Ecuador bajo ataque

General (r) Paco Moncayo Gallegos

presentar un panorama cierto del estado de la situación y orientar decisiones de política pública acordes con el interés de una comunidad que reclama clamorosamente la recuperación de un ambiente de paz y tranquilidad indispensable para vivir sus vidas libres de miedo.

Incertidumbre Global

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), 22 millones de personas consumieron cocaína en el año 2021, la producción de la droga superó las 2.300 toneladas y las transacciones criminales superaron 2 billones de dólares ese año. Más grave aún, se ha incrementado la producción y consumo de drogas sintéticas altamente nocivas (2023, p.10).

Lo anterior evidencia que la comunidad internacional no ha logrado alcanzar los fines y objetivos trazados para la lucha en contra de esta amenaza global, por más de medio siglo. Las convenciones, declaraciones, planes y estrategias han quedado generalmente en letra muerta. La cooperación internacional, enfocada especialmente desde los intereses de los poderes globales, ha sido insuficiente y, lo peor del problema, son los países de menor desarrollo económico y social, las principales víctimas de esta trágica realidad.

Tal es el caso de Ecuador, convertido en centro de operaciones de los cárteles mexicanos, las mafias europeas y los grupos de delincuencia organizada colombianos, aprovechándose de la debilidad de un Estado, carente por años de políticas públicas de seguridad efectivas para combatir esta amenaza.

En sentido contrario, el crimen organizado se fortalece cada vez más, afectando a la paz, seguridad, estabilidad democrática; a la economía formal y a los valores fundamentales que permiten la cohesión social, la solidaridad, la confianza en las instituciones, el surgimiento de liderazgos positivos, indispensables para construir un país con opciones de edificar un futuro promisorio. De esta realidad deriva la importancia de investigaciones objetivas que analicen sistemáticamente la información existente para

La Sociedad internacional ha buscado formas de enfrentar las graves amenazas del crimen organizado, el terrorismo y la corrupción. Para la amenaza de las drogas, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Sobre la base de esta juridicidad nació un Régimen internacional de control de drogas (RICD), del que son parte: la Comisión de Estupefacientes (CND), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. (Sánchez C. 2014, p.151 y sig.).

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la ‘Convención de Palermo’ fue aprobada por la Asamblea General, el año 2000. Sus tres protocolos se refieren a Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; al Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y, a la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones.

En el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) se creó la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) en 1995); se publicó la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010); se aprobó la Declaración de Antigua, Guatemala, ‘Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas’ (2013); también los ‘Lineamientos sobre políticas comunes’ (2014); y, el ‘Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas’ (20162020).

Sobre el tema de la delincuencia internacional, los gobiernos aprobaron la ‘Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003’, un compromiso de todos los Estados para enfrentar el tema de la seguridad con un enfoque multidimensional que reconoce la existencia de amenazas tradicionales y nuevas amenazas, entre estas el Delito Organizado Transnacional (DOT).

El Consejo Permanente, por su parte, creó la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional en marzo 2006 y aprobó el ‘Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, ese mismo año.

Otros instrumentos jurídicos vigentes son: la ‘Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados’ (CIFTA), la ‘Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal’, convenciones sobre Cooperación Judicial, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), las reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, las reuniones de Ministros de Seguridad Pública (MISPA) y las Reuniones de Autoridades Nacionales en materia de la Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT).

Sobre el tema del terrorismo existe un total de 16 instrumentos internacionales y, desde 2006, la ‘Estrategia Global Contra el Terrorismo’.

En el ámbito hemisférico, La Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002).

Considerando que la corrupción permea la generalidad de las amenazas, la Asamblea General aprobó la ‘Convención de Naciones Unidas contra la corrupción’ (2003) que abarca cinco áreas principales de acción: prevención; criminalización y aplicación de la ley; cooperación internacional; recuperación de activos; la asistencia técnica y el intercambio de información. En el espacio americano se aprobó la ‘Convención Interamericana Contra la Corrupción’ (CICC) en 1996).

Sus propósitos son: promover y fortalecer “los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte” (Artículo II).

Finalmente.

Luego del ataque a las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estableció el vínculo existente entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas, entre otros, como amenazas graves a la seguridad internacional.

Si, como se ha explicado antes, el negocio criminal de las drogas se ha incrementado en el mundo y los grupos criminales han logrado un poder económico que supera al de muchos Estados, es evidente que tan compleja estructura creada en el ámbito global y regional ha fracasado y, en la práctica, en América, como sucedió en el caso de la pandemia de la COVID-19, cada Estado se está batiendo por su cuenta. Las amenazas transnacionales no han sido enfrentadas con respuestas de igual naturaleza.

