y movimientos sociales y defensores de derechos humanos

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Con relación a los firmantes de paz de la antigua guerrilla de las FARC, según el registro en tiempo real que lleva el Partido Comunes, a noviembre de 2021, iban 270 firmantes asesinados. Así mismo, pese al Decreto 2078 de 2017, Ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y comunidades, el Ministerio del Interior y la UNP no han avanzado en su construcción, dejando en total vulnerabilidad a las comunidades étnicas en los territorios. Estos han sido invadidos por estructuras criminales armadas que han surgido luego de que las FARC-EP los abandonaran, entre ellas, las disidencias y otras que ya estaban y que ahora se disputan con estas el control del territorio. Los datos anteriores, además de los desplazamientos masivos y los confinamientos que sufren gran parte de los territorios étnicos que eran ocupados por las FARC, lo demuestran. En la subregión Sanquianga y Telembí en el Pacífico nariñense, se han registrado enfrentamientos entre distintos actores armados ilegales y la fuerza pública, desde inicios de este año, sin una intervención efectiva del Gobierno colombiano, lo que ha afectado el buen vivir de las comunidades (Noticias Uno, 2021). Al respecto, el informe realizado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (2020) dice que: La falta de garantías de seguridad y protección para comunidades étnicas para el ejercicio de la política continúa siendo una problemática en aumento, causando mayor vulnerabilidad en quienes ejercen toda clase de liderazgos o asumen un papel en la defensa de sus territorios frente a la injerencia de terceros, en temas relacionados, por ejemplo, con cultivos y otras economías ilícitas. (p. 68) Según expone el mismo informe, para el 2019, la Consejería para los Derechos Humanos reportó 23 asesinatos contra líderes indígenas, siendo el segundo tipo de liderazgo más afectado, y 4 casos de homicidio contra líderes de las comunidades negras, mientras que, entre enero y el 31 de agosto de 2020, se registraron 77 asesinatos contra líderes indígenas y 13 contra líderes afrodescendientes (p. 69). Por su parte, el Instituto Kroc (2021) sostiene que “las condiciones de seguridad de los Pueblos Étnicos son críticas y las vulneraciones a sus territorios, líderes y lideresas han incrementado”, además, “la respuesta institucional es aún insuficiente, en la medida en que no se ha logrado consolidar un enfoque colectivo y no ha llegado de manera articulada a los territorios étnicos” (p. 37). De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el indicador B.E.23: El Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política tendrá en cuenta las afectaciones de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom y Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, que el gobierno reporta con algún nivel de cumplimiento no se ha llevado a cabo en absoluto.

3.1.2.3 Con relación a las medidas 3 y 4: Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y Garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos

A pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría de Pueblo, esta reporta que, entre noviembre del 2016 y abril del 2020, han sido asesinados 163 líderes y lideresas pertenecientes a los Pueblos Étnicos, lo que evidencia la falta de resultados en el desmantelamiento de estructuras de crimen organizado en los territorios. Este es uno de los compromisos del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios étnicos que a la fecha no ha sido implementado y que, según el Gobierno Nacional, se iniciaría en el segundo semestre del 2020, a partir de sus cuatro componentes.

Sin embargo, sobre los hechos ampliamente documentados por diferentes entidades defensoras de DD. HH. y órganos de control, el informe de la Consejería (CPEC, 2020b) solo dice que se generará “un espacio de discusión sobre las afectaciones de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom y Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros”, así como un “primer informe de recomendaciones al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y hacer seguimiento a las mismas” para el 2021 (p. 133), medidas que a junio de este año no se han tomado.

Es importante anotar que las estrategias de funcionamiento del SISEP (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) se desarrollan a partir de los indicadores B.E.22, B.E.24, y B.E.21, para el PMI étnico. En las dos últimas versiones del informe presentado por la Consejería (2020b y 2021), los tres se reportan con algún nivel de cumplimiento por las entidades responsables de su implementación. El SISEP fue creado en el Decreto Ley 895 de 2017 e incorpora varios mecanismos para su funcionamiento, a saber:

Ô La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS)

Ô La Instancia de Alto Nivel (IAN)

