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las pymes
Previo a la confirmación de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio -en principio hasta el 10 de mayo- y con el grifo de las flexibilizaciones sin incluir a los rubros turísticos, Alberto Fernández, presidente de la Nación, resolvió ampliar el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Entre otras medidas, el Estado será responsable de pagar hasta la mitad de los salarios de las empresas en crisis como consecuencia de la cuarentena, cualquiera sea el tamaño de la firma, y el mismo se extenderá mientras se prolongue el confinamiento. ¿A PEDIR DE TURISMO?
El refuerzo estatal llegó en medio de las negociaciones que el ministro de Turismo, Matías Lammens, está llevando adelante con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, para diseñar una batería de propuestas específicas que atiendan la problemática actual y futura de la industria turística.
Sin embargo y si bien el DNU provocaría una bocanada de aire para los empresarios turísticos, además de una respuesta del Gobierno al sector, desde las gremiales empresariales lamentan no ser parte de la mesa chica que define el futuro de las pymes; así como alertan que siguen a la espera de las nuevas medidas específicas prometidas, porque lo anunciado no alcanzará para detener la herida.
Para calmar a las fieras y luego de una reunión de seguimiento con la esfera privada, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se comprometió a redireccionar a favor del sector un crédito a tasas muy bajas. Se trata de unos US$ 32 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo al MinTurDep, y que se destinarán para la asistencia de las pymes turísticas y no así para obras de infraestructura. “GRACIAS, PERO.”
“Estamos analizando los alcances de la reglamentación y el primer balance es bueno”, resumió Aldo Elías, presidente de la CAT, quien valoró: “La propuesta está en sintonía con los reclamos y planteos que le hicimos al Presidente”.
Consultado sobre los encuentros virtuales entre Lammens y Kulfas, Elías destacó el compromiso estatal, pero reconoció que esperan que en los próximos días se vayan cumpliendo los puntos que se trataron en la Quinta de Olivos; y sostuvo: “Entre los temas pendientes sobresalen el otorgamiento de los créditos a tasa blanda con un año de gracia, los cuales se utilizarán para capital de trabajo y no pagar salarios; la eliminación de la gestión de retención y percepción de impuestos, y la eliminación de los impuestos no aplicados directamente a las empresas como débitos y créditos bancarios”.
Lea la nota publicada esta semana con el detalle de la ampliación del paquete económico anunciado por
Alberto Fernández en www.ladevi.info
Por caso, la Faevyt rescató que el Gobierno está escuchando al sector y que están pronunciando medidas para aliviar a las empresas de la crisis provocada por el Covid-19, aunque aseveraron que no alcanzan. “Es positivo que nos ayuden a pagar el 50% de los sueldos, pero con una facturación en cero desde hace un tiempo, es imposible afrontar el porcentaje del sueldo restante y sostener la estructura”, declaró Gustavo Hani, titular de la Faevyt, quien agregó que no quieren subsidios, sino créditos a tasa cero o realmente blandos.
A su vez y tras admitir que hasta el momento el saldo de las propuestas solicitadas al Gobierno es negativo, recalcó que le plantearon a la AFIP la postergación de todos los vencimientos impositivos, y posteriormente el otorgamiento de una moratoria amplia de los impuestos no pagados por este período de crisis.
Para terminar, Hani ponderó que la eliminación del impuesto PAIS en los servicios turísticos sigue siendo una prioridad para la Faevyt, y comentó: “Le dije al Presidente que el primer día en que las agencias vuelvan a vender, necesitarán de este beneficio para reactivar los negocios y la respuesta fue favorable”.
Por su parte, desde la AHT aplaudieron que los anuncios son inclusivos y que alcanzan a pequeñas, medianas y grandes empresas sin discriminar la cantidad de trabajadores que empleen; aunque admitieron que “esperaban que el Estado cubriera la totalidad de los sueldos y las contribuciones patronales”.
Asimismo, desde la entidad que conduce Roberto Amengual lamentaron que hasta el momento no hubo novedad sobre la anulación del pago del básico de los servicios públicos contratados y el diferimiento de pagos de los servicios públicos variables hasta fin de 2020, con planes de pago flexibles para toda la actividad a partir de enero de 2021.
Fernando Gorbarán, presidente de la AOCA, ratificó que durante la reunión del Comité de Crisis de la CAT con Lammens plantearon la necesidad de ampliar los beneficios económicos para la actividad turística aun después de que terAlberto Fernández amplió el programa de ATP para que las empresas puedan afrontar los sueldos de abril. El refuerzo estatal, que se extenderá por el plazo en que se prolongue el aislamiento, fue bien recibo por Turismo; aunque las gremiales empresariales advirtieron que si el Ejecutivo quiere evitar la quiebra de las compañías necesitará cumplir con la promesa de “cranear” medidas ad hoc para el sector. POR MARCOS LLOBET, redaccion13@ladevi.com El anabólico económico estatal para pagar salarios no funcionará para mantener de pie a las pymes
EL DESOLADOR MAPA TURÍSTICO DE UN MUNDO EN CUARENTENA
Respecto a los alcances de la asistencia estatal, el DNU firmado por el Jefe de Estado fija que “el monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”.
