Capítulo III Estado y juventud: Un lento aprendizaje

Estado y Juventud: Un lento aprendizaje

No se ha sido joven de la misma manera en todas las épocas e incluso, en algunos momentos históricos no han existido jóvenes. (Saintout, 2009).

En nuestro país, las relaciones entre el Estado y nuestras juventudes no estuvieron libres de tensiones y conflictos. Algunas actitudes asumidas por diferentes instituciones públicas frente a los jóvenes fueron alimentadas por posiciones intransigentes que revelaron un conjunto de prejuicios y estereotipos que perduran hasta hoy. Por lo tanto, cuando evaluamos al Estado en materia de juventud, debemos tener en cuenta cuáles son los prejuicios interiorizados en los funcionarios que ejecutan o no, políticas de juventud. No existen muchas iniciativas de fortalecimiento de capacidades especializadas para el abordaje de la materia.

Dichas actitudes se sustentaron en concepciones que transitan entre los enfoques punitivos, de control social —apoyados en la idea de que los jóvenes deben ser reprimidos y/o controlados—, orientaciones paternalistas y asistencialistas —que presentan a los jóvenes como personas vulnerables—, y perspectivas clientelares —que instrumentalizan la participación juvenil—.

Estos enfoques condujeron al Estado a establecer políticas infructuosas que no contribuyeron a la configuración de una sólida institucionalidad en materia de juventud (Montoya, 2001). Estos enfoques además son reforzados por la opinión pública, cuando a alguien se le ocurre decir que el servicio militar obligatorio es una alternativa para evitar la vagancia haces y que los jóvenes sean productivos.

APUESTA MUNICIPAL

La Municipalidad Metropolitana de Lima desarrolló, allá por el 2000, el programa de jóvenes PROMEJ. A su vez, promovió la implementación del Sistema Metropolitano de Promoción y Gestión

de Políticas de Juventud - Ordenanza Nº 462. Este sistema pretendía articular el esfuerzo de diferentes sectores vinculados a la política local de juventud: organizaciones juveniles, ONG y programas municipales. Aunque el sistema logró instaurarse, el gobierno municipal que se instaló el 2002, no le prestó atención y poco a poco fue desarticulado, quedando solamente en su versión normativa. Durante la gestión municipal del periodo 2011-2015 la Municipalidad dispuso, a través de la Ordenanza Nº 812 que la Subgerencia de Organizaciones Juveniles (dentro de la Gerencia Municipal de Participación Vecinal) reactive el sistema. Sin embargo, el gobierno municipal tuvo problemas de legitimidad y se consiguieron pocos avances en materia de juventudes.

En la historia reciente del país no ha existido una política pública que se exprese en planes, programas y proyectos de juventud, coherentemente articulados, en diversos sectores (salud, educación, empleo, justicia, etc.), escenarios (nacional, regional, local) y actores (Estado, empresa, fuentes cooperantes, sociedad civil, universidades). En su lugar, hemos tenido programas sectorizados,

esfuerzos institucionales aislados, proyectos ocasionales que no significaron mayores oportunidades para nuestros jóvenes.

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A principios de 2000, una fuerte corriente institucional posibilitó la creación del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), ente rector de políticas de juventud a nivel nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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Durante su vigencia (los tres últimos años del gobierno de Alejandro Toledo y los primeros de Alan García) se aprobaron diferentes documentos técnicos y normativos (Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Política Nacional de Juventudes, Plan Nacional de Juventud) y se instauró un sistema de gestión que contaba con una instancia de coordinación de políticas y programas —la Comisión Nacional de Juventud (CNJ), que funcionaba en Lima— y un ente de representación, el CONAJU, integrado por representantes de las juventudes organizadas de todo el país.

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Fue el primer intento de elaboración de políticas participativas integrales de juventud. Si bien el sistema fue ampliamente publicitado, empezó a debilitarse antes de su consolidación y fue finalmente desmontado por el gobierno de García, devolviéndole a la política de juventud su estatus marginal a nivel de políticas de Estado.

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22 Uno de los programas estatales más publicitados de la primera década del siglo ha sido el PROJOVEN, que luego cada gobierno le ha cambiado de nombre, se trata de un programa sectorial del Ministerio de Trabajo. Desde algunos gobiernos locales, se ensayaron diferentes modelos de gestión, como las mesas de juventud, los comités técnicos de juventud o los programas municipales de juventud. De otra parte, diferentes ONG han impulsado iniciativas auspiciadas por agencias de cooperación internacional (Red Interquorum, CEAPAZ, Grupo

GEA, REDDES JOVENES, ENCUENTROS, etc.). Todas estas experiencias han ensayado, por cuenta propia, modelos y metodologías que no han cuajado en una política integral que se plantee desde una perspectiva nacional y/o local.

