Es Pemex

ABRAHAM NUNCIO

Hace unas noches fue percibido un olor mefítico por diversos vecinos del área metropolitana de Monterrey. Igual de diversas se esparcieron rápidamente múltiples interpretaciones. Algunas escatológicas: olía a orines de gato, ¿una pandilla de gatos meones salidos de un guion en modo Hitchcock?; otras impostadas en voces de técnicos silvestres: es una emisión de gases, y no faltaron las de resonancias medievales: fue como si el diablo anduviera suelto.

Sin mediar investigación alguna ni menos un primer diagnóstico, de la liana técnica se colgaron el alcalde de San Pedro y el gobernador de Nuevo León para concluir instantáneamente: fue Pemex. O sea, la refinería de Cadereyta.

A iniciativa del alcalde de San Pedro, vecinos de este municipio, de Monterrey, Santa Catarina y, se dice, otros municipios reunieron firmas para presentar una demanda de amparo en contra de la refinería de Cadereyta, a la que la Federación no ha obligado a reducir sus emisiones contaminantes.

El gobernador de Nuevo León hizo señalamientos en el mismo sentido: los olores procedían de esa refinería. La diputada morenista Anilú Hernández respondió: “No es la primera vez que huele mal la ciudad. El gobernador dijo hace un rato que había un protocolo. Es importante que lo dé a conocer… y sobre todo si se aplica o no a otras empresas”.

El municipio de San Pedro es de una larga tradición panista. En 1946, bajo el halo de la “unidad nacional”, copia de Ávila Camacho a ese partido, Antonio L. Rodríguez resultó diputado federal cuando ya el carro completo del PRI dominaba la escena política nacional.

En ese municipio viven algunas de las familias más ricas de México y su irradiación determina, en gran medida, la vida y la cultura de la población del estado. Una de las principales arterias de la cabecera municipal lleva el nombre de Manuel Gómez Morín, uno de los dos fundadores de Acción Nacional.

Gómez Morín, cuyo proyecto partidario fue patrocinado por los industriales de Monterrey, respondió a un discurso del presidente Cárdenas sobre las acciones de su gobierno, señalando que la expropiación petrolera debía “retrocederse, para que esa organización responda a las necesidades nacionales y fines nacionales” invocados como su fundamento.

En el arco de la sustitución de importaciones tales necesidades y fines fueron, fundamentalmente, los del proceso de industrialización. De hecho, todo se sacrificó a ese proceso: el campo, el ejido, los trabajadores y su organización sindical. La primera señal del sacrificio que se avecinaba tuvo lugar en la planta laboral de Pemex: el gobierno de Alemán, en respuesta a las demandas de los obreros del sindicato de la paraestatal, los reprimió mediante el Ejército. Los empresarios aplaudieron “la enérgica acción del presidente”.

En San Pedro se ha establecido el canon de que los empresarios privados son los únicos que pueden gestionar con éxito una empresa. En una mesa de discusión, uno de los empresarios más visibles de ese entorno llamó “animal” a Cuauhtémoc Cárdenas por oponerse a la privatización de Pemex. Lo peor fue que en la mesa donde así se expresó, los organizadores y opinantes (situados en la izquierda) nada dijeran y se fueran a celebrar junto con el hombre de negocios. La actitud reverencial ante quienes representan la riqueza se ha metido en no pocos hasta el tuétano.

Los gobiernos neoliberales entendieron que ese canon era un mandamiento imperativo. Y así, con la Fundidora de Monterrey, se inició la venta de garaje de numerosos bienes nacionales. Aceros Planos es una de las empresas de Fundidora que se administraba con números negros. Pasó mediante ese bazar a propiedad del empresario que insultó a Cárdenas.