Las prioridades de las grandes potencias son otras y en ellas invierten miles de millones de dólares, mientras apoyan mezquinamente la lucha en contra de una amenaza que es resultado, en gran medida, de la demanda de sus poblaciones.

La Terrible Vecindad

La producción de hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína se realiza casi en su totalidad en América del Sur. Según un informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Colombia representa entre el 60 y

70% de los cultivos y de la fabricación potencial de cocaína. Entre 2019 y 2021, el cultivo se incrementó en 43% y la producción de cocaína en 14% (2023, p.50). El segundo lugar, con Alrededor del 27%, le corresponde al Perú.

La firma del Acuerdo de Paz del gobierno colombiano con las FARC (2016) agravó la situación de la frontera con Ecuador.

La desmovilización del grupo narco subversivo, que monopolizaban el negocio dio lugar a la presencia de varias organizaciones disidentes y nuevas estructuras delictuales, modificando sustancialmente el negocio criminal. Hoy se calcula que existen 38 grupos delincuenciales en Colombia, sin una cadena de mando vertical. (UNODC, 2023, p.141).

Los grupos criminales colombianos exportan aproximadamente 20 toneladas de cocaína al mes, a por lo menos 28 países.

Lo hacen asociados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, de México; las mafias ‘Ndrangheta y Cosa Nostra, de Italia; y, redes delictivas de los Balcanes que han enviado representantes a la región para organizar y dirigir las operaciones ilegales. “… podría decirse que los traficantes internacionales pretenden reforzar la eficacia de la cadena de suministro acercándose a la fuente y creando las condiciones para una rápida producción de cocaína a nivel local” (UNODC, p.147).

La cocaína fabricada en Colombia ingresa al Ecuador por las provincias fronterizas colindantes con los departamentos de Nariño y Putumayo y se exporta a través de varios puertos (en particular de Guayaquil), embarcaderos y fondeaderos; en sentido inverso, se traslada hacia Colombia gasolina, gas licuado de petróleo, precursores químicos, armas y municiones. Además, en la faja fronteriza, los grupos criminales practican la minería ilegal, contrabando y tráfico de personas. También la cocaína producida en Perú sale por territorio ecuatoriano hacia los distintos mercados.

EFECTOS OCASIONADOS POR LA COVID-19

La pandemia paralizó el comercio internacional en general y, por ende, el de la cocaína. Por otra parte, al haberse centrado los esfuerzos de los Estados a enfrentar la terrible emergencia sanitaria, disminuyeron los controles y se incrementaron las plantaciones de los arbustos de la coca, la producción de la hoja, de la pasta base y del clorhidrato de cocaína. La consecuencia: un gran almacenamiento del producto en los países andinos, incluido, por supuesto, Ecuador.

Con el paulatino retorno a la normalidad, se restablecieron los canales de distribución y, por ende, recrudecieron las disputas entre los grupos criminales por controlarlos; se comenzó, además, a pagar a los grupos subsidiarios no ya con dólares, sino con la misma droga que la distribuyen en el mercado interno, con la consecuencia de confrontaciones por controlar territorios que enfrenta a estos grupos entre sí con el incremento inusitado de la violencia.Otra consecuencia de la pandemia fue que, al verse dificultades las primeras etapas de suministro, se produjo una alta oferta que afectó directamente a los precios: el de la hoja de coca cayó en aproximadamente un 32%y en el Departamento de Nariño, un kilo de pasta base, que costaba 975 dólares se vende en la actualidad en 240 (El Observador, julio 2023). En consecuencia, para compensar sus pérdidas, algunas bandas criminales se enfocaron en otras actividades como la minería ilegal, el tráfico de personas y el contrabando de insumos médicos.

Finalmente, la pandemia del COVID-19 visibilizó la corrupción galopante del sector público: listas de puestos exigidos y cuotas de poder entregadas a asambleístas, para familiares y amigos, incluidos hospitales y otras entidades sanitarias; robos en la compra de insumos médicos; contrabando de medicinas, algunas de ellas falsificadas; sobreprecios en la adquisición hasta de las fundas para recoger los cadáveres de los infortunados ecuatorianos fallecidos, y un largo etcétera.

