Legisladores de EU exigen investigar a Luis Almagro por diversas anomalías

de Georgia; Susan Wild, de Pensilvania; Cori Bush, de Misuri; Ihan Omar, de Minnesota; Jan Schakowsky, de Illinois; Ayanna Pressley, de Massachussets; Rashida Tlaib, de Michigan, y Eleanor Holmes Norton, del Distrito de Columbia.

Un controversial proyecto de ley para “proteger a las policías" y que, entre otras materias, establece la legítima defensa privilegiada de Carabineros (militarizada), Policía de Investigaciones (civil), Gendarmería (carcelaria) y fuerzas armadas, quedó listo para ser promulgado tras ser aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados de Chile.

La legislación es consecuencia tangible del asesinato de dos carabineros –uno de ellos una sargento segundo, madre de dos menores de 15 y 12 años– con pocos días de diferencia en marzo, que colocaron al rojo vivo la agenda de seguridad, ya recargada desde hace meses.

El proyecto, conocido como Ley Naín-Retamal (los apellidos de otros dos carabineros muertos en servicio en 2020 y 2022), estaba prácticamente archivado; pero el frenesí de reproches y acusaciones cruzadas desatado por los crímenes recientes y por la percepción ciudadana de que la delincuencia campea por doquier, impulsaron su aprobación a “ritmo de tambor” en menos de una semana.

La defensa privilegiada se entendería justificada ante un ataque con uso o amenaza de arma blanca o de fuego, objeto cortante, punzante o contundente; cuando fuese perpetrado mediante vías de hecho por dos o más personas, en que el funcionario estimara que la agresión tenía potencialidad mortal o lesiva; y cuando el o la funcionaria trate de impedir la consumación de determinados delitos.

Desde el gobierno y sectores de la izquierda parlamentaria vieron en estos justificativos potenciales violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en manifestaciones o protestas públicas.

Un grupo de congresistas estadunidenses aseguró ayer que existen fuertes sospechas de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones y exhortó a Estados Unidos a que impulse de manera inmediata una investigación exhaustiva. El pedido tiene lugar en momentos en que el liderazgo de la OEA está bajo un profundo escrutinio y el organismo se apresta a recibir un informe de otra investigación externa que busca determinar si Almagro violó el código de conducta ética al mantener una relación íntima con una empleada subalterna, que The Associated Press fue el primer medio en reportar.

Los ocho legisladores del ala progresista del oficialismo demócrata hicieron el pedido de investigar a Almagro en una carta de dos páginas enviada al secretario de Estado, Antony Blinken, y al embajador estadunidense ante la OEA, Francisco

Mora, a la que Ap tuvo acceso.

Enumeraron una serie de acusaciones públicas “muy creíbles” sobre “actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales” que el romance, que ya han sido denunciados y que, sin embargo, no fueron investigados. Aseguraron que, de confirmarse, podrían ser motivo para sancionar o destituir a Almagro.

Entre las acusaciones, en la carta figuran presuntos pactos irregulares con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; señalamientos sin sustento sobre un supuesto fraude electoral en Bolivia, que derivó en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, y el despido de funcionarios del sistema interamericano: el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, y Steven Griner, director del Departamento de Democracia Sostenible y Misiones Especiales de la OEA.

“Es imperativo que la administración apoye inmediatamente las investigaciones sobre estas acusaciones adicionales”, expresaron.

Entre los firmantes están los legisladores Henry Hank Johnson,

No está claro si invitaron a colegas republicanos a firmar la misiva y no consiguieron su apoyo o si sólo fue una iniciativa de los demócratas.

Ap fue la primera en informar el año pasado que la OEA investigaba el romance entre Almagro y su subalterna, hasta ese momento un secreto a voces dentro de la organización integrada por 34 países del hemisferio occidental. El mes pasado reportó también que el secretario general realizó 34 viajes de trabajo con esa mujer al menos 20 años menor que él.

El secretario general no respondió de inmediato un pedido de Ap para que haga comentarios sobre la carta de los legisladores y las alegaciones allí incluidas.

El reporte sobre el romance tenía que ser entregado al presidente del Consejo Permanente de la OEA y a Almagro a fines de marzo, pero la firma de abogados que realiza la investigación pidió una extensión hasta el 10 de abril.

Una vez que lo reciba, Almagro tendrá 10 días para responder a los investigadores, que inmediatamente después deberán presentar el informe y la respuesta del líder de la OEA ante el Consejo Permanente del organismo.

La legislación, en su versión original, fue idea de parlamentarios derechistas, y prácticamente garantizaba impunidad a los uniformados que emplearan sus armas en actos de servicio, al establecer que tendrían presunción de ino-

El oficialismo logró cierto ajuste y el controversial artículo dice que se presumirá legalmente que concurre la legítima defensa, cuando los uniformados realizan funciones de orden público y seguridad pública interior, y que “se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa". Parlamentarios izquierdistas que votaron en contra anunciaron que concurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la norma.

Curas católicos abusaron de más de 600 niños en Baltimore

AP BALTIMORE

Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas asociadas con la arquidiócesis de Baltimore abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años, según un informe estatal publicado ayer, que acusó a los funcionarios de la Iglesia de décadas de encubrimiento. El informe, emitido por la oficina del procurador de Maryland, pinta una imagen condenatoria de la arquidiócesis, la más antigua del país. Algunas parroquias, escuelas y congregaciones tenían más de un abusador al mismo tiempo, incluida la parroquia de St. Mark en Catonsville, que tuvo 11 abusadores viviendo y traba- jando allí entre 1964 y 2004.

“La asombrosa omnipresencia del abuso en sí subraya la culpabilidad de la jerarquía de la Iglesia”, dice el informe. “La gran cantidad de abusadores y víctimas, la depravación de la conducta de los abusadores y la frecuencia con la que abusadores conocidos tuvieron la oportunidad de seguir acosando a los niños son asombrosos. Se sabe que más de 600 niños han sido abusados por las 156 personas incluidas en este informe, pero es probable que el número sea mucho mayor”.

La publicación marca un hito importante en una batalla legal en curso y se suma a las pruebas crecientes de parroquias en todo el país a medida que revelaciones similares han remecido a la Iglesia Católica en años recientes.