Guía para periodistas ministeriode justicia Colombiano

Guía para transformar el punitivismo en los medios de comunicación Estrategia de Sensibilización y Concientización Ciudadana sobre la Política Criminal

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Ministerio de Justicia y del Derecho Wilson Ruíz Orejuela, ministro Viceministerio Política Criminal y Justicia Restaurativa Javier Sarmiento Olarte, viceministro Dirección Política Criminal y Penitenciaria Olga Lucia Paiba Rocha, directora

Universidad Nacional de Colombia Dolly Montoya Castaño, rectora Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Hernando Torres Corredor, decano Escuela de Justicia Comunitaria Edgar Augusto Ardila Amaya, director Estrategia de sensibilización y concientización ciudadana sobre la Política Criminal Jorge Enrique Carvajal, director

Autora María Alejandra Rico Impreso en Colombia Bogotá, 2021 La reproducción de esta publicación está autorizada únicamente para fines académicos no comerciales. Los conceptos aquí planteados pueden ser retomados y transcritos citando a la autora.

jcomunitaria@unal.edu.co

@comunidadEJCUN

316 500 Ext.16583

Tabla de contenido 4

Introducción

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Los medios, el miedo y el deseo de castigo ¿Cuál es el alboroto con las cárceles colombianas?

Punitivismo y comunicación Periodismo y comunicación para curarnos del miedo

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En busca de culpables: juicios mediáticos y periodismo de indignación Cómo vemos e imaginamos el delito Sobre el rol de los medios al hablar de delitos, juicios y penas

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Un mundo invisible con seres desconocidos: periodismo y prisiones

23 Conclusión: ¿es posible un periodismo restaurativo?

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Introducción Esta guía no es un decálogo, ni una suma de instrucciones, ni una receta para narrar el crimen y el delito en Colombia. Todos estos formatos suponen, en cierta medida, reducir la difícil tarea que llevan a cabo medios, periodistas y comunicadores/as a lo largo del país.

Elegimos la palabra ‘guía’, pero quisiéramos decir abrir la ventana , iluminar el espacio de complejidades que atraviesan el ejercicio periodístico y comunicativo al traducir la realidad de seguridades e inseguridades en las ciudades colombianas.

Así, abrimos el espacio para reflexionar y discutir públicamente sobre cómo se producen las historias periodísticas o contenidos comunicativos sobre crímenes, juicios y penas, así como sobre sus protagonistas: víctimas, ofensores y personas privadas de la libertad.

Aún más, queremos poner sobre la mesa lo que pasa antes y después de esas historias: los intereses que ponen en juego, así como los efectos simbólicos y materiales que tienen sobre los derechos de las personas involucradas.

En particular, abrimos un interrogante acerca de la relación entre el periodismo y el punitivismo que extiende sus raíces en los imaginarios, ideologías, políticas y culturas más diversas al interior de la sociedad colombiana. Llamamos la atención sobre esa relación porque tiene un efecto muy tangible: la crisis humanitaria en las prisiones colombianas.

1 Esta metáfora tiene una historia. En el Panel Denuncia, criminalización e impunidad: el papel de los medios en la política criminal, Diana Restrepo leyó un comentario del público que contenía una frase relativamente conocida que, para ella, era muy novedosa: si una persona dice que llueve y otra dice que no, el trabajo del periodista no es darles el micrófono a ambas, sino abrir la ventana y ver si, en efecto, llueve o no. Restrepo imaginó que ese “abrir la ventana” iba más allá de constatar o verificar un hecho y se trataba de iluminar un espacio ensombrecido por los prejuicios y la estigmatización hacia las personas acusadas de delitos o en prisión.

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De esto conversamos el 16 de diciembre del 2020 durante el Seminario Ciudadanía y Política Criminal, en particular, en dos escenarios: el Panel Denuncia, criminalización e impunidad: el papel de los medios en la política criminal y la Mesa de expertos en periodismo y comunicación social. Este documento recoge los apuntes y las propuestas que surgieron allí para construir una mirada novedosa del crimen y el delito en los medios de comunicación colombianos.

Esta guía-ventana-abierta está dirigida a: Periodistas y medios con experiencia en el cubrimiento de crímenes, derechos humanos y justicia. Lo anterior abarca tanto a los medios tradicionales que han consolidado los formatos clásicos para narrar la criminalidad, así como a los medios alternativos, digitales e independientes que le apuestan a contar estas historias con nuevos ángulos, protagonistas y narrativas.

