Aun cuando las mujeres tienen la facultad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre el hecho de evitar ser madres, no en todo el país se respeta este derecho humano. Existen entidades donde la interrupción del embarazo se castiga con señalamientos, multas económicas y, en el caso más grave, quién decide llevarlo acabo corre el riesgo de pagar una condena de hasta seis años en prisión.