato y suficiente para que puedan adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos (Art. 123, B, XI, f). - El Estado proporcionará iguales derechos a los mencionados en el párrafo anterior a los miembros en activo del ejército, fuerza aérea y armada, a través del organismo encargado de su seguridad social (Art. 123, B, XIII, párr. 4).

El sujeto activo del derecho a la vivienda no es la persona, sino la familia, con lo que se excluye a varios grupos de individuos, y no existe causa alguna para esta discriminación. Además, se hace referencia al “disfrute” y no a la adquisición, lo que puede resultar de efectos transitorios, pues no es lo mismo rentar que ser propietario

El derecho a la vivienda está reconocido en el Art. 4º, párr. 5, que establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa…”. De inmediato salta a la vista que en este caso el sujeto activo del derecho no es la persona, sino la familia, con lo que se estaría excluyendo a varios grupos de personas: a todos aquéllos que viven aislados por las más diversas razones, como la soltería, viudez o vejez, y no existe causa alguna para esta discriminación. Además, el párrafo se refiere al disfrute, no a la adquisición, con lo cual el derecho puede resultar de efectos transitorios y, desde luego, no es lo mismo rentar que ser propietario de la vivienda que se habita. Una vivienda “digna y decorosa” está estrechamente relacionada con diversos derechos, como son, entre otros, la privacidad, la salud, el agua potable, la electricidad, el alcantarillado, el

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medio ambiente adecuado y baños en su interior. La Constitución hace referencia al derecho a la vivienda en otros artículos y para grupos precisos. A pesar de que nos encontramos en el apartado de derechos de carácter general para toda la población, considero que es lugar apropiado para enunciar cinco casos específicos para tener la panorámica de este derecho: - Acciones de las autoridades federales, estatales y municipales para facilitar el acceso al financiamiento público y pri-

vado para la construcción y mejoramiento de viviendas para los integrantes de las comunidades indígenas (Art. 2º, B, IV). - Las empresas estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas a través de aportaciones a un fondo nacional de la vivienda que permita establecer un sistema que otorgue crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad su vivienda (Art. 123, A, XII). Para ello se creó un organismo (INFONAVIT) integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, a través de la expedición de una ley que es de utilidad social. - A los trabajadores del gobierno

7.

El derecho al trabajo, establecido en forma general como un derecho para toda la población, se encuentra en el párrafo primero del Artículo 123 c.: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley”. Este derecho se reconoció a partir de una reforma constitucional en diciembre de 1978.

8.

El derecho a la seguridad social, establecido como un derecho para toda la población, se recoge en la fracción XXIX del Art. 123 c: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”. No desconozco que actualmente la Ley del Seguro Social se refiere casi exclusivamente para la clase trabajadora. De manera tímida establece los seguros voluntario y familiar. El carácter universal de la intención original de dicha fracción XXIX –como bien dice Patricia Kurczyn- se ha desvirtuado.•


REFERENCIAS I. Fix-Zamudio, Héctor, “Las garantías constitucionales en el derecho mexicano”, en Revista de la Facultad de Derecho, Culiacán, Sinaloa, núm. 3, t. II, 1967, p. 179; del mismo autor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa y UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 70-75; Carpizo, Jorge, Estudios Constitucionales, México, Porrúa y UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 198; Carpizo, Jorge y Carbonell, Miguel, Derecho constitucional, México, Porrúa y UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, pp. 66-75. II. Lara Ponte, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas y Cámara de Diputados, LV Legislatura, 1993, pp. 174-175; Cisneros Farías, Germán, El artículo tercero constitucional. Análisis histórico, jurídico y pedagógico, México, Trillas, 1970, pp. 109-132; Sánchez Vázquez, Rafael, Derecho y educación, México, Porrúa, 1998, pp. 134-142; Carpizo, Jorge, “Ley Federal de Educa-

ción”, en Legislación y Jurisprudencia, México, UNAMInstituto de Investigaciones Jurídicas, año 2, núm. 2, 1973, p. 351; del mismo autor, “La Garantía Constitucional de la Autonomía Universitaria”, en Legislación y Jurisprudencia, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, año 9, núm. 9, 1980, pp. 713-718; Valencia Carmona, Salvador, Derecho, autonomía y educación superior. Derecho de la educación y de la autonomía, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Politécnico Nacional, 2003, pp. 74-92 y 105-109. III. Kumate, Jesús, La salud de los mexicanos 1929-2000, México, El Colegio Nacional, 2010, p. 9. IV. Ruiz Massieu, José Francisco, “El contenido programático de la Constitución y el nuevo derecho a la protección de la salud”, en Ruiz Massieu, José Francisco y Valadés, Diego (coords.), Nuevo derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1983, pp. 417-423. La exposición de motivos de esta reforma constitucional se puede consultar en esta misma obra, pp. 458-460.

> Una vivienda “digna y decorosa” está estrechamente relacionada con derechos como vivir en un ambiente adecuado y gozar de privacidad, salud, agua potable y electricidad, entre otros.

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visión experta

Infancia y Agenda Electoral

Escenario de

Incertidumbre Nashieli Ramírez Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia.