Comunicadores y comunicadoras sociales que diseñan y ejecutan las estrategias comunicativas de instituciones públicas y privadas con competencia en diversas áreas de la justicia y la seguridad: jefes de prensa, redactoras/es y gestores/as de comunidades virtuales (o community managers), entre otros.

Docentes de periodismo, comunicación social y humanidades, especialmente, aquellos y aquellas que enseñan los elementos prácticos del oficio periodístico y comunicativo, pero también promueven el análisis crítico de su papel en la sociedad. También, de manera importante, a los y las estudiantes, quienes están en un lugar privilegiado para experimentar, cuestionar y transformar las miradas y narrativas mediáticas sobre el crimen y el delito.

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A su vez, es necesario hacer un reconocimiento especial a los y las participantes del Panel y la Mesa de Expertos señalados previamente, pues por sus aportes se constituyen en coautores de esta guía: Omar Rincón Docente, crítico de medios y ensayista cultural Diana Restrepo Doctora en ciencias jurídicas y cofundadora del Colectivo Abolicionista Contra el Castigo Mauricio Cristancho Subdirector del Observatorio de Medios de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez (Polcrymed) María Emilia Lleras Ronderos Investigadora de la Fundación Ideas para la Paz Jorge Carvajal Periodista de Diario del Sur Camilo Romero Oficina de prensa del Ministerio de Justicia y del Derecho Iván Serrano Periodista de Cuestión Pública Juan Fraile Editor de Bogotá 6 AM Hoy por Hoy en Caracol Radio Omar Jaimes Periodista de CM& Raissa Carrillo Coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Jorge Luis Galeano Director de Hecho en Cali Vanessa Acevedo Coordinadora de comunicaciones de la Estrategia de Sensibilización y Concientización Ciudadana sobre la Política Criminal Andrés Felipe Giraldo Consultor experto en diálogos digitales

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Las reflexiones y conclusiones de estos dos espacios abren el camino para idear nuevos encuentros que permitan afianzar las relaciones entre la academia, el periodismo y la comunicación social, y las instituciones públicas, en favor de una comprensión compleja y sensible de la criminalidad en el país. Le invitamos a conocerla a continuación.

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Los medios, el miedo y el deseo de castigo ¿Cuál es el alboroto con las cárceles colombianas?

Decir que las cárceles colombianas están en crisis no es una novedad. Los llamados reiterativos de la Corte Constitucional (en 1998, 2013 y 2015) se han vuelto un ruido de fondo al que la sociedad colombiana presta poca o ninguna atención. Aun cuando los medios de comunicación hacen eco de estos llamados, todavía no hemos hecho las preguntas más importantes al respecto.

Empecemos por lo urgente. De acuerdo con las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, en las prisiones colombianas hay un Estado de Cosas Inconstitucional, lo que significa que hay una continuada, masiva y sistemática violación de derechos humanos, incluidos los derechos fundamentales, como a la vida o la salud. Se trata de un problema social tan complejo que requiere la acción coordinada de varias entidades. Además, es un llamado de atención a la sociedad colombiana en su conjunto.

Y no ha sido suficiente que periodistas, comunicadores y comunicadoras informen de maneras más o menos escuetas sobre esta situación, pues la mayoría de la población la percibe como lejana y ajena.

#ElDato A finales del 2019, el índice de hacinamiento en las cárceles colombianas era del 54,5 %. En diciembre de 2020 había disminuido al 19,3 %. Este descenso se explica por la aplicación de medidas para prevenir y mitigar la propagación de COVID-19, que otorgaban prisión y detención domiciliaria transitoria a personas con mayor vulnerabilidad al coronavirus, así como aquellas personas con penas de hasta 5 años de prisión. Se excluyeron las personas sindicadas o condenadas por delitos violentos.

(Instituto Nacional Penal y Carcelario (INPEC), 2021) (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2020)

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La indiferencia de la sociedad colombiana está hecha de una maraña de justificaciones que hacen que esta situación sea irrelevante para la opinión pública, o bien, si llama nuestra atención, es probable que creamos que esas personas merecen estar en estas o peores condiciones. Al fin y al cabo, “algo habrán hecho para estar ahí”.

