G. CASTILLO Y C. ARELLANO

Orden de arresto contra Alemán Magnani

GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO

Un juez de control con sede en la Ciudad de México libró orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal.

Fuentes judiciales señalaron que el mandamiento fue a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que judicializó la carpeta de investigación en contra del hombre de negocios, por lo cual podría enfrentar prisión preventiva.

En febrero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), interpuso una denuncia por posible defraudación fiscal contra ABC Aerolíneas –controladora de Interjet–, Miguel Ale-

Interjet suma adeudos por más de $5 mil millones

DORA VILLANUEVA

La estela de adeudos que acumuló Interjet con el gobierno federal –entre cuotas de seguridad social, impuestos, servicios aeroportuarios y combustible– rebasaba 5 mil millones de pesos a finales de 2020. A ello se suman salarios caídos para 5 mil trabajadores e impagos a proveedores. Todo es parte de las obligaciones de una empresa que, sin operaciones desde diciembre pasado, insiste en la narrativa de un proceso de restructuración financiera en curso.

Hace un año, cuando ya era pública parte de su situación financiera, la firma anunció una capitalización impulsada por el ex banquero Carlos Cabal Peniche y el empresario Alejandro del Valle por 150 millones de dólares. Al final sólo este último quedó en el negocio, al adquirir 90 por ciento de las acciones, mientras la familia Alemán, que hasta entonces controlaba la aerolínea, quedó con una participación mínima. Sobre cómo puede afectar a su proceso de restructuración financiera una orden de aprehensión girada contra Miguel Alemán Magnani por presunta defraudación fiscal operada a través de la aerolínea, “Interjet no tiene comentarios al respecto”, comentó su vocero.

La víspera, un juez federal giró orden de arresto por presunta defraudación fiscal contra Miguel Alemán Magnani, hijo de Alemán Velasco y quien fue director de la empresa. Si bien se ha reportado que la Procuraduría Fiscal de la Federación –dependiente de la Secretaría de Hacienda– impuso la demanda en la Fiscalía General de la República por un adeudo 66 millones de pesos en impuestos reternidos por concepto de salario, los impagos de la aerolínea son mayores. mán Velasco y Miguel Alemán Magnani, presidente y vicepresidente de la empresa, respectivamente, por no enterar al fisco 66 millones 285 mil 195 pesos de impuestos retenidos por concepto de salarios.

La querella presentada ante la FGR, a partir de una “denuncia ciudadana”, indica que Interjet no pagó al fisco dicha cantidad, correspondiente al impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores en 2018.

La denuncia presentada por la PFF se sustenta en el testimonio de una persona que aseguró trabajar para la empresa, y quien denunció que Interjet no pagó ISR al fisco entre 2018 y 2020, aun cuando realizó el descuento a los trabajadores.

La demanda también involucra a José Mejía Ordaz, apoderado legal de la compañía. La deuda de impuestos al fisco por parte de la familia Alemán, propietaria de Interjet, supera 4 mil 690 millones de pesos, situación que ha derivado en diversas multas y embargos.

La crisis en Interjet se profundizó con la pandemia de Covid-19, pero sus dificultades financieras son públicas desde 2018 y estallaron un año después.

La aerolínea arrastra desde 2013 el pago de impuestos al SAT y , además, debe a Aeropuertos y Servicios Auxiliares la tarifa de uso aeroportuario y combustible, a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y al Instituto Nacional de Migración.

Desde septiembre pasado la empresa debe el pago de seguridad social, créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. En noviembre canceló decenas de vuelos, suspendió sus operaciones a mediados de diciembre de 2020 y, por ello, el pasado 8 de enero los sindicalizados colocaron banderas rojinegras en mostradores e instalaciones, huelga que a la fecha se mantiene vigente.

▲ Acusan de defraudación fiscal a Miguel Alemán Magnani. Foto María Luisa Severiano

▲ Las grietas en los alrededores de lo que pretendía ser el nuevo aeropuerto internacional de México fueron descubiertas a finales de abril y principios de mayo. “Las fracturas que se han acelerado en estos días de lluvia son el efecto de la desecación sistemática que han hecho los tres anteriores gobiernos, pero han crecido y se ha creado un problema muy grave”, señaló Ignacio del Valle, uno de los líderes del FPDT, al mostrar las grietas encontradas en la zona ejidal de Santa Cecilia, a las orillas de la autopista Ecatepec-Pirámides. Dicha carretera se construyó en el lecho de lo que fuera la Laguna Xalapango.Fotos Luis Castillo

MIDEN HASTA 500 METROS DE LARGO Y 8 DE PROFUNDIDAD

Temen tragedias por socavones en Texcoco, por el surgimiento de enormes y crecientes grietas

Aparecieron tras la decisión de desviar los ríos para desecar la zona y construir el hoy cancelado aeropuerto internacional // En el futuro otros gobiernos podrían reactivar el proyecto, advierten

FERNANDO CAMACHO SERVÍN ENVIADO SAN SALVADOR ATENCO, EDOMEX.

Al río Papalotla, literalmente, se lo está tragando la tierra. El que fuera alguna vez uno de los principales afluentes del lago de Texcoco se ha desviado de su cauce natural debido a las múltiples grietas que han surgido en esta zona y está desapareciendo tierra abajo, sin saber a ciencia cierta dónde se dirige todo su caudal.

A decir de los pobladores, dichas fracturas son resultado directo de las obras que se han hecho desde el sexenio de Vicente Fox para desviar los ríos que confluían en esta región, con el objetivo de desecar los terrenos y permitir la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM), megaproyecto que el actual gobierno canceló, pero que los lugareños temen que pueda “revivir” en próximas administraciones.

Durante un recorrido organizado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), habitantes de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños denunciaron que a finales de abril y principios de mayo comenzaron a notar la aparición de grietas en diversas zonas.

En la actualidad han documentado la presencia de al menos 20 de estos resquebrajamientos de la tierra, que van de los 100 a los 500 metros de largo, con profundidades hasta de 8 metros en algunos puntos, los cuales han comenzado a llegar a parcelas de cultivo y caminos vecinales, además de afectar el curso de los ríos y pasar por debajo de autopistas. “Las fracturas que se han acelerado en estos días de lluvia son el efecto de la desecación sistemática que han hecho los tres anteriores gobiernos, pero han crecido y se ha creado un problema muy grave”, señaló Ignacio del Valle, uno de los líderes del FPDT, al mostrar las grietas encontradas en la zona ejidal de Santa Cecilia, a las orillas de la autopista EcatepecPirámides.

Dicha carretera se construyó en el lecho de lo que fuera la Laguna Xalapango, la cual abarcaba al menos 600 hectáreas, en donde había múltiples especies de fauna y flora, además de actividades económicas, recuerdan los habitantes.

Sin embargo, dicho cuerpo de agua desapareció por efectos del llamado Canal Colector, una serie de obras de infraestructura cuyo objetivo es desviar el agua que confluía en esta zona, proveniente de las montañas de Tepetlaoxtoc y Texcoco, y que llegaba a través de nueve ríos, de los cuales el más caudaloso era el Papalotla.

Para Jorge Daniel Fonseca, también integrante del FPDT, el hecho de que el mencionado canal siga operando va en contra del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar los cuerpos de agua de la zona tras la cancelación del NAIM, y es responsabilidad del actual director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Bourguett Ortiz.