Primera de dos partes

nashieli ramirez

No existe político en campaña que no coloque en su discurso a las niñas y los niños: hay quienes dicen que cuidarán de los más de 30 millones menores de edad como a sus hijos y quienes aseguran que apuestan por ellos, porque son el futuro del país. Sin embargo, ningún partido político ha desarrollado un mecanismo para recuperar e incorporar la voz de la población infantil, asumiendo que, como no tienen voto, no tienen voz. Este año nos esperan campañas en donde se hará un uso electoral de la infancia a través de la mercadotecnia, aunque lo que esperamos son plataformas que establezcan compromisos para el desarrollo de políticas públicas enfocadas en su protección y en el cumplimiento de sus derechos

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umpliendo con la legislación electoral vigente, los dos partidos y las dos coaliciones que contenderán en el próximo proceso electoral tendrán que cumplir con su obligación de registrar ante el Instituto Federal Electoral sus plataformas electorales. Las plataformas de los partidos políticos son el conjunto de propuestas de administración pública e iniciativas que, en una primera instancia, sirven para establecer sus posiciones ante el electorado y que, posteriormente, tendrían que ser retomadas como punto de partida para el ejercicio de su gobierno. El análisis de estos documentos es, por lo tanto, importante para tener una idea de la

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ruta que, por lo menos en teoría, están planteando las fuerza políticas. ¿Qué se plantea para el 83% de las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos que, según datos del CONEVAL, requieren de atención para cubrir la totalidad de sus necesidades de bienestar?; ¿cuáles son los compromisos para mejorar la calidad educativa e incorporar a los jornaleros agrícolas; a la población infantil indígena; a las adolescentes embarazadas; a los adolescentes urbanos marginales; excluidos todos ellos del sistema educativo básico?; ¿cómo se va atender a la emergencia de las violencias en la casa, en la escuela, en la calle, en las instituciones? En síntesis, ¿qué se está planteando para los que


constituyen casi la tercera parte de la población de este país? Acorde con el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2011‐2012, y apegados a los artículos 118 y 222 del COFIPE, las plataformas electorales se tienen que registrar ante el IFE durante la primera quincena de febrero y quedar inscritas en libros al 31 de marzo. De ahí que esta colaboración esté dividida en dos entregas; en la presente retomaremos lo planteado en las elecciones presidenciales del 2006, y en la siguiente, ya con la disposición de las cuatro plataformas (PAN, Nueva Alianza, Coalición Comprometidos por México y Coalición Movimiento Progresista), compartiremos con ustedes el análisis de las presentadas para el proceso electoral en curso.

En 2006, en el texto de las casi 2,000 propuestas que contenían las plataformas del Partido Acción Nacional; la coalición “Alianza por México” (PRI-PVEM); la coalición “Por el Bien de Todos” (PRD-PT-Convergencia); el Partido Nueva Alianza; y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, sólo en una ocasión se mencionaba de manera explícita a la Convención de los Derechos del Niño (PAN) y solamente en seis ocasiones (dos en la del PAN, tres en la de la coalición por el Bien de Todos y una en la de la coalición Alianza por México) se redactó la propuesta en términos del cumplimiento de algún derecho de la infancia. Las cinco plataformas desarrollaban propuestas que tienden a superar las disparidades

y desigualdades en materia de educación y salud. En salud, destacaban la disminución de la mortalidad materna e infantil y la atención a la nutrición estaba considerada en todas las plataformas, con excepción de la de Nueva Alianza. En materia educativa, todas las plataformas incorporan aspectos para mejorar la cobertura, permanencia y conclusión de la educación básica; las dos coaliciones tocan aspectos referidos a la educación inicial; la coalición por el Bien de Todos y el Partido Nueva Alianza sobre educación media superior; y los partidos Nueva Alianza y Socialdemócrata, aspectos de calidad educativa. En su totalidad, atienden aspectos relacionados con la población infantil con discapacidad y la población

En 2012 esperamos plataformas en las que se establezcan compromisos para avanzar en cuestiones fundamentales para desarrollar una política pública integral para la niñez, basada en la Convención y en las recomendaciones del Comité del Niño de la ONU méxico social • MARZO 2011

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visión experta

Ni siquiera integrando en un solo documento las casi 2,000 propuestas que contenían las plataformas de los partidos políticos y las coaliciones que participaron en la contienda electoral de 2006 se lograban contemplar todos los aspectos fundamentales para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la infancia

infantil indígena; sin embargo, la población infantil trabajadora sólo es tomada en cuenta por la coalición Alianza por México y el Partido Socialdemócrata y Campesino, y sólo este último hace referencias a la población infantil migrante jornalera y transfronteriza y a las niñas y los niños con madres recluidas. Respecto a la población infantil víctima de explotación sexual comercial, ni la coalición por el Bien de Todos ni el Partido Nueva

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MARZO 2011 • méxico social

Alianza hacían referencia a esta problemática. Por otra parte, el combate al maltrato en el hogar y el abuso sexual infantil no formaban parte de la agenda del Partido Nueva Alianza, mientras que estas temáticas eran abordadas en el resto de las fuerzas políticas. Asimismo, la problemática en torno a las adicciones en la población infantil mexicana no estaba contemplada en las plataformas de la coalición por el Bien de Todos y del Partido Nueva Alianza, y, en cuanto a la administración de justicia juvenil, solamente fue retomada por la coalición Alianza por México y el Partido Nueva Alianza. Las plataformas en 2006 colocaban a la infancia mexicana en un escenario de incertidumbre, ya que, ni siquiera integrando las propuestas en un solo documento, estaban contemplados los aspectos fundamentales para avanzar en el cumplimiento de sus derechos. Han pasado seis años, y en breve podremos constatar si los partidos políticos han avanzando en una visión de derechos sociales para la infancia y qué tanto han caminado hacia la comprensión de que la Convención de los Derechos del Niño no sólo proporciona un marco conceptual y filosófico, sino que sus normas y disposiciones tendrían que tener consecuencias directas sobre el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la infancia, y para la asignación y uso del gasto público. En esa lógica, a diferencia de las de hace seis años, esperaríamos plataformas en donde se establezcan compromisos para avanzar en cuestiones fundamentales para desarrollar una política pública integral, basadas en la Convención y en las reiteradas observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a nuestro país, como son: la creación y/o reestructuración de las instancias de gobierno dedicadas a la infancia, en congruencia con los principios de la Convención y con instituciones que, siguiendo las recomendaciones del Comité, cuenten con las condiciones apropiadas para articular los esfuerzos a favor de la infancia, para defenderla en los casos de violación a sus derechos, y dar cuenta de su situación y del impacto ocasionado por las políticas sociales y económicas.•


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Por un

Leonardo Boff Filósofo y escritor brasileño. Doctor Honoris Causa en Política por la Universidad de Turín, Italia, y en Teología por la Universidad de Lund, Suecia. Ha sido galardonado en varias ocasiones por su lucha a favor de los débiles, oprimidos y marginados, y por su labor en la defensa de los Derechos Humanos. Es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación y ha escrito más de 60 libros en las áreas de Teología, Espiritualidad, Filosofía, Antropología y Mística.