Pero la realidad es distinta: quienes terminan en la cárcel no suelen ser los más peligrosos, sino los más vulnerables. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que están en prisión pertenecen a los estratos 0, 1 y 2. El 80 % de ellas lo están por delitos asociados al tráfico de drogas, los que muchas cometen para solventar las necesidades de sus familias (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 2019).

La idea de que “la justicia es para los de ruana” adquiere materialidad en los cuerpos de las personas privadas de la libertad, pero no solo al interior de los muros físicos de las prisiones colombianas, también en los muros narrativos que están en el sentido común, así como en las historias que contamos y consumimos en los medios de comunicación. Allí contribuimos directa e indirectamente al agravamiento de una situación a la que luego somos indiferentes.

#ElDato En el 2019, el 81,2 % de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas declaró que de ellas dependían económicamente entre 1 y 15 personas. En cuanto al mantenimiento de sus hogares, en el 54,3 % de los casos los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos mínimos.

(Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 2019)

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Punitivismo y comunicación La maraña de historias y justificaciones que forman un vínculo entre justicia y cárcel tiene un nombre: punitivismo. Aunque detrás de este hay intereses económicos y políticos que benefician a unos más que a otros, no es un asunto exclusivo de una ideología, clase o grupo social. El punitivismo no es de derecha ni de izquierda. No es de las clases altas ni de las bajas. En cambio, hace parte de un sentido común que nos ha codificado a todos y todas en mayor o menor medida.

Quién no ha deseado la cárcel para alguien. Quién no ha pensado o dicho “¡ojalá que Fulano se pudra en la cárcel!”. No podemos imaginar otro futuro para quien transgrede algo sagrado, sea la propiedad, la vida o la niñez. Para ellos y ellas, “los malos”, no hay redención posible, solo el peor castigo existente (fuera de la pena de muerte).

Si este asunto nos atañe como ciudadanos y ciudadanas, también nos afecta como periodistas, comunicadoras y comunicadores. No es posible informar o narrar el delito desprendidos de estas ideas, percepciones, creencias e historias que tiene la sociedad colombiana sobre la cárcel. Nuestras nociones de justicia e impunidad, de seguridad e inseguridad están atravesadas por el punitivismo.

Por ejemplo, una de las funciones más importantes del periodismo es vigilar y señalar con la punta del dedo cuando algo está mal: cuando es injusto, corrupto, desigual o violento. A veces, eso que está mal está realmente mal: cubrimos abusos a niños y niñas, feminicidios o masacres. Entonces nos fundimos en la indignación y el deseo de castigo. Queremos, como la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, que los responsables paguen. Las historias periodísticas se vuelven una forma de denuncia, de llamar la atención para que se haga justicia.

El problema no es que queramos un mundo más seguro y justo para todos y para todas. El problema es que queramos construirlo a punta de castigo, sobre todo, de castigo en las cárceles.

No solamente porque, como ya dijimos, los afectados y las afec10

tadas suelen ser de los sectores más marginalizados de la sociedad, sino porque hay muy pocas probabilidades de que quienes ingresen allí se vuelvan mejores ciudadanos/as, sobre todo si cuando salen tienen menos probabilidades de conseguir trabajo o ser aceptados/ as por sus comunidades. Además, se trata de un castigo que no ha resuelto los conflictos más profundos de nuestra sociedad y, en muchos casos los ha intensificado.

Todo ello está detrás de la crisis humanitaria en las cárceles. Por eso, si permitimos a nuestros sentidos, intuiciones y racionalidades periodísticas/comunicativas actuar “en automático”, es altamente probable que nos hagan ver y entender la criminalidad a través de un lente cargado de prejuicios, de un enfoque punitivo.

Si concebimos que justicia = castigo = cárcel, nuestras noticias activarán la efervescencia del miedo y la indignación, que luego se traduce en políticos pidiendo más cárceles y más penas que al final no solucionan nada.

Si, en cambio, la justicia es reconocimiento de los daños y reparación de las víctimas, nos enfocaremos en ayudar a nuestras audiencias a comprender por qué ocurren las injusticias y violencias, y cómo podemos transformarlas como sociedad. Esta última noción es la de justicia restaurativa y estamos convencidos de que puede transformar el periodismo y la comunicación social en nuestro país.

