gloriA lEtiCiA díAz

Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares: echan abajo 21 órdenes de aprehensión

/ Gloria leticia díaz

A petición de la FGR, un juez federal decidió eliminar 21 de las órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– presuntamente responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera.

Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.

Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.

Proceso tuvo acceso a la resolución del 13 de septiembre, que elimina las órdenes de aprehensión, del juez Beltrán Santes, así como la respuesta de la Unidad Especializada, emitida dos días después y firmada por Gómez Trejo y el director general adjunto de la UEILCA, José Miguel Rivera Esquivel.

La UEILCA fue creada a petición de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y materializada a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 26 de junio de 2019, fecha en que también se nombró como titular a Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.

Gertz Manero designó la Unidad “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” vinculados con la desaparición de los estudiantes, así como la tramitación y resolución de “las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos (…) para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento”.

Protesta estudiantil del viernes 23, campo militar en la CDMX

Órdenes eliminadas

En el oficio FGR/ FEMDH/ UEILCA/ 01365/2022, la Unidad a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa le requirió al juzgador copias certificadas del pedimento de cancelación de órdenes formulada por personal de la FGR, ya que “se desconoce los motivos y fundamentos legales que lo originan”, así como la notificación formal de que los litigantes oficiales del caso Ayotzinapa han sido relevados, y poder con ello deslindarse “de todo mal actuar que pudiera causar al proceso y por ende al derecho de las víctimas de acceso a la verdad y justicia”.

Las 21 órdenes de aprehensión canceladas formaban parte de las 83 otorgadas el 19 de agosto a solicitud de la UEILCA por el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca –y presumidas por la FGR en el comunicado 387/22–, relación en la que se incluía a 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 del Ejército, contra cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula así como 11 policías estatales de Guerrero y presuntos integrantes del Guerreros Unidos.

A esa lista, corresponden las declaratorias de formal prisión emitidas por el mismo juez Beltrán Santes la semana pasada contra el general en retiro José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería, por delincuencia organizada; del capitán José Martínez Crespo, por desaparición forzada; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita, por delincuencia organizada y desaparición forzada; contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el exsecretario de Seguridad Pública de la localidad, Felipe Flores Velázquez, los tres por delincuencia organizada y el último además por desaparición forzada.

Además del coronel Rafael Hernández Nieto, entre los militares beneficiarios de la petición de cancelación de órdenes de aprehensión con el número de oficio AE/945/2022, por funcionarios de la FGR ajenos al caso Ayotzinapa, se encuentran 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y que habrían amenazado a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina, y que tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada. Sus nombres son Ramiro Manzanares Sanabria, Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez, Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez.

Con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada anuladas están tres militares adscritos a inteligencia militar y el sistema C-4, que era controlado en Iguala por la Sedena. Ellos son Ezequiel Carrera Rifas, que pertenecía a los Órganos de Búsqueda de Información, el teniente Joel Gálvez Santos, encargado del Pelotón de Información del 27 Batallón de Infantería, y quien procesó la información recabada por el personal militar la noche del 26 de septiembre, y Felipe González Cano, operador del C-4.

Dentro de la lista de autoridades civiles por las que intercedió la FGR, sin el aval de la UEILCA, resaltan Iñaki Blanco Cabrera, quien era acusado de delincuencia organizada y era cabeza de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero; José Ulises Bernabé García, acusado por desaparición forzada, era el juez de barandilla donde fueron llevados algunos estudiantes, antes de ser entregados a Guerreros Unidos para ser desaparecidos. Tres órdenes de aprehensión canceladas por delitos contra administración de justicia, derivado de la falta de resguardo de videos de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, corresponden a quien fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín; Javier Uribe Iturbide, quien era el encargado del área de informática de las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala, frente al que policías municipales de Iguala detuvieron un autobús en el que viajaban normalistas ahora desaparecidos, y Luis Europa Solís Jiménez, quien era técnico de cómputo del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Los tres mantienen órdenes de aprehensión por desaparición forzada.