De acuerdo con los habitantes de Atenco, la gran paradoja de este caso es que dicho funcionario, quien en su momento se manifestó a favor de la desecación del lago de Texcoco, es hoy el encargado de cumplir la orden presidencial de recuperar los mismos cuerpos de agua que propuso eliminar.

“La Comisión Nacional del Agua sigue manteniendo las estructuras que se requirieron para desecarlos y nosotros decimos que se están conservando para que en un futuro el proyecto aeroportuario (en Texcoco) pueda operar”, alertó Fonseca.

Hoy, señalan los habitantes de Atenco, el hecho de que al río Papalotla se lo esté “literalmente tragando una grieta” genera además el riesgo de que esa agua se vaya de forma subterránea a poblados y carreteras, y ello produzca una “tragedia” como la del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca. Puede consultar la versión completa de este texto en https://cutt.ly/jmEB1nf

Prevén hasta 7 millones de embarazos no deseados durante la pandemia

Al celebrar el Día Mundial de la Población, la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) en el país, Leonor Calderón, informó que por la pandemia del Covid-19, 47 millones de mujeres de bajos ingresos en el orbe no podrán acceder a anticonceptivos modernos, lo que puede derivar en 7 millones de embarazos no deseados.

Para México se calcula que serían 900 mil las personas en esa situación, por lo que podrían ocurrir 114 mil embarazos no planeados.

Además se anticipa la ocurrencia de más de 52 mil abortos inseguros, 200 muertes maternas adicionales y 2 mil 636 muertes neonatales.

Acompañada de funcionarios y especialistas, Calderón explicó que el acelerado avance de la pandemia pone el riesgo las opciones y los servicios para atender la salud reproductiva y sexual. Debido a que hay una fuerte competencia por los recursos económicos y se sabe que a la menor coyuntura, esas áreas son relegadas. La funcionaria del sistema de Naciones Unidas en México destacó que al comienzo de 2020, 4.2 millones de mujeres tenían necesidades de servicios insatisfechas y no por el coronavirus, sino que era una brecha que no se había logrado superar.

Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), resaltó que es un hecho que la pandemia profundizo las brechas de género y las desigualdades sociales.

Con base en datos del Instituto Nacional de las Mujeres, expuso que el confinamiento aumentó las tensiones en el hogar y que las mujeres estuvieran más expuestas a la violencia. Se estima que 5.8 por ciento de las mujeres de más de 20 años registraron algún tipo de agresiones y de ellas 81 por ciento eran niñas y adolescentes.

Leonor Calderón recordó que en 1987 había 5 mil millones de habitantes en el mundo y hoy son 7 mil 900 millones, es decir, se ha registrado un crecimiento de más de 84 millones cada año, lo que equivale a la población de países como Alemania y Turquía.

Americas Gold and Silver sabotea inspección en mina de Cosalá

ANDREA BECERRIL

El líder nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que pese al acuerdo con la canadiense Americas Gold and Silver para poner fin a la huelga de 18 meses en la mina de Cosalá, Sinaloa, parece que la empresa no está dispuesta a cumplir lo pactado en la Secretaría de Gobernación (SG), porque ayer “saboteó la inspección” a las instalaciones.

En entrevista, el senador de Morena sostuvo que es el más interesado en que se reanuden las actividades y se recuperen los empleos lo más pronto posible, pero ello depende, entre otras cosas, de que las autoridades laborales certifiquen que la mina y las plantas son seguras, pero la empresa, “que siempre acude al engaño, ayer impidió que esa inspección pudiera llevarse a cabo de forma correcta, y contó para ello con inspectores de la Secretaría del Trabajo (y Previsión Social, STPS) que no cumplieron con su obligación”.

Según lo pactado en la SG, la inspección debía iniciarla ayer la autoridad laboral con tres representantes de la empresa y tres del Sindicato Minero. Sin embargo, se presentaron ocho inspectores de la STPS, un enviado de la SG y nadie de la Secretaría de Economía (SE), pero sí una docena de directivos y abogados del consorcio canadiense, “que de forma prepotente impusieron sus criterios y pretendían que no bajaran primero a la mina”.

Gómez Urrutia agregó que cuando finalmente aceptaron, querían que se internaran al yacimiento sin equipo de protección (no había cascos, botas ni lámparas), pues no se había preparado la inspección. Dado que los representantes de la sección 337 del Sindicato Minero se negaron, personal de la empresa, especialmente un canadiense a quien llamaban Pierre, los insultó y les gritó que los huelguistas se habían robado todo.

“Actitud sumisa de STPS”: Gómez Urrutia

Hubo fricciones, pero “lo más lamentable fue la actitud sumisa de los inspectores de la STPS, que se plegaban a lo que los directivos de Americas Gold and Silver les señalaron”, detalló el dirigente del Sindicato Minero. Precisó que hicieron esperar horas a sus representantes, el equipo nunca llegó y la empresa intentó que de todas formas se firmara el acta de inspección.

“Mis compañeros no lo permitieron. Es obvio que la empresa quería simular que la visita se había llevado a cabo, pretendieron también quedarse dentro de las insta-

“Acuerdo en outsourcing incluye pago de utilidades”

El acuerdo en el contexto de la reciente reforma en materia de subcontratación laboral incluye el pago de utilidades de manera proporcional a las ganancias de las empresas, particularmente en el sector minero, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Pueden decir que proporcionalmente es menos, pero que cuantitativamente es lo mismo. No, no pueden recibir menos proporcionalmente; es decir, si es más la utilidad, tienen que recibir más, por eso es reparto de utilidades”, puntualizó. Interrogado en su conferencia de prensa sobre las negociaciones contractuales en Cananea, el mandatario encargó a la Secretaría del Trabajo abordar el caso para aclararlo, y confió en que la empresa “entienda de qué se trata”, ya que si sube el precio de los minerales, también deben incrementar los pagos a trabajadores. Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

laciones, pero fueron sacados por los sindicalistas, a pesar de que los amenazaron con llamar a la Guardia Nacional”.

Al final, resaltó, se acordó que hoy se intentará de nuevo inspeccionar la mina y la planta, que estuvieron cerradas más de año y medio.

Gómez Urrutia advirtió que no se reanudarán actividades mientras no se constate la seguridad de las instalaciones, además del pago de salarios caídos a los 330 mineros y el retiro inmediato de las denuncias contra trabajadores y los 14 dirigentes seccionales que la empresa interpuso para tratar de obligarlos a permanecer en un sindicato de la CTM.

Hizo notar que el acuerdo del pasado miércoles, producto de largas negociaciones y de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien se pronunció siempre por un arreglo conciliatorio– es de gran relevancia, porque obliga a la empresa canadiense a respetar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, pero hace falta que la SG, STPS y SE vigilen que se cumpla.

Plantón de jubilados frente a las ofi cinas centrales del IMSS

JARED LAURELES

Trabajadores de la Alianza Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS (JubIMSS) decidieron mantener el plantón frente a las oficinas centrales del organismo, en la Ciudad de México, al no obtener respuesta a su demanda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba a una comisión para buscar una solución al pago de pensiones de la subcuenta de cesantía y vejez.