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Periodismo y comunicación para curarnos del miedo Las mejores historias o, al menos, las que perviven con más fuerza en la memoria, son las que nos emocionan. En el espectro de emociones humanas, el miedo nos mantiene con vida a través de respuestas rápidas con las que buscamos sentirnos protegidos y protegidas.

Pero el miedo ha sido instrumentalizado por quienes se lucran del negocio de la seguridad y, como un eco, los medios también han vivido del miedo repetido en cada directo y última hora, como nos contó Omar Rincón en el Panel Denuncia, criminalización e impunidad: el papel de los medios en la política criminal.

El exceso y la manipulación de las emociones en los medios de comunicación ha producido una profunda desconfianza sobre la producción de historias periodísticas (Alarcón, 2016), pero también sobre la capacidad de las instituciones para garantizar seguridad. Como resultado, cada vez tenemos más miedo y quedamos vulnerables a las noticias falsas, la paranoia y la violencia (toda una receta para provocar el ejercicio de la justicia por mano propia).

En el Panel, Diana Restrepo contó cómo cuando un caso se vuelve mediático se activan numerosos miedos: los jueces se sienten presionados y vigilados; el abogado defensor tendrá una carga mayor para demostrar la inocencia del sindicado, y los periodistas se encuentran con puertas cerradas y mordazas judiciales. Es decir que el miedo y la desconfianza que impregnan las relaciones entre la ciudadanía, los medios y los operadores de justicia también impiden que todos y todas hagamos bien nuestro trabajo.

Además de todo lo anterior, la exacerbación del miedo está creando ciudades cada vez más excluyentes. En palabras de Omar Rincón: Cada miedo trae su exclusión, su pesadilla y su consumo de mercado. El miedo más temido del siglo XXI tiene rostro de joven; el más histórico es el miedo al diferente llamado indígena, afro, árabe, chino; el más capitalista es el miedo al marginal. (Rincón, 2016, pág. 297).

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Detrás de cada miedo hay un desconocimiento o, como diría Saramago, “todo caos es un orden por descifrar” (Saramago, 2002). Por eso el antídoto debe ser una forma de comprender, incluso, de empatizar con lo que es extraño.

Según Omar Rincón, en el ajetreo de la producción de información noticiosa se pasa por alto el contexto. Un robo o un asesinato pueden significar cosas muy diferentes dependiendo de su contexto. Sin este, las noticias repetitivas sobre delitos cometidos por migrantes venezolanos pueden producir la percepción de que todos son delincuentes. Con información ampliada, veremos que el porcentaje de migrantes que cometen delitos es mínimo en relación al número de migrantes que han llegado al país y es mucho menor a las personas con nacionalidad colombiana que cometen los mismos delitos (Bahar, Dooley, & Selee, 2020).

El contexto, además, es fundamental para que las audiencias construyan o consoliden criterios propios sobre la realidad y sobre cómo transformarla. Si nuestro sentido común es predominantemente punitivo, el contexto deberá ser con frecuencia contraintuitivo, deberá desenmascarar viejos y nuevos prejuicios, y ayudarnos a ver lo que antes no veíamos.

Ahora bien, habitamos una época de algoritmos y espirales de silencio que evitan que escuchemos todo aquello que contradiga lo que ya pensábamos de antemano. ¿Cómo romper la burbuja? El reto, según Rincón, es crear narrativas seductoras que despierten la emoción del descubrimiento del otro en las audiencias. Para ello hay que aprender de las estrategias narrativas de las series, las novelas, los

#ElDato Según datos de la Policía Nacional del año 2019, solo el 2,3 % de arrestos violentos involucró a inmigrantes venezolanos, quienes 3,2 % de la población total del país.

(Bahar, Dooley, & Selee, 2020)

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TikToks y un largo etcétera de narrativas pop y populares. Si lo pensamos, no es algo que no se haya hecho antes: la crónica roja de inicios del siglo XX dialogó con los relatos escritos y visuales más populares de su época, lo cual le permitió narrar a un público amplio la construcción de las ciudades modernas en Latinoamérica (Navitski, 2017).