Desarrollo Sostenible Leonardo Boff

Los documentos oficiales de la ONU, así como el borrador actual de Río+20, dedican gran espacio al modelo de desarrollo sostenible: debe ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Es la famosa tripleta llamada Triple Bottom Line (la línea de los tres pilares), creada en 1990 por el británico John Elkington, fundador de la ONG SustainAbility. Pero este modelo no resiste una crítica seria

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* Artículo publicado con la autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias ccs@solidarios.org.es

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esarrollo económicamente viable: en el lenguaje político de los gobiernos de las empresas, desarrollo equivale al producto interior bruto (PIB). ¡Ay de la empresa y del país que no tengan índices positivos de crecimiento anual! Entran en crisis o en recesión con la consiguiente disminución del consumo y generación de desempleo: en el mundo de los negocios, éste consiste en ganar dinero, con la menor inversión posible, con la máxima rentabilidad posible, con la competencia más fuerte y en el menor tiempo posible. Cuando hablamos aquí de desarrollo no hablamos de cualquier desarrollo, sino del que existe realmente, que es el industrialista/capitalista/consumista. Éste es antropocéntrico, contradictorio y equivocado. Es antropocéntrico porque está centrado solamente en el ser humano, como si no existiese la comunidad de vida (flora y fauna, y otros organismos vivos), que también necesitan de la biosfera e igualmente demandan

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sostenibilidad. Es contradictorio, pues desarrollo y sostenibilidad obedecen a lógicas contrapuestas. El desarrollo realmente existente es lineal, creciente, explota la naturaleza y privilegia la acumulación privada. Es la economía política de corte capitalista. La categoría sostenibilidad, por el contrario, proviene de las ciencias de la vida y de la ecología, cuya lógica es circular e incluyente. Representa la tendencia de los ecosistemas al equilibrio dinámico, a la interdependencia y a la cooperación de todos con todos. Como se deduce, son lógicas antagónicas: una privilegia al individuo, la otra al colectivo; una promueve la competición, la otra la cooperación; una la evolución del más apto, la otra la evolución de todos interconectados. Está equivocado, porque alega que la pobreza es la causa de la degradación ecológica. Por tanto, cuanto menos pobreza, más desarrollo sostenible habría y menos degradación, lo cual es una equivocación. Analizando, sin embargo, críticamente las causas reales de la pobreza y de la degradación de la naturaleza,


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Nacho Galar

se ve que resultan, no exclusiva, pero principalmente, del tipo de desarrollo practicado. Él es el que produce degradación, porque dilapida la naturaleza, paga bajos salarios y genera así pobreza. Este desarrollo sostenible es una trampa del sistema imperante: asume los términos de la ecología (sostenibilidad) para vaciarlos. Asume el ideal de la economía (crecimiento) enmascarando la pobreza que él mismo produce. Socialmente justo: si hay una cosa que el actual desarrollo industrial/capitalista no puede decir de sí mismo es que es socialmente justo. Si lo fuera, no habría 1.4 miles de millones de hambrientos en el mundo y la mayoría de las naciones en la pobreza. Detengámonos solamente en el caso de Brasil. El Atlas Social de Brasil de 2010 (IPEA) refiere que 5,000 familias controlan el 46% del PIB. El gobierno destina anualmente 125,000 millones de reales al sistema financiero para pagar con intereses los préstamos hechos y destina solamente 40,000 millones de reales a los programas sociales que benefician a las grandes mayorías pobres. Todo esto denuncia la falsedad de la retórica de un desarrollo socialmente justo, imposible dentro del actual paradigma económico. Ambientalmente correcto: el actual tipo de desarrollo se hace llevando a cabo una guerra imparable contra Gaia, arrancando de ella todo lo que le es útil y objeto de lucro, especialmente para aquellas minorías que controlan el proceso. Según el Índice Planeta Vivo de la ONU (2010), en menos de 40 años la biodiversidad global sufrió una caída del 30%.

Este desarrollo sostenible es una trampa del sistema imperante, pues asume los términos de la ecología (sostenibilidad) para vaciarlos, y asume el ideal de la economía (crecimiento) enmascarando la pobreza que él mismo produce Solamente desde 1998 hasta ahora ha habido un salto del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero. En vez de hablar de los límites del crecimiento, mejor haríamos en hablar de los límites de agresión a la Tierra. En conclusión, el modelo patrón de desarrollo que se quiere sostenible es retórico. En él se verifican avances en la producción de bajo carbono, en la utilización de energías alternativas, en el reforzamiento de regiones degradadas y en la creación de mejores eliminaciones de residuos. Pero fijémonos bien: todo esto se hace siempre que no se perjudiquen los lucros ni se debilite la competición. La utilización de la expresión “desarrollo sostenible” tiene un significado político importante: el cambio necesario de paradigma económico, si es que queremos una sostenibilidad real. Dentro del actual, la sostenibilidad es o localizada o inexistente.•

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colaboración Especial

Defensores de Migrantes

Entorno de Inseguridad José Moreno Mena José Moreno Mena Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Es Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, y una Maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus líneas de investigación son la Sociedad Civil y Gobierno; el desarrollo rural y la migración. Sus áreas de interés son las organizaciones civiles, políticas públicas, jornaleros agrícolas y derechos humanos de los migrantes. Es autor de “Las mujeres en la migración”, entre otras publicaciones.

