Consejería Jurídica defiende sus vacaciones y pide al INE ajustarse al marco legal

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien respaldó la denuncia de Vera y la Red Década, anotando que esto es una situación que debe ser investigada y analizada a fondo.

“Lamentablemente en este gobierno (de AMLO) no hay interés en averiguarlo; incluso, ni se han (aplicado) las recomendaciones de la CIDH de que se eliminen las celdas de castigo en las prisiones federales”, dice la secretaria ejecutiva de Red Solidaria Década Contra la Impunidad.

Las acusaciones falsas contra personas que han sido privadas de su libertad, incluso con la presencia de testigos falsos que declaran en contra de los acusados, son el corazón de la queja ante la CIDH, que en la audiencia virtual se mostró renuente a hacer exigencias al gobierno mexicano.

En representación del gobierno de López Obrador estuvieron en la sesión con el órgano jurídico de la OEA, Ulises Herrera López, subdirector de Atención y Seguimiento a Derechos Humanos del Sistema Penitenciario Federal, y Arturo Guerrero Zazueta, del Consejo de la Judicatura.

Vera y López Paulino entregaron información sobre el caso de unas 2 mil personas privadas de su libertad bajo acusaciones falsas, de los que unos 300 expedientes fueron entregados a la CIDH, que con la ‘visita in loco’ tendría que investigar y analizar a fondo para emitir alguna recomendación al gobierno federal mexicano. “En la audiencia la CIDH no estaba bien, escudó y estuvo defendiendo al Estado mexicano”, lamenta López Paulino.

Los defensores de los derechos humanos quieren que, durante su visita a México, los integrantes de la CIDH visiten las prisiones federales para que observen y documenten la realidad en ellas, amén de entrevistar a los familiares de las personas que han sido acusadas falsamente.

El obispo emérito de Saltillo y la pequeña delegación de la Red también se reunieron con congresistas federales estadounidenses y organizaciones no gubernamentales internacionales y naciones defensoras de los derechos humanos.

La defensora de derechos de la infancia, Lydia Cacho, llamó a “encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños”, luego de que el 13 de julio se registrarse la detención de Adolfo Karam, exdirector de la Policía Judicial del estado de Puebla, implicado en su tortura y detención hace 18 años.

En un comunicado en sus redes sociales, la periodista y activista resaltó que ella fue torturada por funcionarios bajo las órdenes de Karam, el exgobernador Mario Marín, quien se encuentra encarcelado, por órdenes de Kamel Nacif, en diciembre de 2005, cuando fue sacada por la fuerza de su domicilio en Cancún, Quintana Roo, luego de denunciar una red de trata de niños y niñas en su libro Los demonios del Edén.

En el videomensaje, desde el exilio, Cacho puntualizó que los funcionarios que actuaron en su contra “creyeron que desde el exilio no seguiríamos adelante, y seguimos adelante contra todos, los funcionarios públicos no deberían proteger a la delincuencia organizada, deberían proteger a nuestros niños y niñas”.

Ante la detención por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrida el pasado 13 de julio, la organización Artículo

/ Dalila Escobar

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) defendió que su periodo vacacional es del 14 al 31 de julio, por lo que llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a ajustarse al marco legal y evitar presiones mediáticas y políticas en torno a la notificación de las medidas cautelares aplicadas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una nota aclaratoria justificó que no ha recibido la notificación del INE para que el mandatario federal no hable de cuestiones electorales, al indicar que desde el 2 de junio avisó que estarían fuera.

Sus vacaciones son de más de 15 días y en ese periodo se suspenden sus actividades administrativas y que corresponden a la presidencia del país. “En este sentido, todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político”, advirtió.

“El 2 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con motivo del primer periodo vacacional del ejercicio 2023”, expuso.

En dicho acuerdo se estableció la suspensión de los plazos y términos legales de las actividades, trámites, procesos y procedimientos de la Consejería y de sus unidades administrativas durante el periodo que comprende del 14 al 31 de julio de 2023.

De acuerdo con esta área administrativa las vacaciones incluyen “la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros”. También indicó que no se computarán plazos y términos en los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales del conocimiento de dicha Consejería.