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Creado por Ley 27802, en julio de 2002. 24 El proceso de convocatoria para integrar el CONAJU entre los jóvenes no fue claro ni convincente, pues muchos pusieron en cuestión, su real condición de representatividad. 25 El CONAJU dejó de estar adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, convirtiéndose en una oficina del Ministerio de Educación llamada Secretaria

Nacional de la Juventud SENAJU. Los especialistas de probada trayectoria que concibieron e implementaron este sistema, no volvieron a ser convocados,

El Consejo Nacional de la Juventud quedó así reducido a una Secretaria Nacional de Juventud, una oficina relativamente aislada del Ministerio de Educación. Al margen de la decisión política de relegar al CONAJU —proceso que merece un análisis que escapa a los objetivos del presente texto—, queremos plantear algunas anotaciones sobre las dificultades que tuvo el sistema CONAJU para cumplir con sus objetivos. Por un lado, la poca capacidad para la concertación entre sus dos instancias: la Comisión Nacional de Juventud (CNJ) integrada por funcionarios estatales y el Consejo de Participación Juvenil (CPJ), integrado por representantes juveniles elegidos en las diferentes regiones del país. Por otro lado, la limitada capacidad de los jóvenes para asumir dicha representación y desarrollar propuestas de política a nivel nacional y regional.

Pocas veces hemos tenido espacios donde el Estado y la sociedad civil trabajen en conjunto, éste sigue siendo un desafío para nuestra pretendida democracia participativa. Ésta requiere ciudadanos con capacidad propositiva y compromiso, lo cual todavía es una carencia a nivel regional y nacional.

Algunos jóvenes que participaron en el CPJ comentaban que, a los funcionarios del Estado, les molestaba que ellos les digan lo que tienen que hacer. Además, los jóvenes sentían que en Lima se manejaba un buen presupuesto y que éste no llegaba a las regiones. Un sector de las organizaciones juveniles regionales esperaba que sus representantes vuelvan de las reuniones en Lima con presupuestos aprobados para ejecutar proyectos. Sin embargo, los dirigentes elegidos para representar a los jóvenes de las regiones en el CPJ, tenían limitadas capacidades para formular proyectos o diseñar programas en favor de sus propias organizaciones.

poniéndose en su lugar a técnicos vinculados al partido de gobierno, técnicamente menos calificados que sus antecesores en materia de juventud.

DEL CONAJU A LA SENAJU ¿Y DE LA SENAJU A DÓNDE?

Aunque para muchos resultaba más que obvio que la transformación del CONAJU en la SENAJU le restaba estatus a la política de juventud, bastaba ver que el CONAJU dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras que la SENAJU sigue siendo una oficina casi anodina del Ministerio de Educación (MED). Esto, al parecer, para los representantes del gobierno, fue más bien una acomodación estratégica, al menos así lo afirman en los documentos oficiales:

“… la SENAJU fue adscrita al MED mediante Decreto Supremo Nº 010-2007-ED, norma que aprobó la fusión por absorción de la Comisión Nacional de Juventud CONAJU con el MED con la finalidad de mejorar el desarrollo de la estrategia integradora de los jóvenes en el Perú, al vincularla directamente con la política educativa, cultural, deportiva y recreativa que el MED diseñe y formule…”. Asimismo, se buscaba incrementar la productividad de los recursos que el Estado venía destinando a ambas instituciones. Finalmente, se aprobó el Decreto Supremo N° 0012008-ED, que modifica e incorpora a este órgano en el Reglamento de Organización y Funciones del MED como Secretaría Nacional de la Juventud SENAJU (…). (Instructivo para el cumplimiento de las Políticas Nacionales en Materia de Juventud.

SENAJU, 2010. Lima).

Sin embargo, en las postrimerías de su gobierno y contra todo pronóstico, el Presidente Alan García envió al Presidente del Congreso de la República, con fecha febrero del año 2011, el proyecto de Ley de creación del Ministerio de la Juventud y el Deporte, que contaba con la anuencia del Consejo de Ministros.

Con la llegada del nuevo gobierno, liderado por Ollanta Humala, el proyecto se encarpetó sin plantearse en el pleno del nuevo congreso, aunque durante la contienda electoral nuevamente

se hablara de los jóvenes y se discutiera la pertinencia (o no) de una instancia de este tipo.

Dilucidado el destino de la SENAJU, el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) le prestó más atención a uno de sus ofrecimientos electorales: el Programa Beca 18 que apuntaba al otorgamiento de becas a estudiantes con desempeños académicos sobresalientes del interior del país. No ha tenido nada que ver con el fomento de la participación y la representación de las organizaciones juveniles. Este programa ha tenido continuidad y fue asumido por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La SENAJU, mientras tanto ha seguido trabajando en la línea instaurada durante el gobierno de García.

Las iniciativas institucionales promovidas durante los años 20032005 (CONAJU), prometían poner orden y darle horizonte a la política de juventud del país

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que se había caracterizado hasta entonces por la implementación de programas sectoriales que no tenían horizontes temporales definidos, ni articulación política o administrativa y lo que era peor, se cancelaban a la salida de los políticos de turno. Su capacidad de convocatoria juvenil era limitada por lo que terminaban beneficiando a privilegiados actores, alimentando la cultura clientelar de la política peruana.

La Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU) tuvo entre sus encargos el levantamiento de información referente a juventudes a partir de la Encuesta Nacional de Juventudes (ENAJUV). A pesar de que internaron retomar los encuentros juveniles a nivel nacional para el desarrollo del Plan Estratégico de la Juventud, no llegaron a cumplir a cabalidad sus objetivos. Algunos jóvenes

26 Hacia fines de los noventa, apareció un documento Lineamientos de Política de

Juventud, que fue elaborado por el entonces Ministerio de la Mujer (PROMUDEH).