Las organizaciones civiles en México han desempeñado un papel cada vez más activo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Poco a poco se han convertido en la voz de esta población vulnerable, lo que ha despertado malestar en distintos espacios gubernamentales y, sobre todo, en el crimen organizado. Desde distintos frentes se ha tratado de silenciar sus tareas y el entorno de inseguridad y violencia que vive el país, agravado por la política de seguridad seguida por el gobierno mexicano, los ha vuelto más vulnerables. El hostigamiento, las amenazas de muerte, la privación de la libertad y los intentos de linchamiento social hacia líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos hacen de la defensa de las personas migrantes actualmente un gran riesgo F

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MIGRATORIA Ante el clima de violencia e inseguridad que encontró Calderón durante su ascenso a la Presidencia de la República, el ejecutivo federal optó por una estrategia basada en el uso de la fuerza y enfocada hacia la militarización. El presidente decidió emplear las maltrechas instituciones de seguridad pública para llevar adelante una “guerra” contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país, y asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los carteles mediante el uso de la fuerza. Así, el presupuesto en ese rubro ha venido creciendo año con año:

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entre 2006 y 2010 aumentó 249.7% (Loeza y Pérez, 2010), y, mientras que en 2001 se erogaron para seguridad 7,245 millones de pesos, en 2011 se aprobaron 135,663.2 millones de pesos a ejecutarse en 2012 (Avelar, 2011). Desde su inicio, la política de seguridad del gobierno de Calderón se desarrolló con una serie de fisuras que no han sido resueltas en la actualidad: corrupción en las instituciones de seguridad; infiltración del crimen organizado en los mandos policiacos de todos los niveles; altos grados de impunidad; y discrecionalidad y opacidad en los programas de seguridad. Sin embargo, lo que más se ha cuestionado es que no contempló la seguridad humana y la protección de las personas que saldrían afectadas. En el informe 2010 de la Oficina del Alto


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Solis

> La política de seguridad del actual gobierno se ha desarrollado con fisuras que hasta la fecha no se resuelven, tales como la impunidad y la infiltración del crimen organizado en los mandos policiacos.

El presupuesto en seguridad pública aumentó 249.7% entre 2006 y 2010, y, mientras que en 2001 se erogaron para seguridad 7,245 millones de pesos, en 2011 se aprobaron 135,663.2 millones a ejecutarse en 2012 Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se menciona: El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que las y los defensores ejerzan su labor (OACDHONU,

2010:11). Desde las organizaciones civiles se consideró que el Presidente debió adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública del país con un programa de depuración, capacitación, profesionalización y coordinación para hacerlas más eficientes antes de iniciar una “guerra” contra el crimen organizado. En 2007, Calderón abandonó el concepto de “guerra”

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Luis Enrique Olivarez

colaboración Especial

> En los últimos años, 13 centros y albergues para migrantes han recibido medidas cautelares de protección

sustituyéndolo por “Estrategia de Seguridad Nacional”, y en la Ciudad de Mérida, durante la presentación de su V Informe de Gobierno en la región del Sureste, dividió su proyecto en tres puntos fundamentales: 1) Contención y debilitamiento de organizaciones criminales; 2) Fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia; y 3) Restitución del tejido social y prevención del delito. A cinco años de gestión, la política de seguridad de Calderón parece que no ha dado resultados, según el recuento que hace el semanario Zeta, hasta noviembre de 2011 se ha llegado a las 60, 420 ejecuciones. El ombudsman del DF, Luis González Plasencia, presenta otros datos crudos, 4 mil niños muertos 3,700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por las bandas delincuenciales, y un escenario de 20 mil familias afectadas por la violencia (Cabildo, 2011). Human Rights Watch (HRW) en su informe 2011 establece que en México ha crecido hasta en un 65 % la tasa de homicidios, la impunidad actualmente llega al 90%, y existe un crecimiento exponencial en las violaciones a los derechos humanos. En su informe se dice: “En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país” (HRW, 2011:5). En la política migratoria del gobierno de Calderón se afianzó la visión de securitización al incluir a la migración dentro de la agenda de seguridad nacional. Ya desde 2001 el gobierno mexicano había desarrollado un enfoque policial e inquisitorio orientado al control de flujos con la creación del Plan Sur, que dirigió la política de migración a aumentar la capacidad

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de vigilancia, control, inspección y contención de los flujos migratorios en todo el corredor de la frontera sur(I). Se incluyó también la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el cual, a partir de entonces, fue involucrado en la práctica de la administración de la migración en México. En el Plan Nacional de Desarrollo 20012006 se destacó la importancia que tenían los flujos migratorios y la incapacidad para controlar los distintos puntos de internación en el país, y en mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo por el que se reconoce al INM como Instancia de Seguridad Nacional donde se estable una colaboración con el CISEN. Posteriormente, en 2007 se explicitó la visión de securitización con la integración del dúo migración-seguridad nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y en el Programa Nacional de Seguridad de 2009 se menciona explícitamente como una amenaza a la delincuencia organizada, los grupos armados, el narcotráfico, el terrorismo y la vulnerabilidad en las fronteras. En 2011, con la promulgación de la Ley de Migración, se mantuvo el tema de la migración como parte de la seguridad nacional. Lo anterior fue percibido por las OC mexicanas, que presentaron en julio de 2011 el Informe al Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión de la CIDH, en el cual se indica: “La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles institucionales para el ejercicio de la soberanía en las fronteras. Las dinámicas migratorias se identifican explícitamente como un riesgo para la seguridad nacional” (Informe al relator de la CIDH, 2011:20). El


modelo militarista y la visión securitizante que ha seguido el gobierno federal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no han considerado medidas de protección a los migrantes y a sus defensores. Está ausente el enfoque de seguridad humana.