El presidente López Obrador en varias ocasiones ha criticado que en anteriores administraciones los funcionarios se tomaban sus tiempos para dejar las actividades referentes a la administración pública, como servidores del pueblo o que tienen horarios definidos para laborar y ha afirmado que en su gobierno trabajan el triple por el tiempo que les queda.

El martes 18 de julio la consejera jurídica, María Estela Ríos González, confirmó que está de vacaciones, razón por la que no han recibido la notificación del INE, pero acudió al CLI aniversario luctuoso de Benito Juárez, donde afirmó “seguimos de vacaciones”.

Al terminar el evento encabezado por el mandatario federal, a Río González se le cuestionó el argumento de que no está laborando y por eso no recibían documentos, a lo cual respondió: “Estábamos de vacaciones”. Enseguida se le cuestionó si ya hoy regresaron y contestó: “Seguimos de vacaciones”.

Desde la semana pasada el presidente aseguró que mientras no le llegue la notificación del INE seguiría hablando de Xóchitl Gálvez, a quien señala como la candidata elegida por una cúpula de la oposición.

El martes 18 de julio, López Obrador omitió hablar de la senadora, pero arremetió contra sus adversarios al asegurar que buscan engañar a la población con la imposición de Gálvez.

Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia exigen la reparación del daño integral a Lydia Cacho

19 y Tejiendo Redes Infancia consideraron que el arresto “puede significar un paso importante hacia la rendición de cuentas y combate a la impunidad “.

Las organizaciones urgieron cumplir la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso, en 2018, que exige la reparación del daño integral a Lydia Cacho y que se reconoce que la activista fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano, “temas que continúan sin ser atendidos en su totalidad”.

En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron que la red de macro criminalidad denunciada por Cacho implica al menos a 19 servidores públicos involucrados en trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero.

Entre los implicados en el libro de la defensora, están “tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías, dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge”.

Tras lamentar que Nacif Borge fue exonerado hace dos años, Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia recordaron que, en su resolución sobre el caso en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación “se quedó corta frente a una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”.

Hasta ahora, por las denuncias de Lydia Cacho, el líder de la red de explotación sexual infantil, Jean Succar Kuri está sentenciado a 112 años de prisión, agregaron.

Entre los logros de la denuncia de la defensora y periodista, Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia resaltaron la sentencia por tortura por siete años contra quien fuera comandante de la policía de Puebla, José Montaño, mientras que otros dos expolicías judiciales también fueron sentenciados por el mismo delito, resoluciones que están siendo revisadas por un Tribunal Colegiado de Circuito. Tras recordar que están siendo procesados el exgobernador Mario Marín y otro policía, las organizaciones apuntaron que en unas horas más vence el plazo para determinar si Karam Beltrán es sujeto a proceso penal.

Las organizaciones que acompañan a Lydia Cacho exigieron “al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Pueblo y Quintana Roo, actuar conforme a lo que corresponde: la reparación del daño integral conforme a los estándares internacionales, como garantía de no repetición y protección a periodistas”.

Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia puntualizaron que “es momento de poner fin a las omisiones y complicidades que siguen protegiendo a las redes de macro criminalidad relacionadas con la explotación sexual de niñas y niños en México”.

Las organizaciones reiteraron que “la justicia y la protección de los derechos humanos de la infancia deben ser prioritarias y por tanto no pueden ser postergadas”.

Por Problemas De Salud

/ Diana Lastiri

Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), informó que su cliente se encuentra delicado de salud por lo que, la defensa insistirá en firmar un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados para que el exfuncionario recupere su libertad.

El martes 18 de julio, Emilio Lozoya comparecería nuevamente ante un juez de control en el Reclusorio Norte por el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en el que está acusado de lavado de dinero.

Antes de ingresar al Centro de Justicia el abogado Miguel Ontiveros, señaló que en la audiencia intermedia que se realizará esta tarde la defensa insistirá en la firma de un acuerdo reparatorio con PEMEX por este caso en el que Lozoya pagaría 3.5 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

“Desde su llegada a México (extraditado desde España) venía con afectaciones importantes y su estado de salud se ha agravado, esa es la realidad, se encuentra

/ Diana Lastiri

El gobierno federal incrementó de 10 a 30 millones de dólares el monto de reparación del daño que le exige a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados; el exfuncionario acusó que esto es una extorsión contra él y su familia.

