LEY CONTRA LA TORTURA

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La corrupción no deja crecer

15 al 31 de mayo 2017 Número 41 Año 2

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Número 41 Año 2

Si la intención es crecer más rápido y atraer capitales, visibilizar y priorizar el problema de la corrupción es imprescindible

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a fondo

Ley contra la tortura, acierto en

derechos humanos Magali Téllez

Luego del señalamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el sentido de que en México la tortura se ha convertido en una “práctica generalizada”, el país se ha colocado ahora a la vanguardia en materia de derechos humanos al aprobar una ley contra la tortura “y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, la cual cumple con las recomendaciones internacionales.

Organizaciones sociales han saludado este logro, aunque aseguran que aún “falta mucho por hacer”.

24 ReporteNivelUno.com

A fondo

E

pisodios pasados como el de la mujer torturada por asfixia, con una bolsa de plástico en la cabeza, a manos de

así como “amenaza de muerte a la persona y a su familia; humillación; toques eléctricos en genitales, pies o senos, en el

policías federales y militares en Ajuchitlán del Progreso,

caso de las mujeres; asfixia por medio de bolsas de plástico

Guerrero, hecho que fue reconocido por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cien-

en el rostro; o tortura por humedad, cuando tiene que ver con agua: el 'tehuacanazo' o sumiendo la cabeza en tambos o es-

fuegos Zepeda, luego de que se filtrara un video a los medios

cusados”; además de violación sexual.

de comunicación, hoy podrán ser investigados, perseguidos y sancionados cuando se denuncien, aun cuando no exista una

Los actos de tortura en México han sido señaladas por organismos internacionales como una herramienta o método

evidencia tan clara como en este caso.

de investigación común para obtener información. En su úl-

El Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas

timo informe, el exrelator de tortura de la ONU, Juan Méndez, emitió una recomendación al Estado mexicano para atender

Crueles, Inhumanos o Degradantes luego de que organizaciones sociales exigiera su legislación desde el año 2015. El pasado 19 de abril, la Cámara de Diputados turnó el documento al Senado de la República y siete días después la Cámara Alta lo envió al Ejecutivo para su dictamen.

El decreto aprobado establecerá el marco legal para erra-

este problema que, de acuerdo con sus observaciones, “es una práctica generalizada”.

Uno de los casos más emblemáticos, documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue el de San Salvador Atenco en 2006. Este organismo emitió la recomendación 038/2006 por actos de tortura y abuso sexual,

dicar la tortura en los procesos judiciales del país y entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Contiene una regulación para los funcionarios públicos

cometidos en contra de 26 mujeres. Los agresores formaban parte de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).

Sin embargo, el caso de Atenco no ha sido el único que la

involucrados en el sistema de procuración de justicia, los protocolos de atención de las víctimas que denuncien haber sido torturadas en detenciones, arrestos e interrogatorios, y manifiesta

CNDH registró en los últimos años y que evidenció la necesidad de crear una ley que pudiera respaldar a las personas que han sido víctimas de tortura por parte de policías, militares y marinos.

que todas las pruebas obtenidas bajo tortura sean eliminadas.

Entre los logros de esta ley destacan las penas de 20 años de cárcel para los servidores públicos responsables de ejercer por acción u omisión cualquier tipo de tortura, incluyendo a la

El ómbusdman nacional, Luis Raúl González Pérez, informó que, en el último año, las quejas por tortura se cuadruplicaron, al pasar de 50 a 216 casos; cifra que corresponde al primer trimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016.

cadena de mando sin importar el nivel de jerarquía. Es decir, podrán ser castigados titulares y subordinados del Ejército, la Marina y policías ministeriales, municipales, federales y estatales.