Uno de los aspectos que se argumentaron para cerrar la antigua acerera norteña fue que contaminaba seriamente la atmósfera del Monterrey metropolitano. En los años siguientes, la contaminación ha crecido hasta niveles alarmantes. No se contabilizan ni miden con exactitud la depredación sistemática de los nichos y pulmones de las zonas urbanas (una de éstas, precisamente, la superficie de la fundidora convertida en parque), ni el creciente hormiguero vehicular, ni los desprendimientos agresivos de las pedreras ni las más de 15 mil industrias manufatureras. Pero nada efectivo se hace para atenuarla, salvo señalar con fogonazos mediáticos, como ahora con el olor hediondo percibido por algunos, que la culpable de los daños al oxígeno y a la salud (el cáncer es la segunda causa de muerte infantil en Nuevo León) es la refinería de Cadereyta.

En el supuesto extremo de que el chivo expiatorio de Cadereyta llegara a desaparecer, pues en el ánimo ingenuo se inocula la idea de que con los autos eléctricos de Tesla la mejora ecológica estará a la vuelta de la esquina, ¿la nata patológica de la atmósfera regiomontana será cosa del pasado, con los mismos actores públicos y privados?

Escribo este artículo en recuerdo de Carlos Payán (“No, mano; así, no” o “Sí, mano; así, sí”: la observación crítica o la anuencia hospitalaria escoltadas por el rigor y la souplesse d’esprit del primer director y guía de nuestro diario).

Emir Sader

La tercera elección de Lula como presidente de Brasil fue muy distinta, en varios aspectos.

Cuando fue elegido por primera vez, Lula da Silva sucedió a dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, elegidos en su contra, en procesos democráticos. Cuando fue elegido por segunda vez, Lula dio continuidad a su propio gobierno.

Esta vez Lula fue elegido presidente después de un periodo convulso en la política brasileña, que comenzó con la ruptura de la continuidad de tres gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), a través de un golpe de Estado, con el retorno, por seis años, de la derecha a la presidencia del país. El país experimentó retrocesos desde todos los puntos de vista en relación con lo que habían hecho los gobiernos del PT. La derecha se ha radicalizado de forma extrema. La represión cayó fuertemente sobre el PT, especialmente sobre el mismo Lula, quien fue detenido e impedido de ser candidato a la presidencia de Brasil.

Lula tuvo que afrontar una campaña electoral diferente a las anteriores, para volver a ser presidente de Brasil. Con énfasis, sobre todo, en la recuperación de la democracia en el país, además de los temas tradicionales del programa antineoliberal del PT.

Mandato sui generis. El carácter singular del tercer mandato no tuvo que esperar más de una semana para manifestarse, con los atentados terroristas del 8 de enero. Los opositores no quedaron satisfechos con la derrota electoral y buscaron recuperar el poder a través de las formas más violentas que la historia brasileña había conocido.

Lula se había hecho cargo del gobierno una semana antes, pero con legados malditos. El primero vino del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, confirmando que realmente había sido un golpe de Estado: la imposición de un Banco Central supuestamente independiente, con el mandato del presidente impuesto por el gobierno de derecha, que debería avanzar por dos años del mandato de Lula.

Una herencia muy pesada, que pretende impedir que el nuevo gobierno, elegido democráticamente por voto popular, ponga en práctica su propio programa, elegido por el pueblo a través de elecciones. La expresión más clara de ello está en la definición de las más grandes tasas de interés del mundo, obstáculo decisivo para impedir que la economía vuelva a crecer y posibilitar la reversión de las desigualdades sociales y regionales características de Brasil.

Legados malditos. Es la herencia más maldita, porque condena al país a la recesión, por la acción deletérea de una persona, designada por Jair Bolsonaro para impedir que la economía vuelva a crecer y para favorecer los intereses de la banca privada. Eso impide que se realice la voluntad democrática del pueblo.

El otro legado maldito es la mayoría de derecha en el Congreso, que bloquea las iniciativas gubernamentales. No sólo se le impide aprobar iniciativas esenciales para el gobierno, sino que lo convierte en víctima de las iniciativas de la mayoría conservadora en el Congreso.

Las manifestaciones del 8 de enero revelan otro legado maldito: las fuerzas terroristas en los sectores policiales, militares y otros, que constituyen una amenaza permanente contra la democracia.

Lula no gobierna como lo hizo en sus victorias anteriores. Es un gobierno bloqueado por estas herencias neoliberales. Lula tiene que enfrentar estos obstáculos a lo largo de su gestión. Con cada búsqueda de inversiones, con cada búsqueda de aprobación de un proyecto en el Congreso.