Para elaborar contextos que les den sentido a las historias periodísticas y contenidos comunicativos, es importante tener diálogos más cercanos y constantes con los expertos en las temáticas que abordamos. Los datos no hablan por sí solos e interpretarlos es una tarea para la que ellos y ellas están más preparados/as. Una de las conclusiones del Seminario es que la academia y el periodismo deben aprender a hablar sin prejuicios, cada uno intentando comprender las lógicas y los tiempos del otro.

Al respecto, Jorge Luis Galeno —director de Hecho en Cali— señaló que la comprensión y la narración de fenómenos complejos como la criminalidad no son tareas exclusivamente periodísticas. Si entendemos los límites de la mirada de medios y periodistas, dijo, tendremos que hacer esfuerzos colectivos para construir narrativas que ayuden a entender este fenómeno. Lo anterior no sólo en el marco de la relación clásica entre periodista y fuentes, sino en la búsqueda de escenarios de reflexión y producción colectiva.

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En busca de culpables: juicios mediáticos y periodismo de indignación Cómo vemos e imaginamos el delito La relación entre los medios y la forma en la que la sociedad entiende el delito es compleja, no es unívoca, pero es sin duda muy estrecha y relevante. Durante el segundo semestre de 2018, la Fundación Ideas para La Paz (FIP) realizó una encuesta de percepción que indagaba por el nivel de cercanía de los encuestados con el homicidio en tres ciudades: Barranquilla, Cali y Quibdó. En sus resultados es posible identificar el lugar de los contenidos periodísticos en la imaginación y la comprensión de un delito de gran impacto como el homicidio (Lleras, Guío Pérez, & Rubio, 2019).

En Cali, por ejemplo, el 10 % de los encuestados presenció un homicidio en su ciudad, el 81 % tuvo conocimiento de algún homicidio y el 9 % ni lo uno ni lo otro. De ese 81%, el 54 % se enteró de algún homicidio a través de un medio de comunicación. El porcentaje restante supo del caso porque le contaron.

Entonces, en gran medida, lo que sabemos de los asesinatos —y otros delitos— en nuestras ciudades está hecho de historias: las que aparecen en los medios, las que nos cuentan vecinos y conocidas, las que conocemos a través de redes sociales… Es muy probable que unas y otras se entremezclen: no es raro que los medios de comunicación entrevisten a los testigos o víctimas de un crimen y tampoco que en nuestra cotidianidad escuchemos alguna advertencia del tipo: “Tenga cuidado, ¿no ha visto las noticias? En esa zona están robando”.

Todo ello interactúa a su vez con otros factores objetivos y subjetivos, como las características y el cuidado de la infraestructura urbana; la confianza en las normas y las instituciones, las estrategias y la efectividad de las acciones formales para la prevención del delito, y el trabajo de la policía y otros agentes de seguridad, entre otros 15

(Mujica, Vizcarra, & Zeballos, 2016).

De modo que no se trata de que las audiencias sean receptoras pasivas de un discurso mediático principalmente punitivo sino, más bien, las maneras en que los ciudadanos y las ciudadanas comprenden el delito se construyen a partir de cruces entre las narrativas mediáticas y otros múltiples vectores de la experiencia cotidiana, social y política. Esto no debe entenderse como un descargo de responsabilidad de los medios, sino todo lo contrario: un intento por enfocar dicha responsabilidad en lo que a periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales les corresponde y pueden hacer.

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Sobre el rol de los medios al hablar de delitos, juicios y penas En el Panel, Diana Restrepo preguntó: ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Informar, educar, vender, convencer?

Una parte significativa de periodistas y comunicadoras optaría automáticamente por la primera alternativa: informar. Cuando decimos ‘informar’ nos asumimos imparciales y objetivos. Pero, como vimos anteriormente, no es tan fácil. Nuestra mirada ya está cargada de una manera de entender el delito y a quien lo comete, la cual es casi siempre punitiva. Por eso si hemos de buscar, no la objetividad, sino una visión más amplia y plural de la criminalidad, el ejercicio de desprenderse de las preconcepciones debe ser consciente y deliberado.

Hacerlo pasa por entender que los medios en efecto sí han narrado y explicado una parte de la experiencia de inseguridad, la del miedo y la desconfianza, la de las primeras impresiones y emociones: rabia, indignación, deseo de venganza y castigo para los culpables.

