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Liberan a sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas tras casi 21 años

Lo torturaron para que se inculpara por homicidio, sostiene // Luchará por libertad de dos compañeros

HÉCTOR BRISEÑO CORRESPONSAL ACAPULCO, GRO.

Gilberto Aguirre Bahena, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), salió en libertad del penal de Las Cruces, en Acapulco, la mañana de ayer, después de casi 21 años de estar preso por un delito que no cometió.

Sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, en la cual policías estatales asesinaron a 17 campesinos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Gilberto Aguirre agradeció a Norma Mesino, dirigente de la OCSS, la lucha para lograr su excarcelación.

Alrededor de las 11 horas del miércoles Aguirre Bahena cruzó la puerta que lo separaba de la libertad. Lo esperaban amigos, familiares, sus hijas y activistas, después de 24 horas de trámites.

Lo acompañaron también representantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y de La Voz del Amate, del Chiapas, entre otras organizaciones.

El ex preso señaló que se mantendrá en la lucha, pues falta que sean liberados dos compañeros de la organización, Antonio Barragán Carrasco, interno en un penal de

Morelos, y Orlando Ávila Mesino, recluido en la cárcel de Acapulco.

Aguirre Bahena, quien fue detenido en Mexicali, Baja California, el 16 de mayo de 2002, acusado de homicidio, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que voltee a ver a las cárceles, pues “hay muchas personas inocentes encerradas”, y pidió dar prioridad a los asuntos de sus dos compañeros.

Otro miembro de la OCSS, Gerónimo Hernández Refugio, fue liberado el 10 de febrero pasado.

“Lo que me queda es estar tranquilo con mi familia y estar en paz; quiero buscar la forma de dedicarme a trabajar y a estar bien”, expresó Gilberto Aguirre, quien relató que lo torturaron para obligarlo a declararse culpable.

Su libertad llegó después de años de lucha de la OCSS y la autorización del comité permanente de seguimiento de preliberación y amnistía establecido por el gobierno federal para personas sentenciadas que hayan sufrido tortura, entre otros requisitos.

Norma Mesino expresó que a la OCSS le ha sido negada la justicia y ha sido golpeada desde su fundación en 1994. Mencionó la masacre de Aguas Blancas, así como los asesinatos de sus dirigentes, Eugenio Aguirre Bahena, hermano de Gilberto, Miguel Ángel y Rocío Mesino, y Eusebio Vázquez Juárez.

Recordó que a partir de la apa-

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

En los recientes dos años, seis defensores de los bosques y de los derechos colectivos de las etnias nahua y purépecha han sido asesinados o desaparecidos, dio a conocer el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Guzmán, quien acusó que todos estos crímenes permanecen impunes.

En los últimos 40 años, refirió, en esas regiones más de 35 comuneros y autoridades indígenas han sido ultimados o no se volvió a saber de ellos; sólo en Ostula, municipio de Aquila, fueron al menos 16, y los crímenes estuvieron relacionados con despojos y problemas de tierras.

Eustacio Alcalá Díaz, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, fue visto por última vez el pasado primero de abril y sus restos fueron encontrados el martes en una brecha de esta demarcación.

Hace tres años encabezó una lucha para impedir el saqueo de mineral de hierro por parte de empresas particulares, pero durante décadas defendió el bosque y el territorio

▲ Gilberto Aguirre Bahena, sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, perpetrada el 28 de junio de 1995, fue liberado ayer a las 11 de la mañana del penal de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero. Por ese caso permanecen encarceladas otras dos personas. En la imagen, el integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur abraza a sus hijas fuera del centro penitenciario. Foto Héctor Briseño rición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el primer aniversario del crimen de Aguas Blancas, la represión se recrudeció, por lo que muchos de sus miembros fueron detenidos y otros tuvieron que huir de Guerrero. ante los embates de grupos de la delincuencia organizada.

“Aquí estamos, firmes, en pie de lucha, a pesar de que el entonces gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) quiso desaparecer esta organización.

Fue una persecución feroz.

“Nuestra lucha por la justicia y la libertad ha sido permanente. La libertad de Gerónimo Hernández y Gilberto Aguirre representa para la OCSS un acto de justicia, la cual se nos ha negado, pues todos los asesinatos extrajudiciales siguen en la impunidad. Hemos vivido la represión en carne propia”, afirmó la dirigente.

El 15 de enero fueron desaparecidos Antonio Díaz, líder comunal de Aquila, y Ricardo Lagunes Gasca, abogado de esa población nahua, ambos defensores de la autonomía y los derechos de los indígenas.

El 23 de febrero, en el poblado de Sicuicho, municipio de Los Reyes, fue ultimado a tiros el presidente de bienes comunales Alfredo Cisneros, quien encabezaba la lucha contra talamontes.

El 16 de diciembre, el coordinador de la ronda comunal de Ocumicho, municipio de Charapan, Pedro Pascual Cruz, fue privado de la vida.

En julio de 2020, Jesús Miguel Gerónimo, ex jefe de la tenencia de Ichán, municipio de Chilchota, fue ejecutado a balazos en una tienda de abarrotes de su propiedad.

Los pueblos indígenas demandan al gobierno de Michoacán, que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, mayor presencia de cuerpos de seguridad para enfrentar a grupos delictivos, sobre todo en las localidades de Sicuicho, Jerácuaro, San Benito y Ocumicho, entre otras, donde se está capacitando a las rondas comunitarias, lo cual las obliga a ausentarse durante más de ocho meses.

Exigen investigar a Aureoles por represión en Nahuatzen

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

A seis años de la represión a comuneros de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en la que murieron cuatro personas y al menos 10 resultaron lesionadas, decenas de habitantes marcharon ayer de Casa Michoacán al centro histórico de Morelia para exigir castigo al ex gobernador perredista Silvano Aureoles, así como a los demás funcionarios que estuvieron involucrados en la agresión y la ocultaron.

Los manifestantes incendiaron una caseta de vigilancia, lesionaron a un policía y realizaron pintas en el palacio de gobierno para demandar castigo a los autores materiales e intelectuales de la violencia que sufrieron por parte de policías federales y estatales en 2017.

Los pobladores de dicha localidad purépecha reprocharon que hasta ahora sólo se ha criminalizado a los comuneros, con el argumento de que ellos fueron quienes comenzaron la balacera, a pesar de que, dijeron, ninguno de los cuatro muertos, entre ellos un estudiante de 16 años, portaban armas.

El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla declaró que el caso debe reabrirse e incluso afirmó que hace un año solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se desista de la investigación para que sea su homóloga federal la que se haga cargo del asunto.

Refirió que su gobierno atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo las que tienen que ver con la reparación del daño y la realización de obras públicas. El mandatario añadió que está dispuesto a ofrecer disculpas a la comunidad de Arantepacua, aunque el suceso ocurrió en la pasada administración.

Por su parte, el titular de la FGE, Adrián López Solís, declaró que se abrió la investigación en 2017 y aún está en proceso; sin embargo, dijo, se envió el oficio a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso.

El 5 de abril de 2017 personal de seguridad del estado y de la Federación intentó recuperar una veintena de autobuses y vehículos repartidores que retuvieron los habitantes del poblado en protesta porque 38 de sus compañeros habían sido arrestados.

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