Incluso antes de los primeros 100 días, Lula ya tuvo que enfrentar varios de estos obstáculos. No se puede decir que su gobierno despegó como los anteriores. Todo dependerá de la capacidad del gobierno para eludir estos legados malditos.

VÍCTOR M. QUINTANA S.

Pocas cuestiones tan disruptivas a los poderes, sean de derecha o de izquierda; pocas cuestiones que ponen a prueba el optimismo de la globalización; pocas cuestiones que verifiquen si el discurso políticamente correcto se traduce en acciones de justicia. Esa cuestión es la de las personas migrantes.

El incendio del centro de detención de Ciudad Juárez el 27 de marzo, donde fallecieron 40 migrantes y resultaron lesionados por lo menos otros 22, suscita muchas reflexiones. El hecho es un nudo de factores, de desresponsabilidades, que exhibe a quienes pretenden esquivarlo, explicarlo de manera reduccionista, o lucrar políticamente. Revela la cultura de los muros contra los migrantes que denuncia el papa Francisco.

El número de migrantes que llega a nuestras fronteras se ha disparado, se han diversificado los países de origen y no los van a detener tragedias como ésta. En su raíz hay factores endógenos de cada país, como la miseria, el desempleo, la injusticia social, las violencias, la persecución política, de los que se desresponsabilizan los gobiernos.

Hay también una responsabilidad frecuentemente invisibilizada: la del colonialismo ejercido por Estados Unidos sobre América Latina desde hace dos siglos. Colonialismo que destruye y subordina las economías y sociedades locales, e introyecta el modo de consumir, trabajar, desear y vivir promovido por él.

Así, el capitalismo estadunidense genera un efecto de atracción de la gente a su modo de vida, a su supuesto progreso, pero al mismo tiempo, su dominio neocolonial provoca la expulsión de poblaciones que no tienen condiciones de vida digna en su país de origen, pero cuando éstas llegan a la frontera estadunidense, les levantan muros de hierro y de política migratoria racista y represiva. La dialéctica de la inclusión subordinada y la exclusión violenta.

También el gobierno federal tiene una seria responsabilidad. Por presión o por no haber de otra, ha tenido que ser partícipe de facto de la política migratoria estadunidense: ha militarizado las fronteras, contenido migrantes, improvisado una política de atención, con recursos muy insuficientes, sin participación de estados, municipios y sociedad. No ha extirpado la corrupción alojada desde hace añales en el Instituto Nacional de Migración, donde sigue habiendo extorsiones, maltratos, represión, perpetrados (y perpetuados) contra los migrantes. Las dependencias federales no están adecuadamente preparadas, ni tienen presupuesto ni infraestructura física suficientes, ni protocolos, para brindar un trato digno al número creciente de personas en movilidad.

Los gobiernos estatales y municipales de las entidades fronterizas se quejan de no contar con recursos suficientes para atender a los migrantes que llegan. Tienen algo de razón, pero también hay en ellos afán de desresponsabilizarse o actitudes xenófobas y racistas.

Es el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos: en abril de 2022 firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott –mostrado en la Cámara de Diputados por la legisladora juarense Andrea Chávez–, que pretende “detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua”. Para esto utilizarán drones y la tecnología de la Plataforma Centinela, sobada estrategia del gobierno panista que costará 4 mil 200 millones de pesos a los contribuyentes chihuahuenses, quienes así financiarán las acciones antinmigrantes del fascista gobernador texano.

Los muros, candados y agresiones contra los migrantes los pone también el ambiente xenófobo propiciado por fake news o declaraciones como las del alcalde de Juárez, quien dijo días antes del incendio: “Nuestro nivel de paciencia con los migrantes se está agotando”. Ya en noviembre pasado el área de derechos humanos del municipio demandaba al Instituto Nacional de Migración ejecutar “redadas de migrantes en los cruceros porque ha habido muchas quejas de la gente”. Como si no hubiera más quejas en esta frontera por la galopante inseguridad pública, el pésimo transporte y los eternos baches.