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No quemar las máquinas
La accion oficial que mas disgusto ha causado entre los mineros, pequeños y medianos, es la destruccion de la maquinaria. Fabio Builes recuerda que el decreto que ampara estas acciones contempla el decomiso y la entrega de las mismas a los municipios correspondientes. Movido por la queja ciudadana que dia a dia denuncia el deterioro ambiental, el gobierno opta por la versión más radical consistente en la destruccion de la maquinaria. La explicación la dio así el minero Builes: Es un decreto supranacional que fue establecido en el resolución 774 de la comunidad andina de naciones, CAN. Ese decreto entre otras cosas dice que la maquinaria se puede decomisar, entregar a los municipios, entre otras, y a lo ultimo se define destruir la maquina. En el decreto nacional omiten algunas de las medidas y aplican la medida extrema de la exterminación de las herramientas, originando muchos abusos que contribuyen a la deuda histórica del gobierno con los pequeños y medianos mineros del bajo cauca y colombia . En el decreto
2255 de 1978 el codigo anterior de minas nos reconocia como pequeños y medianos mineros, en la ley 675 del 2001 que es el nuevo codigo de minas, fue hecho por abogados de multinacionales canadienses, nos pusieron un estandar demasiado alto para un pequeño minero a nivel de las grandes empresas entonces no alcanzamos a formalizarnos porque nos piden muchos requisitos que no somos capaces de cumplir y los poquitos que han logrado cumplir, una persona con un equipo debe pagar entre 400 y 500 millones por la licencia ambiental y si esta en la ley segunda son 400 millones adicionales para hacer sustraccion de area. Entonces eso es demasiado para la gente humilde que trabaja en mineria. Sumado a que se aplico el decreto 2235 se vuelve inalcanzable cumplir con todos los requisitos que piden estos marcos legales. Por ello solicitamos la creacion de un distrito especial de mineria para el bajo cauca donde se agrupen las 171 unidades mineras formalizadas o en vias de formalizacion y las 850 unidades de explotacion informales que estan siendo atacadas por el gobierno. El gobierno justifica su accion criminalizando a los mineros informales asociandolos con grupos armados ilegales. nistros no se hizo esperar. En las conversaciones y contactos se adelantaron también en el vecino cordobés Montelíbano a causa de los desórdenes que seguían presentándose en la parte urbana de Caucasia. En dichas reuniones también estuvo presente el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, todo se concentra en la destrucción de las maquinarias para lo cual el gobierno no quiere dar su brazo a torcer ni los mineros se comprometen a levantar el paro mientras no surja una luz verde que los ilumine a todos. Por esta razón, más de un ciudadano de Caucasia en particular y del Bajo Cauca en general ha opinado que a pesar de todas las contingencias sufridas en el pasado, lo que hoy por hoy ha impactado a Caucasia, es un verdadero huracán de calamidades nunca antes presentadas en su conjunto. En 30 días y con las tiendas y mercados cerrados, el tráfico vehicular paralizado, desordenes en las calles con quemas de llantas y bloqueos con troncos de árboles, la tensa situación en Cáceres y Tarazá, son ingredientes que mantienen empañado el panorama. Como si fuera poco la presencia física de guerrilleros del ELN y de las disidencias de las Farc de un lado, y de paramilitares del Clan del Golfo, del otro, no garantizan tranquilidad futura aun logrando un acuerdo entre mineros y gobierno. Por ejemplo, en cercanías del municipio de Valdivia se han encontrado varios cadáveres de jóvenes supuestamente combatientes de algunos de los grupos armados en contienda. Se ha especulado que lo anterior es producto de enfrentamientos en el monte entre guerrillos y paracos, sin que se haya establecido de que grupo proceden. También se especula que hay más cadáveres en el área, que la tirantez de la situación ha impedido encontrarlos. Por eso la desazón causada por este singular huracán se ha trepado a los contornos de la cordillera occidental adonde se encuentran
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Cedeño y Briceño. De otro lado, mientras todo esto ocurre, el defensor del pueblo de Caucasia, Onaldo Córdoba, no ha cesado sus gestiones para evitar el bloqueo de vehículos por la troncal occidental, incluyendo las ambulancias, una de las cuales transportaba enfermos de El Bagre hacia Caucasia. Sus ocupantes fueron obligados a bajarse del vehículo incluyendo los enfermos. Ante todas estas situaciones conocidas, el defensor del Pueblo, se ha insistido por su no repetición, Este funcionario se ha mostrado también impotente al igual que el Alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz, para contener la violencia de las turbas que le dieron un golpe bajo al municipio más próspero del Bajo Cauca.