Siembra Vientos

El nivel de riesgo de los países está en función de la naturaleza de las amenazas, enfrentada a sus vulnerabilidades. Eso lo comprendió Colombia a fines del siglo anterior y emprendió en un proceso de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales, además de una depuración de políticos vinculados con los grupos criminales y logró también un importante apoyo internacional. En Ecuador, desde 2007, los gobiernos han actuado en sentido contrario: a) la no renovación del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) de Manta en 2009, sin haber previsto los medios nacionales para reemplazarla; b) la supresión de la oficina de apoyo a la seguridad de la Embajada norteamericana, c) La concentración en el Gobierno central de la competencia de seguridad, que desmanteló importantes esfuerzos realizados por los gobiernos locales en el área de la seguridad ciudadana; d) Debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas a pesar de la agresiva presencia de los carteles y el tráfico aéreo, terrestre y marítimo de armas y drogas; e) politización de la justicia y de los sistemas de control; f) la supresión de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) (2009); y g) la eliminación del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep) (2016).

Mónica Almeida y Ana Karina López refuerzan estos argumentos cuando plantean los cinco pilares sobre los que se construyó el poder a partir del 2007: “Propaganda, Ideologización, Control, Inteligencia y Corrupción” (2023, p.13). En la relación con las Fuerzas Armadas, el gobierno se empeñó en “desmontar ese poder que ha sido uno de los pilares de la historia ecuatoriana” (p.15).

Refieren las autoras el proceso de desmonte del sistema de seguridad: El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) fue convertido en “un reducto ideológico de Alianza País” (p.35); las misiones de Defensa Civil pasaron a la Secretaría de Gestión de Riesgos; la Dirección Nacional de Inteligencia, a control directo de la Presidencia; se retiró a la Dirección General de la Marina Mercante del control de la administración de los puertos (por donde sale hoy la mayor parte de la droga);y, se suprimió la Honorable Junta de Defensa Nacional.

Una vez instalada la Asamblea Constituyente, se emprendió en la tarea de terminar con el presunto ‘tutelaje militar’: se modificó la misión de las Fuerzas Armadas como garantes del ordenamiento constitucional, se limitó su accionar a enfrentar amenazas externas, se suprimió el sistema de justicia militar y se convirtió en opcional el servicio militar. El presidente: “Primero concretó la sujeción al poder civil y más tarde usó el reordenamiento jurídico para que los uniformados sirvieran a sus objetivos políticos” (p.38).

En el campo de la propaganda, se creó una Comisión de la Verdad para investigar el presunto cometimiento de crímenes de lesa humanidad en los años 1988-2000, que derivó en un proceso legal absolutamente contrario a las claras normas del Derecho Internacional Público; se difundió profusamente información insinuando que la institución militar estaba detrás de las muertes del presidente Jaime Roldós y la ministra de defensa Guadalupe Larriva- personajes muy positivamente considerados por los militares-.

“El caso de Roldós fue un instrumento más de la propaganda de ‘Alianza País’ sin una voluntad real para descubrir a los culpables” (p.54).

Denunciaba también el presidente ‘diferencias odiosas’ entre el trato al oficial y a la tropa en temas de comida y alojamiento; se reunía con los soldados, impidiendo la presencia de oficiales; convocaba a los militares a abandonar las filas e incorporarse, con ventajas, a la Comisión Nacional de Tránsito, Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de seguridad penitenciario y Guardia Nacional Ambiental; desnaturalizó el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas; intentó, con Ricardo Patiño como ministro de Defensa, colocar Comisarios civiles en los cuarteles para “trabajar y dar seguimiento y asesoramiento en cumplimiento de la normativa vigente” (p.65). También, en 2012, pasó el control de los colegios militares al ministerio de educación, mientras se entrenaba en los parques de Quito a los Comités de la Defensa de la Revolución.

Con acierto concluyen las autoras: “Las reformas y los descabezamientos debilitaron a una institución cuyos mayores enemigos son el narcotráfico y el crimen organizado, que las han comenzado a corroer. La democracia salió debilitada” (p.71).

En la presidencia de Lenin Moreno terminó el acoso, pero inexplicablemente se afectó al sistema de seguridad al suprimir los ministerios del Interior, de Justicia y Derechos Humanos y Coordinador de Seguridad; En esas condiciones, tuvo que enfrentar el secuestro de un equipo periodístico de diario EL COMERCIO por fuerzas disidentes de las FARC.

El 28 de marzo el presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad Pública y del

Estado y, con esta oportunidad, aseguró que el secuestro era resultado del ‘desmantelamiento’ que se había hecho de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como de la permisividad del gobierno anterior con los guerrilleros.