En su resolución del 13 de septiembre, Beltrán Santes reconoce que el 18 de agosto la Unidad especial de la FGR para el caso Ayotzinapa consignó la averiguación previa FGR/FEMDH/ UEILCA/3/2020, sin detenido, y que un día después él liberó las órdenes de aprehensión solicitadas, porque “se estimaron reunidos los requisitos para el libramiento del mandato de captura”, en tanto que “existían indicios suficientes con los que se acreditaba de manera probable la responsabilidad de los inculpados en la comisión de los delitos señalados por la representación social, por lo menos, hasta este estadio procesal y bajo el estándar probatorio que se exige”.

Sin embargo, admite que aceptó la solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión contra 21 personas, presentada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a su Juzgado y asignado a la Unidad de Asuntos Especiales, Isaías Flores Hernández, con el aval de la subdelegada de Procedimientos Penales de Averiguaciones Previas y Procesos Penales del Sistema Tradicional, en la delegación de la FGR en el Estado de México, Elizabeth Sánchez Miran, y el propio delegado estatal, Julio César Ulises Chávez Gómez, con los argumentos de que constitucionalmente el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación de los delitos y de la consignación ante autoridades judiciales, en tanto que el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales “contempla la posibilidad de que, si por datos obtenidos posteriormente a la emisión de la orden de aprehensión, el Ministerio Público estima que ya no es procedente y ésta no hubiese sido ejecutada, puede pedir su cancelación”.

Para justificar la aceptación de la petición de cancelación por parte de personal de la FGR distinto a la UEILCA, Beltrán Santes cita la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Reglamento de esa ley, así como el acuerdo A/070/03, emitido en 2003 por quien fuera procurador en ese año, el general Rafael Macedo de la Concha, que faculta como “enlaces” de las Unidades Administrativas de la PGR a los agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales.

Al señalar que las órdenes de aprehensión de los imputados no se habían cumplimentado, el juzgador razona que de “negarse a cancelar la orden ya emitida, estaría invadiendo la esfera competencial que le corresponde a la institución ministerial por mandato expreso constitucional; se estaría convirtiendo al juzgador en acusador y tomaría el proceso penal en uno totalmente inquisitivo”.

/ J. JEsús EsquiVEl

El exgobernador de Chihuahua Javier Corral, la prensa local y hasta los reclusos del Cereso número 1 de esa entidad advierten que César Duarte lleva una vida de privilegios, pese a estar encarcelado bajo los cargos de peculado y corrupción. Dicen que sale a atenderse en hospitales de lujo, le llevan alimentos de restaurantes caros y recibe a sus allegados. Para Corral y otras fuentes, esto hace creíble la versión de que la gobernadora Maru Campos pretende que Duarte cumpla una pena menor en el estado.

César Duarte Jáquez, el exgobernador priista de Chihuahua acusado de peculado y corrupción, es un enfermo consentido por la panista Maru Campos, actual mandataria de la entidad, denuncian personas allegadas al caso.

Preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez entra y sale de su celda constantemente con motivo de sus enfermedades para ser atendido en hospitales de lujo, privilegio del que no gozan sus compañeros de cárcel.

“El 26 junio (pasado) salió de prisión para operarse una hernia y fue intervenido en el hospital Ángeles en Chihuahua capital, pero la verdad es que estando internado se puso a recibir a políticos y expolíticos del estado que trabajaron con él”, expone uno de los quejosos.

En varias llamadas telefónicas los denunciantes que buscaron a Proceso detallaron el tipo de visitas que recibió el presunto delincuente de cuello blanco.

Mediante llamadas telefónicas Proceso pudo corroborar denuncias sobre Duarte. Una de las personas consultadas fue Javier Corral Jurado, antecesor de Campos en la gubernatura.

“Está en boca de todos acá en Chihuahua –dice Corral–, pero no pasa nada, Duarte Jáquez está contento de que lo tengan preso en el estado porque, como es amigo de la gobernadora, tiene capacidad de manejo de

César Duarte Jáquez, en un hotel de lujo llamado Cereso

muchas cosas, lo que no ocurriría si fuera un preso por cargos federales”.

En rEcupEración… dE podEr

La intervención quirúrgica de la hernia fue el primer privilegio médico de Duarte Jáquez. El miércoles 14 de septiembre volvió a salir del Cereso número 1 para ser internado en otro nosocomio, más caro que el Ángeles.