El martes 18 de julio, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López tenía programada la audiencia intermedia por el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados, en el que Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al inicio de la diligencia, PEMEX, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la defensa de Lozoya informaron al juez que no fue posible llegar a un acuerdo reparatorio para solucionar el conflicto. Debido a omisiones cometidas por las autoridades del gobierno federal, el juez decidió diferir la audiencia hasta el 31 de agosto próximo a las 12:00 horas.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, explicó al juez que desde mayo pasado la defensa se reunió en diversas ocasiones con PEMEX y la UIF para negociar el acuerdo; en tres de esas reuniones estuvo presente Emilio Lozoya Thalmann, padre del exfuncionario.

Le dijo que desde junio pasado los enviados de PEMEX y la UIF informaron a la defensa que el gobierno federal decidió exigir como reparación del daño la cantidad de 30 millones de dólares, 200% más de los 10 millones de dólares que el Consejo de Administración de la petrolera y la Unidad encabezada por Pablo Gómez, aceptaron desde abril del año 2022.

El gobierno dividió el pago en tres partes, sin embargo, al no abundar en las razones por las cuales estableció la cantidad requerida, la defensa solicitó una fundamentación y motivación de esta nueva exigencia, pero, según lo declarado por Ontiveros en la diligencia, no hubo respuesta. “No solamente era claramente infundada esta solicitud, sino que además era ilegal”, enfatizó.

“Creemos que una postura como la que ha asumido el gobierno mexicano -considerando la calidad de Emilio Lo - delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible, no está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada, que consideramos ilegítima”, explicó Ontiveros.

Si PEMEX acepta firmar el acuerdo reparatorio, Lozoya podría recuperar su libertad mediante la utilización de un brazalete electrónico pues así está ordenado en el caso Odebrecht en el que ya se dictó auto de apertura a juicio y el proceso penal continúa.

Desde marzo pasado la defensa y PEMEX solicitaron más tiempo para dialogar sobre las posibilidades de llegar a dicho acuerdo, pero hasta el momento no ha sido posible pues públicamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado que la cantidad que la petrolera ya había aceptado desde abril de 2022 es insuficiente.

Si PEMEX no acepta firmar el acuerdo, el juez tendría que dictar auto de apertura a juicio pues, según lo declarado por Ontiveros a medios de comunicación, la defensa no aceptará prorrogar más el asunto.

Reas Para Fumar

La Ley Antitabaco quedó suspendida de manera definitiva en todo el país, confirmó este martes 18 de julio el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Germán González Bernal.

El presidente de la CANIRAC, organización que agrupa a 600 mil establecimientos a escala nacional, explicó que, a consecuencia de esa suspensión, se podrá volver a fumar en espacios delimitados en restaurantes, bares y cafeterías.

La presidenta de la CANIRAC en Durango, Adriana Porras, fue quien dio a conocer la suspensión del decreto de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco o “Ley Antitabaco”, vigente desde el 15 de enero pasado, y detalló que los establecimientos podrán de nuevo establecer áreas para fumadores con las reglas de la ley anterior.

“El pasado 13 de julio, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a la CANIRAC la suspensión defi- nitiva del decreto”, informó el lunes 17 de julio, en un comunicado.

Uno de los argumentos de la CANIRAC es que antes de la Ley Antitabaco cumplían con las normas y protegían el libre desarrollo de la personalidad de los fumadores. Además, consideraba que la protección a los fumadores a esos extremos era restrictiva, discriminatoria y limitaba el ejercicio de otros derechos humanos.

Por eso pidió que se permitiera a sus afiliados prestar servicios de consumo en zonas habilitadas y exclusivas para fumar, de acuerdo con las disposiciones previas a la entrada en vigor del decreto.

Para pedir el amparo, la CANIRAC se basó en la Ley de Cámaras y sus Confederaciones y sus estatutos, para “defender, representar y promover los intereses de la industria restaurantera”.