Sin embargo, esta porción de la realidad ha sido representada de manera excesiva y, en el camino, sobredimensionada (Mujica, Vizcarra, & Zeballos, 2016). Y lo que ocurre cuando se sobrerrepresenta una parcela de la experiencia es que se silencian otras. ¿Qué parte de las vivencias de seguridad e inseguridad, justicia e impunidad quedan ocultas tras la exacerbación del miedo y la indignación?

#ElDato De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2018), más de la mitad de la población (51,5 %) manifiesta que se siente insegura en su barrio. Esta cifra en el año 2010 correspondía al 34,1 %, es decir, 17,4 puntos porcentuales menos.

(Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), 2018)

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Sobre la función de educar hay posiciones ambivalentes que fueron discutidas en el Panel. Para Omar Rincón, educar no es una función de los medios y, además, las audiencias están cansadas de que intenten aleccionarlas. Por su parte, Diana Restrepo señaló que en la sociedad colombiana hay un acceso desigual a la educación, por lo que los medios enseñan, aunque no lo hagan intencionalmente. Esto se acentúa en materia de delitos, derechos y justicia, pues el lenguaje de los abogados es engorroso e incomprensible para la mayor parte de la población, la cual queda excluida del derecho. De modo que, afirmaba Restrepo, los medios pueden cumplir una función de traducción que acerque la justicia a las personas y comunidades para ampliar la comprensión de la criminalidad. Rincón estuvo de acuerdo y lo sintetizó en una cita de Rita Segato: “La justicia es pedagógica o no es”, con lo cual podemos hacer referencia a los mensajes que perduran tras los procesos judiciales, pero también de los juicios mediáticos.

Pocos y pocas admitirían en voz alta que el objetivo de su periodismo es vender, pues parece que ese verbo corrompe la función social de la información. Lo cierto es que muchas veces es así, sobre todo cuando el mercado es el principio rector de las decisiones editoriales.

Sin embargo, gracias a los medios independientes cada vez se habla más de la financiación de los medios. Todos los contenidos e historias se hacen para ser leídos, compartidos, discutidos o consumidos de alguna forma. Para que existan alguien debe pagar por ellos, esto es, por el trabajo que suponen.

En este contexto, catalizar el miedo, la indignación y la percepción de inseguridad es un recurso común para garantizar el consumo de los contenidos. Hay equipos editoriales poco interesados en modificar un modelo rentable. Pero también hay periodistas y comunicadoras con condiciones laborales precarias que deben cumplir con cargas altísimas de trabajo. Estas hacen difícil el tratamiento humano y complejo de las noticias sobre crimen, tal como nos contaron los

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periodistas Omar Jaimes y Jorge Carvajal, de CM& y Diario del Sur, respectivamente.

Una de las conclusiones de la Mesa de Expertos es que las propuestas de transformación de las narrativas mediáticas del crimen y el delito no pueden estar desconectadas de la discusión pública sobre los modelos de negocio y las condiciones laborales de los medios.

En cuanto al verbo convencer, este estaría a priori reservado a los géneros de opinión: columnas, editoriales y ensayos, pero hay fronteras difusas y las líneas editoriales abarcan también los contenidos informativos. ¿Qué dice la línea editorial de nuestro medio o entidad sobre el delito? ¿Se basa en asimilar justicia y castigo? ¿Promueve la pluralidad? ¿Tiene una agenda de derechos humanos? ¿Busca culpables en poblaciones marginalizadas en la sociedad? Y, por último, la pregunta más importante: ¿es necesario y posible transformar dicha línea?

Hay muchas maneras de persuadir a través de los contenidos informativos, por ejemplo, consultar fuentes que tengan la misma opinión del periodista o medio. Las historias que tienen solo una fuente son las más peligrosas, sobre todo si esta fuente es policial.

Tanto en el Panel como en la Mesa de Expertos se problematizó la Policía como fuente privilegiada de las historias periodísticas y contenidos comunicativos sobre crímenes y delitos. Según explicaba María Emilia Lleras, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, la Policía está interesada en dar cuenta de resultados en el marco de una competencia con otras instituciones y no está preparada para explicar, dar contexto o, en suma, ayudar a comprender lo que está detrás de las experiencias y percepciones de inseguridad. En cambio, casi siempre refuerza el miedo para legitimar su presencia y reproduce una concepción de la seguridad basada en la vigilancia.