Ayer los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación (SG), a la que acudió –como solicitaron– un funcionario de la Presidencia de la República, identificado como Francisco Javier Gómez Velazquez, director de Planeación de la Oficina de Atención Ciudadana.

En entrevista, Ángel Palestino Vilchis, vocero de JubIMSS, indicó que por medio del funcionario enviaron al titular del Ejecutivo federal “nuestro razonamiento y versión de los hechos, que desmiente por completo lo que se llegó a decir, de que pedíamos una doble pensión, lo cual es falso”.

Detalló que entregó “documentos probatorios”, que contienen estados de cuenta –de jubilados de Veracruz, Tlaxcala y Morelos–, en los que “el jubilado tiene cierta cantidad de la subcuenta de cesantía y vejez, y cuando cumple 60 años, el dinero se lo quitan y se transfiere al gobierno federal”.

Tras el encuentro se firmó una minuta con tres acuerdos: la entrega de las pruebas documentales a Gómez Velázquez, incluyendo la denuncia ante la Fiscalía General de la República por corrupción en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 32, en Oaxaca, donde “se cobra un moche de hasta 70 por ciento” de lo que le correspondería al trabajador por cesantía y vejez.

También se pidió al funcionario “transmitir la solicitud de una audiencia” con el presidente López Obrador, y una vez que reciban la propuesta de fecha “liberarán en su totalidad” el plantón instalado en Paseo de la Reforma.

Ayer por la mañana, otro grupo

▲ Jubilados del IMSS bloquearon la avenida Félix Cuevas; demandan audiencia con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Foto Alfredo Domínguez

de jubilados realizó una manifestación y clausura simbólica simultánea en 45 oficinas del Servicio de Administración Tributaria en toda la República, incluida la de la capital, también por la devolución de los ahorros por cesantía y vejez. En entrevista, Samuel Luna, integrante de la mesa jurídica de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), explicó que entre noviembre de 1997 y noviembre de 2015 los trabajadores recibieron los recursos. Sin embargo, a partir de ese último año, “por una decisión del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray”, se suspendió la entrega de sus ahorros. De acuerdo con los jubilados de ambas organizaciones, a escala nacional suman entre 80 y 90 mil afectados, con ahorros que ascienden de 300 mil a un millón de pesos cada uno.

Ordena la Corte al INE y el Inegi bajar el sueldo de sus altos funcionarios

EDUARDO MURILLO

Los altos funcionarios de los institutos Nacional Electoral (INE) y Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tendrán que disminuir sus salarios por debajo de lo que gana el Presidente de la República, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les negó la petición para suspender la ley que limita las percepciones de los servidores públicos.

Se trata del más reciente capítulo del litigio de varios órganos constitucionales autónomos en contra de que sus directivos ganen menos que el primer mandatario del país.

Tanto el INE como el Inegi presentaron por separado recursos contra la más reciente reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), promulgada en mayo pasado.

Aunque el ministro Fernando Franco González Salas admitió a trámite las controversias, se negó a suspender la aplicación de la ley impugnada, dado que se trata de una norma general cuya continuidad no pone en riesgo la seguridad o economía nacionales ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

Desde que se aprobó la primera versión de la LFRSP, en diciembre de 2018, diversos órganos constitucionales autónomos la han combatido ante la SCJN, argumentado que la imposición de un tope salarial vulnera su independencia.

Así, consiguieron el año pasado que la SCJN ordenara hacer explícitos todos los rubros que integran el salario presidencial, que es el parámetro máximo de ingresos para los servidores públicos, y por ello se reformó la LFRSP en mayo de 2021.

Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE y el Inegi presentaron nuevamente sendas controversias contra el tope salarial, de las cuales sólo se han admitido la de estos dos últimos organismos.

Antes del 20 de agosto, la consulta sindical en planta de GM en Silao

JARED LAURELES

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un “curso de reparación” por la denegación de derechos de trabajadores en el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, el cual evita la eventual imposición de sanciones comerciales, dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Lo anterior se da en respuesta a la solicitud de revisión presentada el pasado 12 de mayo por el gobierno de Estados Unidos, a través de su representante comercial, Katherine Tai, para que México investigara la posible “denegación de derechos” y violaciones a la libertad sindical de los trabajadores. Este hecho significa el primer curso de remediación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

El acuerdo anunciado ayer por la STPS establece que la consulta se reponga antes del 20 de agosto, “asegurando que los trabajadores puedan votar en un ambiente democrático y seguro”. Tal resolución se da en el marco de una reunión de la funcionaria estadunidense Katherine Tai con autoridades mexicanas para conversar sobre la implementación de la reforma laboral en el país.

También se determinó la presencia de inspectores federales de la dependencia a partir de esta semana, para prevenir y atender cualquier intimidación. Además, la “presencia robusta” de observadores internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en las instalaciones y de observadores de un organismo autónomo mexicano antes y durante la nueva votación.

Así, se “evita la instalación de un panel de arbitraje internacional y la eventual imposición de sanciones comerciales. De implementarse adecuadamente, la empresa seguirá gozando de los beneficios comerciales de pertenecer” al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Este primer curso de reparación bajo el nuevo Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC refleja la intención compartida de México y Estados Unidos para que el comercio beneficie a los trabajadores”, indicaron los gobiernos de ambos países en un comunicado conjunto.

La fecha de finalización del curso de reparación es el próximo 20 de septiembre.

Cabe recordar que la STPS ordenó en mayo pasado al sindicato “Miguel Trujillo López”, de la Confederación de Trabajadores de México, la reposición del proceso de consulta, luego de acreditar “irregularidades graves que afectaron los resultados de la votación”. Estableció 30 días hábiles para hacer lo propio; no obstante el plazo venció el pasado 11 de junio.

Días después la autoridad laboral informó que extendió al 20 de agosto el plazo, a solicitud del propio sindicato, y puntualizó que en caso de incumplir dicho proceso el contrato colectivo se dará por terminado, mientras los trabajadores conservarían sus beneficios.

Relanza SRE su página web para evitar fraude y coyotaje

Para evitar el robo de datos personales y el acaparamiento de citas por parte de coyotes, la Secretaría de Relaciones Exteriores modificará a partir de este viernes el formato del sitio web donde los ciudadanos pueden agendar una entrevista para tramitar su pasaporte.

Esto porque se ha detectado que continuamente se crean páginas falsas donde supuestamente se pueden agendar las citas, pero en realidad sólo se busca obtener los datos personales de los usuarios para venderlos.

También se pretende evitar que gestores o coyotes acaparen las citas, pues desde enero a la fecha se detectó que más de 21 mil citas se tramitaron con correos electrónicos temporales.

Se intentará que el nuevo sitio oficial aparezca en los primeros lugares de los motores de búsqueda en internet más utilizados por los mexicanos, con el fin de prevenir todas estas prácticas fraudulentas. La cancillería reconoció que con la pandemia bajó a más de la mitad el trámite de pasaportes, pues durante el año pasado sólo se entregaron un millón 500, en comparación con 2019 cuando este número llegó a casi 3 millones 200 mil.

Ahora, sin embargo, el número de solicitudes de pasaportes repunta poco a poco y tan sólo en junio pasado se expidieron 310 mil de estos documentos en las 47 oficinas que funcionan para este fin en todo el país.

