POLÍTICA

El Servicio de Rentas Internas realizó una investigación tributaria a los ocho binomios presidenciales que participarán de la contienda política para la elección de autoridades anticipadas.

El método investigativo empleado fue bajo el formato PCR-Tributario (Plan de Control Rápido) y encontró, al menos, cinco tipos de irregularidades tributarias.

Según el SRI, el propósito de este procedimiento de control, en estricto apego a la ley, es descartar que exista defraudación tributaria o evasión fiscal por parte de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. El principal deber cívico de todo ciudadano es cumplir con el pago de impuestos, mucho más de los aspirantes a Carondelet.

Tras los resultados de este análisis, esta última semana de junio empezará la segunda fase del control con las convocatorias a comparecencias indelegables ante la Autoridad Tributaria. Esto tiene como fin que los contribuyentes justifiquen los riesgos identificados o, de ser necesario, procedan a regularizar su situación tributaria.

Por el momento, todos los casos mantienen el estatus de presuntos hasta que se cumplan las comparecencias.

Entre los riesgos tributarios de los candidatos, se encontró lo siguiente:

• Diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la Autoridad Tributaria a través de otras fuentes locales y del exterior, incluyendo el intercambio automático de información internacional.

• Movimientos bancarios superiores a valores declarados, según el análisis de información del sistema financiero.

• Variaciones patrimoniales no justificadas, según el movimiento de diversos tipos de activos.

• Diferencias en la Contribución temporal post covid debido a las diferencias en la información patrimonial declarada.

• Identificación de transacciones en paraísos fiscales.

A través de una comunicación enviada por el presidente Lasso a los nueve jueces de la Corte Constitucional, que el propio mandatario hizo pública en redes sociales el 28 de junio de 2023, criticó la manera en la que la Corte Constitucional (CC) ha dado trámite a los decretos leyes en materia económica que planteó a partir de la muerte cruzada que disolvió a la Asamblea Nacional.

En la carta, Lasso cuestiona que de los dos proyectos presentados por el mandatario, al cabo de casi un mes, el 16 de junio pasado la Corte solo permitió que entre en vigencia la norma de rebaja de impuestos, pero negó el decreto sobre atracción de inversiones a través de zonas francas.

Respecto del primer proyecto, denominado Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, la Corte no encontró incompatibilidades con la Carta Magna.

Pero con el segundo texto, denominado Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, la CC concluyó por unanimidad que el Ejecutivo no respetó el artículo de la Constitución, el cual establece parámetros sobre la muerte cruzada y determina que se requiere de un dictamen previo de constitucionalidad sobre los proyectos de decretos leyes hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

Lasso reclamó que la Corte demoró en emitir sus dictámenes y no aceleró el trámite. Recordó que en un tiempo de tramitación ordinaria, un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica se procesa en la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 30 días y que si en ese lapso no hay un pronunciamiento, el presidente puede promulgar la ley.

En ese sentido, acusó al organismo de romper la regla constitucional establecida en el artículo 135, que dispone que el presidente de la República es el único que puede presentar proyectos normativos relacionados con crear, modificar o eliminar impuestos.