El pedido social de postergar la consulta popular

La Asociación Nacional de Empresarios, ANDE ha hecho llegar una comunicación dirigida al Consejo Nacional Electoral, CNE, en la que en forma respetuosa y razonada solicitan la postergación de la realización de la Consulta Popular, prevista para el 20 de agosto, sobre la pertinencia de seguir explotando o dejar de hacerlo, el petróleo existente en un área equivalente al 0.01 % de la zona oriental del Yasuní.

La comunicación apela para este pedido a una serie de considerandos de carácter económico y social que el cerrar los pozos petroleros existente en esa área, acarrearían, no sólo al patrimonio nacional, sino también a todos los planes y proyectos del desarrollo nacional.

ANDE junto a numerosos expertos, medios de comunicación y líderes de opinión en redes sociales coinciden en una gran preocupación porque el electorado no está suficientemente informado para sufragar un voto consciente en la consulta del 20 de agosto del 2023.

Para comenzar, la consulta propuesta hace 10 años por Yasunidos versaba sobre un territorio sin operación petrolera alguna, lo cual dejaba abierta la posibilidad que permanezca intocado, mientras ahora, respetando plenamente la ley, se ha establecido una operación de alta tecnología en la que el país ha invertido casi dos mil millones de dólares, cuya producción es esencial para disponer de fondos que contribuyen a atender las ilimitadas necesidades económicas y sociales del país.

Yasuní es una extensa área del territorio nacional, donde se hallan varios pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario, pero que ahora se han integrado a la explotación del campo ITT, en calidad de trabajadores petroleros no especializados, lo que les ha permitido atender muchos de sus problemas y demandas sociales, de salud y bienestar; por eso, los firmantes de la comunicación solicitan al CNE que las primeras consultas deberían ser propuestas a las comunidades indígenas vecinas al ITT, porque ellas sufrirían el primer impacto social y económico del cierre de su explotación.

Igualmente, la comunicación hace visible los impactos económicos que acarrearían el cierre de sus operación; para ello recurren a un simple cálculo aritmético: hoy se explota en ese campo 55 mil barriles diarios de petróleo, multiplicados por 365 día del año, se obtiene una producción de 20 millones 75 mil barriles anuales (20´075.000), vendidos en el mercado internacional a 66 dólares por barril, se obtiene la cifra de mil trescientos veinticuatro millones novecientos cincuenta dólares anuales (1.324´950.000). La vida útil del pozo se calcula en 25 años, mínimo, y entonces la cantidad sube a treinta y tres mil ciento veintitrés millones, setecientos cincuenta mil dólares (33.123´750.000).

A esta astronómica cifra debemos añadir el costo de desarmar toda la infraestructura levantada en el campo, dice el comunicado, es de 500 millones de dólares, a los cuales hay que añadir el costo inicial de montar dicha infraestructura que fue mil novecientos millones de dólares. Pero, el hecho de desmontar las torres tecnológicas de la explotación petrolera también provocaría un enorme daño ambiental por la subsiguiente invasión de inescrupulosos comerciantes tras la riqueza arbórea y de minería ilegal.

Con todos esos razonamientos, la Asociación Nacional de Empresarios y otros colectivos sociales, así como varios líderes políticos y sociales, solicitan que la consulta popular dispuesta por la Corte Constitucional a petición del grupo YASUNIDOS hace 10 años, cuando las condiciones de la explotación petrolera era diferente a la que existe en la actualidad, se postergue para otra fecha, permitiendo al electorado conocer todo lo concerniente a la pregunta planteada y que su respuesta no esté contaminada por las pasiones propias de una campaña electoral presidencial y de miembros de la Asamblea Nacional.

¿Será atendido este pedido?

El Consejo Nacional Electoral, tiene la palabra.