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MARTES 09 DE JUNIO DE 2020 La Hora ECUADOR
I
DECISIÓN. La liberación del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, despertó la indignación de la fiscal Diana Salazar.
PRÓFUGO. A Fernando Alvarado le pusieron grillete en lugar de prisión preventiva. Hoy se desconoce su paradero, y también los motivos por los que su juicio no avanza.
Prisión preventiva ‘sí aplica’ en casos de corrupción Un exadministrador de justicia advierte que en investigaciones por delitos graves hay una posibilidad de fuga del procesado. La aplicación de la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia de un procesado a la etapa de juicio. Como titular de la acción penal, la Fiscalía es la encargada de evaluar la pertinencia de solicitarla ante el Juez que tramita la causa, quien al final de una audiencia de formulación de cargos resuelve, si acepta o no dicho pedido. Los fallos emitidos en estos últimos días por los magistrados pusieron sobre la mesa el debate de si es o no necesario una medida cautelar privativa de la libertad, más cuando se investigan delitos que atentan contra la administración del Estado por actos de corrupción. Corrupción en crisis sanitaria
La fiscal general, Diana Salazar, cuestionó la decisión de los jueces que resolvieron dictar medidas sustitutivas para la mayoría de las 17 personas que fueron detenidas el miércoles pasado durante operativos que se ejecutaron simultáneamente en Quito y Guayaquil, por supuestos actos de corrupción en hospitales y gobiernos seccionales. Para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se dictaron medidas sustitutivas como el uso del grillete electrónico y la presentación periódica ante una autoridad competente. El funcionario es investigado por peculado y asociación ilíci-
ta por contratos que supuestamente fueron suscritos con sobreprecios. “…Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad sino para que respondan delante de la justicia”, expresó Salazar el pasado viernes. Una medida necesaria
Para Roberto Gómez, exjuez de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, el reclamo y la preocupación de Salazar tiene fundamento, pues con la liberación de los sospechosos no se está precautelando la integridad de las evidencias y tampoco garantiza que la acción delictiva deje de cometerse. A su criterio, en el caso de Morales, la administración de justicia tuvo que, al menos, emitir un arresto domiciliario para evitar que el funcionario retorne a su despacho. “En estos casos de corrupción en entidades públicas que tienen que ver con el manejo de dinero no es conveniente para los intereses del proceso darle estas medidas para que se presente uno o dos días a la semana. Deben tener prisión preventiva”, dijo Gómez. El ‘grillete’ aplicado a Morales le permite regresar a su despacho, sin garantías de que se sigan cometiendo irregularidades
o que el procesado participe en la destrucción o manipulación de evidencia. El último recurso
Sin embargo, el penalista Pablo Encalada, explicó que la prisión preventiva no representa un anticipo de la pena ni tampoco un índice de culpabilidad. Agregó que, de acuerdo a la doctrina, ese recurso se lo debería utilizar solo en casos excepcionales, principalmente cuando se demuestre que existe un peligro de fuga. “La prisión preventiva tiene una finalidad procesal que busca que un procesado comparezca al juicio”, indicó. El uso del grillete electrónico es una de las medidas alternativas a las que los jueces acuden para no encarcelar a una persona; sin embargo, este mecanismo ya dio de qué hablar cuando Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del correísmo, no tuvo problema en sacarse el dispositivo y fugó mientras era procesado por peculado hace más de un año. Hasta ahora, su paradero es incierto. Procesado por peculado, el juicio sí podría darse sin su presencia, aunque hasta hoy no se define la fecha de llamamiento a juicio. Para Encalada, este dispositivo funciona y un caso no puede deslegitimar el recurso de este mecanismo para evitar posibles fugas. “Por qué tendría que la fuga de Alvarado significar la afectación de los derechos de otras personas”, cuestionó. (FLC)
Fiscalía: secuestro de Balda fue financiado por el Estado Que para el secuestro del activista político, Fernando Balda, se emplearon fondos del Estado, fue lo que aseguró el fiscal subrogante, Wilson Toainga, durante la presentación de los hechos fácticos que hizo durante el primer día de audiencia de juicio que se sigue en contra del extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, dijo que buscarán probar que el uso del vehículo donde se ejecutó el plagio en 2012 en la capital de Colombia, Bogotá,fue financiado con recursos de la Senain. El propio defensor fue quien solicitó la suspensión de la audiencia de juicio, que se instaló a las 08:30 de ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El motivo de este pedido fue el fallecimiento de la madre de Balda. El Tribunal de Juzgamiento, presidido por el juez nacional, Iván León, aceptó la solicitud, pues tampoco encontró objeción
VÍCTIMA. Fernando Balda sufrió la persecusión del Estado
en la Fiscalía. Los magistrados fijaron para las 08:30 del próximo jueves, 11 de junio, la reinstalación del juicio por el delito de secuestro. Etapas del juicio
Ese día, el fiscal Toainga empezará a evacuar la prueba testimonial, pericial y documental que recabó durante la instruc-
ción fiscal. En una siguiente etapa intervendrá Balda con su acusación particular y luego lo hará la defensa de Romero. Esto se hará en el transcurso de varios días, conforme lo disponga el Tribunal de Juzgamiento. Stalin Oviedo, abogado del extitular de la Senain, insistió en la inocencia de su defendido. Aseguró que él nunca figuró como
AUDIENCIA. Las partes procesales tomaron las medidas de bioseguridad y distanciamiento durante en trámite de la diligencia. (Cortesía: Corte Nacional de Justicia)
prófugo porque residió en España con una solicitud de asilo político. Denunció, además, que no ha tenido contacto con su cliente desde el pasado 17 de marzo y que por eso no ha podido preparar su defensa de cara al proceso de juicio. En este mismo caso ya fueron sentenciados Diana Falcón y Raúl Chicaiza, exagentes de la Senain a un año con cuatro me-
ses. En el fallo dictado en marzo de 2019, la CNJ los acusó en el grado de autores mediatos. El expresidente Rafael Correa también figura como uno de los procesados y mantiene una orden de prisión preventiva. El delito que se persigue exige su comparecencia en el juicio, pero actualmente reside en Bélgica en calidad de prófugo. (FLC)