En últimas, las noticias quedan atrapadas en la mirada policial de la ciudad y la experiencia de habitarla.

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Por supuesto, la Policía no es la única institución con intereses y agendas propias de seguridad y justicia. De allí la importancia de conocer, problematizar y diversificar las fuentes. Como ha identificado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hay un problema básico de articulación entre el periodista y sus fuentes, particularmente cuando se trata de funcionarios de entidades públicas. ¿Qué sabe el periodista del funcionario que le va a dar la información? ¿Cuáles son sus obligaciones y derechos? ¿Cómo se entiende el periodismo desde las autoridades y cómo el periodismo entiende a su contraparte? Casi siempre hay un punto de partida de recelo, lo cual afecta de manera considerable la construcción de los mensajes que llegan a las audiencias.

En la Mesa de Expertos se conversó sobre la importancia de que las distintas partes en la producción de información se encuentren y aprendan un poco acerca de los lenguajes y las lógicas del otro.

Es crucial que los periodistas aprendan cómo funcionan el Estado y la justicia (y la justicia más allá del Estado y sus instituciones), pero también que las autoridades estén dispuestas a comunicarse mejor y brindar información oportuna, clara y pertinente, pues también son responsables de los mensajes que transmiten.

De modo que el periodismo y la comunicación social venden, convencen, educan e informan simultáneamente, y también narran, imaginan, representan, evocan, emocionan: cada verbo con sus propios dilemas y ambigüedades. Más allá de la función específica, importa la visión de ciudad, justicia y seguridad que ponen en juego, que construyen y reconstruyen en su relación con las audiencias, el Estado y el mercado. Las decisiones editoriales y periodísticas actúan en este marco sin importar el grado de consciencia que se tenga sobre este. Por eso ha valido la pena problematizarlo y ponerlo sobre la mesa para una discusión pública en la que participen todos los involucrados.

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Un mundo invisible con seres desconocidos: periodismo y prisiones Probablemente sabemos más de las prisiones por formatos de ficción como las series, películas o novelas, que por el periodismo y la comunicación social. A través de los primeros hemos imaginado las tramas sociales, la corrupción, la inocencia y la culpabilidad. Tal vez hemos empatizado con personas en prisión que en la realidad nos producirían desconfianza. Pero apagamos el televisor y esas personas vuelven a ser extrañas.

La atención mediática sobre los crímenes y los juicios se desvanece casi por completo después de la condena. La prisión es un mundo aparentemente ajeno y aislado, aunque tenga que ver, como hemos visto, con relaciones, historias y concepciones de las que todas y todos participamos.

Esto no quiere decir que las cárceles colombianas no aparezcan en las narrativas mediáticas, sino que estas casi nunca no nos dicen nada que desmientan los prejuicios que tenemos sobre quienes llegan allí y, por el contrario, refuerzan ese muro imaginario que nos aísla de comprender qué pasa allí y cómo se conecta con lo que somos y hacemos como colombianos y colombianas.

Lo anterior ocurre por dos razones: la primera, que periodistas, comunicadores y comunicadoras llegamos a las puertas de la prisión con los mismos prejuicios, miedos e, incluso, el morbo que tiene toda la sociedad colombiana sobre este lugar, según nos contó Diana Restrepo en el Panel; la segunda obedece a las dificultades formales para acceder a la cárcel. Para Raissa Carrillo de la FLIP estas barreras limitan la diversidad de historias que pueden construirse y, en consecuencia, fortalecen el desconocimiento de la población carcelaria.

Por eso uno de los principales retos del Seminario Ciudadanía y Política Criminal es construir espacios regulados para que periodistas, comunicadores y comunicadoras puedan acercarse a las personas 21

privadas de la libertad, lo cual requiere, de nuevo, una articulación entre instituciones públicas, academia y medios.

Mientras eso sucede, es importante preparar el escenario para la construcción de nuevas historias. El esfuerzo no tendría sentido si volvemos seguimos engrosando la estigmatización que cada día acrecienta la población carcelaria y asegura su aislamiento (no solo físico, sino humano y social).

