El imaginario de la 4T frente a la realidad

Mario Patr N

Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Palabras más, palabras menos, esta frase adjudicada a Joseph Goebbels describe la estrategia retórica que el marketing político ha utilizado para la consolidación de discursos que permeen entre la opinión pública en búsqueda de votantes. La 4T y el presidente López Obrador son distinguidos, entre otras cosas, por su potente capacidad retórica. A nadie escapa que las conferencias matutinas han sido un espacio privilegiado para la publicidad oficial de las acciones del gobierno, la crítica a opositores, la defensa ante los señalamientos de los medios de comunicación y la sociedad civil y el fortalecimiento de una narrativa que, a pesar de su poca correspondencia con la realidad, sigue siendo convincente para las mayorías. Con un discurso que simplifica la realidad y que divide entre buenos y malos, progresistas y conservadores, el gobierno en turno ha logrado no sólo mantener altos índices de aceptación después de cuatro años de gobierno, sino mantener vigente una propuesta narrativa que inicialmente aglomeró los grandes descontentos de la ciudadanía, pero que ahora dista de ser un diagnóstico atinado de la realidad.

de macrocriminalidad son cada vez más evidentes en casos críticos como los de Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, donde el Estado es incapaz de contener el poderío del crimen organizado. Además, suman 58 defensores asesinados en los primeros tres años de gobierno y 37 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. La disociación entre la realidad y la narrativa presidencial es evidente, y con ella se sostiene que la presente administración no es igual a las anteriores. Sin embargo, en términos de respeto y promoción de los derechos humanos, la 4T parece estar en la misma tibieza de sus antecesores, y en términos de fortalecimiento democrático parece incluso estar en una postura regresiva. El peligro del sostenimiento de narrativas tan disociadas de la realidad como la del Presidente, recae en que consolida un diagnóstico simplificado y popular que menosprecia la complejidad y gravedad de los problemas sociales del país y, con ello, invisibiliza el dolor de las víctimas. Además, la narrativa polarizante refuerza una enemistad social aparentemente irreconciliable que fractura cada vez más los vínculos comunitarios, incrementando nuestra preocupación por la consolidación de entornos volátiles y violentos de cara al próximo proceso electoral.

El hacer justicia, terminar con la impunidad y garantizar la no repetición de tragedias como la del 27 de marzo tiene responsables muy concretos: los tres órdenes de gobierno mexicano y el de Estados Unidos. Si éstos no transforman de fondo las actitudes y las acciones ante el problema, seguirá habiendo asesinatos y desapariciones de migrantes.

Debemos exigir al Estado mexicano que construya una política migratoria con enfoque efectivo de derechos humanos, abriéndose a la participación ciudadana. Quienes saben del asunto de las personas migrantes, incluso más que el propio gobierno, son las organizaciones de la sociedad que las apoyan y las cuidan, las iglesias y los activistas. Hay que escucharlas, invitarlas a participar. Ellas demandan recurrentemente la desmilitarización de las fronteras y la no criminalización de las personas en movilidad y brindarles atención y cuidado dignos, sin consideraciones políticas.

Asimismo, aprovechando el llamado ciclo progresista de la región, se debe promover la construcción de un pacto latinoamericano por los derechos humanos de los migrantes que sea base para un diálogo multilateral con el gobierno de Washington. Muchos sectores de allá lo apoyarían.

El masivo éxodo migrante continuará, y las tragedias se repetirán si no se transforma la cultura de los muros y los candados en el entorno de acogida a personas portadoras de derechos.

La narrativa presidencial de cada mañana afirma textualmente que ya no hay corrupción ni impunidad –más que en el Poder Judicial y la oposición–; ya no hay desabasto de fármacos; ya no hay violaciones a derechos humanos, se protege a periodistas y a refugiados; ya no hay represión, masacres ni tortura; ya no hay espionaje ilegal, sino inteligencia para salvaguardar la seguridad; ya no hay personas desplazadas por la violencia ni territorios controlados por el crimen organizado y, por lo tanto, es seguro viajar por el país, fruto de una estrategia exitosa de seguridad.

En contraparte, repasando tan sólo las últimas semanas, encontramos casos preocupantes como los hallazgos de las investigaciones del Ejército espía, la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, las violaciones a derechos humanos señaladas por el reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y por muchos otros informes y publicaciones de organizaciones civiles, los recientes hechos en Ciudad Juárez donde 40 migrantes murieron encerrados tras un incendio, así como muchos otros casos de violencia homicida, feminicida y desaparición que no cesan en el entorno nacional.

Pese a su aparente efectividad, el correlato es insostenible. Aunque la tendencia va ligeramente a la baja, en lo que va del sexenio suman poco más de 150 mil homicidios dolosos, cifra muy cercana a los 156 mil homicidios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Guardia Nacional y el Ejército, pilares de la actual estrategia de seguridad, se encuentran entre las instituciones con más quejas ante la CNDH, principalmente por casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Los entornos

Seguramente, en los próximos meses, seguiremos viendo el fortalecimiento de esta retórica presidencial en defensa de un programa político que, en los hechos, poco ha logrado en términos de pacificación del país, reconstrucción del tejido social, reivindicación de la justicia y fortalecimiento institucional. Mientras esto no cambie, la narrativa de la 4T seguirá abonando a la fractura de nuestro tejido social y seguirá reproduciendo los signos de descomposición de nuestro entorno, mismos que no han podido ser revertidos, a pesar de las estrategias gubernamentales y de los esfuerzos de la sociedad civil, y cuyos efectos continuarán desintegrando los valiosos contrapesos civiles de nuestro régimen democrático.

Jueves 6 de abril de 2023