La minería ilegal en la Amazonía colombiana A medida que los precios del oro se han disparado, los grupos criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas y armas han incursionado en la minería ilegal. La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas en Colombia. Mientras que poco menos de 30 gramos de oro costaba más de US$2.000 en agosto de 2020, la misma cantidad de cocaína se vendía por menos de US$1.250 en Miami. El oro no solo es más valioso que la cocaína, sino que además es más fácil de lavar e implica muchos menos riesgos que el tráfico de drogas. La minería ilegal de oro ha sido una importante fuente de ingresos para los grupos armados no estatales en Colombia desde finales de la década de 1990, cuando el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha comenzó a beneficiarse de la extracción del mineral en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Lo mismo hicieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también se han involucrado en la minería ilegal en toda Colombia.
A principios de la década de 2000, bajo el primer mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), el gobierno presionó para que se otorgaran títulos mineros en todo el país, en lo que se conoció como “la locomotora minera”. El proyecto estaba dirigido a grandes conglomerados mineros multinacionales, a quienes se les otorgaban concesiones en áreas dominadas por GANE. Esto significaba que no podían operar libremente. A la par, la minería ilegal efectuada por estos mismos GANE tuvo un crecimiento explosivo, a menudo acompañado de violencia y destrucción ambiental. Desde entonces, la minería ilegal de oro ha seguido creciendo en todo el país.