Un gran riesgo La inexistencia de un enfoque de derechos humanos en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, aunada a las fisuras de origen, ha traído consecuencias colaterales y situaciones no previstas para los defensores de derechos humanos en el país. Líderes de organizaciones civiles están padeciendo actos de hostigamiento, amenazas del crimen organizado y funcionarios estatales, y violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal relacionadas presuntamente con su actividad de defensa. En lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Entre los autores de los crímenes se mencionan comandos armados, grupos paramilitares, policías y militares (Flores, 2011). La OACDH ONU, en la actualización de su informe 2010, dio a conocer que durante el período de septiembre de 2009 hasta octubre de 2010 se registraron un total de 37 presuntas agresiones en contra de defensoras y defensores. Ante esta situación de violencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores. En el caso particular de las organizaciones civiles que atienden las necesidades de las personas migrantes y que promueven y defienden sus derechos, se han vertido distintas denuncias, especialmente de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana(II), que presentó en julio de 2011 su “Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas migrantes en México” (DPMH,2011). En el mencionado informe se menciona que han sido asesinados dos defensores de DDHH de migrantes y se han registrado 46

incidentes de riesgos entre 2010 y 2011. También el entorno de violencia e inseguridad ha generado el cierre de tres albergues en San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas. A lo anterior también se suma el acoso constante contra Fray Tomás González Castillo, Director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco. Asimismo, tres centros y su personal gozan de medidas cautelares de la CIDH: el Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Belem, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila; y el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha dado medidas cautelares de protección a trece centros; entre ellos están los tres arriba mencionados, así como la Casa del Peregrino Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila; la Casa de la Calidad Cristiana, en San Luis Potosí; y el Albergue San Juan Diego, Lechería, en el Estado de México. Asimismo, se ha presentado un éxodo de voluntarios extranjeros en Coahuila. Ante las agresiones a los defensores de migrantes, el presidente de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, sostiene que México se ha convertido un país de riesgo para el trabajo en favor de los migrantes y para quienes transitan por su territorio en busca de llegar a Estados Unidos (Saldierna, 2011). El incremento de la violencia en el país y hacia los migrantes ha intensificado la situación de vulnerabilidad, y la impunidad constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de los defensores, porque los deja en un estado de indefensión y desprotección. Las OC sostienen que existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado y, hasta cierto punto, son fundadas sus acusaciones. La OACDH ONU (2010) concuerda con ellas en que “el principal riesgo de los defensores de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado, porque en ocasiones existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado” (p.21). Por otra parte, la secretaria ejecutiva de la DPMH, la religiosa Leticia Gutiérrez

CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Hasta noviembre de 2011 hubo

60,420 ejecuciones (Semanario Zeta)

4,000

Niñas y niños fallecidos

3,700

Niñas y niños huérfanos

400 MENORES

RECLUTADOS POR BANDAS DELINCUENCIALES

20

mil familias afectadas por la violencia (Cabildo, 2011)

Desde las organizaciones civiles se consideró que el Presidente debió adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública del país con un programa de depuración, capacitación, profesionalización y coordinación para hacerlas más eficientes antes de iniciar una “guerra” contra el crimen organizado méxico méxico social social • marzo • abril 2012 2011

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colaboración Especial

65%

ha crecido

la tasa de homicidios

90%

de los crímenes

quedan impunes (Human Rights Watch, informe 2011) Al menos

63

defensores han sido asesinados (Flores, 2011)

De septiembre de 2009 hasta octubre de 2010

37

presuntas agresiones

se cometieron contra defensoras y defensores (OACDH ONU, 2010) SE HAN DICTADO

158

medidas cautelares PARA DEFENSORES

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El modelo militarista y la visión de seguridad que ha seguido el gobierno federal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no han considerado medidas de protección a los migrantes y a sus defensores. Está ausente el enfoque de seguridad humana Valderrama, ha denunciado también los constantes ataques de que son víctimas los agentes de pastoral migratoria (Jóvenes Sin Fronteras, 2011). Los tipos de violaciones que han sufrido los defensores según el informe de la DPMH (2010) son: Privación del derecho a la vida; privaciones ilegales de la libertad; agresiones físicas; atentados contra la integridad; hostigamientos; uso arbitrario del sistema penal; injerencias arbitrarias (robo de información y allanamiento a oficinas); amenazas; y acciones de deslegitimación del trabajo de los defensores de derechos humanos de las personas migrantes. Los actores de las constantes violaciones que menciona el informe son las “Policías de los tres niveles de gobierno; el Instituto Nacional de Migración; el Poder Legislativo local; la delincuencia organizada; la delincuencia común; los medios de comunicación; y la población civil sin sensibilizar”(DPMH, 2011).

Los defensores de migrantes han tenido que navegar contra los prejuicios que aún existen en torno a los derechos humanos en México; existe una criminalización contra los migrantes desde las esferas estatales, lo que genera obstáculos para el trabajo de los defensores, y acusaciones de que ellos “defienden a delincuentes” y que “sólo protestan y no contribuyen” deslegitiman su trabajo. Un número importante de organizaciones ha tenido que dejar en un segundo plano temas fundamentales de derechos humanos para centrar su atención en el de su propia seguridad. Autoridades locales utilizan a los medios de comunicación para descalificar el trabajo de los defensores y difundir una imagen distorsionada de las causas que los motivan, ocasionando daños a la imagen personal y aumentando su situación de vulnerabilidad, pero, aún peor, provocando que la ciudadanía deje de identificarse con el trabajo de defensa


BIBLIOGRAFÍA:

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Hector Lopez Ramirez

I. Avelar Bautista Daniel. “Pre-

de derechos humanos y restrinja su nivel de solidaridad debido a sentimientos contra los migrantes y los albergues, como en los casos del refugio Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca y San Juan Diego, y Lechería del Estado de México, donde se presentan reacciones hostiles provenientes de las comunidades (OACDH ONU, 2010). En Coahuila, el Congreso Estatal ha estado haciendo llamados a la federación para que se realicen reformas a la Ley General de Población con el fin de regular el funcionamiento de las casas del migrante bajo el argumento de que ahí se albergan personas con antecedentes penales o de perfil criminal y se evita la intervención de las autoridades. Prácticamente están criminalizando la labor de los defensores. Las descalificaciones también vienen de las autoridades que se encuentran dentro de la estrategia de seguridad, como las declaraciones del Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, vertidas a los medios, en las que acusa a las OC de ser utilizadas por grupos delictivos para obstruir la labor de los militares. O bien, del Instituto Nacional de Migración, que en dos ocasiones ha tratado de involucrar al Padre Solalinde en el delito de trata y de abandono de migrantes. En fin, ante la indolencia del gobierno mexicano y la ineficacia de sus acciones para proteger a los defensores de derechos humanos, ha surgido la necesidad de recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de los mismos o litigar casos individuales a fin de lograr la justicia que en el país no se ha obtenido.•

