Vivienda, casi imposible en Estados Unidos para migrantes irregulares Despreciables e inhumanos, los

tratos de Abbott: Casa Blanca

/ J. Jesús esqUivel

La Casa Blanca calificó de “despreciable e inhumano” el presunto trato que ordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott, a los migrantes indocumentados.

“Es muy peligrosa la indecencia”, comenzó diciendo Karine Jean Pierre, la vocera de la Casa Blanca, al ser cuestionada sobre los reportes, que afirman que Abbott ordenó a los agentes que nieguen agua para beber a los inmigrantes, que en su peregrinaje padecen la ola de calor que supera los 40 grados centígrados, y que los menores de edad sean regresados al río Bravo.

Para acceder a una vivienda en Estados Unidos, los migrantes irregulares, especialmente los hispanos, enfrentan diversas problemáticas: dificultades para que les alquilen, rentas excesivas y la imposibilidad de adquirir un crédito en los bancos por el alto riesgo de que sean deportados, afirmó la investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Ana Melisa Pardo Montaño.

“Casi siempre, cuando llegan al país de destino, se hospedan con algún familiar o amigo en el lugar de destino de manera provisional. Más adelante, cuando logran independizarse, intentan rentar, pero es complicado porque no tienen documentos y no cualquiera les quiere alquilar una vivienda”. Esta situación genera que piensen en comprar una casa, planteó.

En entrevista detalló que las instituciones crediticias básicamente a la población hispana le cobran mayores intereses cuando solicita un préstamo, y por lo regular les rechazan las solicitudes. Ellos sufren todas estas desigualdades.

La doctora en Geografía y maestra en Población y Desarrollo explicó que, cuando lo logran, los costos iniciales son mucho más altos que para cualquier otro grupo poblacional en EUA: les piden pagar documentación que no les solicitan a los demás y les cobran más intereses. “Así los bancos en poco tiempo recuperan el dinero”.

No obstante, prosiguió, al realizar el trámite para adquirir vivienda, los migrantes irregulares pocas veces corren un riesgo real de deportación. Es curioso, pero algunos hasta pagan impuestos. Allá se registran ante el equivalente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, y con esos pagos están inscritos y el gobierno tiene información sobre ellos.

Pardo Montaño apuntó que lo relativo a derechos está separado de los deberes y las cuestiones económicas. “Para que el migrante tenga acceso a salud y educación es todo un problema, pero cuando se trata de pagar impuestos hay muchas formas en que pueden hacerlo”.

La universitaria dijo que para que el banco preste dinero a fin de adquirir una vivienda hay que tener historial crediticio. “Revisan si pagan impuestos y si tienen acceso a cierto tipo de compras. Es una cuestión ambigua, porque cuando se trata de derechos, aunque seas irregular, estás beneficiando económicamente al país de destino. Me parece que es uno de los temas más incongruentes de la migración”.

Adquirir una vivienda significa para los migrantes planear a largo plazo, establecerse en el sitio de destino y pensar de manera familiar, en conjunto. “Pero cuando la familia está en el país de origen comienzan a disminuir las remesas y se redistribuyen”.

Si la familia está en EUA a veces se comparte la deuda, si varios integrantes trabajan. “Es una responsabilidad muy grande y transforma las dinámicas al interior de los hogares, porque hay ciertas cosas que ya no pueden hacer por pagar”, enfatizó.

En materia económica, indicó, se altera la cotidianeidad del núcleo familiar en una financiarización de la vida. Es decir, la economía lo transforma de manera importante al adquirir deudas no solo para vivienda, sino también para autos y el nivel de vida de la Unión Americana.

Interesada en cómo cambian los países de origen y de destino con la migración, Pardo Montaño sostuvo que después de un tiempo de estancia en otra nación las dinámicas culturales también comienzan a modificarse.