“Ahora lo operaron de los discos de la espalda baja en el Star Médica de Chihuahua capital. Ahí va a estar internado por lo menos hasta el sábado 24 de septiembre. Lo comento porque lo están presumiendo sus familiares que lo están visitando”, enfatizó otro de los quejosos.

Consultado sobre esta segunda salida de prisión e ingreso al hospital de lujo, Corral lo confirma. Y agrega: “Sorprende que el gobierno federal lo permita, porque deben estar enterados, incluso entre los reclusos del Cereso donde está Duarte Jáquez hay inconformidad por ese trato”.

Al exgobernador priista de Chihuahua se le acusa de malversar más de 6 mil millones de pesos del erario, además de enriquecimiento ilícito y corrupción. No obstante, hasta ahora su caso no está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El compadrazgo político y amistad entre Duarte Jáquez y la gobernadora Campos es también ampliamente conocido en Chihuahua y en los círculos políticos mexicanos. Los quejosos dicen que a eso se debe el trato especial que le dan:

“Desde que lo extraditaron de Estados Unidos y que su caso cayera en manos del estado de Chihuahua, a su familia; esposa, hijos y hermanos se les fue la congoja y presumen que con la gobernadora Campos todo está bajo control”, dice una de las fuentes.

Las autoridades federales de Estados Unidos siguen esperando una comunicación del gobierno de Campos o de la FGR sobre las propiedades y cuentas bancarias que tienen Duarte Jáquez y su familia en El Paso, Texas, que presuntamente se les iban a confiscar.

Al respecto, la oficina del US Marshall en El Paso, Texas, respondió por correo electrónico a Proceso: “Mientras el señor Duarte Jáquez estaba en Florida detenido y en solicitud de extradición a México, recibimos expedientes con las denuncias y acusaciones en su contra de parte de la fiscalía del estado de Chihuahua, en las cuales nos informaron de las propiedades que había que investigar para posiblemente confiscarlas. Nosotros hicimos lo que nos correspondía e investigamos, pero desde que fue entregado a las autoridades mexicanas la comunicación se detuvo, no sabemos qué ocurrió y ya no se hicieron las confiscaciones de propiedades y cuentas bancarias”.

Durante su convalecencia por la intervención quirúrgica de la hernia, Duarte Jáquez gozó de grandes privilegios, muchos de los cuales tiene dentro del Cereso número 1, como alimentos comprados en restaurantes costosos y elaborados por un chef del gusto del presidiario.

“En el hospital Ángeles lo visitaron varios diputados locales priistas y panistas, su hijo y sus hijas. La familia contó que el propio Duarte Jáquez les aseguró que de la gobernadora había recibido garantías que saldría de la cárcel en tres años”, comenta una de las fuentes.

Uno de los políticos de Chihuahua que visitaron al enfermo y cuya presencia en el hospital confirmaron medio locales es Sergio Belmonte Almeida, el coordinador de Comunicación Social durante su mandato. Corral comenta que Belmonte sigue operando como jefe de prensa del exgobernador priista y se encarga de que no se mencione ni el caso ni el nombre de su exjefe en medios de comunicación del estado.

Duarte también recibió en junio pasado, en el hospital Ángeles, a los hermanos Everardo y Armando Medina Maldonado, señalados como operadores de lavado de dinero en los expedientes criminales federales sobre la corrupción del exgobernador.

Everardo Medina Maldonado es señalado de ser el artífice de la adquisición de propiedades e instauración de empresas para Duarte Jáquez, utilizando el nombre de otras personas, incluidos connotados empresarios chihuahuenses.

A Armando Medina Maldonado los expedientes judiciales lo ubican como el comprador de inmuebles y ranchos para Duarte Jáquez en Chihuahua y otras entidades de la República, muchos de los cuales ya fueron confiscados por las autoridades.

Desde que Campos asumió como gobernadora, los hermanos Medina Maldonado operan con toda tranquilidad en el estado, según los denunciantes que hablaron con este semanario, y agregan que los han visto en Chihuahua, Parral y Ciudad Juárez.

Una de las fuentes indica: “En el hospital Ángeles también lo visitó Lilia Merodio Reza, a quien extrañamente la esposa del exgobernador, Bertha Gómez Fong, identifica como ‘la licenciada’ y mensajera de la gobernadora Campos”.

