México podría pedir una compensación a EU de 15 mmdd por acusación a fabricantes de armas

/ Dalila EScobaR

La cancillería mexicana afirmó ante una Corte de Apelaciones en Estados Unidos que sus leyes que otorgan inmunidad a los fabricantes de armas, no aplican contra los daños ocasionados a México y por los cuales el gobierno federal puede llegar a exigir más de 15 mil millones de dólares como compensación.

Por los gastos para combatir la violencia generada por el tráfico de armas, el gobierno mexicano acusó a los fabricantes de armas de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el lunes 24 de julio que los representantes legales de México presentaron de manera oral sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachussets, a la que solicitaron mantener vivo el litigio iniciado por nuestro país en contra de los fabricantes y distribuidores de armas en EU, a quienes acusa de ser negligentes al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a territorio nacional.

De acuerdo con el consejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, estos argumentos se encuentran también en la primera demanda presentada por el gobierno de México contra las armerías.

Celorio explicó que los argumentos de México tienen tres puntos principales para acreditar que la ley que aplica para las armerías en Es- tados Unidos y que las blinda contra cualquier demanda de responsabilidad civil, no aplica por daños ocurridos en otros países. “Si esta ley de humanidades es aplicada, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadounidense. Es una cuestión de conflicto de leyes”, señaló.

“Si la ley de humanidades, que por su acrónimo se le conoce como PLCAA, aplica o es vigente para este caso, el gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley y nuestro litigio tendría que proceder”.

Es decir, el gobierno de México está peleando en la Corte de Apela- ciones no sólo porque la demanda continúe, sino que no se aplique la inmunidad otorgada por las leyes estadounidenses pues no establece específicamente que tiene efectos de blindaje contra daños ocasionados fuera de EU.

En la demanda, México acusó a los fabricantes de armas de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.

Celorio recordó que México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares para combatir la violencia generada por el tráfico ilícito de armas, por lo cual el gobierno federal podría exigir una compensación de igual o mayor cantidad a las empresas fabricantes de armas. “Según estimamos, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita de 5% de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, dijo.

“La inundación de armas y el alto poder de fuego el que viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere, y para lo cual tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud o de educación, o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales. De eso se trata el reclamo. Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios; reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos. Ese es el tipo de compensación”.

“Ya no saben qué hacer los medios de manipulación”, señaló el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto de los accidentes ocurridos en el Golfo de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo sucedido en los campos Ek Balam, en la Sonda de Campeche, es una pequeña fuga ya disuelta de aceite, que los “467 kilómetros, o sea, es una exageración, son un invento”, que atribuyó al periódico Reforma. “A lo mejor ahora en el ‘Quién es quién en las mentiras’ podrían probar eso”, dijo.

El presidente comentó también de la explosión de gas, la cual, dijo, ya se dispersó completamente la molécula, ya no hay afectaciones por lo de la explosión de gas, que causó la muerte de dos trabajadores y uno o dos desaparecidos. “Pero ya no saben qué hacer los medios de manipulación”.

PEMEX informó que “la fuga se encuentra totalmente reparada” y es un evento que “no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en Nohoch-Alfa el pasado 5 de julio”.

Agregó que la red de ductos de los campos Ek Balam concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que, en forma preventiva, se efectúa el cambio por una nueva red. Con estas acciones se eliminará definitivamente la posibilidad de fugas de aceite, y que el derrame “de manera inmediata se reportó ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), y se procedió a su reparación, por lo que están controladas en su totalidad”.

En torno a la publicación de que el área de la mancha de aceite fue de 400 km2, “es una estimación de mala fe, lo cual para que fuese cierto tendrían que haberse derramado más de millón y medio de barriles de petróleo; y el volumen real, reportado por los especialistas de PEMEX, fue de 58 m3 (365 barriles de petróleo), que afectó un área estimada de 0.06 km2, donde el espesor de la película de aceite se estima en un milímetro.

“Petróleos Mexicanos hace un llamado a esos medios de comunicación que desinforman a la opinión pública a conducirse de manera ética y apegados a la verdad”, propuso en su comunicado.

El 24 de julio se celebró, ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, la audiencia de apelación en la que se escucharon los argumentos orales de México en su demanda contra las empresas manufactureras de armas. Como se recordará, nuestro país presentó una demanda contra éstas por sus prácticas comerciales negligentes y descuidadas que han derivado en daños a la población mexicana. El Gobierno de México busca revertir la decisión del 30 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Corte de Distrito de Massachusetts desechó la demanda.

En esa ocasión, el juez federal determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a las empresas demandadas, incluso si el daño causado ocurre en territorio mexicano. A pesar de ello, el juez encargado del caso expresó que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”. De la misma manera, el juez reconoció que la demanda argumentó de manera exitosa que las prácticas de las empresas demandadas son una causa indirecta de la violencia armada que se vive en México.

La estrategia de México no se detuvo y se apeló la decisión de la Corte de primera instancia. En marzo de 2023, se presentó el escrito de apelación en el que se argumentó que la Corte de primera instancia erró al dar una lectura amplia y absoluta de la PLCAA y así otorgar inmunidad a las empresas de armas. Durante la audiencia oral, México destacó los siguientes puntos:

La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México.

Alternativamente, aun en caso de que se insista en que la PLCAA es aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso.

El panel de jueces que escucharon los argumentos de México estuvo conformado por dos jueces y una jueza de corte liberal y progresista. El Gobierno de México confía en la buena recepción de sus argumentos por parte de la Corte. En caso de que la sentencia de apelación favorezca a México, el caso regresaría a la Corte de primera instancia para continuar el análisis del fondo.

La presente demanda ha recibido apoyo de numerosos actores, tales como fiscales estadounidenses, víctimas, activistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y Estados. De igual manera, la estrategia contra el tráfico de armas ha incluido acciones en el ámbito interamericano, como la solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad que tienen las empresas de armas por la vulneración de derechos humanos.

México seguirá desplegando esfuerzos y acciones para combatir los daños ocasionados a la población mexicana por el tráfico ilícito de armas, desde ésta y otras aristas. Los documentos concernientes al litigio se encuentran disponibles para consulta en el Repositorio del Acervo Histórico Diplomático de México, en el siguiente enlace: https://portales.sre.gob.mx/ acervo/repositorio-demanda-boston/431