Finalmente, se informó que en septiembre próximo comenzará a expedirse en algunas oficinas el pasaporte electrónico, que contiene un chip con toda la información de su propietario, y que para enero del próximo año este tipo de documento se podrá distribuir en todo el país y en las oficinas consulares de México en el mundo. Eduardo Murillo

EN EL SUR-SURESTE, SÓLO 10 POR CIENTO Con puesto formal y digno, uno de cada 5 trabajadores en México, destaca estudio

JARED LAURELES

De las 20 millones de personas en edad y condición de trabajar que viven en la región sur-sureste del país, 11 millones laboran en condiciones precarias, sin ingresos suficientes y “marginadas de la seguridad social”, indica un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización, detalló que del total sólo 1.6 millones de personas cuentan con un trabajo formal y digno, con seguridad social e ingresos suficientes para comprar dos canastas básicas (canasta familiar). Esto significa que menos de 10 por ciento de la población en esa zona “tiene condiciones básicas y trabajo para salir de la pobreza”.

En tanto que 7.1 millones “están totalmente excluidas” del mercado laboral. Se trata de personas que están buscando de manera activa y no encuentran trabajo, y otras que no pueden trabajar porque realizan labores sin remuneración en el hogar; en esta zona del país, 97 por ciento de quienes están en esa condición son mujeres.

En videoconferencia de prensa, Gómez Hermosillo dio a conocer los resultados del Semáforo de Trabajo Digno para la región sur-sureste, que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; fue elaborado con base en el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

El estudio revela que, sin contar a estudiantes, pensionados y personas con impedimentos graves, México tiene una población de casi 75 millones de personas en edad y condiciones de trabajar, pero sólo están ocupados 50 millones. Del total, sólo 9 millones tienen un trabajo digno, “esto es menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México”, subrayó.

Mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y carecen de seguridad social. En tanto que 24.6 millones quedan fuera del mercado laboral por desempleo o porque realizan “quehace-

▲ Según el documento, 35.6 millones laboran sin un salario sufi ciente ni seguridad social. Foto Roberto García Ortiz

res de cuidados o del hogar. A nivel nacional, de esta última cifra, 95 por ciento son mujeres. El documento refiere que cada año hay un déficit de cerca de 700 mil empleos.

De los estados antes mencionados, Campeche es de los que cuentan con un menor número de personas con trabajo formal, con 69 mil; seguido de Guerrero, con 105 mil; Tabasco, 134 mil, y Oaxaca, con 172 mil empleos dignos.

“El semáforo del trabajo digno es un llamado de atención, los datos confirman que el mercado laboral sigue siendo una fábrica de pobreza y que las condiciones en el sur del país son las más precarias, las que generan mayor carencia. La correlación entre la mayor pobreza de muchos de los estados del sur-sureste y la precariedad del trabajo es totalmente directa”, expuso Gómez Hermosillo.

Vacunas y obras de la 4T, a revisión de la ASF

Mediante un acuerdo que se publicó este jueves en el Diario Oficial, la Auditoría Superior de la Federación incorporó a su programa anual de auditorías, dentro de la revisión de la cuenta pública 2020, la fiscalización de los recursos destinados “a la adquisición y distribución de las vacunas contra el Covid 19”. De igual forma, como parte de esta ampliación de sus indagatorias, se incluyó una auditoría de desempeño a la Atención Sanitaria que proporciona el Instituto de Salud para el Bienestar y otra a la distribución de medicamentos contra el cáncer. En el acuerdo publicado por la ASF –que incluye 108 nuevos ejercicios– también se contemplan auditorías a proyectos centrales de la actual administración: los recursos destinados a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles por parte de la Defensa Nacional; una auditoría “cumplimiento de inversiones físicas” al Fondo Nacional de Fomento al Turismo asociadas al proyecto del Tren Maya y otra más a “las transferencias del gobierno federal y gestión financiera de los gastos de operación” del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV.

Como parte del paquete de 108 auditorías (en su gran mayoría realizadas a gobiernos estatales y municipales, habrá otra a la Secretaría de Hacienda asociada a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y una más al Consejo Nacional de Fomento Educativo. De la Redacción

“PROCESO PLAGADO DE CORRUPCIÓN”

Exigen frenar consulta sobre proyecto eólico en comunidad zapoteca

Implica alto riesgo de contagios para las miles de personas que participarían, señala grupo civil

JESSICA XANTOMILA

Pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca, demandaron a la Secretaría de Economía frenar la consulta indígena sobre la construcción en sus tierras del megaproyecto de energía eólica Gunaa Sicarú, de la empresa francesa Électricité de France (EDF).

La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) –que acompaña el caso–, señaló que este proceso “ha estado plagado de corrupción” y desinformación, “por lo que la comunidad exige la suspensión de la misma hasta que existan las condiciones adecuadas”, añadió.

Indicó que ahora la empresa y el gobierno estatal “pretenden reactivar este proceso a pesar del aumento en las muertes y contagios por Covid-19, no importándoles el riesgo que esto implica para las miles de personas que participarían”. Ante ello, ProDESC recaba firmas en la plataforma Change.org para exigir que se suspenda la consulta.

Recordó que desde 2015, EDF, “la mayor empresa transnacional de energía francesa y uno de los principales productores de electricidad a nivel mundial, busca construir el parque eólico Gunaa Sicarú en tierras de la comunidad indígena zapoteca Unión Hidalgo a través de sus filiales locales mexicanas”.

Sin embargo, los pobladores no han sido efectivamente consultados sobre este proyecto. Agregó que el 13 de octubre de 2020, representantes de Unión Hidalgo, junto con ProDESC y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, presentaron una acción legal bajo la ley francesa de vigilancia “para prevenir mayores violaciones del derecho fundamental de la comunidad al consentimiento libre, previo e informado, así como serios riesgos para su integridad física en relación con el proyecto eólico de EDF”.

INM retiene durante 17 horas a catedrático colombiano junto con su esposa y dos hijos

Miguel Ángel Beltrán vivió una situación similar en 2009, tras ser relacionado con la guerrilla de su país

JESSICA XANTOMILA

La organización Sin Fronteras denunció que el catedrático colombiano Miguel Ángel Beltrán y su familia fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por 17 horas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), “violando así nuevamente sus derechos humanos”.

Beltrán vivió una situación similar en 2009, cuando el INM lo retuvo y expulsó del país –donde era residente posdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México–, luego de ser relacionado por el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No obstante, en 2011 fue absuelto del cargo de rebelión.

La organización también recordó que hace 10 años el INM negó la solicitud de asilo a Beltrán, por lo que fue sancionado por dicha acción. Ahora, lo detuvo junto con su esposa y sus dos hijos menores de edad bajo el argumento de que “tienen antecedentes penales”, y después 17 horas fueron liberados.

Normalistas de Mactumactzá insisten en diálogo con AMLO

Instan a que se garantice la libertad absoluta de sus 95 compañeros sometidos a proceso

LAURA POY SOLANO

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, quienes permanecen en un plantón permanente frente a Palacio Nacional, informaron en conferencia de prensa que pese a buscar una audiencia tanto en las oficinas de la Presidencia de la República como en otras dependencias, “no hemos obtenido ninguna respuesta a nuestra demanda de establecer mesas de diálogo y, principalmente, que se garantice la libertad absoluta a los 95 compañeros que siguen sometidos a proceso penal”. Señalaron que “desde mayo pasado, cuando fueron detenidos nuestros compañeros por realizar una protesta pacífica en una caseta de cobro, tenemos a casi un centenar de estudiantes sometidos a un proceso penal que no sólo pone en peligro su libertad, sino su futuro profesional, pues como maestros, uno de los requisitos para ejercer nuestra profesión es no contar con antecedentes penales”.