Por ejemplo, en un estudio que realizó entre una población de Morelos, México, y otra de Minnesota, EUA, encontró que en el sitio estadounidense hay una calle que parece mexicana, con paredes de negocios pintadas como si fuera un México nostálgico donde se habla español.

En contraparte, en el sitio morelense hay establecimientos de comida rápida que antes no existían y un estilo de vida que comienza a parecerse al estadounidense, finalizó.

“De ser cierto, no sería sorpresa por parte de un gobernador que puso en la calle a niños (inmigrantes indocumentados) en el invierno pasado con temperaturas bajo cero”, acotó la vocera del presidente Joe Biden, en referencia al historial antimigrante del gobernador texano. Desde que ganó por primera vez la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado de Texas, Abbott se ha destacado por mantener una política discriminatoria y racista para con los inmigrantes indocumentados, sin que les importe la violación a sus derechos humanos.

Emulando a otro gobernador republicano, a Ron DeSantis, de Florida, Abbott mantiene también la estrategia de detener y enviar a otros estados o la capital estadounidense a los inmigrantes indocumentados detenidos en Texas, sin importar que sean menores de edad o mujeres embarazadas.

Jean Pierre acotó que en contraste con lo que presuntamente se está realizando en Texas, el presidente Biden promueve una política migratoria con respeto a los derechos humanos y bajo la total aplicación de las leyes federales de inmigración. “Vamos a investigar si les están negando el agua”, apuntó la vocera de la Casa Blanca, agregando que Biden continuará promoviendo y negociando con el Congreso federal para que se apruebe su proyecto de ley que pide hacer una reforma integral a las leyes de inmigración.

“Una reforma amplia que permita un proceso basado en los principios y derechos humanos de los migrantes, como la propuesta que se envió al Congreso (federal) desde que el primer día que el presidente Biden asumió el poder (el 20 de enero de 2020)”, subrayó Jean Pierre.

EU no sancionará a México por la falta de combate a la pesca ilegal

El gobierno de Estados Unidos decidió no imponer sanciones comerciales a México por su falta de acción en el combate a la pesca ilegal, informó la organización internacional Oceana, dedicada a la protección de los océanos.

De acuerdo con Oceana, México tendrá a cambio un año para demostrar que está tomando las medidas necesarias para detener la pesca ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina. En caso contrario, Estados Unidos podría aplicar sanciones que afectarían en especial a los pescadores legales. El gobierno estadounidense se comprometió a fortalecer su colaboración para encontrar soluciones a los problemas que afectan al Alto Golfo de California.

La directora de Oceana en México, Renata Terrazas, afirmó que la decisión de Estados Unidos es una buena noticia para el sector pesquero y para los mares mexicanos. Recientemente, representantes de Oceana se reunieron con autoridades estadounidenses para expresarles que los embargos no son la mejor medida para combatir la pesca ilegal.

En contraparte, presentaron diversas propuestas que contribuyen a reducir esa actividad y evitar el impacto negativo de las sanciones comerciales, que perjudican a aquellos que cumplen con las normas.

Terrazas destacó que abordar el problema de la pesca ilegal en México requiere un compromiso firme de las autoridades mexicanas, así como de la colaboración con la sociedad civil y del sector pesquero legal, muchos de los cuales ya están buscando alternativas para continuar su labor.

La directora de transparencia de Oceana, Mariana Aziz, mencionó que el plazo de un año que Estados Unidos otorgó a México para mostrar avances en el combate a la pesca ilegal debería aprovecharse para restablecer y expandir el sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, inactivo desde enero, y aprobar la Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad, que lleva más de dos años detenida.

Aziz subrayó la importancia de tomar estas medidas para garantizar la certeza y transparencia en la pesca, lo que permitiría identificar quién cumple con las normas y quién no. Además, agregó, ayudarían a que los pescadores legales trabajen en condiciones justas y tengan acceso a los mercados internacionales, que cada vez exigen más pruebas del origen legal de los productos pesqueros.