supuesto para el 2012, Seguridad y defensa de periodistas” http:// www.tamaulipasaldia.com.mx/ cms/opinion/50-daniela-avelarbautista/2184-presupuesto-parael-2012-seguridad-y-defensa-deperiodistas.html II. DPMH (2011) Informe sobre Defensoras y Defensores de las Personas Migrantes en México, http://www.diocesisdesaltillo.org. mx/descargas/defensoras_defensores.pdf III. Informe al Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión de la CIDH, 2011. IV. Flores, Nancy, 63 Defensores de derechos humanos asesinados. Revista Contralínea, No. 262, Septiembre 10, 2011. V. Jóve nes Sin fronteras, Revista de misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, No. 32, octubre de 2011. VI. Saldierna, Georgina, “Funcionarios buscan intimidar a los defensores de migrantes”, La Jornada, 23-07-2011. VII. Loeza Reyes, Laura y Mariana Perez-Levesquez. La sociedad Civil frente a la militarización de la seguridad publica en México. Revista Nueva Sociedad, número 227, mayo-Junio, 2010. VIII. Human Rights Watch (HRW,2011). “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y Tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”. Informe 2011. IX. OACDHONU (2010) Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. http:// www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf X. Actualización 2010, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos: http:// www.hchr.org.mx/index.php/publicaciones-y-documentos/248-actualizacion-2010-informe-s XI. Semanario Zeta, “Quinto año de gobierno: 60 mil 420 ejecucio-

nes, Edición número 1967, 12 de diciembre de 2011. XII. Cabildo Miguel “Guerra de Calderón deja 4 mil niños muertos y 3 mil 700 huérfanos: CDHDF”, Proceso No.1832, 24 de noviembre de 2011 http://www.proceso.com. mx/?p=289152

NOTAS: I. Desde el Istmo de Tehuantepec, el Golfo de México y la costa del Pacífico, hasta los estados limítrofes con Guatemala y Belice. II. Dimensión de la Movilidad Humana depende de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

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colaboración Especial

Un

Alberto Villalobos Pacheco Maestro en Administración Pública con especialidad en Gestión Pública por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Actualmente es Asesor del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), ambos dependientes de la Secretaría de Gobernación. Es Investigador por proyecto en el Departamento de Estudios de Administración Pública (DEAP), así como en el Colef y en la Asociación Fortalecimiento Municipal, A.C. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública del INAP.

Acercamiento a la Política de Migración Alberto Villalobos Pacheco

El objetivo principal de este artículo es analizar la importancia y los retos de implementar efectivamente el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la política de migración en México. Se focaliza en este documento la función que directamente ha ejercido el Instituto Nacional de Migración (INM) en cuanto a este tema, así como el nacimiento del SED como el principal modelo de gestión, presupuesto y evaluación en la Administración Pública (AP) federal (2006-2012) en la búsqueda de un rediseño de su enfoque actual, a fin de convertirlo en uno orientado a resultados F

Gestión por Resultados (GxR): una necesidad en la política migratoria La fortaleza del SED en México radica en sus principales componentes y elementos, los cuales han formado parte de diversos procesos de modernización administrativa en un contexto internacional y latinoamericano, y son los siguientes: • Gestión por Resultados (GxR) • Presupuesto basado en Resultados (PbR) •Evaluación de programas y políticas públicas • Evaluación del desempeño institucional Como primer elemento y pilar del SED está la GxR. La raíz del cambio y el rediseño institucional en la AP federal parten de la visión y voluntad de los servidores públicos en cambiar

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el enfoque tradicional de administración por uno orientado hacia resultados. El objetivo general de la GxR en términos de la SHCP (2008) es: Generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del PND y los programas derivados del mismo. En este punto se destaca la utilidad de la evaluación en el marco de la NGP, ya que las observaciones emanadas de todo proceso de evaluación gubernamental forman parte de una retroalimentación y búsqueda de mejorar el desempeño actual de los programas, políticas e instituciones. En este contexto, se expone uno de los principales objetivos de la GxR, que enmarca el apoyar la modernización de la gestión pública y la


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

evaluación de su desempeño, con la correspondiente administración de incentivos a las organizaciones, no a las personas (SHCP, 2008). Este punto es crucial para la AP federal, ya que la administración se centra en generar resultados sin ofrecer nada a cambio a las instituciones. La propuesta de la GxR es fomentar incentivos a las dependencias y entidades con base en los resultados de su gestión. Este punto fundamenta la entrada de mecanismos de evaluación, ya que las mismas evaluaciones son la fuente de información para los incentivos a proporcionar. En este marco es de rutina que los recursos que se destinan en la política migratoria lo sean por decisión de un grupo de actores, quienes se basan en las prioridades y compromisos realizados o en busca de solucionar problemas que superaron en un momento determinado la gestión del gobierno. De esta manera, un rediseño en el INM parte de la naturaleza de brindar recursos en aquellos programas que estén generando resultados favorables para la comunidad; por lo tanto, la evaluación gubernamental en la política migratoria brindaría la oportunidad de medir el impacto real de los programas y, a su vez, el contar con la información para destinar los recursos con base en resultados.