Haber Llegado A Esto

Lo tratado hasta este punto explica la situación muy grave que enfrenta el país, especialmente a partir del año 2022, cuando tuvo que lamentar 4.550 muertes violentas, esto es, una tasa de 26.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, que lo colocaba como el sexto país más violento de la región, incluso por encima de México.

Además, fue tercero en los indicadores de robos y asaltos, así como en decomiso de las drogas ilícitas, con el agravante de que un importante porcentaje del negocio ilícito abastece un consumo nacional que ha crecido a ritmo sostenido.

Esta dramática situación se debe en gran medida a que los grandes cárteles y mafias han trasladado gran parte de sus operaciones hacia Ecuador, aprovechándose de la debilidad del Estado y han creado grupos nacionales subsidiarios proveedores de servicios que gestionan partes de la cadena de suministro: Recogen la cocaína, la transportan, protegen los envíos y reciben su remuneración sea en dinero o en especie; en el segundo caso, compiten por la negocian al por menor en el mercado interno.

“… traficantes de los Balcanes y miembros de grupos delictivos italianos se han instalado en Ecuador para establecer líneas de suministro a los mercados europeos.”

(UNODC, p.26). Según esta institución, en algunos casos, los grupos contratados llegan a obtener el apoyo político en sus países y comienzan a operar independientemente. Según el citado Informe: “la cocaína destinada a Europa aumentó del 9 por ciento en 2019 al 33 por ciento en 2021”.

Las incautaciones de droga proveniente de Ecuador se realizaron también en el puerto de Gioia Tauro de Reggio Calabria, Italia, donde opera la mafia de la ‘Ndrangheta’; en puertos y aeropuertos de Turquía y el Continente africano.

En enero de 2021, en Gambia se incautaron 3 toneladas de cocaína, en un contenedor que había sido en - viado desde Guayaquil (p.58). Esta nueva forma de operar ha incrementado en grado superlativo la violencia en Ecuador, por diversas razones: lucha por el control de la cadena de suministro entre los grupos criminales; disputas territoriales de las organizaciones que venden la droga al menudeo, extorsión a comerciantes, transportistas, agricultores, pescadores y otros empresarios; rivalidades al interior de un mismo grupo delictivo y asesinatos selectivos a rivales; intimidación a funcionarios, especialmente de la función judicial, etc.

En Lugar De Diagn Sticos Y Lamentos

A modo de conclusión lo que Ecuador requiere es contar con una política nacional de seguridad que considere acciones urgentes en los siguientes niveles:

Acuerdo multipartidario para: a) optar por políticas públicas de Estado de corto, mediano y largo plazo, b) adoptar una doctrina ecuatoriana de seguridad, c) fortalecer el Sistema de Seguridad brindándole estabilidad y despolitizándolo.

Fortalecer la estructura general del Estado de modo que todas las funciones y niveles de gobierno enfrente la amenaza, cumpliendo coordinadamente, todos, la parte que les corresponda en el planeamiento nacional. Fundamentalmente enfocarse a las funciones judicial y de control, sin las cuales nada de lo que se realice podrá surtir efectos positivos.

Fortalecer a la Secretaría Nacional de Seguridad y al sistema nacional de inteligencia, con énfasis en la amenaza criminal, el circuito de los dineros del narcotráfico, y la protección a la estructura del Estado mediante sistemas de contrainteligencia que impidan la cooptación de funcionarios civiles, policiales y militares, por parte de las estructuras criminales.

Blindar las fronteras terrestres, el litoral marítimo y es espacio aéreo para impedir el ingreso de la droga desde los países vecinos y la salida de la droga por líneas de comunicaciones marítimas y aéreas, para lo cual se debe fortalecer a las capacidades institucionales, enfocadas a estas prioridades.

Integrar nuevamente la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardias penitenciarios, aduanas) para que pueda operar en las misiones de seguridad interna, superando rivalidades institucionales y formar y capacitar conjuntamente a sus miembros con una doctrina estratégica, operativa y táctica común.

Llevar el problema del país a los organismos internacionales. Ahora que Ecuador es miembro del Con - sejo de Seguridad, utilizar ese foro para plantear el problema a ese alto organismo; en el ámbito hemisférico, exigir que se reúna el Consejo permanente de la OEA y la Comisión de Seguridad Hemisférica; plantear una evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados, en particular en 2003 sobre una política común de seguridad que considera las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas; proponer la recuperación de instituciones sudamericanas y andinas de seguridad para disponer de una política común de seguridad.