Hasta el 14 de abril pasado Merodio Reza fue secretaria de Desarrollo Rural en el gobierno de Campos y antes, como integrante del PRI, fue diputada federal de 2006 a 2009 y senadora de 2012 a 2018.

Los medios, dos valoraciones ante el covid

/ ErnEsto VillanuEVa

El papel de los medios en un régimen democrático reside, por definición, en informar de manera veraz y formar opinión pública a la luz de las más distintas visiones políticas e ideológicas que dan vida al pluralismo. En México el cambio de régimen no ha traído las mejores noticias para la prensa y el impacto del covid-19 tampoco conmovió al poder público en su relación con los medios, como sí ha sucedido en países de democracias consolidades o en vías de serlo.

Veamos. Primero. Desde 2007 se adicionaron los dos últimos párrafos del actual artículo 134 constitucional, que a la letra dicen: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

Quince años después de esa adición a la Carta Magna, la promoción personalizada de los gobernantes con recursos públicos es pública y notoria, la ley reglamentaria está pendiente de ser reformada por resolución de la Suprema Corte de Justicia y la equidad e imparcialidad de los recursos públicos asignados a los medios es sólo una mera formalidad, porque no hay reglas que desarrollen ese precepto normativo.

El gobierno federal ve a la prensa en general como un adversario político porque hay una arraigada percepción de que se minimizan los aciertos de la 4T y se maximizan sus errores. Sin duda hay casos de medios que priorizan la consigna política sobre los criterios periodísticos para informar y opinar, los que lastiman los estándares éticos internacionales. Esos casos no deberían servir de baremo, empero, para evaluar el papel de los medios. Sobra decir que el que no cumple lo menos no lleva a cabo lo más. Y de cara al covid-19, en México no fue parte de la agenda pública la creación de medidas para preservar los medios; antes bien se hizo todo lo contrario.

Segundo. En los países democráticos está internalizado entre gobernantes y gobernados la convicción de que los medios son poleas de transmisión entre las fuentes públicas y privadas de datos y hechos para satisfacer el derecho de la sociedad a estar informada. Y, por lo anterior, han actuado en consecuencia. De entrada, cuentan con leyes que, en mayor o menor medida, retoman las mejores prácticas internacionales en la materia. En días pasados la Comisión Europea dio a conocer el proyecto de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación la cual busca homologar en la Unión Europea criterios transparentes e imparciales en la asignación de la publicidad institucional u oficial a los medios, así como evitar que los medios públicos sean parciales, entre muchas otras medidas para proteger la independencia de los medios y garantizar que no sean objeto de presiones indebidas (https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/qanda_22_5505). Si esta iniciativa es convertida en ley, hará una gran diferencia para el ejercicio periodístico. A diferencia de lo que sucede aquí, en Europa el valor compartido del rol que juegan los medios en el contagio de prácticas democráticas permitió que, además de la asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial, durante el periodo del covid-19 se aplicaran medidas consistentes en ayudas del Estado a los medios. Este tipo de subvenciones no son nuevas en Europa. En diversos países como Italia, España y Francia esas ayudas se adoptaron desde el siglo pasado tanto directas como indirectas por ley a los medios.

Tercero. Durante 2020, para paliar la baja de publicidad en los medios durante el covid-19, en Italia, el país más afectado por esta pandemia, el gobierno hizo reducciones de impuestos a los anunciantes en medios de comunicación. Hizo lo propio con los propietarios de quioscos o puestos de periódicos y revistas para evitar su cierre, ampliando las deducciones fiscales. En Dinamarca el apoyo del Estado a los medios por la caída vertiginosa de publicidad y ventas ha sido de los más amplios, pues para evitar el despido de empleados y el cierre de medios se adoptaron no sólo incentivos fiscales, sino ayudas directas para compensar la drástica reducción de ingresos en un ejercicio casuístico de gran calado. En España también se optó por la deducción fiscal y la consideración de la prensa como bien esencial.

Mientras en los países europeos la importancia de los medios se traduce en medidas para su independencia como espacios de escrutinio del quehacer público, en México todavía se discute cómo cumplir el mandato del artículo 134 de la Constitución y si se reforma o se deroga una ley –no como la española o la italiana, lo que sería mucho pedir–, que cuente con reglas razonablemente compatibles con la imparcialidad y la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios a través de la publicidad oficial, que hoy simplemente no existen.