Presupuesto basado en Resultados (PbR) Se destacó anteriormente el principal componente del SED y algunos de sus elementos; en este sentido, es importante mencionar el enfoque presupuestal orientado a resultados como

COMPARATIVO DE ENFOQUEs PRESUPUESTALes (CUADRO 1) El siguiente cuadro muestra algunos elementos de los presupuestos tradicional y basado en resultados. Como puede verse, en el segundo enfoque existe mayor planeación e impacto en los programas y egresos Presupuesto tradicional

Presupuesto Basado en Resultados

Énfasis en la normatividad del ejercicio del gasto

Normatividad flexible para el ejercicio presupuestal

Visión tradicional de auditar el gasto público

Auditorías de desempeño

Asignación de recursos de manera incremental

Asignación de recursos con base en impactos sociales

Presupuestos de egresos sin rumbo claro

Presupuesto de egresos con indicadores de impacto

Ineficaz gestión para ejecutar fondos

Eficaz gestión para planear y ejecutar fondos

Programas públicos sin impactos sociales

Eficaz diseño de programas y asignación de recursos

Escasa cultura de evaluación del desempeño

Política efectiva de evaluación

Fuente: elaboración propia.

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colaboración Especial UTILIDAD DEL SED (CUADRO 2) Características del Sistema de Evaluación del Desempeño en la política migratoria mexicana Evaluación del desempeño institucional Evaluación del impacto social de los programas y políticas migratorias Monitoreo y control Asignación de recursos con base en impactos generados Diseño eficaz de los programas públicos Cambio cultural hacia resultados socialmente aceptables Permite una mayor transparencia, toda vez que se conocen los impactos y recursos de los programas Fuente: elaboración propia.

La gestión de la política migratoria debe rediseñar su gestión actual y enfocar sus acciones y recursos públicos con sentido social. Para ello, la articulación efectiva entre evaluación del desempeño y el ejercicio presupuestario es vital para que el gasto público fomente un mayor desarrollo y sea asignado de manera eficaz y en busca de impactos sociales un componente del SED y, sobre todo, como un nuevo enfoque del ejercicio de los recursos públicos en la política migratoria mexicana. En este contexto, el PbR en términos de la SHCP (2008) es: Un conjunto de procesos e instrumentos que permitirán que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que, a su vez, motiven a las instituciones públicas a lograrlos. En este sentido, es de destacarse que en la política migratoria de México se ha mantenido el tipo de prácticas presupuestarias incrementalistas, de las cuales se destacan los siguientes aspectos: 1. Se enfoca el recurso en situaciones problemáticas (gestión correctiva y no proactiva) 2.Existen programas con gran cantidad de

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recursos sin que generen grandes resultados (ausencia de mecanismos de evaluación gubernamental para detectar impactos) 3. En el caso de estaciones migratorias y programas institucionales del INM, se inyectan recursos, no por los resultados que cada una de ellas genera, sino bajo el enfoque incremental Es evidente una débil integración por parte del INM entre las diversas fases del proceso presupuestario, además que la función de evaluación presupuestaria está escasamente desarrollada, lo que dificulta la mejora de esta asignación sobre la base de la información de los resultados obtenidos cada año. En este marco, las iniciativas de planificación y evaluación desarrolladas por el INM son muy limitadas, lo que impide contar con información relevante para mejorar la calidad del gasto ni para transparentar el uso de los recursos públicos (véase cuadro anterior). Ante lo expuesto, el enfoque integral del PBR requiere, principalmente, (SHCP, 2008) de: 1. Definiciones estratégicas, que no han formado parte de las prioridades institucionales de la política migratoria. 2. Alineación de las acciones a los objetivos estratégicos definidos, existen avances, pero han existido dificultades para lograr una implementación eficaz y con impacto social. 3. Información relevante (indicadores) sobre el desempeño de la actividad pública; estos temas son de reciente conceptualización y de vinculación entre gestión y políticas públicas. Por lo tanto, se presenta el reto en la política migratoria de su institucionalización efectiva. 4. Incorporar esta información a la toma de decisiones; derivado de una ausencia de mecanismos de seguimiento y control. Es necesario incorporar esta cultura en la gestión y política de Migración en México. 5. Una estructura de incentivos que motive a las dependencias y entidades a alcanzar mejores resultados; se concibe como la prioridad actual, pero tradicionalmente no ha sido importante y no se ha ejercido eficazmente en la política migratoria. 6. Hacer el SED obligatorio para todos los ejecutores de gasto; debe formar parte de la cultura de gestión en el INM. 7. La satisfacción del ciudadano; han existido avances, pero sigue predominando una desvinculación con las demandas sociales, aunado a la escasez de impactos generados, por lo que se presenta una deslegitimación ciudadana. Un aspecto fundamental de este cambio en el proceso presupuestario es la importancia brindada a los mecanismos de evaluación; ya que parte fundamental de implementar


El SED define y potencializa las evaluaciones independientes; en este sentido, es fundamental para los programas migratorios el contar con opiniones de expertos en la materia y, a su vez, el redireccionamiento de los programas. Es un reto para el INM contemplar estos elementos e institucionalizarlos a favor de la política migratoria en México eficazmente un PbR es la vinculación directa con los resultados obtenidos, y el SED formaría parte de esta información. Por lo tanto, este tipo de enfoque presupuestario no generará resultados en la gestión y política migratoria si el INM no institucionaliza efectivamente una política de evaluación y de la cultura hacia resultados e impactos sociales. Por lo tanto, la gestión de la política migratoria debe rediseñar su gestión actual y enfocar sus acciones y recursos públicos con sentido social. Para ello, la articulación efectiva entre evaluación del desempeño y el ejercicio presupuestario es vital para que el gasto público fomente un mayor desarrollo y sea asignado de manera eficaz y en busca de impactos sociales. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la política migratoria mexicana El INM tiene la oportunidad de vincular el proceso de planeación de sus programas institucionales con la metodología que el SED define, mediante lo cual los programas migratorios se diseñarían con sus respectivos indicadores de gestión y estratégicos, buscando medir el impacto que cada uno de ellos genera, y facilitando el seguimiento oportuno y, por supuesto, la asignación eficaz de recursos públicos. El SED promueve dos elementos fundamentales que beneficiarían la gestión en la política migratoria de México: indicadores de gestión y estratégicos, aunados al fortalecimiento de un aspecto importante en las políticas públicas: su diseño. En este sentido, se plantea como punto de partida el uso de la Metodología de Marco Lógico para el diseño de los programas migratorios, lo que impactaría en su eficaz diseño y en la creación de indicadores para su respectivo seguimiento y evaluación. El SED establece el uso de la MML para el diseño de los programas federales. De esta manera, las dependencias tiene la obligación de diseñar sus programas mediante esta metodología, la cual, para su dominio y aplicación práctica se requiere de actores con experiencia en este tipo de métodos. Es primordial que

el INM cuente con una red de expertos que oriente el proceso de manera ágil y correcta. De otra manera, se seguiría con el mismo enfoque de administración y de mal diseño de programas públicos. Por lo tanto, impediría una objetiva evaluación del desempeño. Aunado a lo anterior, el SED define y potencializa las evaluaciones independientes; en este sentido, es fundamental para los programas migratorios el contar con opiniones de expertos en la materia y, a su vez, el redireccionamiento de los programas. Por lo tanto, es un reto para el INM contemplar estos elementos e institucionalizarlos a favor de la política migratoria en México.