Deshacer los muros imaginarios, que pueden parecer más infranqueables que los de concreto, es una misión del periodismo y la comunicación social, mostrar las conexiones de “ese” mundo y el nuestro, entre el destino de un porcentaje de la población y las decisiones que hemos tomado como mayorías “libres”. Al comprender cómo funciona la prisión en todas sus dimensiones (como negocio, discurso político, imaginario social, etc.) será posible establecer conexiones entre lo humano y lo estructural de la realidad de la justicia y la seguridad en el país, relaciones que no estamos viendo y que, como en otras muchas ocasiones, el periodismo y la comunicación social pueden poner en la agenda pública.

#ElDato En diciembre de 2020 había 45 niños y niñas conviviendo con sus madres en un centro de reclusión colombiano.

(Instituto Nacional Penal y Carcelario (INPEC), 2021)

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Conclusión: ¿es posible un periodismo restaurativo?

Esta guía es el resultado de apenas el primer encuentro entre medios de comunicación, academia e instituciones públicas con el fin de cuestionar la mirada punitiva del delito y pensar estrategias conjuntas para transformarla. Se identificaron los matices y complejidades del cubrimiento del crimen y el delito, su trasfondo cultural, social e incluso laboral, y los principales cuellos de botella que impiden un giro en las narrativas del miedo y el castigo.

También se hicieron algunas propuestas para continuar los esfuerzos colectivos, como diálogos off the record entre abogados, jueces, fiscales y periodistas para conversar, construir empatía y estrategias eficaces para narrar el delito; una cátedra para pensar los miedos sociales; la formación de autoridades locales sobre cómo hablar del delito en los medios de comunicación; la creación de un espacio regulado para que periodistas y comunicadoras sociales puedan entrar a las prisiones, y escenarios de formación de audiencias para que puedan exigir y sostener proyectos periodísticos independientes e innovadores. Hay mucho trabajo por hacer y el camino es tan prometedor como emocionante.

Lo que tuvo lugar en el Panel y la Mesa de expertos nos lleva a creer que es posible un periodismo restaurativo que dignifique a las víctimas en sus relatos, lo cual pasa por ayudarlas (y ayudarnos) a comprender por qué fueron agredidas; que nos permita conocer a los ofensores más allá de los prejuicios; que rompa los muros imaginarios que separan a la población carcelaria del resto de la sociedad; que eleve la importancia del contexto del delito sobre la individualización de la culpa y, en definitiva, que fragmente con historias, criterios y sentidos la asociación dañina entre justicia y castigo.

El futuro de esta apuesta queda en sus manos, como esta guía.

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Referencias Alarcón, C. (2016). Entrevista. Relatos periodísticos sobre «lo real-real ».

En B. Focás, & O. Rincón (Edits.), (In)seguridad, medios y miedos: una mirada desde las experiencias y las prácticas cotidianas en América Latina (págs. 11-15). Cali: Universidad Icesi.

Bahar, D., Dooley, M., & Selee, A. (2020). Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas: un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile. Migration Policy Institute. Obtenido de https://venezuelamigrante.com/publicaciones/inmigrantes-venezolanos-crimen-y-percepciones-falsas-un-analisis-de-los-datos-en-colombia-peru-y-chile/ IInstituto Nacional Penal y Carcelario (INPEC). (2021). Informe Estadístico Población Privada de la Libertad n. ° 12 Diciembre 2020. Bogotá: INPEC. Lleras, M. E., Guío Pérez, N., & Rubio, G. (8 de junio de 2019). Por un periodismo sensible a las víctimas de homicidio. Obtenido de Fundación Ideas para la Paz (FIP): http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1763 Ministerio de Justicia y del Derecho. (2020). ABC Decreto 546 del 2020.

Obtenido de https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RC_2020/ VMPC/ABC%20Decreto%20546%20de%202020.pdf Mujica, J., Vizcarra, S., & Zeballos, N. (2016). El miedo más allá de los medios: crimen, desorganización social e inseguridad en el Perú.

En B. Focás, & O. Rincón (Edits.), (In)seguridad, medios y miedos: una mirada desde las experiencias y las prácticas cotidianas en América Latina (págs. 157-188). Cali: Universidad Icesi.

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Navitski, R. (2017). Public Spectacles of Violence. Sensational Cinema and Journalism in Early Twentieth-Century Mexico and Brazil. Duke University Press.

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