A su vez, el Ejecutivo ofrecerá la posibilidad de elegir entre “la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) devengadas en abril”; al tiempo que dispuso el “crédito a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central”
El salvataje económico de alrededor de 420 mil pymes le costará al Gobierno unos US$ 13 mil millones, lo que significa un 3% del PBI. “Es esto o cerrar el país”, describió un dirigente gremial, quien resaltó que “la crisis derivó en que las empresas se convertirán en estructuras mixtas y dependerán del Estado”. El primer balance de los anuncios es bueno pero esperamos que en los próximos días se vayan cumpliendo los puntos que se trataron en la Quinta de Olivos. Elías
mine la cuarentena, y reconoció: “Estamos expectantes de que se instrumente el decreto de la asistencia estatal para pagar salarios”.
A su turno, Gerardo Díaz Beltrán, titular de la CAME, explicó que “los anuncios darán tranquilidad y certidumbre a las pymes”, pero señaló: “Esto no soluciona nada. Necesitamos que el Gobierno amplíe la medida del salario complementario y, mediante la ANSES, abone el 100% del sueldo neto de los trabajadores de las pymes que empleen hasta 40 personas”.
Incertidumbre en Argentina ante la nueva temporada de esquí
Ados meses para que comience la temporada de esquí, desde la Cámara Argentina de Centros de Esquí y Montaña comunicaron que los complejos están trabajando para preparar sus instalaciones, aunque advierten que las aperturas de los centros están en duda por la pandemia. En este orden, adelantaron que están elaborando un protocolo sanitario.
Por caso, confían en que para cuando arranque el invierno las estaciones de esquí puedan estar funcionado; mientras que Pablo Torres García, quien comanda la entidad que nuclea a los principales centros
Con más dudas que certezas, desde la Cámara Argentina de Centros de Esquí y Montaña afirmaron que pese a no saber si se concretarán las aperturas de los complejos a causa de la pandemia, se están preparando para el invierno. En ese sentido, están elaborando un protocolo sanitario.
como La Hoya, Catedral, Chapelco, Castor, Las Leñas, Cerro Bayo y Caviahue, subrayó: “La idea de abrir está”.
En esta línea, remarcó que “uno no sabe lo que puede pasar”, pero enfatizó que deben apostar por ir para adelante pero priorizando la salud. “Hay que preparar la montaña, trabajando la incertidumbre que hay por estos días”.
Entre algunas de las medidas sanitarias del protocolo que se está elaborando, coordinado en conjunto con los municipios, las provincias y el Gobierno, se evalúa tomar la temperatura a los turistas; diseñar planes en caso de que tengan fiebre; y establecer regulaciones estrictas en los comercios.
Asimismo, desde el organismo lamentaron, que a raíz de que probablemente se mantengan cerradas las fronteras, no podrán contar con la clientela internacional, siendo los turistas brasileños, europeos y norteamericanos quienes más pernoctes y gastos registran.
Al respecto, subrayaron que la misión de la Cámara es tentar al público local y nacional para que pueda llegar a las montañas; al tiempo que alientan a los centros a trabajar para captar a un mayor número de clientes argentinos, ya sean esquiadores profesionales como turistas que quieran disfrutar de la nieve.
En esta línea, Gastón Bur
Los centros de esquí agudizan los trabajos para preparar las montañas.
lón, secretario de Turismo de Bariloche, reconoció que “no sabemos qué va a pasar en el invierno”, pero aclaró que “se está trabajando internamente como para tener todo listo el día que se pueda abrir, sea en julio, agosto o septiembre”.
Para terminar, desde la Cámara Argentina de Esquí y Montaña ponderaron que los centros de esquí de Argentina ya están acostumbrados a estas situaciones de crisis y saben sortear momentos de dificultad. “En 2016, la erupción del volcán chileno Puyehue arruinó la temporada de Villa La Angostura; y el año pasado, los problemas volvieron después de que se derrumbara parte de una montaña sobre la Ruta 40 en pleno invierno”, recordaron.

DERECHO DEL TURISMO Riesgos y oportunidades de la emergencia bajo la lupa del Derecho
Expertos de todo el mundo coinciden en que frente a la avalancha de reclamos que podrían producirse contra empresas de turismo es necesario encontrar una solución jurídica que no implique la quiebra masiva del sector, sino que les dé tiempo para responder al consumidor.