BIBLIOGRAFÍA:

I. Salguero, Frine (2009), Análisis de presupuesto en estaciones migratorias, papeles de trabajo, México. II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2008) “Sistema de Evaluación del Desempeño”, Junio, México

Conclusiones La propuesta del SED es trascendental porque por primera vez en la historia de la AP federal mexicana los principales programas del gobierno federal serán evaluados externamente y bajo un soporte legal. La idea es que tales programas se orienten bajo un marco lógico que les permita tanto a los directores, operadores y evaluadores conocer qué, cómo y con qué se van a medir los indicadores de avances de los programas y sobre todo, su impacto social. Como producto de esta evaluación se espera que cambie la administración federal hacia una administración por resultados. Nuestro punto aquí es que un efectivo enfoque de gestión para resultados en la política migratoria en México requiere de voluntad, visión y el liderazgo institucional, y se dará en la medida en que los responsables de este organismo valoren la importancia de transparentar las acciones del gobierno y concedan importancia a legitimarse con el ciudadano. Es necesario fortalecer la institucionalización de mejores prácticas de gestión y de política migratoria con base en los siguientes aspectos estratégicos: cambio en los valores de la cultura de gestión y política migratoria; rediseño en el enfoque actual del ejercicio de los recursos públicos; y gestión de la implementación del SED en la política migratoria del país. •

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invitado Especial

Después del Tsunami Pedro Miguel Lamet

Pedro Miguel Lamet Periodista y escritor español perteneciente a la Compañía de Jesús. Es Licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias de la Información y diplomado en Cinematografía. Es autor de más de 35 libros de poesía, biografías y novelas, cuyas principales temáticas son la historia y la religión.

* Artículo publicado con la autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias ccs@solidarios.org.es

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marzo 2012 • méxico social

El día que en la pantalla de nuestros televisores asistimos en directo al atentado contra las Torres Gemelas no salíamos de nuestra sorpresa. Parecía una película de ciencia-ficción. Sin embargo, se trataba de un hecho histórico de enorme trascendencia que quizás haya marcado la caída del poder mundial americano para dar paso a la multipolarización

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ara el prestigioso filósofo y sociólogo Alain Touraine, reciente premio Príncipe de Asturias, estamos en una sociedad en la que crece la desigualdad, la exclusión social y la marginalidad, y aflora un mundo marcado por la ruptura y la división “en el que las únicas categorías que se mantienen son las de amigo o enemigo”. El triunfo del neoliberalismo podría romper los vínculos entre la economía globalizada y la sociedad compuesta por actores clásicos como los sindicatos o los partidos. Estamos asistiendo a una flagrante debilidad del Estado frente a los mercados. “La crisis es el resultado de la ruptura impuesta por los financieros entre sus intereses y los del conjunto de la población”, afirma el profesor francés. Pero la gran pregunta que queda por contestar es: después de esta crisis, ¿volveremos a la situación económica del pasado? Y la respuesta, aunque volvamos a cierto crecimiento, es que no, porque la historia nunca retrocede, y porque después de un tsunami la ciudad que se reconstruye nunca podrá ser la misma de antes. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos cómo será el futuro desde un punto de vista sociológico y humano. Parece que, en ese paisaje, desaparecerá el imperio del consumo, se racionalizará la vida y no habrá que apretarse el cinturón, sencillamente porque al estar más flacos, el cinturón se caerá solo. Lo interesante será la transformación cultural a la que asistiremos. Tendrá que surgir desde un cambio de valores. Las viejas recetas socialdemócratas de las sociedades industriales

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parecen obsoletas e irrecuperables. Los problemas ecológicos y de la mujer, entre otros, requerirán un nuevo tipo de vida económica y social. Será necesaria una nueva globalización moral en la que habrá que reclamar derechos universales, y no sólo para las personas privilegiadas del primer mundo. No podrá tolerarse un universo económico que trata a los seres humanos como mercancías, o como máquinas. El respeto por los derechos humanos requerirá nuevas formas, no sólo jurídicas, sino también cotidianas, de comunicación y convivencia. Estamos pasando más que una página y un capítulo de la historia; escribimos un libro nuevo, semejante a lo que pudo ser la caída del Imperio Romano o la Revolución Industrial. Hasta dónde tendremos que tocar fondo, aún no lo sabemos. Se descubren vectores y señales esperanzadores: interés por la solidaridad y las ONG; la búsqueda de una vida más natural y ecológica; el movimiento indignado en lo que tiene de más justo y reivindicativo; la urgencia de que la política recupere su papel cara a la economía; la recuperación de valores perdidos frente a la deshumanización del consumo; la imaginación creadora ante la desocupación y el paro; la reorientación tecnológica e industrial. Y, sobre todo, fe en el hombre, en lo que tiene de más genuino, en su dimensión espiritual que le ha llevado a superar situaciones más difíciles y trágicas, puesto que crisis significa crecimiento y, al final, aun con errores, todo avanza. En este sentido decía Teilhard de Chardin: “Todo cuanto acontece es adorable”. ¿Aprenderemos?•


Número 20- Marzo  

Revista México Social, Número 20, Marzo de 2012

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