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López-Gatell rechazó reunirse con diputados para explicar cancelación
de Normas Oficiales
Diputadas y diputados del PAN, PRI, PRD y MC, integrantes de la Comisión de Salud, afirmaron que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, rechazó los citatorios emitidos por las comisiones de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que asistiera a explicar el estado del sistema de salud, específicamente la cancelación de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y el abasto de medicamentos.
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Lo anterior, en un comunicado suscrito por las y los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez, Martha Estela Romo Cuéllar, Juan Carlos Maturino Manzanera, integrantes de la bancada del PAN; Frinné Azuara Yarzábal, del PRI; Salomón Chertorivski Woldenberg y Pablo Gil Delgado Ventura, de MC; y Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, quienes calificaron la negativa del funcionario federal como condenable.
Las y los diputados resaltaron que constitucionalmente el Poder Legislativo tiene la facultad de convocar a servidores públicos del Ejecutivo Federal para rendir cuentas. Y en varias ocasiones durante las reuniones de la Comisión de Salud, diversos legisladores han expresado sus inquietudes acerca del desempeño de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
“Un hecho específico que ha generado preocupación es la publicación, el 1 de junio de 2023, del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, donde el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, presidido por el Subsecretario Hugo López-Gatell, propuso cancelar 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con la salud”, señalaron.
De igual manera, indicaron, ha sido objeto de crítica la convocatoria a la primera sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, llevada a cabo el día martes 11 de julio de 2023, en donde se tomó la decisión de cancelar cinco NOM, cuya desaparición ya está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación para que sean válidas, mientras que otras 29 serán sometidas a un proceso de deliberación para su cancelación, todo bajo la decisión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública.
“La cancelación de las NOM no puede ser una determinación discrecional que se tome de manera unilateral, ignorando los mandatos legales y desatendiendo las demandas legítimas de los pacientes y profesionales de la salud. Por el contrario, consideramos que estas decisiones deben explicarse y fundamentarse ante el Poder Legislativo”, destacaron.
“Es preocupante que, mientras grupos de pacientes en todo el país protestan por la falta de atención médica y medicamentos, el subsecretario no haya mostrado voluntad de concretar una fecha para reunirse con los legisladores y atender sus demandas legítimas en busca de información y soluciones”, lamentaron.
Cuestionaron que en lugar de cumplir con su deber como servidor público y responder a los llamados del Poder Legislativo, “el subsecretario prefiera participar en eventos de promoción política”.
“Ante la negativa del subsecretario a asistir a las reuniones de trabajo con el Poder Legislativo, la única vía que queda para garantizar la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la comparecencia bajo protesta de decir verdad”, advirtieron.
Por lo tanto, adelantaron, los miembros de la Comisión de Salud solicitarán a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que intervengan para que, a la brevedad posible, se lleve a cabo la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Gobiernos de México y EU dialogan sobre migración, desarrollo y combate al fentanilo
La buscadora Catalina Vargas, quien se encontraba desaparecida desde el lunes 17 de julio, fue localizada con vida y en buen estado de salud, informaron autoridades e integrantes del colectivo del que forma parte, “Unidos buscando desaparecidos en León”. “Ya la encontramos y está en perfectas condiciones”, dijo una vocera del colectivo de familiares de personas desaparecidas. Catalina, de 60 años, había perdido contacto con sus familiares el lunes a media tarde, cuando pretendía desocupar un inmueble que estaba rentando en la colonia presidentes, en León. La buscadora forma parte del colectivo desde enero de este año, aunque ha buscado a su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas desde enero del 2020, cuando éste desapareció, también en León.
La localización de Catalina el lunes 24 de julio fue confirmada por el colectivo, así como por la Fiscalía del estado y por el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona. “Afortunadamente ya fue localizada con vida y en buen estado de salud, gracias al trabajo coordinado de los colectivos e instituciones públicas”, publicó el funcionario leonés en sus redes sociales. No se dieron más detalles sobre el lugar donde fue localizada, salvo que fue llevada a las instalaciones de Prevención del municipio, para que fuera revisada para verificar su estado de salud.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. “Tratamos el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. Avanza sin problemas la política de buena vecindad”, precisó el mandatario en sus redes sociales.
Por parte del Gobierno de México, acompañaron al jefe del Ejecutivo: las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra y de Gobernación,Luisa María Alcalde Luján; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Laura Elena Carrillo; el jefe de la unidad para América del Norte, Roberto Velasco
Álvarez; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y el subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Tagle Marroquín. El equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo integrado por el embajador en México, Ken Salazar; el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Richard R. Verma; la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, Lisa O. Monaco; la jefa de Gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, Kristie Canegallo; la asistente especial presidencial y directora senior de Asuntos Transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin; el asesor especial de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Kemp Chester; el consejero principal del Departamento de Justicia, Josh Handel; el jefe adjunto de Misión de Estados Unidos en México, Mark C. Johnson; el asesor senior del Consejo de Seguridad Nacional, Dani Schulkin; el agregado del Departamento de Justicia, Sean Torriente y el agregado de defensa de la Embajada de Estados Unidos, coronel Andrew Leonard.
El secretario de comunicación de Gobierno del Estado, Enrique de la Torre de la Paz, dio a conocer que con la Ley de protección a periodistas la ciudadanía estará más y mejor informada, pues no solo se busca que las y los periodistas estén protegidos, sino que será una Ley integral que pretende tener un padrón actualizado de periodistas y con ello evitar las fake news o noticias falsas.
