POLÍTICA

La tarde del miércoles 26 de abril concluyó la fase de práctica de pruebas del juicio político que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional viene tramitando desde hace ocho días. En la jornada final hubo el fallido intento de incluir una carta a última hora, ausencia de comisionados y la intervención de solo una de las cuatro proponentes porque otra fue denunciada en la Fiscalía.

La presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), clausuró la sesión, una vez que el abogado de Lasso, Edgar Neira, y la asambleísta correísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio, se tomaron dos horas cada uno para presentar sus argumentos.

Un pedido de la legisladora Veloz y su coideario, Roberto Cuero, para que se incluyera una carta remitida en la víspera por el exgerente de Flopec Jhonny Estupiñán, generó una pugna entre oficialismo y oposición en esta mesa. Estupiñán es el testigo clave en esta causa, pues el exfuncionario aduce que habría alertado a Lasso sobre irregularidades en Flopec. Sin embargo, el oficialismo cuestionó que él se haya excusado de comparecer cuando correspondía a la Comisión de Fiscalización y que recién ahora haya solicitado que se recepte su testimonio vía telemática.

Al final, la presidenta encargada dispuso someter a votación este pedido, pero la oposición no insistió cuando evidenció que sus asambleístas delegados en esta mesa, Pablo Muentes (PSC) y Gabriela Molina (Unes), habían abandonado la sesión y no tenían asegurados los votos para esta decisión.

Por su lado, el abogado del Presidente centró su intervención en 9 hechos base, 4 hechos inferidos y 6 hechos conclusivos para pedir a la Comisión que acepte los descargos, declare la inexistencia de hechos que permitan imputar a Lasso un supuesto peculado y no recomendar el enjuiciamiento político.

Mediante un anuncio emitido por la Secretaría de Comunicación el martes 25 de abril, el gobierno anunció los nombramientos de dos figuras claves en el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Los encargados de diseñar y dirigir las estratégicas de seguridad serán el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y el general en servicio pasivo, Wagner Bravo.

Moncayo ocupará el puesto de Consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, mientras que Bravo será Secretario de Seguridad Pública y del Estado.

Las nominaciones se hicieron efectivas un día después, durante la ceremonia llevada a cabo en el Salón Dorado del Palacio de Carondelet. En dicho acto, el presidente Lasso agradeció a Bravo y Moncayo por sumarse a esta lucha compleja y difícil de enfrentar al crimen organizado y sus redes delictivas y agregó que el país espera respuestas.

Por su parte el nuevo secretario de Seguridad, señaló que este nombramiento significa una gran responsabilidad porque la mirada de los ecuatorianos se ha volcado sobre las instituciones de seguridad y la Presidencia de la República.

Bravo aseguró en su discurso que la lucha contra el crimen organizado no la ganarán los delincuentes. Que se aplicará mano dura contra ellos como política de Estado porque el deseo general de los ecuatorianos es una cultura de paz y un territorio libre de corrupción.