Alumnos de la normal de Mactumactzá, de Chiapas, señalaron que “como hijos de campesinos, la mayoría de nosotros tenemos en la normal rural la única oportunidad de acceder a una educación universitaria y poder ejercer una carrera profesional, porque nuestras familias no cuentan con recursos para darnos ningún apoyo, y ahora enfrentamos una nueva escalada

▲ El proceso penal contra 95 normalistas de Mactumactzá pone en peligro su futuro profesional, señalan los estudiantes que mantienen un plantón en el Zócalo capitalino. En la imagen, marcha en Chiapas con la misma exigencia. Foto Cuartoscuro

de represión contra el normalismo rural, que lleva décadas sobreviviendo a las políticas que buscan su destrucción”.

Los estudiantes, acompañados por padres de los alumnos sometidos a proceso penal, sentenciaron: “no vamos a retirar el plantón hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos escuche, él prometió que se atendería a los estudiantes normalistas y que en su gobierno no habría más represión, pero en los hechos no es eso lo que estamos viviendo”.

Trato digno a repatriados mexicanos, demanda Garduño a autoridades de EU

Firma convenio para facilitar a retornados su reintegración social y reinserción económica

DE LA REDACCIÓN

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, pidió ayer a representantes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos una atención digna para los mexicanos repatriados a través de la frontera común.

Durante una visita a Tijuana, Baja California, donde estuvo en el punto de internación Mesa de Otay, dijo que los connacionales merecen respeto y el mayor de los reconocimientos por sus aportaciones sociales, económicas y culturales en ambos lados de la línea divisoria entre los dos países.

Señaló que el organismo a su cargo trabaja para que cuando un mexicano sea regresado a territorio nacional se le brinde alimentación y transportación a su entidad de origen, así como orientación e información sobre las vías previstas por el gobierno de México para su reintegración a la vida productiva del país.

Garduño Yáñez suscribió un convenio de coordinación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que facilita la reintegración social y reinserción económica de los repatriados de Estados Unidos.

A partir del acuerdo, se ofrece a las personas migrantes en retorno la posibilidad de ser evaluadas para obtener un certificado de competencias laborales, informó el INM en un comunicado.

Agregó que el funcionario se encuentra en Baja California como parte de tareas permanentes de supervisión al personal y a las instalaciones migratorias en el país.

MICHOACÁN, EL MÁS DAÑADO El narcotráfi co inhibe la producción forestal en al menos tres estados: ONG

“Los mayores altibajos de los últimos 25 años, en el centro del país”, apunta estudio

CAROLINA GÓMEZ MENA

El narcotráfico ha afectado la producción forestal en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco, pero también existen otros factores adversos, como el poco acceso a capital de inversión, la “tramitología” para obtener permisos de aprovechamiento y los “altos costos de los diversos requisitos para hacer un manejo sostenible”.

En la presentación del reporte La producción forestal en México a lo largo del tiempo: avances y retrocesos, elaborado por expertos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMS), se advierte que hay más de 60 millones de hectáreas de bosques, por lo que el país es de vocación forestal. Actualmente 5 millones de hectáreas tienen autorización de aprovechamiento maderable.

Juan Manuel Barrera, director ejecutivo de Resiliencia y Desarrollo Comunitario AC, integrante del CCMS y autor principal del estudio, precisó que la región centro del país es “donde se han registrado los mayores altibajos en la producción forestal en los últimos 25 años. Michoacán ha sido el estado más colapsado en cuanto a la producción forestal. De 1.5 millones de metros cúbicos que se tenían en 2000, se colapsó a partir de 2009-10 a menos de 500 mil metros cúbicos”.

Precisó que “el crimen organizado ha inhibido los aprovechamientos forestales en las regiones sudoccidental (municipio de Coalcomán y vecinos) y oriente de Michoacán (Zitácuaro, Ocampo, Hidalgo, Angangueo y otros municipios) por la imposición de cuotas para sus empresas”.

Pero también la caída de la producción se relaciona en la entidad con la deforestación, y es que “cada año se pierden unas 6 mil hectáreas de bosques de pino para dedicarlas a cultivar aguacate. En los

▲ Cinco millones de hectáreas en el país tienen autorización de aprovechamiento maderable. En la imagen, trabajos para fomentar la fi ltración de agua en Tlalpan. Foto Cristina Rodríguez

últimos años se le han cambiado el uso de suelo a casi 100 mil hectáreas de bosque”, precisó Barrera, quien añadió que a esto se suma la “costosa tramitología”.

En el foro virtual, mencionó que “en Guerrero las organizaciones regionales y las empresas forestales comunitarias han tenido gran presión del crimen organizado, y han tenido que disminuir o se han visto forzadas a cerrar sus aserraderos y sus empresas forestales comunitarias”.

Guerrero y Oaxaca “tienen una historia de organización forestal de más de 30 años. La diferencia es que en Oaxaca el crimen organizado no ha permeado las estructuras comunitarias forestales”.

Dijo que en el sureste debido a la operación del Tren Maya habrá impactos. “Cada una de las 18 estaciones que se construirán tendrán un crecimiento expansivo, que muy probablemente causará degradación en las selvas.”

Detienen a dos que transportaban coca y heroína en Guanajuato

más de nueve kilos de cocaína y más de tres kilos de heroína. Los presuntos traficantes de droga fueron capturados en la carretera Querétaro-Irapuato cuando en una revisión se detectó la droga. El asunto inició porque los guardias solicitaron al conductor de la unidad que detuviera la marcha del vehículo porque los ocupantes infringían el reglamento de tránsito debido a que no portaban el cinturón de seguridad. Los detenidos y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Procesan a empresario presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca

Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargos contra Baltazar Higinio Reséndez

CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente por colaborar como prestanombres de gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante una audiencia que duró más de 12 horas, el impartidor de justicia dio plazo de tres meses prorrogables para la investigación complementaria. Asimismo, le dictó prisión preventiva oficiosa y seguirá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano.

El juzgador resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos de prueba suficientes para suponer que Baltazar Higinio formó parte de un entramado por el que se adjudicaron contratos de obra pública para triangular dinero en favor del mandatario estatal.

Reséndez Cantú fue detenido el jueves de la semana pasada por autoridades estadunidenses en Texas, y ante la existencia de la orden de captura en su contra lo deportaron a México. Fue entregado a integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) y representantes de la FGR, en el puente internacional MacAllen-Reynosa.

La madrugada del viernes ingresó al Cefereso 1. De acuerdo con las constancias del Ministerio Público Federal, Reséndez Cantú participó en el esquema financiero a través del cual el gobernador de Tamaulipas adquirió y se benefició de la compra de un departamento que se localiza en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos.

El imputado es propietario de las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, a través de la cual se encubrió el traspaso de recursos de origen ilícito, y la compra del departamento a través del cual García Cabeza de Vaca habría obtenido unos 42 millones de pesos.