La magnitud y excepcionalidad de la crisis desatada por el Covid-19 en la industria turística pone a prueba a las empresas y Estados en todas las dimensiones: económicas, laborales, culturales, psicológicas… y podríamos seguir. Ahora bien, la supervivencia o no a muchos de esos retos también deberá pasar por el tamiz de las leyes, ya que -con la cadena de pagos deshecha y la liquidez por el pisohan implosionado buena parte de los contratos entre prestadores y agencias de viajes, y entre éstas y los consumidores. La vara regulatoria y, en última instancia, la respuesta de los tribunales, puede conciliar intereses o sumarle más estrés al estrés ya inédito de la situación.
Estos y otros temas fueron abordados por decenas de juristas de todo el mundo en una conferencia global sobre los impactos legales del Covid-19 en la industria del turismo, celebrada los días 20, 22 y 24 de abril y organizada por las universidades Eshte de Portugal, la de Milano-Bicocca y la de Salamanca.
LA DISYUNTIVA DE LOS REEMBOLSOS.
Frente a la avalancha de reclamos, los especialistas coincidieron en que las empresas podrían encuadrarse bajo el eximente de responsabilidad de “fuerza mayor”, figura contemplada en la mayoría de los países. Sin embargo, los expertos sugirieron que ésa no es la respuesta más adecuada para la coyuntura actual. “Sabemos que los incumplimientos son generados por problemas de fuerza mayor y que eso está contemplado en el ordenamiento jurídico argentino. Pero invitamos a todos, pasajeros, agencias y prestadores, a intentar renegociar los contratos para no generar daños adicionales a una industria que va a quedar muy golpeada”, señaló la especialista argentina Flavia Medina.
De hecho, ya son 13 los Estados que han dado respuesta a la excepcionalidad de la situación con decretos y leyes de emergencia que fuerzan a los pasajeros a aceptar

bonos o vouchers para reprogramar sus viajes con un año a 18 meses de plazo antes de exigir el reembolso en cash.
Uno de los que se mostró a favor de estas medidas temporales fue Diego Benítez, quien planteó que es necesario generar respuestas jurídicas frente a esta coyuntura: “Se debe evitar la quiebra masiva del sector adoptando soluciones como las aplicadas ya en 13 países”.
En la misma línea, el uruguayo Julio Facal planteó que tiene que haber una revisión de los sistemas legales de responsabilidad: “Es fundamental establecer quién responde”. Facal directamente sos

tuvo que “la crisis sanitaria debe interpretarse como razón de fuerza mayor para evitar que colapse el sector y eso pueda determinar la no devolución a cambio de una reprogramación con garantías”.
El ecuatoriano Mateo Estrella Durán, en tanto, añadió que si bien se trata de situaciones de fuerza mayor, son los propios empresarios “los que manifiestan el deseo de cumplir con sus compromisos a través de las reprogramaciones”. Por otra parte, Estrella Durán dijo que los académicos tienen una responsabilidad muy grande de encontrar soluciones a esta crisis global.
EL TIEMPO ES ORO.
Por su parte, Sandra Arcos Valcárcel planteó una perspectiva distinta respecto a la utilización del caso de “fuerza mayor” como eximente de responsabilidad. “¿Hay ‘fuerza mayor’?, podríamos decir que sí, pero eso también implicaría para el consumidor la pérdida absoluta de aquello que había pagado”, planteó la experta argentina. Arcos Valcárcel dijo que los pasajeros ya están reclamando y las agencias no tienen los fondos para responder. “Hay un problema de tiempo. Con facturación cero y la situación crítica de la responsabilidad solidaria de toda la cadena, las agencias necesitan tiempo, que no sabemos si el consumidor está dispuesto a aceptar”, afirmó Arcos Valcárcel, quien coincidió que con los bonos y la reprogramación a futuro estarían cumpliendo.
De todos modos, la especialista sostuvo que hay que recurrir a valores presentes en todas las sociedades: “Entre otros, los principios generales del Derecho: el deber general de buena fe y no abuso de posición dominante en el mercado; y la conservación de los actos jurídicos para que se puedan aplicar los contratos”, concluyó.
LA OPORTUNIDAD DE LA CRISIS.
Como vienen advirtiendo expertos de otras ramas, Flavia Medina dijo que esta situación de emergencia servirá para poner en evidencia el valor de los profesionales de turismo. “Cuando el pasajero tiene un inconveniente serio, como haberse quedado varado en un país extranjero, una respuesta automática no le sirve, es una no respuesta. Ahí nos damos cuenta de que cuando uno contrata por las suyas, cuando tiene un problema también está solo. No sucede lo mismo cuando lo hace con un profesional. Ahí las agencias tradicionales tienen una oportunidad de reposicionamiento en el mercado turístico”, cerró Medina.
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