3. La rendición de cuentas La rendición de cuentas es una obligación de toda persona funcionaria pública, establecida desde la Constitución Política de la República de Costa Rica:
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Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. La Constitución Política es clara sobre la responsabilidad de las personas que forman el Concejo de Distrito, en referencia con sus funciones públicas. Una de estas se relaciona con la gestión del ciclo de proyectos, objeto de este texto. Del mandato constitucional se derivan tres aspectos relevantes en materia de gestión de proyectos de desarrollo local: La evaluación de los resultados de la gestión pública. La rendición de cuentas. El acatamiento a los medios establecidos por la normativa para cumplir estos aspectos. En el apartado anterior se desarrolló el tema de la evaluación; ahora compete la rendición de cuentas, definida como: La rendición de cuentas es un derecho de la población y un deber de las autoridades que forman parte del concejo de distrito por la responsabilidad adquirida en sus funciones como es la fiscalización de los fondos públicos, ser partícipes de las recomendaciones para obtener requerimientos de financiamiento para desarrollar programas y proyectos en el distrito.