Aún falta cumplimentarse una orden de captura contra el dueño de la empresa T Seis Doce SA de CV, identificado como Juan Francisco Tamez Arellano, en tanto se resuelve si es procedente ejercitar acción penal en contra del gobernador de Tamaulipas.

Duarte Jáquez ha perdido 80 amparos contra el pedido de extradición a México

JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO CORRESPONSALES CHIHUAHUA, CHIH.

La defensa del ex gobernador César Duarte Jáquez (2010-16), detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, ha perdido desde entonces los 80 amparos contra el pedido de extradición del gobierno de México y también las 21 órdenes de aprehensión que enfrenta, “aquí no hay victorias para el ex gobernador”, afirmó el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

“Los elementos que conforman la solicitud de extradición y en los que se basó su detención son completamente sólidos, incluso la jueza federal en Miami, Lauren Fleischer Louis, antes de terminar la audiencia del 26 de enero de 2021, estableció que se reunían los requisitos de extradición y que única y exclusivamente faltaba ordenarlo por escrito.”

Espinoza Cortés destacó que la defensa del ex mandatario ha perdido todo: amparos, bienes, ranchos y desde luego, la libertad de su cliente, quien se encuentra preso en una cárcel vertical de Miami, en una celda de cuatro por tres metros y sin beneficio alguno.

En otro ámbito, Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del político ex priísta, informó que un juez de distrito otorgó ya la suspensión definitiva contra la extinción de dominio pretendida por el estado en algunas propiedades del ex mandatario.

El gobierno del estado informó que, pese a esa resolución, se han regresado al pueblo de Chihuahua 712 millones 5 mil 312 pesos por los novedosos esquemas para combatir la evasión fiscal, la simulación de facturas, contratos y desvío de recursos, así como a la reintegración del daño producto de 16 sentencias condenatorias logradas al momento, contra ex colaboradores y personas ligadas al ex mandatario.

¡Es el dinero!

JORGE CARRILLO OLEA

Mil calamidades se atribuyen al dinero, desde la Biblia que advierte a los ricos que no tendrán acceso al reino de los cielos, hasta penosos hechos cotidianos. Se le reconoce como vigoroso actor en todo tiempo y lugar. En este artículo nos referimos al dinero negro, delictuoso de origen, a su tráfico y uso. El que motiva y energiza al gran crimen.

El dinero negro, también llamado dinero sucio, es el que procede de actividades ilegales, como tráfico de personas, armas, drogas, contrabando, extorsión, prostitución, robo…

El delito se constituye también al poseer riqueza inexplicable de origen lícito y que se intenta legalizar, lavar, cubriendo los impuestos correspondientes y así poder utilizarlo ya regularizado. Nuestra diaria práctica monetaria está colmada de dineros dudosos que no nos hemos educado en detectar.

Lo que sorprende es que ante ello no privilegiemos la persecución judicial, a juzgar por los pobres resultados de la lucha anticrimen. Sorprende aún por qué no se fortalece la Unidad de Inteligencia Financiera reconociéndose justamente su trabajo, realizado con modestos recursos.

Mirando el pasado es fácil concluir que la persecución del dinero mal habido no ha sido privilegiada, aun cuando éste es el combustible con que se mueve el gran crimen. Simultáneamente parece satisfacernos, y de ello se hace alarde, detener a un mafioso más o menos importante a nivel local o que la Guardia Nacional intercepte tres kilos de heroína, lo que resulta intrascendente.

Pareciera que a la autoridad le resultan poco atractivos los grandes compradores foráneos de droga que quizá despachen en Nueva York, los poderosos agentes financieros, los bancos nacionales y extranjeros, los paraísos fiscales, las transferencias extraordinarias, el cambio de divisas y el manejo de enormes volúmenes de moneda que inevitablemente entran y salen de bancos diariamente sin que se les ponga mayor cuidado.

Pescar a La Tuta o al Z-40 pareció en su momento triunfo nacional, como ahora son las aprehensiones de otros criminales de calibre semejante. Sólo parecen importar –en forma tangencial– los ríos de dinero que alimentan enormes embutes para autoridades y financian operaciones criminales, los que sirven para proveer de armamento extranjero, para la compra de flotillas de vehículos y el pago de nóminas pesadísimas…

En la segunda escapatoria de Joaquín Guzmán Loera (1/2001) la PGR de Fox sólo le imputó “evasión de reo”. Los enormes caudales de El Chapo fueron a parar quién sabe a qué manos. No se establecieron complicidades vinculadas a la custodia y manejo de esos activos, fueran bienes inmuebles o dinero. Si simplemente se hubiera partido del volumen de información que había en Badiraguato, Sinaloa, su refugio archisabido, se habría descubierto un gran tesoro.

Apresar figurones es obligado por la ley, aunque en términos prácticos ese es sólo un camino secundario. Ellos caen o mueren en manos de autoridades, se desata después una riña entre facciones y entonces brotan los sustitutos. La persecución militar y policial es onerosa en recursos humanos, materiales y presupuestales, dicho nada más así para no desglosar el desprestigio en lo que atañe a lo oficial. Peña Nieto prometió capturar a los 100 cabecillas más importantes; estuvo a un paso de lograrlo… ¿Y?

La base legal para perseguir y sancionar estos delitos es comparativamente nueva. El compromiso internacional relativo promovido por el Banco Mundial fue suscrito por el gobierno de Peña con países que han sufrido tanto lavado de dinero como terrorismo.

La participación de España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países remite sin duda a la complejidad de un delito que se reconoce en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuya figura punible está en el Código Penal Federal. Esa forma delictiva se apoya además en una decena de leyes financieras, por lo que, visto de tal manera, los encuentros bélicos con Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, tendrían sólo relativa importancia. Hay base para actuar, pero falta más convencimiento y acción. La percepción del delito es el primer requisito para su combate, aunque resulta claro que no estamos suficientemente alertas.

Basta echar un vistazo a la información pública abierta para estimar que no pueden estirarse más los recursos políticos, legales, militares, policiales y presupuestales para asegurar la paz social y seguir privilegiando la ruta belicista contra el gran crimen.

Siguen sumándose décadas de repetir, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, la máxima de “la madre de todas las batallas” (Fox dixit), mientras los dineros oscuros fluyen con facilidad. Es hora de pasar página, porque los dineros delictuosos no han dejado de lubricar todo escalón social, político y financiero, no dejan de amansar autoridades, sostener bandas y sus operaciones. No dejan, pues, de corroer al país entero. carrillooleajorge@gmail.com

Sorprende aún por qué no se fortalece la Unidad de Inteligencia Financiera reconociéndose justamente su trabajo, realizado con modestos recursos

Miedo a la voz del pueblo

PEDRO MIGUEL

En algunos países, llevar a juicio a un ex presidente es una empresa complicada. Los triunfadores de la elección del 3 de noviembre del año pasado en Estados Unidos no pudieron consumarla en contra de Donald Trump, con todo y las abrumadoras pruebas de que el millonario republicano exhortó desde la Casa Blanca al intento de putsch del 6 de enero con el propósito de subvertir el orden institucional. A la República Francesa le tomó nueve años llevar a prisión al corruptísimo Nicolas Sarkozy, el cual fue condenado en marzo de este año a una pena mínima (tres años de cárcel) y sólo se le pudo comprobar uno de los múltiples delitos que se le atribuyen: tráfico de influencias.