Ô El delegado presidencial

Ô La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección

Ô El Comité de Impulso a las Investigaciones

Ô Los Programas de protección contemplados en el presente decreto ley

Ô El sistema de prevención y alerta para la reacción rápida La creación y puesta en marcha de estos mecanismos son una condición sine qua non para que el SISEP pueda cumplir con su mandato: cumplir con un marco de garantías de los derechos y libertades, fomentar la convivencia y la tolerancia, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia, adoptando mecanismos para promover la permanencia de los líderes sociales en sus territorios y brindar garantías de no repetición.” (Presidencia de la República, Decreto Ley 895, 2017, p. 6). Aunque los informes del Gobierno Nacional reportan la creación de la Instancia de Alto Nivel y medidas para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, con mucho pesar hemos visto que estos mecanismos no están operando y que la IAN, creada para dinamizar el funcionamiento del SISEP, no ha demostrado compromiso con la gran tarea que tiene por delante, a cinco años ya de la firma del AFP. Al respecto, el informe de Contraloría (2020) manifiesta que el SISEP no se ha implementado en su totalidad y que una de las dificultades que presenta tiene que ver con la falta de recursos para acceder a los medios electrónicos para la transparencia electoral, esto en el marco de los recursos del posconflicto en el primer trimestre 2020. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Sistemas Integrales de Protección, al igual que el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo, deberían ser instancias en pleno funcionamiento, sobre todo con la grave situación de derechos humanos reportada en casi todo el territorio nacional y que afecta especialmente a los Pueblos Étnicos, firmantes de paz y población campesina, como ya hemos visto. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo, mientras la IAN sigue en reuniones técnicas de planificación, a las mujeres y los hombres, negros e indígenas los siguen asesinando en los territorios, a la vez que nos niegan el derecho a ejercer la política libremente.

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Al respecto, el informe de la STCIV (2020) manifiesta que: le preocupa la poca operatividad que el Gobierno Nacional le ha brindado a espacios […] como la Alta Instancia del SISEP. La falta de transversalización del enfoque étnico de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, cuyo propósito es recolectar información para verificar la efectividad de medidas de protección implementadas, es un incumplimiento a lo establecido en el Capítulo Étnico del AF. (p. 70) Adicionalmente, los reportes del Gobierno (CPEC, 2020b) plantean la intención de crear espacios e instrumentos para la recolección, la sistematización y el análisis de la información, incluyendo la creación de un grupo “experto en temas étnicos”; un “Comité Operativo Étnico en el marco de la Instancia de Alto Nivel” durante el 2020, para abrir “un espacio de discusión sobre las afectaciones de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom y Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros”; así como un “primer informe de recomendaciones al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y hacer seguimiento a las mismas” para el 2021 (p. 133). Sin embargo, la IEANPE no conoce acercamientos de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) para generar espacios de cooperación y construcción colectiva con los Pueblos Étnicos, tampoco se tiene conocimiento de si, efectivamente, el Comité Operativo Étnico con fecha de creación del 2020 está en funcionamiento y, mucho menos, sobre el informe de recomendaciones étnico que se planea presentar para este 2021. Con esa perspectiva, cabe preguntarse cómo se piensa integrar el enfoque étnico y de género al sistema sin dialogar con los Pueblos Étnicos y cómo se va a garantizar el respeto por la vida y la profundización de la democracia si ni siquiera se han puesto en marcha mecanismos tan fundamentales para la participación política en un contexto electoral. El Instituto Kroc (2021) concluye sobre el pilar 2.1 que la implementación de las garantías de seguridad con enfoque étnico contempladas en el Acuerdo tiene un nivel de implementación bajo. Hace falta fortalecer el enfoque colectivo, articular las entidades del Estado responsables de la implementación con los procesos organizativos de los Pueblos Étnicos, así como materializar los avances normativos respetando la autonomía territorial de las comunidades. (p. 39) La implementación de los cuatro componentes que hacen parte del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios étnicos son fundamentales para garantizar la efectiva protección de los líderes y lideresas de los Pueblos Étnicos, que día a día siguen siendo asesinados, desplazados o hacinados en sus territorios, sin que el Gobierno implemente medidas reales para prevenir la continuidad del etnocidio.

Con relación a los recursos para la implementación de este pilar, el informe de la Contraloría (2020) dice que “los recursos del Presupuesto General de la Nación ejecutados en 2019 y programados en 2020 se orientan al ejercicio de la Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías del SISEP, con cargo a OACP de Presidencia”. Sin embargo, también resalta el hecho de que aún no se ha implementado el sistema de planeación, información y monitoreo del SISEP, es decir, a pesar de la creación del Decreto 895 de 2017 y de la puesta en marcha de dos de sus instancias, el SISEP sigue sin ejecutarse, lo que, en gran medida, es determinante en el aumento de asesinatos de líderes y lideresas sociales étnicos y en el poco avance reportado para el pilar.