Además, garantiza que los servidores públicos investigados o vinculados a proceso no interfieran ni obstaculicen las investigaciones; plantea una atención digna a las víctimas y la reparación integral del daño; acepta los peritajes independientes como elementos de prueba de las investigaciones; incluye la violencia sexual entre las agravantes de tortura; y atiende a las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

El “catálogo” de la tortura De acuerdo con la coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Edith Escareño, el “catálogo” de la tortura en México incluye golpes, agresión psicológica, 26 ReporteNivelUno.com

El Protocolo de Estambul Desde el año 2003, en México se firmó un acuerdo para que todas las procuradurías realicen exámenes médicos que documenten las lesiones y los impactos físicos y psicológicos de las personas que denuncien haber sido torturadas. Los peritajes se mantenían bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) o de las procuradurías locales, y solo el personal autorizado podía levantar estos hallazgos.

Hoy, con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se hace posible que este procedimiento, conocido como el Protocolo de Estambul, pueda realizarse de manera independiente, y que los resultados que este arroje puedan ser valorados como prueba en los procedimientos judiciales en favor de las víctimas.

A fondo Sin embargo, esto no siempre se lleva acabo. Edith Escareño señala que a través de los casos de acompañamiento a víctimas de tortura que lleva el CCTI han detectado “graves fallas

“La ley por sí misma no resuelve el problema”

estructurales”. Tal es el caso de la imparcialidad y la independencia. La aplicación del Protocolo de Estambul “no era eficaz

En entrevista con Reporte Nivel Uno, el diputado federal Juan Romero Tenorio advierte que el sistema de justicia en México

y no se realizaban peritajes inmediatos y expositivos, fallas que

“no tiene la capacidad (para implementar la ley en lo inme-

hasta el momento seguimos viendo”.

diato). Si se revisan las condiciones de operación de los ministerios públicos, los bajos sueldos, la inestabilidad laboral,

Culpable, hasta que se demuestre lo contrario

la sobrecarga de trabajo, la falta de elementos de técnica de

De acuerdo con la defensora de derechos humanos y especialista en temas de tortura, esta carencia en el procedimiento de atención a las víctimas se debe a que “no hay suficiente personal en las procuradurías especializados para hacer este tipo de dictámenes y no todos los impartidores de justicia conocen el Protocolo de Estambul”, condición que posibilita que personas ino-

ciones necesarias para cumplir con los estándares que marca el derecho internacional”.

El legislador detalló que la aprobación de esta ley es un avance en materia de derechos humanos. “De tener una ley general en estas condiciones a no tenerla decidimos votar a favor, para poder actuar en un marco de la legalidad y quitar

centes se encuentren privadas de su libertad de manera injusta.

Según Escareño, esta realidad es una grave violación a los derechos humanos ya que “toda la carga de la prueba recae

esa justificante de que no se actuaba bien porque no había una ley específica”.

“Los operadores de esta ley primero tendrán que cono-

en las personas que tienen que demostrar primero que no son responsables del delito que se les imputa y, además, tienen que probar que fueron torturados”. Un acto que le parece preocu-

cerla, capacitarse y sujetarse a estándares de control que permitan la erradicación de la tortura como un medio judicial y eliminarla como un método para obtener alguna declaración

pante es que “policías, militares y marinos no cuentan con la capacitación necesaria para evitar estas prácticas de tortura”.

“Las organizaciones sociales celebramos el trabajo conjunto que se hizo entre organismos nacionales e internacionales

(…) También necesitan condiciones dignas de trabajo y no estar maquilando expedientes sin los elementos técnicos de peritajes ni apoyo de investigadores de la policía de investigación en forma objetiva y profesional”.

por dar salida a la ley que es perceptible (…) Lo que queda es dar observación a las técnicas, a la implementación de la ley y que los impartidores de justicia sepan que existe un dictamen médico psicológico. Aún falta mucho por hacer”, señala.

El diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) detalló que, de no complementar esta parte, “la ley no tendría sentido. La ley por sí misma no resuelve el problema”, sentenció.

investigación criminal y la falta de personal capacitado para coadyuvar en la investigación del delito, no tenemos las condi-