Por el contrario, en naciones con sistemas institucionales débiles y precarios, como Perú y Guatemala, quienes logran alcanzar la jefatura del Ejecutivo suelen convertirse en candidatos instantáneos a las rejas, ya sea por el canibalismo de las clases políticas, porque no hay suficientes filtros para impedir que bribones y criminales se vuelvan presidentes o por ambas razones, o bien por otras. Y están también los casos de Argentina, Brasil y México, cuyos marcos legales fueron severamente adulterados para garantizar la continuidad del modelo neoliberal incluso en casos de alternancias sustantivas en la Presidencia.

Nuestro país es un caso peculiar por el fuerte presidencialismo construido en la lógica de la monarquía sexenal con que operaron tanto el desarrollo estabilizador como el ciclo neoliberal. Una de las reglas no escritas del modelo político mexicano consistía en otorgar impunidad absoluta para el gobernante también absoluto una vez que éste dejara el poder. Echeverría encubrió los crímenes de Díaz Ordaz, López Portillo solapó a Echeverría, De la Madrid a López Portillo, Salinas a De la Madrid, Zedillo a Salinas –aunque encarceló a su hermano Raúl para soltar lastre y aliviar presión política–, Fox a Zedillo, Calderón a Fox y Peña Nieto neutralizó los intentos por llevar a juicio al michoacano por el crimen de lesa humanidad que fue su “guerra contra la delincuencia”.

El persistente triunfo de la impunidad no sólo era fruto de voluntades personales, sino también de disposiciones constitucionales y legales, por la efectiva supeditación al Ejecutivo de los organismos de procuración e impartición de justicia y porque los gobernantes podían darse el lujo de entregar, en cada transmisión de mando, cajas vacías a modo de archivos.

Pero en 30 años el memorial de agravios recopilado por la población contra los cinco ex presidentes del ciclo neoliberal se volvió más grande que la Enciclopedia de México y la exigencia de llevarlos ante un tribunal se convirtió en una demanda abrumadoramente mayoritaria que choca frontalmente con los casi infinitos obstáculos erigidos también durante décadas y en particular, con un Poder Judicial carcomido por la corrupción, las complicidades, los compadrazgos y el tráfico de influencias. “Quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente”, dijo esta semana el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar.

Por eso, para vencer las dificultades que afronta el propósito de sentar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña en el banquillo de los acusados, es necesaria una manifestación contundente de presión social, y eso se busca con la consulta del próximo 1º de agosto. A fin de cuentas, en este país la justicia no se ha impartido como aplicación de la ley, sino como ritual de conciliación de intereses y, en contadas ocasiones, como consecuencia de la presión social. Romper el inveterado blindaje de impunidad de que gozan los ex presidentes es una de esas decisiones trascendentales que ameritan la expresión de la voluntad popular en un ejercicio de democracia participativa.

Desde luego, hay quienes no desean que los gobernantes del pasado reciente sean sometidos a proceso; los más visibles son los ideólogos, voceros, personeros y operadores del régimen oligárquico, los cuales fueron beneficiarios privilegiados de un mecenazgo presidencial discrecional y ajeno a todo mecanismo de fiscalización, así como el manojo de empresarios que engordó sus cuentas de banco a expensas del erario.

Lo lógico sería que en estas circunstancias hicieran campaña por el “no” a los procesos legales contra sus antiguos protectores, pero como saben que esa apuesta está perdida de antemano, han optado por hacer campaña contra la consulta en sí misma y buscan deslegitimarla con pretextos leguleyos y argumentos falaces: que es innecesaria, que es muy cara, que es ambigua, que su resultado no será vinculante, que es una ocurrencia de AMLO, y por el estilo. Así, los portavoces de la reacción han exhibido su miseria moral ante la sociedad: son antidemocráticos por naturaleza y le tienen pánico a la voz del pueblo.

Pero la consulta va. navegaciones@yahoo.com https://www.facebook.com/navegacionespedromiguel/ Twitter: @Navegaciones

Una de las reglas no escritas del modelo político mexicano consistía en otorgar impunidad absoluta para el gobernante también absoluto una vez que dejara el poder

Chile y la sombra del “islamoizquierdismo”

MACIEK WISNIEWSKI

Uno. “Quiero llevar al país lejos de los restos de la dictadura y del neoliberalismo”, dice Daniel Jadue, el alcalde de la municipalidad (la comuna) santiaguina de Recoleta, miembro del Partido Comunista (PC), que en noviembre podría convertirse en el próximo presidente de Chile (bit. ly/3yojzqj). Su discurso, centrado en lo social −creadas por él farmacias e inmobiliarias “populares” parecen un ensayo para futuros programas sociales establecidos con la elevación de los impuestos a los más ricos−, apunta a la (re)construcción de un país en que la mayoría “no tendría que irse endeudando para poder comer” y en la liberación de Chile −la recién convocada Asamblea Constituyente es un paso en esta dirección− “del tutelaje de las élites” (bit.ly/3dMUr4S). Nieto de migrantes palestinos, con Chile albergando la más grande diáspora palestina fuera de Medio Oriente (bit. ly/3jGiyWB), laico, pero proveniente −como Edward W. Said− de una minoría cristiana, Jadue, que se siente íntimamente vinculado con la política en Medio Oriente, se formó primero en el Frente Popular para la Liberación Palestina chileno y sólo después en el PC.

Dos. Sus críticas a las políticas de Israel frente a Palestina de acuerdo con el trend de igualar el antisionismo con el antisemitismo (bit.ly/3dSIlXF), le han traído las −previsibles− acusaciones de ser un “antisemita” (sic). En 2020 el Centro Simon Wiesenthal, puso a Jadue en su lista meramente −“siendo él un político tan prominente”− por su involucramiento en la campaña de boicot, desinversión y sanciones a Israel (BDS). Igualmente el centro tachó la posibilidad de su victoria como “chocante” (sic), algo que abrió la puerta a más ataques dentro y fuera de Chile, aunque el propio Jadue insiste que en su historia no hay nada que denote al antisemitismo −“sólo tengo algunos problemas con los sionistas”− y como lo enfatiza en su caso un grupo de académicos “es inconcebible tratar una crítica a Israel que creó una realidad del apartheid en los territorios ocupados como una forma del antisemitismo” (bit.ly/2UtDUfq).

Tres. Frente a las −rituales− acusaciones del antisemitismo (bit.ly/3wkcUMz), (bit.ly/3yAo69s), hay que recordar que lo mismo que hoy con Jadue, un comunista propalestino, ocurrió en su tiempo con Salvador Allende, igualmente tildado de “antisemita” (sic) por dirigentes de la comunidad judía en Chile que “preferían hablar de ‘antisemitismo’ en lugar de abordar su oposición a las políticas económicas de la izquierda”, alertando de supuestos “horrores del comunismo”, mientras “el único horror que trajo consigo miles de muertos, desaparecidos, torturados y decenas de miles de exiliados vino con el golpe de Pinochet” (bit. ly/3hdRUmd). A lo largo de los 70 y 80 Israel apoyó extensamente con armas y asesores a la dictadura pinochetista de cuyo legado los chilenos finalmente se están liberando, aunque −nuevamente−, tras un periodo de una aguda represión basada, entre otros, en el modelo de seguridad (la mutilación, etcétera) suministrado por Israel al multimillonario presidente Piñera (bit.ly/36mVAvW).

