en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad

En consonancia con lo anterior, la creación y la actualización de la División Política Electoral de las elecciones de Congreso de la República de 2022 depende de la aprobación de la reforma al Código Electoral que, ad portas del año electoral 2022, sigue sin materializarse. Actualmente, cursa en Senado y Cámara el Proyecto de Ley Estatutaria 234 del 2020S y 409 de 2020C. La aprobación de este proyecto es fundamental para el avance de la Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa en los territorios, por lo que conminamos a la Registraduría solicitarle al Congreso de la República que dé celeridad a su aprobación. Es importante señalar que, en la tercera entrega del informe de la Consejería (CPEC, 2021), la Registraduría insiste en que, además de la adecuación normativa que se requiere para el cumplimiento de los indicadores étnicos, su mayor obstáculo ha sido que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le ha asignado presupuesto para tal fin. Por su parte, el informe de Contraloría (2020) dice que en 2019 se ejecutaron $ 3672 millones del PGN, $ 879,5 millones través de FONTIC [Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones], $ 247 170 millones a través del Ministerio de Interior, $ 187,2 millones fueron ejecutados por el DAFP, $ 1002 millones por MEN y $ 769,3 millones a través del DAPRE [Departamento Administrativo de la Presidencia de la República]. En 2020 se registra una programación de $2212 millones del PGN inversión, $ 841,4 millones del DAFP, $ 1100 millones del FONTIC y $ 210 millones del DNP. (p. 152) Aquí la Contraloría destaca que “si bien se expidió la Resolución 1190 de 2018 por el Ministerio del Interior, la misma no suple la modificación normativa necesaria para asegurar el derecho a la movilización y protesta pacífica”. Sobre este elemento hemos sido reiterativos a lo largo del documento, pero también en los espacios de diálogo con la Consejería y el Ministerio del Interior, desde las diferentes voces del movimiento social. La IEANPE hace entonces un vehemente llamado a la Cartera para que incluya en las partidas presupuestales de la próxima vigencia los recursos necesarios para el cumplimiento de estos compromisos, y así los Pueblos Étnicos puedan garantizar su derecho a la participación política en el año electoral 2022.

3.1.4 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad

El pilar 3 del punto 2 tiene 8 estrategias, 4 medidas en el marco del texto general del AFP y 5 indicadores específicos para los Pueblos Étnicos, en los cuales participan 4 entidades, como se puede ver en la tabla 11. A la fecha de elaboración de este informe, solo reporta un desarrollo normativo, gracias a un fallo reciente de la Corte Constitucional en favor de las víctimas del conflicto.