monárquica: época de crisis con el caso de Ana Mato es muy clara. En el Estado español, a la lacra que se deriva del capitalismo hay que añadirle la que se deriva de la transición y el régimen político. Es evidente que cuanto mayor sea el carácter dictatorial del régimen más grande es la opacidad de las tramas corruptas y más posibles la ocultación y la impunidad. En el Estado español no hubo una ruptura democrática con el franquismo, sino una reforma que mantuvo gran parte del viejo aparato del estado con el rey al frente. La transición la gestaron enterrando bajo toneladas de cal y cemento el reciente pasado franquista y sus atrocidades en todos los frentes. De la noche a la mañana, instituciones y políticos del franquismo pasaban a ser demócratas de toda la vida, empezando por el rey nombrando a dedo por Franco, siguiendo por el Secretario General de la organización de origen fascista Movimiento
Nacional, Adolfo Suárez, o el exministro del interior Manuel Fraga, con responsabilidades en asesinatos bajo su mandato. Los únicos que podían dar la legitimidad democrática a esta transformación eran los partidos que el pueblo trabajador consideraba como sus referentes, en particular el PCE y en menor medida un PSOE que se recomponía en el exterior, con una nueva dirección construida a golpe de talonario desde Alemania. La ley del silencio se impuso a los numerosos casos de tortura, asesinatos del régimen, y a todo tipo de responsabilidades en deci-
siones políticas y económicas. La transición pactada por el PCE y por el PSOE ahogaba las ansias de libertad de los trabajadores y los pueblos contra el franquismo y traicionaba la lucha de tantos que se dejaron la piel, mientras se asentaban las bases de una Monarquía ligada al gran capital, centralista y que impide la libertad de los pueblos, y al servicio del imperialismo. El régimen nació de la impunidad y la ley del silencio y estas dos características marcan su desarrollo. La evolución del régimen sigue la del propio monarca. Cómo explicaba The New York Times el pasado septiembre, llegó con «prácticamente nada» y ahora se le puede calcular una fortuna de 1.800 millones de euros. El diario habla de la opacidad de cómo ha obtenido este dinero y cree que la fuente principal es hacer de intermediario al servicio de empresas. Tampoco quedó nunca claro qué papel tuvo la Monarquía para hacer cambiar de opinión drásticamente a Felipe González y embarcarse en la operación militar en la primera guerra de la Irak. Poco después, una persona de confianza del rey con Prado y Colón de Carvajal se veía involucrado y procesado por el cobro de 2.000 millones de las antiguas pesetas desde Kuwait. Cuando baja el nivel del agua, la mierda flota. Pero no nos engañemos, ahora se destapan los casos de corrupción no como un ejemplo que demuestre que disfrutamos de libertad de expresión y de independencia de los poderes judicial y de la prensa, sino como un reajuste de cuentas interno, entre los mismos que se pelean para gestionar el poder. No hay bastante para todos con la crisis y hay codazos para quedarse con una parte del pastel. De golpe filtran todos: sectores del PP que quieren deshacerse del propio Rajoy, se apunta a sectores cercanos a Esperanza Aguirre; intenta aprovecharlo PSOE pero sabe que también está implicado con otros escándalos como los de los falsos EREs; este filtra contra CiU... es como si de golpe se abriera la veda de la denuncia por corrupción. .. y todos ellos tienen un buen arsenal. Un arsenal del que disponen desde hace años y esperan a utilizar-
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Si capitalismo es corrupción, hacen falta medidas que rompan con el capitalismo. Si la impunidad con la que se construyó la transición y el régimen de la Monarquía es la fuente de muchos de estos males, hace falta una ruptura democrática: una república que garantice derechos y libertades, también la libertad de los pueblos a la autodeterminación. Pero mientras vamos construyendo estas dos premisas hay una serie de medidas de control mínimo, que si bien no eliminarían la corrupción de pura cepa, sí la limitarían: 1. Retribución máxima de los parlamentarios y demás cargos electos equivalente al sueldo medio de un obrero cualificado. 2. Limitación de mandatos para los políticos. No acumulación de cargos públicos. 3. Derecho a revocar los cargos electos. 4. Prohibición de financiación o donaciones de empresas a partidos políticos. 5. Prohibición de cualquier tipo de relación económica con empresas que han participado en asuntos de corrupción. 6. Eliminación de la Ley electoral del blindaje de los grandes partidos. Cambio de la Ley d’Hondt por la proporcionalidad y el principio del mismo valor de cada voto. No a las barreras que limitan el acceso a los grupos pequeños. 7. Información pública de las subvenciones recibidas por cualquier entidad. Acceso público a la justificación y facturas que acreditan su uso. 8. Prohibición expresa de que personas condenadas por malversación o corrupción puedan acceder a cargos políticos y altos cargos de la administración. 9. Comisiones de seguimiento de la actividad de los partidos políticos, con participación de las organizaciones populares.
Lucha Internacionalista 122, febrero 2013
11