Cuatro. En un curioso vuelco de la historia, las denuncias contra Jadue emulan el ímpetu ideológico con el que hace 100 años se estigmatizaba a los migrantes judíos y comunistas (y/o sus descendientes). No obstante el giro de la judeidad hacia la derecha (véase: E. Traverso, El final de la modernidad judía, 2013), el paso sistémico del antisemitismo/judeofobia hacia la islamofobia (bit. ly/3wqtAlx) y la irrupción del llamado “islamoizquierdismo” que ocupó el lugar del mito del “judeobolchevismo” (bit.ly/2UzNjlj), sustituyeron la vieja figura del otro (un judío) por una nueva (un islamista). Igual que en los años 20-30, cuando toda una generación de intelectuales y radicales marxistas en la izquierda comunista que abandonó sus vínculos con el judaísmo seguía siendo vilipendiada en estos términos, hoy toda una serie de intelectuales o políticos de origen musulmán que abandonaron las prácticas religiosas y se definen como tales sólo en reacción al racismo dominante (bit.ly/3yx9wiX) −igual que Jadue cuyo “palestinanismo”, más allá de sus raíces cristianas es sinónimo de lo “extraño”−, están siendo denunciados y difamados en estos términos.

Cinco. Así, el caso de Chile es muy ilustrativo: originalmente el concepto de “islamoizquierdismo” fue acuñado hace dos décadas por Pierre-André Taguieff para estigmatizar la solidaridad propalestina y los sectores de la izquierda altermundialista/antineoliberal, suponiendo la existencia de un eje opuesto “al orden ‘americanosionista’” (sic) en un marco de la supuesta ola del “nuevo antisemitismo” (véase: La nouvelle judéophobie, 2002). Para Taguieff, “la alianza de la izquierda antineoliberal con el islamismo bajo la bandera palestina” (sic) era el principal enemigo de la benévola globalización neoliberal amenazada por el “neocomunismo” y el “neoantisemitismo”. Si bien hoy el “islamoizquierdismo” responde ante todo a las particularidades de la “guerra cultural” en Francia (bit.ly/3qU3y97), que Jadue, un comunista chileno-palestino que encarna un afán de liberar a Chile de los vestigios del neoliberalismo, acabe tachado por su activismo de “antisemita”, denota que esta herramienta ideológica trasciende sus fronteras y que la crisis permanente del capitalismo y su globalización lo lleva siempre a la búsqueda de nuevos enemigos.

Las denuncias contra Jadue emulan el ímpetu ideológico con que hace 100 años se estigmatizaba a los migrantes judíos y comunistas Resulta patente la continuidad con las políticas progresivas de precariedad agudizadas en los sexenios previos

El INAH en su laberinto

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

El 11 de junio de este año, la asamblea general del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) envió una carta al director general, antropólogo Diego Prieto, en la que rechazaba el Reglamento de la Ley Orgánica que publicó el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo pasado, ya que se consideró que los trabajadores de la institución no habían sido consultados para su elaboración, y, en consecuencia, nace con el vicio de origen de una imposición de la autoridad que lo permea y determina. La carta terminaba conminando al titular de la institución a convocar a la participación activa, a fin de generar un nuevo reglamento que fuese verdaderamente “un ejemplo a seguir”. La carta, era de suponerse, no recibió respuesta alguna.

Así, el reglamento se generó en la opacidad, a partir de la designación discrecional de una junta de notables nombrados por funcionarios, sin representatividad, seleccionados con criterios nunca conocidos, y al margen de cualquier voluntad de diálogo o principio democrático. Igualmente, el reglamento constituye un instrumento involutivo porque asegura el sometimiento a la decisión unipersonal del director general de instancias como el Consejo General Consultivo y los consejos de áreas. En su composición y alcance, estos consejos no tienen peso real en la toma de decisiones, ya que su carácter colegiado es una ficción, pues violenta el principio deliberativo necesario para generar decisiones conjuntas en las condiciones de equidad que caracterizan a los grupos colegiados.

Los consejos tienen un papel acotado, ya que sus integrantes recomiendan, proponen y opinan, pero las decisiones corren a cargo exclusivamente del director general (artículo 51), además de eludir cualquier mención a instancias de participación en los centros regionales de la ya octogenaria institución, que no puede quedar al arbitrio decisorio de un solo individuo. Los diversos candados para evitar el ejercicio de un cuerpo colegiado impiden que el reglamento sea un instrumento para defender y garantizar el cometido del INAH y sí para dar continuidad a su vulneración, ya de sobra evidente en la actualidad. Las afectaciones son tan diversas como contundentes, que cabe mencionar sin ánimo de exhaustividad: a) el recorte del presupuesto para una institución nacional, que recibe una suma equiparable a la asignada a un solo proyecto en la Ciudad de México, el destinado a Chapultepec, y carente de fundamentación que lo justifique; b) su marco legal insuficiente; c) su creciente opacidad e inoperancia administrativa; d) la precariedad contractual de trabajadores eventuales; e) el impago a investigadores que cambiaron de categoría en las evaluaciones apegadas a la normativa vigente; f) la suspensión de concursos de oposición por plazas vacantes; g) la cada más endeble o ausente vinculación institucional con las comunidades que resisten el proceso de recolonización de sus territorios y la creciente acumulación por desposesión; h) las decisiones discrecionales de sus funcionarios con fines políticos; i) la creciente permisividad con los megaproyectos; j) el abandono de la responsabilidad inherente de peritajes antropológicos objetivos e imparciales; k) el virtual abandono presupuestal de las escuelas del INAH; l) el rechazo a cualquier diálogo serio con los trabajadores académicos y no académicos; m) la carencia de una política de investigación definida en función del interés nacional, sus pueblos y culturas; n) la insuficiencia de plazas de investigación que respondan a los retos de la dinámica actual del país, lo que impide un recambio generacional al que contribuyen las condiciones de retiro insatisfactorias; ñ) la perspectiva limitada y burocrática de difusión y divulgación; o) las afectaciones documentadas al patrimonio arqueológico e histórico. En síntesis, y de manera significativa, resulta patente la continuidad con las políticas progresivas de precariedad agudizadas en los sexenios previos, simple expresión del hecho de que persiste el mismo equipo directivo de funcionarios que operó en el gobierno de Peña Nieto.

Y ha sido a su vez la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo actual la que ha dado el toque final al carácter antidemocrático del reglamento. De no menor relevancia es que este instrumento prefigura, en su texto y en las ausencias que denota, la conformación de un organismo a modo que abandona el alcance territorial y social de su cometido central de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la nación, pues esa encomienda determinante, que hizo por años del INAH un ordenador del territorio, constituye hoy un obstáculo para la instauración de megaproyectos extractivistas, cuyas diversas afectaciones han sido ya ampliamente documentadas y denunciadas.

Así, resulta imperativa una democratización profunda del INAH, con la participación real de sus trabajadores en el rescate y la dignificación de esta institución.