En entrevista colectiva, De la Torre, recalcó que nuestra entidad no va esperar a que se convierta en un Guerrero o Tamaulipas o ser otro estado para poder atender y trabajar este tema “no hay que ser reaccionarios, sino ser preventivos, por eso tenemos que trabajar en el tema de la protección y no sólo en temas de seguridad, sino en el acompañamiento jurídico, en temas de salud, de las familias, prácticamente será una ventanilla para los periodistas, porque será una Ley integral, que más allá del tema de protección a periodistas trae varios temas que son importantes de trabajar” señaló.
Dijo que es importante empezar con un padrón de periodistas, “pues no sabemos cuántos medios de comunicación somos, tenemos que trabajar el tema de las fake news, en el tema de regularizarlos en el tema administrativo, no sólo es de protección, sino es de acompañamiento y el beneficio también será para la sociedad, pues se tendrá información de mayor calidad, más oportuna y que inclusive, diario la van a poder consultar no sólo los medios, sino la sociedad entera” explicó.
Comisión de Transparencia
De
El secretario de comunicación sostuvo que esta Ley es necesaria en Aguascalientes, donde nuestra entidad será puntera a nivel nacional, porque México se ha quedado atrás en el tema de la información y se sigue trabajando con modelos muy antiguos, por lo que, dijo, sino se da este paso vamos a tener más complicaciones para dar a conocer la información a la sociedad.
“La comunicación va cambiando y nosotros debemos de hacer los cambios en los gobiernos, porque las plataformas de información se van modificando y tenemos que tener esta adaptación, no podemos seguir boletinando, tenemos que buscar otras estrategias, se que hay temas en el Congreso de vital importancia, pero no hay que quedarnos atrás en comunicación” insistió.
De la Torre, adelantó que se espera que para septiembre se presente en el Pleno de Congreso está nueva Ley de protección a periodistas, “confío que así sea, pero repito, necesita estar bien hecha, es la idea que se presente en septiembre, pero, se presentará en el momento cuando ya se haya hecho el estudio correspondiente, tanto con los medios de comunicación, con diputados, exgobernadores y presidentes municipales” señaló.
Dijo que en el tema de los municipios se busca que los encargados de comunicación tengan un mayor rango y generar una funcionalidad en las oficinas de comunicación de los municipios, donde se les de cierta libertad a los municipios de manejar sus propios recursos, pues esto permitiría tener una mayor estrategia en temas de difusión para municipios e incluso, en todas las instancias de gobierno.
del Estado
En sesión ordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside la diputada Yolytzin Rodríguez Sendejas, reanudó el análisis de dos iniciativas que buscan fortalecer diferentes marcos jurídicos en materia de medios electrónicos y arrendamiento.
Durante el desarrollo de la sesión estuvieron presentes también la diputada
Laura Ponce y el legislador Raúl Silva Perezchica para explicar a detalle estas iniciativas, dado que son promotores de ambos proyectos, en ese orden.
Las iniciativas en estudio buscan reformar la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y la Ley de Adquisición y Arrendamiento y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
A la sesión también asistieron las diputadas Karola Macías, Sanjuana Martínez Meléndez y el legislador Maximiliano Ramírez.
Durante el desarrollo de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del Congreso de Aguascalientes que preside el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, inició con el estudio de la iniciativa de reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que plantea el legislador Arturo Piña, con el propósito de establecer requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de los órganos internos de control de las administraciones centralizadas y paramunicipales de los once Ayuntamientos.

En este sentido, Escobedo Tejada indicó que extenderán el análisis del proyecto legislativo con los Ayuntamientos, esto como parte también de los Foros que realizan con miras a la construcción de la Reforma Integral Municipalista.
Además de los ya mencionados, se contó con la presencia del diputado Francisco Sánchez Esparza, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del Congreso de Aguascalientes.
La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, Mayra Torres, en conjunto con las congresistas integrantes Karola Macías y Ana Gómez, aprobaron en sesión ordinaria dos iniciativas que tienen como propósito impulsar el derecho de las personas con discapacidad al libre desplazamiento y tipificar como infracción realizar acrobacias en motocicleta en la vía pública.

Como primer punto del orden del día, se avaló la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 62 A y 62 B a la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, presentada por Mayra Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El objeto de la iniciativa es dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, que obliga a los Estados a tomar las mejores medidas para promover su participación social, desde la salud, la rehabilitación, educación, empleo y movilidad, por ser estos aspectos indispensables para elevar la calidad de vida y el desarrollo personal de las personas con discapacidades.
La diputada promotora expresó que “conscientes de que éste es un paso más hacia la validación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social y económico; el Congreso de Aguascalientes busca impulsar el derecho que tienen las personas con discapacidad, al libre desplazamiento, adoptando medidas efectivas que aseguren su movilidad personal con la mayor independencia posible”.
Acto seguido, las legisladoras aprobaron la iniciativa por la que se reforma diversas disposiciones del artículo 313 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, propuesta por la diputada Karola Macías.
El objeto de la iniciativa consiste en tipificar como infracción realizar malabares, acrobacias, suertes o cualquier maniobra en motocicletas, ya que representan acciones imprudentes que constituyen un peligro para el conductor, así como para otros usuarios de la vía pública.
Finalmente, ambos dictámenes aprobados fueron canalizados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su trámite correspondiente.